El gobierno de Cambiemos volvió a rediseñar el país a un modelo extractivista, agropecuario e industrial, dependiente del capital financiero.
Para ello nos endeudó de sobremanera y en plazos perentorios, paralelamente, se oculta quienes se beneficiaron con ese endeudamiento, que, en su mayor parte, se trata de la minoría que se favoreció con idéntico procedimiento de deuda y fuga con la dictadura militar y su legitimación por el gobierno de Raúl Alfonsín y que, volvieron a repetir el procedimiento con la “pesificación” asimétrica del gobierno de Eduardo Duhalde.
La brutal transferencia de ingresos implica el privilegio de una minoría que es incapaz de enfrentar la competencia externa, dado que invierte en la Argentina lo mínimo e indispensable y fuga capitales, que en gran parte administran los mismos fondos que son acreedores del país.
De allí que sube el precio de los títulos de deuda argentina, públicos y privados, y las acciones de las empresas que cotizan en los mercados internacionales, ante la sola versión de que el gobierno de Alberto Fernández acuerda implícita o explícitamente con el FMI y, sobre todo, que ese acuerdo no investigará a quienes compraron los dólares en que se endeudó el gobierno de Macri.
Las cuentas son claras, durante el gobierno de Cambiemos la deuda externa de la Administración Nacional se incrementó en más de 100.000 millones de dólares para pasar a ser de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Unos 24.000 millones de esa moneda se usaron para pagar deuda vieja y 86.200 millones de dólares se fugaron.
El Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA dio lugar al Decreto 239/2021 en que la Procuración del Tesoro de la Nación se constituye en parte querellante en la causa N°3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la CABA y, coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional.
La querella no puede ser solo contra los funcionarios que hicieron posible el endeudamiento y su fuga en la gestión de Cambiemos, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica. El Informe del Banco Central dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero 24.769 millones de dólares correspondieron a los 100 primeros compradores. Como primera medida, hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuestos a las ganancias por el monto de dólares que compraron, ¿de dónde extrajeron esa suma?, con lo cual se lograría, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. Y seguir después con el resto de los que compraron dólares en el periodo.
De la deuda externa argentina, 66.137 millones de dólares estaban en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera en poder de los fondos de cobertura y otros bonistas, el 93,5% de los acreedores que poseen el 99% de esos títulos aceptaron, el 31 de agosto de 2020, canjearlos por nuevos, que son diez títulos de deuda, cinco en dólares y cinco en euros, con vencimientos que van desde 2030 hasta 2046, sobre los cuales se pagará el interés del 3,07% anual y recién comienza a amortizar capital a partir de julio de 2024. Pero en ese caso lo que se hizo es renovar la deuda y ello no inhibe su investigación que debe hacerse para recuperar parte del capital (con las sanciones y multas correspondientes a los que no puedan demostrar de dónde sacaron los recursos, que no declararon, para comprar esos dólares) y amortizar la deuda desde julio de 2024. Es más, la sociedad de hecho entre los fondos de cobertura (BlackRock; PIMCO; Franklin Templeton, Fidelity, Gramercy, entre otros) con los grandes empresarios fugadores de capital, debe ser analizada por la justicia argentina detenidamente para saber si el proceder fue legal.
Pero con el FMI es distinto porque el FMI tiene como función proporcionar asistencia financiera a los países miembros para solucionar problemas de Balanza de Pagos y, en cambio, la deuda con el FMI que no fue autorizada por el Congreso de la Nación, viola el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y, no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí, tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga. (El artículo 6to. Inciso a) de ese Convenio dice que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Pero y no lo hizo).
Hay un claro incumplimiento del FMI y debe ser corresponsable de la fuga, por ende, debe exigirse que el FMI brinde todo su apoyo a las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país. De no hacerse así, en un plazo prudencial, por incumplimiento de una de sus partes (el FMI), la Argentina quedaría librada de esa obligación hasta que esa investigación finalice.
