Cuesta mucho, causa mucho dolor, escribir sobre la votación de la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tenía la posibilidad de asumir una conducta más equilibrada plegándose a otras veintidós naciones –entre ellas dos potencias nucleares como la India y Paquistán, además de México, Indonesia, Nigeria, Qatar y Bangladesh, entre otras- que no convalidaron la agresión estadounidense y se abstuvieron de apoyar la resolución 43 promovida por el Grupo Lima en la que se asumen como propias las condenas de la oposición violentista venezolana y promueve la intervención extranjera en asuntos internos de ese país. La resolución votada en Ginebra prorroga por dos años el mandato de la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” creada por el Consejo debido al escándalo que suscitó la publicación del sesgado y prejuicioso Informe Bachelet. (No es un dato menor recordar que dicha “Misión” está financiada por los países integrantes del Grupo de Lima). El remedio, justo es decirlo, resultó ser peor que la enfermedad por que dicha “Misión” jamás puso pie en Venezuela. Se contrató a un equipo de supuestos expertos procedentes de tres países abiertamente hostiles al gobierno bolivariano: Chile, Portugal y Reino Unido, que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela con lo cual las sospechas sobre parcialidad y prejuicios de los integrantes de esa “Misión Internacional Independiente” crecieron exponencialmente. Para colmo, el experto chileno Francisco Cox Vial resultó ser abogado defensor de los represores de la dictadura de Pinochet y de fluida relación con los personeros de ese nefasto régimen, con la extrema derecha chilena y con el corrupto ex presidente de México Enrique Peña Nieto. Como se ve, un hombre que ofrece todas las garantías necesarias de ecuanimidad e imparcialidad. Los otros dos integrantes, Marta Valiñas (Portugal) y Paul Seils (Reino Unido) son burócratas de los organismos internacionales que sienten un rechazo visceral por cualquier gobierno que tenga la insolencia de rebelarse contra los dictados del imperio. Pero eso no es todo: el trío mencionado lo que hizo fue administrar el enorme presupuesto asignado para esa tarea (2.700.000 de dólares) ¡y “tercerizó” las tareas de la “Misión” contratando a un grupo de 13 personas asentadas en Panamá, de identidad, profesión e idoneidad desconocidas y que no fueron designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU! Rápidos y duchos para moverse en las oscuras aguas de los abultados presupuestos de los organismos internacionales estas eminencias tuvieron que admitir, sin embargo, que ni ellos ni sus contratistas visitaron a Venezuela. Sus empleados panameños aseguran que basaron la elaboración de su fulminante informe en “informaciones (que son) de dominio público accesibles en las redes sociales (especialmente en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube), blogs y artículos de opinión”. Este informe viola todos los protocolos establecidos por la ONU para la redacción de este tipo de documentos y sin embargo fue aceptado como bueno por los gobiernos clientes de la Casa Blanca: el Grupo de Lima y por el gobierno argentino, que aún continúa siendo miembro del mismo. Este informe fue el que dio lugar a la presentación de la Resolución 43. Al aprobarla nuestro gobierno se alineó con los vasallos regionales de Washington, sobre todo con Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Es decir, votó junto con los amigos del ex presidente Mauricio Macri y la banda que asoló el país y destruyó su economía; que nos endeudó por un siglo y utilizó gran parte de ese dinero para que la camarilla gobernante fugara miles de millones de dólares. Un gobierno que atropelló las instituciones fundamentales de la república con su Mesa Judicial instalada en la Casa Rosada; que espió a sus adversarios y a sus propios amigos y que no dejó de cometer estafas y gigantescos negociados que aún esperan una investigación exhaustiva que identifique y castigue a los responsables.
