El 64 por ciento de las controversias y conflictos en México que debe resolver un tribunal o un juzgado son familiares y civiles, lo que implica que su resolución puede tardar años, con costos económicos y de salud física y mental.
Este hecho genera desconfianza en los tribunales del 75 por ciento entre la ciudadanía, porque sólo se resuelve 10 por ciento de los casos y 57 por ciento se acumula.
¿Qué tiene que ver esto con la violencia contra las mujeres? Que de acuerdo con la Red Nacional de Refugios (RNR), sólo en los últimos dos años aumentó 55, 59 por ciento y ¿qué tiene que ver con la niñez violentada y los divorcios sin apoyo?, que en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registraron cerca de 100.000, de los cuales 90 por ciento fueron resueltos en tribunales y 50 por ciento tuvo demanda de alimentos.
¿Y qué tiene que ver esto con la disputa por la patria potestad? Legislar para todo el país, como mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2017 y que debía acatar en 180 días el Congreso de la Unión, tiene un retraso de más de cuatro años. Ahora se anuncia como la reforma más trascendente que se hará en el Congreso desde la cuarta transformación (4T), si existe acuerdo sobre tres iniciativas en foros y discusiones a partir de esta fecha y hasta septiembre, para crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Ahora los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias, por lo que la justicia cotidiana requiere atención urgente; existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente, como concluyen participantes a los Foros de Justicia Cotidiana, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Mientras tanto, una mujer puede estar esperando años el pago de alimentos o la solución de un divorcio; una familia la sentencia sobre una herencia o lo que le sucederá después de un desalojo. Cosas parecidas suceden en casos mercantiles. Se llama justicia cotidiana.
Fuera de los juzgados, sólo en la Ciudad de México, en la calle de Balderas, lo que se mira es gente, mucha todos los días, un cúmulo de «gestores» y una mole de concreto llena de expedientes en espera.
La abogada argentina Haydée Birgin sostiene que en infinidad de situaciones, mujeres y varones se enfrentan a circunstancias que exceden largamente las causas penales, civiles o familiares. Lo que afecta sus vidas de un modo profundo y duradero.
La justicia cotidiana regula derechos como compradores, inquilinos, propietarios, comerciantes, padres, madres, hijos o hijas; en las filas de la burocracia, añade, serán o no respetados; recibirán o no un trato justo en situaciones de separación o divorcio o ante la de terminación del régimen de alimentos, manutención o tenencia de sus hijos e hijas menores de edad.
Según la reforma constitucional, la justicia familiar y social sólo puede ser federal, y se urgió a que el Congreso expida un nuevo código federal. Pero no se ha legislado, dejando paradas resoluciones en más de 5.000 tribunales.
El anuncio del Senado de la República y también del Congreso de la Ciudad de México es que ahora se harán foros para crear el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque hasta ahora se reportaron tres millones 332.000 casos sin resolver.
Esta justicia, la de la convivencia diaria, está diluida en 32 códigos estatales con reglas distintas y formatos diversos, así como en más de 5.000 tribunales. ¿Cuánta energía, salud y dinero cuesta llevar a cabo un juicio civil o familiar?
Cuánto coraje se acumula en un proceso que parecía sencillo y llevo años para un divorcio, la demanda del pago de alimentos, un conflicto vecinal, un desalojo, la decisión de dónde vivirán las niñas y niños durante una separación, conflictos que se llaman de proximidad que puede tener costos económicos, de salud física y mental inimaginables.
Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, de México Evalúa y de World Justice Project (WJP), sólo 10 por ciento de las controversias logran justicia, y mientras los aparatos institucionales subsisten entre inmanejables cargas de trabajo, falta de profesionalización de sus empleado, ausencia de datos, opacidad y, en general, acumulación de errores que impiden solucionar rápida y eficazmente lo cotidiano, los problemas que se registran día a día entre personas y entre comunidades.
Así los conflictos vecinales no encuentran justicia ¿Quién no ha discutido con un vecino o vecina por el lugar el estacionamiento o por el ruido? ¿Y quién ha logrado que le hagan justicia? En México, la mitad de la población ha sido víctima en casos parecidos. Y el número de personas que lo ha resuelto, que ha obtenido justicia, es una minoría: apenas el 10 por ciento.