El problema no es lograr que se reduzca la tasa de interés que nos cobra el FMI del 4,05% a 2,05% anual y que, en el programa de facilidades extendidas a 10 –diez— años nos den cuatro o cinco años de gracia para pagar el capital. El problema reside en que pretendan que el pueblo argentino que no vio un dólar de la deuda pague ese compromiso desde el 2024 en adelante.
Argentina, Grecia, Portugal
Néstor Kirchner asumió la Presidencia el 25 de mayo de 2003, con la convicción de que la deuda fue engendrada a espaldas del pueblo argentino y que debía reducirse fuertemente y extenderse los plazos (los canjes realizados en 2005 y 2010 implicaron una quita promedio del 65% del capital adeudado y la prolongación de los plazos hasta 2028), solamente basado en un frente inorgánico que había expulsado al gobierno de De la Rúa y a los que le sucedieron.
La política de desendeudamiento argentino con esos dos canjes, logró que los servicios de la deuda externan rondaran el 1% del PIB anual, y al pagar todas las obligaciones con el FMI en enero 2006, pudo hacer un plan independiente sin ningún tipo de condicionante que permitió que la Argentina creciera a tasas chinas hasta 2011.
Eso fue con Kirchner, hoy el FMI considera que para afrontar la nueva deuda, la Argentina debe tener como prioridad la consolidación a corto plazo de la fiscalidad y la baja en el gasto, propuesta igual a los 22 acuerdos realizados desde el año 1956 cuando el país se adhirió a ese organismo. O sea que, en lugar de que pague la deuda los que la fugaron, hacen un “manto de olvido” y que la pague el pueblo argentino.
Propuesta igual tuvieron que cumplir Grecia y Portugal.
La crisis de securitización de los bancos en 2008 repercutió negativamente en el nivel de actividad mundial En 2009, el capitalismo mundial exhibió una tasa negativa de crecimiento por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En la Unión Europea (UE) el derrumbe fue cercano al 5% del PIB y afectó principalmente a los países del sur de Europa a los que despectivamente llamaron PIGS (cerdos): Portugal, Italia, Grecia y España, por su acrónimo en inglés
Bajo el comando de la Troika compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI se buscó salvar el euro y rescatar de la quiebra a los bancos, principalmente a los alemanes y franceses. En contraste, el pueblo perdía sus casas por no poder pagar las hipotecas.
En Grecia, la aceptación de los términos impuestos por Alemania sobre todo, rector de la Unión Europea, para que sus banqueros y empresarios cobren en euros y el 100% de sus acreencias, provocó una fuerte reducción del gasto público, de los salarios, jubilaciones y pensiones y con ello del consumo y nivel de vida de la población, desdibujando el frente político conducido por Syriza y su gobierno.
El ajuste del gasto público y de los salarios en Portugal se hizo durante 5 –cinco- años completos (mediados de 2009 a mediados 2014). Entre las principales medidas del ajuste se destaca la baja de los salarios de los empleados públicos en un 25%, la congelación de los salarios docentes, el recorte de los salarios de todos los trabajadores privados el 13% durante varios años por la suspensión del pago de aguinaldos; la congelacion del salario mínimo; una reforma laboral que redujo las indemnizaciones, los pagos por horas extra, el tiempo de subsidio de desempleo, facilitó los despidos y limitó la negociación colectiva. La edad jubilatoria se elevó a 65 años para hombres y mujeres; el regresivo Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió de 21% a 23%; privatizaron lo que pudieron. El ajuste hundió todavía más a la economía y destruyó el empleo (la desocupación llegó a ser el 18% en el 2009). El número de trabajadores portugueses que ganaba el salario mínimo nacional, que en 2005 era del 5% de los asalariados, en 2014 llegaba al 12,9 %.
En nuestro país, tras firmar el segundo acuerdo con el FMI, el 29 de junio de 1959, el Ministro de Economía de Frondizi, Álvaro Alsogaray, sostenía: «Lamentablemente, nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: “Hay que pasar el invierno.”
Lo que no dijo fue que el invierno no fue para todos, hay, sigue habiendo, una minoría rentista que vive en una eterna primavera.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).