No sólo eso. Votó dando implícitamente por bueno el Informe de Michelle Bachelet, que fue refutado por un medular documento elaborado por la Comisión Ad Hoc de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) que visitó Venezuela y comprobó, sobre el terreno y en numerosas entrevistas con funcionarios gubernamentales, representantes de la oposición, ONGs independientes, organizaciones de la sociedad civil y la gente común y corriente de ese país que el Informe Bachelet adolecía de vicios insanables de forma y fondo que lo inhabilitaban por completo, y mucho más para fundamentar una política de condena al gobierno del presidente Nicolás Maduro.[1] Cabe consignar que un par de días antes el Tribunal de Apelación de Londres había anulado el veredictoemitido el pasado mes de julio por el Tribunal Superior que le otorgaba a Juan Guaidó la administración de los lingotes de oro depositados por Caracas en el Bank of England (valor estimado de mil millones de dólares), pese a lo cual buena parte de quienes votaron en contra del gobierno bolivariano siguen refrendando la designación de “presidente encargado” hecha por el hampón de la Casa Blanca. Y a propósito de Guaidó el Informe de la Comisión Ad Hoc dice, en sus conclusiones que “ante diversas afirmaciones con relación a la ausencia de libertades políticas en Venezuela” –como se asegura en el Informe Bachelet- “merece especial mención la situación observada respecto del diputado, Juan Guaidó, quien incluso después de autoproclamarse presidente de la república desarrolla sus actividades con total normalidad, se desplaza con absoluta libertad, e incluso efectúa convocatorias a actos públicos. Es de señalar que conforme la legislación de la mayoría de la comunidad de países del mundo, esta conducta podría ser tachada de sediciosa (considérese por ejemplo la condena a prisión de los líderes independentistas de Cataluña).”[2]
Retroceso, como decíamos en el título, porque el actual gobierno argentino tuvo gestos positivos al comienzo de su mandato cuando desconoció a la “embajadora” que había designado Guaidó en este país (con el placet del gobierno de Macri) y admitió, como encargada de negocios, a la funcionaria designada por el gobierno legítimo de Venezuela. También cuando el presidente Alberto Fernández visitó a Lula en su cárcel y desató la furia de Jair Bolsonaro. Lo mismo al ofrecer refugio a Evo Morales y Álvaro García Linera, además abrir las puertas de la Argentina a centenares de exiliados de Bolivia y condenar a la dictadura de Jeannine Añez. Por eso lo ocurrido en Ginebra es una lamentable regresión, que ojalá no sea el preludio a una total capitulación que convierta al gobierno argentino en otro peón latinoamericano de la Casa Blanca. Por ejemplo, solicitándole envío de tropas para una “fuerza multinacional” preparada para invadir junto a militares colombianos y brasileños a Venezuela; o permiso para instalar una base militar de Estados Unidos en la zona de la Triple Frontera; o para que Argentina retire el apoyo a la legitimidad de la convocatoria a las elecciones parlamentarias de la República Bolivariana de Venezuela el próximo 6 de Diciembre, tal como lo exige Estados Unidos; o que promueva su inconstitucional postergación, como con su insuperable cinismo lo reclama la Unión Europea. Dada esta situación cobra especial relevancia el hecho de que el gobierno nacional podría haberse abstenido y votado con México, el único gobierno de la región con el cual Alberto Fernández puede sostener un diálogo constructivo desde el punto de vista geopolítico. Desgraciadamente, no lo hizo. Es más, la Argentina todavía no ha designado embajador en Venezuela y mantiene en Caracas al encargado de negocios designado por Mauricio Macri que fácil es imaginar cuál es su opinión sobre el gobierno bolivariano y la naturaleza de los informes que eleve a la consideración de nuestra Cancillería. Cabe consignar que los únicos gobiernos que obedecieron el úkase imperial de retirar sus embajadores de Caracas fueron los integrantes del Grupo de Lima (con la Argentina incorporada a esa pandilla por Mauricio Macri), lo que torna más bochornosa la situación en la que se halla la Casa Rosada. Alguien debería informarle al presidente que pese a toda la vocinglería antichavista y las presiones de Washington once países europeos mantienen sus embajadas en funcionamiento en Caracas: España, Francia, Reino Unido, Italia, Santa Sede, Portugal, Polonia, la Unión Europea, Alemania y, desde hace unos días, la Confederación Helvética. ¿Qué estamos esperando para designar un embajador en Caracas: que nos autorice Trump o la misión del FMI que está de visita en la Argentina?
¿Cómo es posible que se hayan ignorado estos antecedentes? ¿Cómo es posible que la Casa Rosada se haya plegado a la ofensiva estadounidense, haciendo caso omiso del hecho que Venezuela es víctima de un despiadado bloqueo que le impide hace más de cuatro años importar alimentos, medicinas, repuestos y componentes de equipos industriales y de transportes? En la legislación internacional bloqueos como los que sufren Venezuela y Cuba constituyen crímenes de lesa humanidad, asuntos éstos completamente soslayados en los informes que fueron tomados como “documentación” para condenar al gobierno venezolano. Es obvio que la Cancillería cedió ante las presiones de Estados Unidos y se hizo cómplice de una estrategia de asedio que ha producido enormes sufrimientos al pueblo venezolano. En el gobierno nadie puede hacerse el distraído o subestimar el daño que, con el aval de Brasil, Chile, Perú y Uruguay (además de Bolivia y Colombia, que no son miembros del Consejo de DDHH) Estados Unidos le inflige a nuestras hermanas y hermanos de la patria de Bolívar y Chávez. Sorprende además que no se advierta que esa misma estrategia de acoso es la que la derecha está aplicando en contra del gobierno de Alberto Fernández y que, cuando llegue el momento, Washington le exigirá a la Casa Rosada una rendición incondicional (envío de tropas, bases militares, redefinir la relación comercial con China, etc.) o, en su defecto, terminará como lo hizo en Bolivia, aliándose a los sectores de la derecha radical para poner fin a su gobierno antes del término del mandato constitucional. Porque, para Washington, “quien no está con nosotros está contra nosotros”, como lo dijera en el 2001 George W. Bush. ¿Es posible que los más altos funcionarios de la Cancillería desconozcan esa sentencia, o que no sepan que en Washington la figura de Alberto Fernández despierta mucha desconfianza? Y cuando la Casa Blanca dice “con nosotros” quiere decir sumisión incondicional a sus mandatos.
