A estas alturas debe haber quedado claro para todos que la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el régimen de generación y distribución de electricidad impuesto por la reforma privatizadora de 2013 es la lucha más importante de este sexenio, al parecer la única, para restablecer el mandato constitucional de un Estado rector de la economía.
Será la segunda ocasión en que este gobierno —si la reforma se consolida— estará afectando intereses económicos muy poderosos, como ya lo hizo con la cancelación del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los inicios del sexenio. Pero, a diferencia de éste, que se resolvió con un decreto del Ejecutivo y el pago de indemnizaciones o el trueque de los contratos de construcción por los de otras obras gubernamentales de inversión, incluida la terminal aérea “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, ahora se trata de una reforma constitucional sumamente compleja.
En su libro 2018: la salida, publicado más de un año antes de la elección que lo llevó a la presidencia, López Obrador exponía en relación con las llamadas reformas estructurales realizadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto:
Admito de entrada que soy partidario de revertirlas; tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo sino que lo perjudican. Pero no responderemos a una imposición con otra imposición; en cambio, se consultará a la gente si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión de la voluntad ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría.
Esto no significa que el nuevo presidente dejará de expresar su postura o no tratará de convencer de que por el bien de la República es indispensable recuperar el sector energético para integrarlo, convertirlo en palanca del desarrollo nacional y manejarlo con eficiencia y honestidad para reducir los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y los productos petroquímicos […]
Hasta ahora, el ofrecimiento de una consulta popular acerca de las reformas peñanietistas no se ha cumplido, y de hecho no se cumplirá, pues el presidente prefirió proponer un plebiscito en relación con muy otro tema (la persecución a los presuntos delitos de los ex presidentes) y, en cambio, enviar de manera directa al Congreso su iniciativa de reforma constitucional en relación con el sector eléctrico. Pero, aunque expresada en términos abstractos, parece claro que la intención plasmada cuatro años atrás es la que anima la propuesta actual de reforma al sector eléctrico.
Sin embargo, la reversión de la desnacionalizadora reforma diseñada y ejecutada por el gobierno anterior enfrentará enormes obstáculos aún por salvar. Desde luego, el más grande, reunir la mayoría legislativa calificada en ambas cámaras del Congreso para realizar la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuando la composición actual de aquéllas ya no alcanza para ello a Morena y sus aliados, el PT y el convenenciero PVEM. La reforma constitucional es indispensable porque, como se recordará, el 3 de febrero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo declarando inconstitucional el acuerdo de la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenece) que daba preferencia en el despacho de electricidad a la generada por la Comisión Federal de Electricidad por sobre la de los (muchos) generadores privados: la española Iberdrola, AES Corporación, Enel Green Power, Grupo México, ILIOSS, Acciona, Minera Autlán y Mexichem, entre otros, que han llegado a cubrir el 45 % del abasto de energía que la CFE se ve obligado a distribuir a altos costos a través de sus líneas de transmisión, en aras de la pretendida “libre competencia”.
La apuesta del Ejecutivo para lograr esa cuota parlamentaria es alta: dividir a la oposición emplazando, por una parte, al PRI en lo particular a reasumir su histórico discurso “nacionalista revolucionario” y virtualmente compartiendo el poder (o cooptando) a un sector del priismo al que se entregó en la Cámara de Diputados comisiones de primera importancia como la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la de la Comisión de Gobernación y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. También está dispuesto el presidente a incorporar a su gobierno a ex gobernadores de origen priista como Quirino Ordaz (próximo embajador en España), y quizás Héctor Astudillo que acaba de entregar el gobierno de Guerrero. Más aún: no está excluida la incorporación de panistas al gabinete, como podría ser la de Antonio Echeverría, que también ha terminado poco ha su gestión en Nayarit.
Para el gobierno federal y sus aliados se trata de avanzar en la discursivamente declarada guerra contra el neoliberalismo, que pocas veces se ha concretado en hechos; para los opositores es la aparente defensa de un principio consagrado por el pensamiento liberal, el de la llamada “libre competencia”, pero sobre todo de una red de relaciones, tráfico de influencias y de elevadas ganancias a costa del presupuesto público, obligado por los contratos con los nuevos abastecedores privados a dar preferencia en la distribución y abasto a la energía generada por éstos y a relegar la de la Comisión Federal de Electricidad.
