“Estamos frente a un Gobierno al que no le podemos exigir un cambio de rumbo o un giro en sus políticas económicas. A este Gobierno lo tenemos que confrontar y la única manera de hacerlo es estando en la calle. Quieren reducir el Estado a su mínima expresión y lo tenemos que impedir”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

“Resulta que Capital Humano era el único ministerio que iba a tener plata, y conocida la ejecución presupuestaria del Gobierno, la única partida que creció fue la de Seguridad. Pettovello, que se suponía que iba a tener a su cargo la contención de la franja social más vulnerable, no hace más que retirarle toda contención y asistencia social”, continuó.

En esta línea, el dirigente indicó: “El Presidente Milei y el Ministro Caputo tienen que saber que los estatales vamos a profundizar nuestro plan de lucha y multiplicar las protestas en todo el país hasta lograr romper el techo que ellos le pusieron a las paritarias. El deterioro de los ingresos en el sector público es muy grave. Demandamos un aumento que se ubique por encima de la inflación”. Cabe recordar que, durante el último encuentro paritario realizado en febrero, el Ejecutivo ofreció una suba muy por debajo de la evolución de los precios y aún no realizaron una nueva convocatoria para el mes de marzo.

“Cada despido y cierre de organismo no sólo se traduce en familias que quedan en la calle. Se trata de millones de personas que en todo el país quedan abandonadas. El Estado nacional ha decidido retirar su presencia de las provincias y de esta manera cortar con la contención y asistencia de programas y políticas públicas que le garantizan una mejor calidad de vida a las franjas sociales más vulnerables. Exigimos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos”, agregó el Secretario General de ATE.

Aguiar manifestó que “también tiene que existir un mensaje claro para todos los gobernadores”. “Tienen que abandonar esa vergonzosa especulación que vienen demostrando. El Pacto de Mayo no es más que un intento por parte del presidente de comprar con plata los superpoderes para el Poder Ejecutivo”, apuntó el dirigente y concluyó: “Hemos decidido convocar para la semana entrante a todas las provincias y no descartamos avanzar en un nuevo paro general”.

En tanto, el Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, señaló: «Hemos decidido movilizar a Capital Humano para decirle a la ministra Sandra Pettovello que no queremos que el ajuste pase por la clase trabajadora. Detrás de cada trabajador hay una familia. No vamos a permitir el desguace del Estado».

Por su parte Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital Federal manifestó: “Hoy nos toca vivir un ataque permanente a la política pública, un ataque permanente a todo lo público. A eso que nosotros y nosotras conocemos tan bien como la Salud y la Educación, que son políticas universales que traen a los hermanos y hermanas de todo el continente a venir a sanarse y a educarse a nuestra patria. Eso hoy también está en riesgo” y completó: “Hoy no solamente atacan lo más sentido de lo que nuestro pueblo tiene como propio, que son esas conquistas históricas de ’45, sino que tratan de demonizar el rol estratégico que tenemos en cada uno de nuestros puestos de trabajo y por eso la única que nos queda es salir a pelear hasta que podamos derrotar este modelo”.

Los miles de trabajadores que intentan echar desempeñan tareas indispensables y cumplen roles esenciales. Además, tienen 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad en el Estado brindando servicios a los sectores más vulnerables de la sociedad. En esta línea, el sindicato rechazó de lleno el intento de cierre de organismos y empresas públicas que garantizan prestaciones y servicios de primera necesidad para la población, como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el INADI, Télam, los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, y entre otros.

Además, el sindicato reclamó por:

– Aumento salarial por encima de la inflación.

– Reincorporación de despedidos sin causa.

– Renovación automática de los 70.000 vínculos laborales que vencen el 31 de marzo.

– Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.

– Rechazo al cierre de todos los organismos públicos y a la privatización de empresas estatales.

– Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

– Aumento de emergencia para jubilados y pensionados.

– Rechazo a cualquier intento de privatización.

Masiva movilización contra los despidos y desguace del Incaa

Con una intervención artística llamada “claquetazo”, a las 17:00 los trabajadores del INCAA dieron inicio a una conferencia de prensa para denunciar los despidos y el plan de desguace que impulsa el actual presidente del Instituto, el economista ultraliberal Carlos Pirovano. En el mismo momento se realizaron acciones en distintos puntos del país como Córdoba, Rosario y Jujuy.