Y aunque estos conflictos cotidianos son los de mayor incidencia, pues triplican anualmente el número de casos penales y federales -los que la ley considera que ameritan cárcel en automático y los que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) dada su complejidad- y afectan directamente a la mitad de la población, en el país se privilegia la atención y se da más recursos a esos sistemas, señala WJP, luego de una encuesta con 25.000 personas en 2018.
Sostuvo que si estos conflictos no se atienden, ello deriva, con frecuencia, en más violencia.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI muestra que de los más de dos millones de casos que llegaron a los juzgados locales en 2018 solo 7,6 por ciento son penales. En cambio, 38,4 por ciento de los casos son familiares; 29,7 por ciento corresponde a la materia civil; y 22,6 a temas mercantiles.
El Instituto Belisario Domínguez en el estudio, conocido este domingo 12, llamado «Aspectos a considerar en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares», de los investigadores Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, señaló que de un millón 577.327 expedientes y causas penales ingresadas en 2020, 64 por ciento son de carácter familiar y civil, sólo 10 por ciento penal.
Sin embargo, de los 4.099 juzgados que existen en los estados para atender dichos casos, 21 por ciento son de materia penal, luego están los juzgados civiles que equivalen a 16,9 por ciento del total y familiares que solo son 12,3 por ciento, pese a ser los de mayor demanda, analiza un reportaje publicado en 2019 por Animal Político, con datos de varios estudios incluido el de México Evalúa.
Los ciudadanos, indefensos ante los problemas que los acechan cada día, optan por el desquite, la venganza o hacer justicia por propia mano. Datos del Módulo de Justicia Cotidiana de la Encuesta a Población General en México del World Justice Project, 2019 (WJP) indican que ocho por ciento de estos conflictos acaban en violencia. También hay 57 por ciento que derivan en gritos e insultos, según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana 2019 (ENSU) del INEGI.
Y es que, según la Encuesta Nacional de Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 34 por ciento de la población está incluso dispuesta a violar la ley si eso les permite, lo que a su entender es, obtener justicia. Pues enfrentar un problema cotidiano y no tener acceso a justicia implica para el 40 por ciento de las afectaciones en su economía, salud o hasta la unión de su familia.
Lo cotidiano es Justicia de segunda
La distribución de los recursos para los diferentes sistemas de justicia no sigue los parámetros de otros países del mundo, ni siquiera los de la región, según documentaron los investigadores Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra.
México destina 0,26 por ciento de su PIB al sistema de justicia federal, porcentaje similar al de Brasil y Argentina. Pero para la justicia local solo dispone 0,14 por ciento, mientras que esos países sudamericanos lo hacen en 0,66-0,65 por ciento, el triple de lo que asignan a lo federal.
Esta distribución de esfuerzos y recursos entre sistemas de justicia en México provoca que los juzgados que reciben más trabajo tengan, a su vez, menos dinero. Por ejemplo, a los juzgados federales del país llegaron 583.005 casos en 2018. Ese año, el Poder Judicial Federal tuvo 57.087 millones de pesos (2.857 millones de dólares) de presupuesto.
En tanto, a los juzgados estatales, por conflictos cotidianos, llegaron dos millones 126.000 casos: cuatro veces más. Y tuvieron un presupuesto 40 por ciento inferior con 35.124 millones (1.756 millones de dólares), según los censos de impartición de justicia del INEGI.
Los datos oficiales permiten concluir que cada caso iniciado el año pasado en lo local tiene un presupuesto ocho veces inferior en comparación con cada caso federal.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI muestra que de los más de dos millones de casos que llegaron a los juzgados locales en 2018 solo 7,6 por ciento son penales. En cambio, 38,4 por ciento de los casos son familiares; 29,7 por ciento corresponde a la materia civil; y 22,6 por cierto a temas mercantiles.
Sin embargo, de los 4.099 juzgados que existen en los estados para atender dichos casos, 21 por ciento son de materia penal, luego están los juzgados civiles que equivalen al 16,9 por ciento del total y los familiares que solo son el 12,3 por ciento, pese a ser los de mayor demanda.
