Los sectores oligárquicos movilizan a sus grupos de choque y articulan estridentes campañas de desinformación para incitar a los ciudadanos a rebelarse contra las autoridades nacionales legítimas.
El presidente Luis Arce Catacora alertó este martes que Bolivia se encuentra amenazada por algunos actores que apuestan “por la confrontación y la violencia”, que hablan de “marchas a la federalización” atentando “contra la integridad nacional” y por ello exigió a las Fuerzas Armadas a resguardar la estabilidad política y defender a “ultranza de la Constitución Política del Estado”.
Arce se refirió al paro en la provincia de Santa Cruz de la mano del ultraderechista Luis Fernando Camacho, que trajo inevitables ecos del golpe de Estado que hace tres años depuso al presidente Evo Morales e instaló un efímero gobierno de facto encabezado por la hoy presa Jeanine Áñez. El libreto es el mismo: los sectores oligárquicos movilizan a sus grupos de choque y articulan estridentes campañas de desinformación para incitar a los ciudadanos a rebelarse contra las autoridades nacionales legítimas.
“Hoy, Bolivia, se encuentra nuevamente amenazada por aquellos que, incapaces de aportar a la democracia, apuestan hoy por la confrontación y la violencia poniendo en peligro la convivencia democrática entre bolivianos, haciendo evidente que es el pueblo el que tiene la auténtica convicción democrática porque se sabe mayoría”, afirmó Arce durante la posesión del nuevo Alto Mando Militar del país, dirigido por el comandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Hugo Arandia López.
El mandatario le recordó al Alto Mando Militar que su “primer objetivo (es) el resguardo de la estabilidad política y la defensa a ultranza de la Constitución y le dijo que estas “pruebas no las afrontarán solos sino caminando bajo la conducción de su Gobierno y con su pueblo que hace más de una década y media ha decidido construir su destino con sus propias manos”.
En este proceso, echan mano de su poderío económico y su control sobre rubros claves de la economía para generar malestar en la población e instalar un clima de caos que facilite salidas violentas como la que tuvo lugar en 2019. En su rol de sembrar el terror mediático, los medios internacionales reproducen sin ningún rubor y sin mínima verificación las especies divulgadas por la ultraderecha boliviana.
A poco de cumplir dos años al mando del país, Arce dijo que esos actores tienen una “particular manera de ver la democracia donde ésta solo tiene esa condición si la mayoría de los bolivianos ceden a sus intereses” y que bajo esa lógica ahora “ponen en movimiento una estrategia para reditar el golpe de Estado de 2019”, cuando se produjo el golpe de Estado con la autoproclamación ilegal como presidenta de Jeanine Añez.
Tal como sucedió en 2019, el hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, indujo al Comité Interinstitucional a validar en el cabildo del 30 de septiembre, que reunió a 229.126 personas, la decisión de ir a un paro indefinido desde el 22 de octubre en demanda de que el Censo se realice “sí o sí” en 2023 y la abrogación del Decreto Supremo 4760 que reprogramó esa labor para el 2024.
Se repite el guion y también los personajes de tres años atrás: el actual gobernador de Santa Cruz es el golpista Luis Fernando Camacho, en 2019 dirigente del Comité Cívico y organizador principal de desmanes callejeros, del amotinamiento policial y la consumación del golpe con la traición de las fuerzas armadas.
Fundamentalista religioso, minutos después de que el ejército obligara al gobierno de Morales a huir, Camacho ingresó a la sede del Ejecutivo con una Biblia y proclamó, en un Estado que es laico desde 2009, que “ahora Dios va a gobernar Bolivia”.
Pese a que el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, que reunió a más de 300 autoridades de todo el país el 28 de octubre, propuso que una mesa técnica defina la fecha de la realización de la encuesta nacional, el gobernador cruceño, quien faltó a ese encuentro nacional, decidió el pasado sábado mantener el paro.
Más en solitario cada día, pues el presidente el Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, y el cívico Rómulo Calvo accedieron a tratar la fecha del Censo en una mesa técnica, Camacho dio una entrevista el fin de semana al diario cruceño El Deber donde volvió a hablar del federalismo como la única solución a la “fisura que viene desde la fundación de la República”.
El paro
El paro, que tuvo de repuesta un cerco de organizaciones civiles y sociales de Santa Cruz, se tornó violenta. A penas trascurrieron las primeras horas del 22 de octubre se registró el primer deceso: Julio Pablo Taborga fue apaleado hasta morir por cívicos seguidores de Camacho en el municipio fronterizo de Puerto Quijarro.
La violencia de los cívicos llegó a la populosa zona del Plan 3000, cuya mayoría de la población se opone a acatar el paro alentado por los sectores de poder de Santa Cruz, que dieron todo su respaldo a Camacho, y que a pesar de la medida mantuvieron en operaciones a sus empresas en el Parque Industrial y habrían continuado sino se registraba el corte del suministro de gas y el bloqueo de choferes que exigieron la suspensión de actividades para todos.
Tres años después del golpe aupado por el secretario general de la Organización de Estados Amedricanos (OEA), Luis Almagro, que dejó decenas de muertos, se suspendió la democracia y se sumió al país en la ingobernabilidad, Camacho demuestra que mantiene la misma voluntad de asaltar el poder por la vía de la violencia y el sabotaje.
El paro oligárquico de Santa Cruz es un recordatorio de que las derechas no darán tregua en el designio de imponer sus agendas, sin reparar en los costos ni en los métodos.
Boris Acosta Reyes. Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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