Desde la Junta Interna de ATE INCAA leyeron un documento elaborado por los trabajadores enfrentando cada una de las medidas de ataque, valorizando el trabajo que cada sector aporta en el desarrollo del cine nacional y analizando también los objetivos de este gobierno que apunta a una cultura y una producción audiovisual completamente sometida a los intereses de las grandes productoras extranjeras y las plataformas.
Luego abrieron el micrófono y se escucharon las palabras de apoyo de grandes referentes del cine como el director de fotografía Felix Monti, el director Nemesio Juárez, el artista Daniel Santoro, que estuvieron presentes junto a actrices y actores como Mirta Busnelli y Víctor Laplace, Norberto Gozalo, Leonardo Sbaraglia, Julieta Zylberberg, entre otros.

A su vez desde diferentes sectores gremiales y en lucha acercaron su solidaridad. Estuvieron de ATE Capital, Asociación Argentina de Actores y Actrices, adhesiones de SICA, SAT-SAID, Gremial del Banco Nación, una delegación de trabajadores de TELAM, y trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas que enfrentan los despidos.

También estuvieron presentes legisladores de la Ciudad y diputados nacionales, entre ellos se destacó una nutrida delegación del FIT, Myriam Bregman tomó la palabra planteando que la banca de la izquierda está a disposición de esta lucha, y recordó cómo las últimas experiencias históricas de luchas colectivas desataron una fuerza imparable, y que ahora es el momento para redoblar la fuerza.
Por Unidxs por la Cultura, que fue uno de los sectores que se puso a la cabeza de convocar a la movilización, hablaron la actriz Mirta Israel, y los cineastas Mayra Bottero y Javier Gabino. Propusieron continuar construyendo un Plan de Lucha para lo que convocaron a organizar una Gran Asamblea de la Cultura en defensa del Cine el próximo sábado 23.

Mientras leían sus adhesiones los estudiantes de distintos Centros y espacios autorganizados se desató la represión. Una verdadera provocación del gobierno de Milei y Bullrich que no puede tapar toda la fuerza que se expresó en las calles en defensa del cine nacional e independiente.

Para finalizar se festejó frente al Congreso la caída del DNU, un gran día de lucha en las calles que es solo un puntapié de un movimiento que seguirá creciendo.

249 trabajadores del Grupo Vila Manzano fueron dispensados laboralmente

A pesar de las gestiones que realizó el SATSAID ante América TV desde las primeras horas del sábado 9 de marzo para que normalice la dación de tareas para las y los trabajadores, la empresa decidió no modificar su actitud y mantuvo sus puertas cerradas. 

A última hora del sábado, el gremio presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación exponiendo la decisión de la patronal de incumplir con el deber de ocupación de la totalidad de la planta. 

Este domingo, el secretario Gremial del SATSAID, Gustavo Berllingeri, se reunió con las y los trabajadores en la puerta del canal, para asesorarlos y comentarles sobre la acción presentada ante la autoridad competente y los pasos a seguir.  

El SATSAID está obrando con templanza y firmeza, y apelamos a que la empresa actúe con la responsabilidad que le compete y normalice cuanto antes la situación. 

El Grupo Vila Manzano dispensó a 249 trabajadores de la señal América y A24. Si bien no fueron despedidos definitivamente, es una medida que atenta contra la organización de las y los trabajadores, ya que los afectados son los afiliados al Sindicato Argentino de Televisión, Satsaid, que se encontraba realizando reclamos gremiales.

La empresa está ofreciendo aumento de salario a la baja con respecto a la inflación, por ese motivo hubo un paro en conjunto del Satsaid y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, entre otra serie de medidas de fuerza, por lo que la patronal decidió llevar adelante esta represalia.

El SatSaid junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) rechazaron la resolución de la empresa. “Seguimos con los pasos necesarios para cubrir a los trabajadores y, eventualmente, realizar las denuncias del caso correspondiente”, explicaron en sus redes sociales.

La situación de las y los trabajadores de prensa como de los medios de comunicación se viene agravando: el intento de cierre de Télam, el despido de más de 100 trabajadores de Radio Nacional y el ataque a las y los periodistas en las manifestaciones que protestan contra el Gobierno Nacional son sólo algunos ejemplos.

Hace pocos días atrás, fue despedido de Crónica Tv un periodista que denunció al aire su situación de precariedad laboral, que no es distinta a la que viven miles de trabajadores en otros medios, ya sean gráficos, radiales o audiovisuales.

La unidad de las organizaciones sindicales en defensa de los derechos laborales es de una importancia suprema, ya que la patronal busca debilitar los reclamos y sectorizarlos para aislarlos, lejos de lograr su cometido, las y los trabajadores están en pie de lucha contra estos atropellos.