La oposición legislativa ha sacado nuevamente sus argumentos, ya expuestos por los productores privados, el Consejo Coordinador Empresarial, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Suprema Corte: la libre competencia en la generación de electricidad es lo que puede bajar los costos de producción y las tarifas a consumidores; la iniciativa presidencial favorece las energías “sucias” y no las limpias: eólica, geotérmica, solar. Argumentan también algo que puede ser verdad: “Por la capacidad instalada de CFE, incluyendo el diésel y el combustóleo, no hay espacio para generadores adicionales en el mercado. Ustedes lo aniquilan con el despacho por capricho”, dijo en febrero pasado el priista Enrique Ochoa Reza, ex director de la CFE en el gobierno de Peña Nieto.
Desafortunadamente para los opositores a la iniciativa del Ejecutivo, la realidad los desmiente una y otra vez. El esquema de generación privada y prioridad a ésta en la transmisión y distribución no garantizan por sí mismos el abasto, la reducción de costos ni la baja en las tarifas.
La estructura productiva del sector en el periodo reciente ha hecho dependiente a nuestra industria eléctrica, como se sabe, de las importaciones de gas para las plantas termoeléctricas, de los Estados Unidos y en particular de Texas. Las inesperadas heladas en ese Estado de la Unión Americana el invierno pasado vinieron a desmentir varios de los argumentos de los opositores. Mostraron la inconveniencia de ser dependientes del mercado externo bajo la premisa —típica del monetarismo— de que es más barato comprar el gas en el mercado externo que buscar la autosuficiencia. El corte de exportaciones decretado por el gobernador de Texas en febrero mostró que no existe tal cosa como el “libre mercado”; que los poderes públicos y económicos se imponen en las transacciones, aun por encima de contratos. El gobernador texano Greg Abbott pudo determinar suspender el flujo de exportaciones de gas para priorizar el abasto a la población de su Estado. Y tenía razones políticas y sociales para ello. ¿Pero hay de verdad libre competencia, cuando un gobernador puede decretar repentinamente la suspensión de las exportaciones a las que, desafortunadamente, los anteriores gobiernos mexicanos ataron nuestro futuro energético? Como se recordará, fue la CFE con sus propias instalaciones la que, en muy pocos días logró restablecer el servicio y superar la crisis de abasto en el noreste de nuestro país.
Texas también mostró los límites de la privatización. En un Estado que cuenta con plena liberalización energética (alrededor de 200 productores privados) y la más libre competencia, en medio de las heladas los usuarios vieron cómo sus facturas de consumo se iban hasta cuatro mil dólares, cuando antes pagaban 200 (https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias-texas/2021/02/20/preparese-para-recibos-de-luz-elevados-en-texas-mujer-de-dallas-pagaba-200-por-mes-ahora-debe-3979/).
El otro caso digno de mencionarse es el de la crisis energética que ya vive desde este otoño la Unión Europea, particularmente en España, Rumania, Grecia y la misma Alemania, países en los que en tan sólo pocas semanas, y aun antes de que empiece la estación de fríos extremos, las tarifas pagadas por los usuarios han alcanzado niveles históricos. En España los gobiernos ultraliberales del Partido Popular impusieron, desde luego, la privatización completa del sector vendiendo las empresas públicas y abriendo por completo el mercado de generación y distribución de la energía, y las tarifas se incrementaron hasta en 52 por ciento en tan sólo siete días. Es uno de los países de la UE, junto con Portugal y Alemania, donde hoy es más caro el consumo. España produce tres cuartas partes de su energía con gas natural; las fuentes “limpias” —la ilusión que Iberdrola y otras empresas quieren vendernos en México — están muy lejos ahí de cubrir ni siquiera una parte significativa de la demanda, y más aún con la reanimación de la economía después del 2020 de la pandemia.
Los países de la UE que mejor han logrado salvar esta crisis de abasto y tarifas son, no por casualidad, los Países Bajos y los nórdicos como Suecia y Finlandia, así como Malta y Estonia, en donde se mantuvo una fuerte presencia del sector público y también una red de conexión internacional que les permite abastecerse de las fuentes más competitivas de la región. Pueden verse los datos del viejo continente en https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/precio-electricidad-hogares-union-europea/.
En resumen, la electricidad es y debe ser reconocido como un sector estratégico de la economía que nunca debió colocarse bajo el interés de la inexistente “libre competencia”, en realidad el dominio de los oligopolios sobre el mercado, incapaces de garantizar el abasto suficiente y a bajos costos para el conjunto de la población y las empresas. La recuperación de la rectoría económica del Estado, prevista en el artículo 28 de la Constitución es indispensable para un proyecto viable de nación.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo UMSNH.
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