En consecuencia, si se distribuyen los casos por tipo de juez, se advierte que un juez penal debe atender 190 nuevos casos por año, cifra alta pero muy por debajo de los 911 que le corresponden a un juez de materia civil, o de los 1.619 de cada juez de lo familiar.
Sobre los conflictos vecinales y los casos de faltas administrativas: dos millones 250.000 procedimientos nuevos cada año que los jueces resuelven en 69 por ciento de las veces con multas o arrestos automáticos, sin atender de fondo los problemas.
También se puede ver la disparidad en los salarios. El estudio de Ana Laura Magaloni Kerpel citado en el libro Reforma en Materia de Justicia Cotidiana, indica que un juez federal gana cuatro veces más que un juez de Campeche o siete veces más que un juez de Chiapas, pese a que los jueces locales multiplican la carga de trabajo de sus homólogos federales.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública y los poderes judiciales en los estados reportan 1.519 defensores para temas penales. En cambio, para temas no penales solo registran 267 asesores jurídicos disponibles.
«La justicia cotidiana es predominantemente local. Está mucho más relacionada con los conflictos civiles y familiares que con los penales. Se resuelve a través de juicios y medios a nivel local. Sin embargo, nos hemos concentrado en lo opuesto, en lo federal y lo penal. Este abandono de la justicia cotidiana también impacta en la manera en que se distribuyen los recursos financieros y humanos», señala Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y autor del libro Reformas en Materia de Justicia Cotidiana.
Ciudadanía sin defensa
Los problemas del sistema de justicia cotidiana y lo tardado y complicado que es resolver casos derivan en que las víctimas desconfíen de las instituciones y decidan no acudir a ellas. La encuesta del WJP concluye que solo 20 por ciento recurre a una autoridad o a un tercero para mediar o intervenir en la búsqueda de resolver sus conflictos cotidianos.
Y tiene sentido cuando, al revisar casos, resulta que quien acude al sistema de justicia tarda años en recibir una respuesta o muere antes de recibir justicia. Por eso, la mayoría decide aceptar una pérdida económica o asumir las consecuencias del conflicto cotidiano, el 70 por ciento que buscó a una autoridad o tercero para resolver su problema considera que los juicios son lentos y 30 por ciento que, además, son caros.
El nivel de desconfianza es tal que 75 por ciento dice que su gobierno es incapaz de solucionar conflictos y un porcentaje similar cree que la policía no puede resolver de forma justa un problema, según las encuestas de Seguridad Pública Urbana 2019 (ENSU) del INEGI y la Encuesta Nacional de Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
«La justicia cotidiana incide en el día a día de la gente y es la que resuelve los problemas que le afectan directamente. Y quizá por ello la justicia cotidiana debería de estar en el centro de nuestra discusión pública. Sucede, sin embargo, que la justicia cotidiana ha sido una justicia olvidada en México», dice Martín Reyes.
La Reforma
El 15 de septiembre de 2017 se publicó la reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana que, entre otras cosas, facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, fijando para tal efecto un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Sin embargo, después de casi cuatro años, esta legislación todavía no ha sido aprobada, como destaca un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El análisis «Aspectos a considerar en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares», de Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, apunta que la nueva legislación deberá contemplar la implementación del juicio oral civil, mecanismos para garantizar la ejecución de las sentencias y la justicia digital, esta última a través de figuras como el juicio en línea, las notificaciones electrónicas y los sistemas de gestión operativa.
Hasta la fecha se han presentado en el Congreso de la Unión tres iniciativas para expedir un CNPCF, las cuales se encuentran pendientes.
Adicionalmente, el 28 de abril de este año se aprobó en la Cámara de Diputados la creación del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana, el cual tiene como objetivo identificar, revisar, analizar, modificar y proponer la armonización y la homologación de las leyes respectivas.
Según el documento del IBD, los juicios civiles y familiares son los asuntos que representan una mayor carga a los poderes judiciales estatales, pues tan solo en el 2020 representaron el 64 por ciento del total de expedientes y causas penales ingresadas en los tribunales del país.
En ese sentido, subraya que es importante que estos cuenten con procedimientos que les permitan tener una mayor eficiencia en su desempeño, ante el diagnóstico que se antecede.