Empieza la fase alta de despidos en la industria

Por David Cufré

La recesión se profundiza y en lugar de bajar la inflación, que sigue en niveles elevados, ocasiona perjuicios cada vez más graves. La Unión Industrial advirtió por la suba del desempleo y el cierre de empresas. Las anclas fiscal y cambiaria también resultan amenazadas. 

La caída en picada de la actividad económica y la falta de perspectivas reales de recuperación a corto plazo empiezan a multiplicar los despidos en la industria. La planificación de grandes empresas para el año ya contemplaba un frenazo de la producción, pero el impacto recesivo de la devaluación y del brutal ajuste fiscal, sin compensaciones suficientes por el lado de los ingresos, está produciendo un derrumbe más acelerado y más violento de lo previsto. 

De acuerdo a la Unión Industrial Argentina, ya en enero un 20,9 % de las fábricas había cesanteado trabajadores, contra solo un 6,6 % que incorporó personal. Fue el segundo mes consecutivo con destrucción neta de puestos de trabajo, en una tendencia creciente, que se consolidó en febrero y seguirá subiendo los próximos meses. La situación encuentra claros puntos de contacto con lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el empleo fabril cayó en 46 de los 48 meses de gestión. 

Ahora la crisis se extiende como una mancha de aceite entre los distintos rubros fabriles y castiga no solo a las pymes, sino también a firmas líderes de insumos difundidos, como lo demuestra el caso de Acindar. La compañía ya anunció la paralización de sus cuatro plantas durante un mes, pero quienes conocen la situación de cerca advierten que la medida podría sostenerse algunas semanas o repetirse en pocos meses. De ahí que sus trabajadores realizaran esta semana un corte de la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Villa Constitución, con el acompañamiento de la CGT, para reforzar su plan de lucha.

“Desde el segundo semestre de 2023 hubo una estrategia de stockeo por parte de las industrias para anticiparse a la devaluación que casi todos esperaban con el nuevo gobierno. Por eso ahora los proveedores de insumos difundidos están complicados: tienen estructuras de costos elevadas, inflexibles a la baja y dolarizadas, con una demanda que no deja de caer”, explican desde una de las cámaras fabriles, pidiendo reserva de identidad. 

La recesión es el plan

“La recesión no es un subproducto del plan de estabilización que ocurre desgraciadamente, sino que es un elemento central del programa en el intento del Gobierno por bajar la inflación”, explica Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central en la gestión anterior. “Lo que están haciendo es matar al paciente para bajar la fiebre”, comparan desde la Cámara empresaria.

El objetivo del Gobierno es lograr una disminución marcada del índice de precios a partir de abril para empezar a cambiar las expectativas respecto de la caída de la economía. Su apuesta es dinamizar la inversión privada como factor de impulso de la actividad, asentada en una plataforma de ordenamiento fiscal, monetario y cambiario. Todo ello debería generar una corriente de confianza entre los empresarios para que empiecen a arriesgar capital y sacar a la economía del fondo del pozo. 

Ese modelo, sin embargo, que es la gran esperanza del oficialismo, a esta altura hace agua por todos lados. “El desacomodo de la economía va más rápido que la estabilización por caída de actividad”, alerta Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior. “Tasas de inflación tan altas desde diciembre anularon prácticamente la ganancia de competitividad de la devaluación inicial. Para fines de abril y mayo, cuando debería empezar la liquidación fuerte de divisas del sector agroexportador, es cada vez más probable que el Gobierno afronte una situación de atraso cambiario y se vea presionado para generar otro ajuste del dólar oficial. En ese caso, el objetivo de bajar la inflación quedará postergado y todo el plan puede desmoronarse”, analiza.

“Los productores que están vendiendo la cosecha lo hacen mayormente con precio a fijar. Eso significa que prevén que pueda haber una devaluación o una ampliación de los beneficios que otorga el Estado para liquidar las divisas en el contado con liquidación”, señala Carrera.

La sostenibilidad del equilibrio fiscal también aparece amenazada. El superávit de enero se logró a costa de cancelar pagos a proveedores del Estado, suprimir transferencias a las provincias, congelar la obra pública y licuar ingresos de jubilados y sectores vulnerables. “No es un esquema sustentable. Cuánto más se puede seguir así. Empezarán a estallar las provincias, sobre todo las más grandes: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza tienen estructuras de recaudación dependientes del impuesto a los Ingresos Brutos, que está cayendo más que el IVA”, señala Carrera.

