La fiscalía boliviana pide seis meses de prisión preventiva contra el golpista Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, detenido por su papel en el golpe de Estado de 2019 y dos masacre posteriores, lo que desató disturbios que concluyeron con la quema de seis oficinas públicas y una treintena de vehículos.
El líder ultraderechista, acusado de terrorismo está acusado en un caso relacionado con el golpe contra el expresidente Evo Morales en 2019 y dos masacre que perpetró el gobierno civil-militar encabezado por Jeannine Añez. «La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del juez décimo de instrucción en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz», reza el comunicado oficial.
La Fiscalía explicó que la detención de Camacho no se trata de un secuestro o una persecución política sino que responde a una orden de aprehensión que se emitió en octubre de este año por parte de un juez en La Paz. Añadió que Camacho «tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio», cuando la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Pattypresentó una denuncia por terrorismo en noviembre de 2020.
En noviembre pasado, las autoridades esperaban tomar la declaración de Camacho en calidad de sindicado, pero se reprogramó la citación por el paro que organizó la oposición en Santa Cruz, del cual el gobernador fue uno de sus principales voceros.
De aceptarse el pedido de la fiscalía, Camacho sería enviado a una cárcel en El Alto, donde los reos protestaron contra el posible traslado del opositor. Organizaciones de la región cruceña anunciaron un paro de labores de 24 horas y bloqueos, luego que miembros de la derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) incendiaron cinco inmuebles –inclusive la sede de la Fiscalía Regional- y una vivienda particular, y al menos 30 vehículos fueron quemados en Santa Cruz, por la detención de Camacho
El caso «golpe de Estado I» consiste en la denuncia de terrorismo por la crisis de 2019 que se produjo después de las fallidas elecciones presidenciales señaladas como fraudulentas por la oposición y una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que derivaron en un golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales.
Pese a queCamacho fue el principal denunciado en ese caso que se inició hace dos años, recién este miércoles la Policía ejecutó la aprehensión y su traslado hasta la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Parlamento.
Por ese proceso, en marzo de 2021 se detuvo a la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus exministros, aunque en el caso de la exjefa de Estado de facto se le siguió otro caso, «golpe de Estado II», por el quese la condenó a diez años de prisión por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial.
Mientras, organizaciones sociales y familiares de víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas por el gobierno de facto, anuncian vigilia hasta que la justicia sentencie a Camacho. “El pueblo de El Alto ha recibido con mucho agrado, júbilo, regocijo la detención del golpista Luis Fernando Camacho”, afirmó el presidente de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia, Simón Amaru.
“Quiero advertirles a todos los fiscales, a todos los jueces que se atrevan a liberar a Luis Fernando Camacho, el pueblo de El Alto va a tomar las calles y va a cerrar las fiscalías y los juzgados a nivel nacional”, dijo Amaru.
Boris Acosta Reyes. Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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