Todo un arsenal de objeciones se ha cernido sobre la reciente gira presidencial, antes, durante y después de su realización. Lo que no sea cultivar la más sumisa relación con EE.UU es objeto de un ataque sistemático. Con las exigencias del acuerdo con el Fondo como partitura de acompañamiento. A la hora de las efectividades, el pacto de sometimiento avanza.
Las más variadas descalificaciones han caído sobre la gira de Alberto Fernández que tuvo como paradas principales a Rusia y China. Se le adjudicó improvisación, falta de conocimiento de la actual situación internacional, carencia de sentido de la oportunidad. Y, quizás sobre todo, desajuste con respecto a las necesidades que impone la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No se trata a esta altura de asumir la defensa del diseño de la política exterior argentina ni de los talentos diplomáticos del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores. No cabe duda de que la política internacional de nuestro país podría estar en manos más expertas. El problema es el motivo y la orientación de las críticas que se le efectúan.
Economistas, politólogos y periodistas condenaron el viaje antes de que se iniciara. Argüian que dada la situación de conflicto del gobierno ruso con el de EE.UU el mandatario argentino no debía recalar en Moscú. Tampoco en China, nada menos que para la inauguración de unas olimpíadas de invierno que han sido boicoteadas desde el gobierno norteamericano.
La frase más criticada del viaje fue una que el presidente le dijo a Vladimir Putin: «Argentina debe dejar la dependencia tan grande que tiene con Estados Unidos y el Fondo».
Para los poderes fácticos, las manifestaciones de autonomía respecto de Estados Unidos no deben ocurrir, así sean meras expansiones retóricas de ocasión. Las aspiraciones de “independencia” tienen que desaparecer del discurso público, máxime si las emiten responsables del gobierno.
Hasta detalles nimios como que el presidente vistiera alguna prenda roja durante la visita a China fueron objeto de ataques. Más aún alguna expresión elogiosa hacia el partido comunista de ese país.
A despecho de las objeciones el gobierno argentino se encamina a un nuevo pacto con el FMI sin prórroga de plazos, ni supresión o disminución de sobretasas. Y con compromisos que no dejan de constituir un ajuste, por más que se les asigne otros nombres.
Los factores de poder presionan por el entendimiento con el Fondo y repudian cualquier acción que tenga remotas posibilidades de obstaculizarlo. Es hora de bailar al compás marcado desde Washington, sin ninguna tentación de danzar en otros ritmos.
Entre la “autonomía” y la “buena letra”.
No sólo hay temor a las consecuencias de un default sino expectativas de que la economía argentina sometida de nuevo al estrecho control del organismo internacional brinde mayores facilidades para realizar el programa de máxima del gran capital.
Las “indispensables reformas” laboral, previsional, impositiva (en sentido regresivo) y del Estado están en el horizonte permanente de los dueños del país y podrían ser estimuladas a través del severo monitoreo de los indicadores económicos. Hasta se percibe cierto disgusto porque el FMI no se haya decidido a aplicar un torniquete más prieto sobre Argentina.
Las diversas manifestaciones del empresariado le reconocen al gobierno, a regañadientes, que se disponga a convalidar la estafa del enorme préstamo contraído por Mauricio Macri. Pero quisieran que eso se viera complementado con el alineamiento completo de la política exterior.
Y con el abandono de iniciativas comerciales y de inversiones que pudieran molestar a la potencia del norte. El ingreso de nuestro país al proyecto de la “ruta de la seda” ha sido criticado, a despecho de que los adherentes a la misma bordean el centenar y medio de países. Ni hablar de que sea por medio de empresas chinas que la tecnología 5G ingrese a Argentina.
De nuevo, no es hora de creer que hacer negocios con Rusia y China constituya una prístina demostración de soberanía. Ello entraña articulaciones comerciales, tecnológicas o financieras que se trasuntan en beneficios para grandes empresas capitalistas. Que no pueden ser consideradas a priori como beneficiosas para el país.
Corresponde en cambio destacar que el amplísimo lobby pronorteamericano no tolera ninguna desviación del sendero “occidentalista” al que buscan limitar a Argentina.
Sus periodistas adictos llegaron a provocar las iras de la portavoz presidencial con preguntas sobre el presunto “malestar” del gobierno de EE.UU y hasta con interrogantes acerca de un supuesto influjo “comunista” sobre la política argentina. Por cierto, sobrevinieron rápido las disculpas de la funcionaria.
Los gestos del gobierno posteriores al viaje parecen destinados a ratificar que la potencia norteamericana no tiene nada que temer. El presidente destacó la necesidad de mantener una “relación madura” con EE.UU y hasta se animó al chiste de que Argentina no pretende instaurar un “régimen maoísta”.
Asimismo enfatizó las diferencias entre la actitud del expresidente Donald Trump y la del actual mandatario Joe Biden. Mientras aquél facilitó que Argentina quedara “empeñada” en estrecha alianza con Mauricio Macri, Biden habría trabajado para sacar al país del atolladero.
El elenco gubernamental sabe muy bien que todo lo que no sea disciplinamiento más o menos incondicional con el poderío norteamericano será denunciado como parte de una “pésima política exterior”. Y por eso práctica la alternancia de algún gesto de autonomía con la “buena letra”, que antes del viaje presidencial incluyó algún viraje en las posiciones frente a Venezuela.
A la hora de contar las nueces, lo evidente es que el “arreglo” de la deuda externa avanza, lo que conlleva la perspectiva del agravamiento de una situación ya crítica para las clases populares.
Por ejemplo, a la par que se discuten las orientaciones diplomáticas de la actual gestión de gobierno, avanza el debate sobre el aumento de las tarifas eléctricas y de gas y acerca de una reducción de los subsidios al transporte de pasajeros.
Ante esos incrementos no habrá diplomacia que valga. La “reducción del déficit fiscal” es el imperativo que parte de Washington. La persistencia de la pobreza, la precariedad laboral, incluso la elevada inflación, no están en el tope de la agenda.
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