Sin V

“A partir del otoño vamos a ver un aumento fuerte de la desocupación. La tolerancia social al ajuste se resentirá cuando eso ocurra, porque en un contexto de alta inflación el desempleo se volverá intolerable”, evalúa Feletti. Para revertir la situación el Gobierno debería aumentar las transferencias a sectores vulnerables y jubilados, reactivar las obras de infraestructura y expandir el gasto público, todo lo contrario, al programa en marcha. Como Feletti supone que nada de eso ocurrirá, anticipa un agravamiento de la recesión antes que la recuperación en V que promociona el Gobierno.

“Veo complicado que pueda haber una salida en V o en U, porque en este momento no existen fuentes virtuosas por el lado de la demanda. No veo motores para que la economía deje de caer y revierta el ciclo. El consumo privado es casi el 70 % del PIB, por lo cual tendría que haber un crecimiento explosivo de la inversión y de las exportaciones para compensar esa caída. En el primer caso no creo que ocurra. La inversión está con una retracción fuerte en este contexto. Las exportaciones pueden mejorar, pero no será suficiente para cambiar el escenario”, sostiene Carrera.

“La inversión puede crecer de la mano de sectores dinámicos como la minería, la energía o los hidrocarburos, pero en el resto de la economía veo desinversión y cierre de empresas. Eso agravará el problema de la desocupación”, concluye el economista.

Alerta por despidos en el Instituto Geográfico Nacional

A continuación, compartimos una nota que nos hizo llegar una de sus trabajadoras para difundir su situación.

Los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Geográfico Nacional (IGN) no nos salvamos, este lunes 11 de marzo nos vamos a enterar quien está despedido y quien no, se rumorea que el 20 % de los contratados se quedarán sin su sostén de un día para el otro sin ningún otro justificativo que hacer que el ajuste recaiga en los de abajo.

A solo tres días de asumir la nueva gestión en la presidencia del IGN, organismo descentralizado del Ministerio de Defensa, dependiente de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, en una ceremonia finalizada con un discurso en el que el Secretario Dr. Raúl Guillermo Jesús Marino indicó qué era un honor poder ponerle cara a quienes se encargan de armar de forma soberana los mapas de la nación, llega la noticia del recorte en el 20% del personal contratado. Tal vez no era un verdadero honor.

El IGN se encuentra por debajo de la dotación óptima de personal hace años, sus funciones ya se encontraban comprometidas. Pero estos recortes indiscriminados en contratos, sin justificación alguna, no solo implican qué compañeros y compañeras de Ciencia y Técnica se queden sin trabajo, sino ponen en compromiso la continuidad de los servicios que brindan todos los organismos qué están viviendo esta misma situación.

Si hoy tenés un puente, es porque existe un trabajo silencioso de personal que mantiene redes de posicionamiento de nivel internacional, si hoy con orgullo tenés un mapa que dice qué las Malvinas son argentinas es porque hay gente apasionada que trabaja por eso.

Hoy en el IGN nos dicen que no nos queda nada por hacer, nos insisten que es inevitable. Sentimos el miedo a realizar algún tipo de reclamo, porque se insinúa que todo sería peor, un aumento de porcentajes. Horas de angustia por saber una lista, y esperar que tu nombre no esté ahí.

¿Cómo seguís trabajando como si nada hubiera pasado? Empezamos por compartirlo para buscar la solidaridad y el apoyo de distintos sectores que sabemos que están transitando situaciones similares.

Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

A través de un comunicado difundido por ATE, se denuncia que corren peligro alrededor de 130 puestos de trabajo este 31 de marzo dentro de los despidos anunciados en el gobierno nacional.

Según el propio comunicado difundido por ATE se trata del 20% de los 670 contratos que vencen este 31 de marzo. La orden habría sido dada por el ministro de Defensa, Luis Petri. La situación se agrava ya que el encargado de firmar las renovaciones, el propio director del Servicio Meteorológico, Alejandro de la Torre, aún no tiene designación oficial.

El SNM es considerado esencial y tiene presencia desde la Antártida hasta La Quiaca, entre sus varias funciones se encuentran las de dar soporte para el tráfico aéreo o dar alertas meteorológicas entre otras cosas.

También denuncian que se pone en riesgo desarrollos de productos que mejoran pronósticos, alertas, avisos o advertencias. Se implica también a avisos de cenizas volcánicas, de pronósticos marítimos y costeros.

Como señala el colectivo de trabajadores, el SMN trabaja los 365 días del año, las 24 horas y los 7 días de la semana y se trata de «es un organismo científico-técnico comprometido con el cuidado de la vida, los bienes y la soberanía del país.»