El voto de Ginebra puso de relieve el bajo profesionalismo de la Cancillería argentina, dirigida por un ingeniero agrónomo sin experiencia alguna en asuntos internacionales aunque talentoso y audaz Secretario de Agricultura durante el gobierno de Carlos S. Menem. Pero él no tiene toda la culpa: sus asesores y el plantel permanente de la Cancillería deberían haberlo asesorado (no sólo a él sino también al presidente) y no lo hicieron y, por lo tanto, son corresponsables del grave desacierto cometido en Ginebra. Un comunicado emitido por la Cancillería el día después de la votación dice oponerse a la injerencia y la intervención militar en contra de Venezuela; declara rechazar los bloqueos y las sanciones contra ese país pero en una muestra de esquizofrenia política votan con el Grupo de Lima que es la punta de lanza que aporta la cobertura diplomática para el intervencionismo norteamericano y el violento “cambio de régimen” que ha diseñado Washington y que se acaba de ratificar en el último número de la Military Review, el órgano oficial del Ejército de Estados Unidos.[3] Disonancia que preocupa entre discurso y acción. Y mientras Maduro invita a observadores extranjeros a monitorear las elecciones del 6 de Diciembre se lo acusa de no querer elecciones limpias y transparentes. La verdad, un voto que nos llena de vergüenza, que hace al gobierno argentino cómplice de una cobarde agresión a su homólogo venezolano y a un país en donde, como lo señala el informe de la Comisión Ad Hoc de la AAJ, “la abrumadora mayoría de la prensa es opositora al gobierno, que hay elecciones a un promedio de casi una por año y que cuando las pierde el gobierno reconoce el resultado el resultado adverso.”[4] Curiosa dictadura ésta, como dijera Eduardo Galeano. Hemos votado en Ginebra para que Washington, presidido por un sociópata que no titubea en diseminar el Covid-19 entre su propio pueblo, se salga con la suya e intente dar un zarpazo para apoderarse del petróleo, el oro y el coltán venezolanos, no para llevar la justicia, la democracia y la prosperidad a ese país. El resto es retórica engañosa, necesaria para atraer y enganchar al carro triunfal de la Casa Blanca a un coro de gobiernos sumisos y dependientes que le otorguen a la agresión un cierto halo de legitimidad.
Termino diciendo que lo acontecido en Ginebra merece el más enérgico repudio. Y que constituye un retroceso que si no se interrumpe más pronto que tarde pondrá en cuestión la sustentabilidad misma del gobierno ante la feroz ofensiva desatada por la derecha local, con el guión y el asesoramiento suministrados por Washington. Repliegues como el que tuvo lugar con el caso Vicentin; con la negociación de la deuda externa sin tomar en cuenta los resultados de la auditoría del Banco Central que hubiera permitido pagar lo que se debe y no lo que se robaron los personeros del macrismo; con la exasperante lentitud para lograr que los supermillonarios hagan su aporte solidario y por una única vez para enfrentar a la pandemia y la crisis económica; con la rebaja en las retenciones (ya de por sí ridículas en el caso de la minería); o la pasividad ante el feroz ataque del sicariato mediático y su sarta interminable de mentiras, fake news, ofensas al presidente y la investidura presidencial. Lo único que falta en esta retirada desordenada sería un desalojo violento de la toma de los “sin techo” en Guernica. En tal caso, la bancarrota de un proyecto progresista y posmacrista que había suscitado grandes esperanzas en vastos sectores de nuestra sociedad se esfumaría definitivamente y la Argentina vería dibujarse, en el espejo empañado de sus propias frustraciones, los ominosos contornos del bolsonarismo.
Notas:
[1] Ver el “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela” (Noviembre de 2019). Disponible en: http://www.asociacionamericanadejuristas.org/sitio/coalicion-internacional.php
[2] Ibid. pp.37.
[3] Geoffrey Demarest, “Venezuela in Light of Anti-American Parties and Affiliations in Latin America”, en Military Review, Vol. 100, Nº 5, pp. 110-126.
[4] Ibid., p. 19 y siguientes.
Blog del autor: https://atilioboron.com.ar/