Télam

Los trabajadores de la agencia Télam recibieron en la tarde del domingo una nueva comunicación de la intervención de la empresa, que dispone otra semana de dispensa laboral, con goce de haberes, mientras las dos sedes permanecen valladas y los empleados impedidos de ingresar.

“Se comunica a todo el personal de TELAM SE que se extiende la dispensa de prestación de débito laboral con goce de haberes por siete (7) días desde las 0 horas del 18 de marzo de 2024”, dice la comunicación recibida en su mail institucional por los 760 trabajadores de Télam en todo el país, que firma el interventor Diego Chaher.

La comunicación llegó mientras los trabajadores y trabajadoras de Télam participaban de un festival de música que se realizó este domingo en el Pasaje 5 de Julio y Avenida Belgrano, justo frente a una de las sedes valladas, donde se mantiene un acampe en sus puertas.

“Hace unos minutos recibimos el anuncio de una semana más de dispensa, algo que ya venimos rechazando desde el sindicato. Pedimos que se expidan sobre la causa por la cual están dispensándonos de realizar nuestras tareas, y queremos decirle al gobierno y al interventor que los trabajadores queremos que saquen las vallas y nos dejen volver a trabajar que es lo que sabemos hacer”, dijo durante el festival Carla Gaudensi, secretaria adjunta del Sindicato de Prensa Buenos Aires (Sipreba) y titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).

“Es necesario que Télam siga de pie y por eso seguiremos defendiéndola y dándole voz a todos y todas, que es lo que más nos interesa defender de esta agencia pública, su rol social”, destacó Gaudensi.

En el mismo lugar donde este domingo se realizó el festival, los trabajadores de la agencia pública volverán a reunirse el martes, desde las 14:00, en el marco de una nueva asamblea para decidir los pasos a seguir.

Ate Justicia

La Junta Interna de ATE en el Ministerio de Justicia realizará un acto este martes 19 de marzo, a las 11:00, en el predio de la ESMA, ubicada en Avenida Del Libertador 8151 de la Ciudad de Buenos Aires, para pedir la reincorporación de trabajadores y trabajadoras despedidos en los últimos días, y la renovación de contratos que vencen el 31 de marzo, además de luchar contra lo que consideran un desguace de la Secretaría de Derechos Humanos.

En los últimos días se registraron 26 cesantías en la Secretaría de Derechos Humamos, que afectan a trabajadores de las áreas de Violencia Institucional, Administrativa, Coordinación Estratégica, Asuntos Jurídicos Nacionales y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Estos despidos se suman a los ya ocurridos en otras dependencias como los sitios de la memoria, por ejemplo, en los espacios Club Atlético y el Regimiento de Infantería 9 de la provincia de Corrientes.

En relación a este último sitio, el jueves pasado varios espacios de la memoria difundieron un comunicado en el que advertían que ese día los tres trabajadores del RI9 de Corrientes habían recibido telegramas de despido por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, acción que implicaría el cierre del único Espacio para la Memoria de la Provincia de Corrientes.

“Estos despidos se suman a los dos recibidos en el ex CCD Atlético (…). Solicitamos la inmediata reincorporación de todos los despedidos de la Secretaría y de los trabajadores sin los cuales el vaciamiento de los Espacios de Memoria deja de ser una hipótesis para pasar a ser una dolorosa realidad», afirman en la declaración conjunta de los espacios de memoria Atlético, Olimpo, Orletti, Virrey Cevallos, ESMA (CABA), Comisión Provincial por la Memoria (Buenos Aires), el Infierno (Avellaneda), Pozo de Quilmes, Puesto Vasco (Quilmes), Ex BIM 3 – UNLP, Comisaría Quinta (La Plata), Mansión Seré (Moreno), El faro (Mar del Plata), ex Brigada de Investigaciones de las Flores (Las Flores), Comisaría de Pergamino, Monte Peloni (Olavarría), Casa Mariani Teruggi (La Plata), Escuelita de Famaillá, Pozo de Vargas (Tucumán), Casa Roberto Matthews, Espacio para la Memoria «El Chalet» D2, La Perla, Campo de la Ribera (Córdoba), Museo de la Memoria, Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, Servicio de informaciones (Rosario), Sitio de Memoria Gualeguaychú, Ex UPII (Entre Ríos), D2 (Mendoza), Aeropuerto Trelew (Chubut), Ex Federal (La Rioja), Comisión Provincial por la Memoria (Chaco).

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigen que se retrotraigan los despidos y se renueven contratos que vencen el 31 de marzo. Denuncian además la falta de interlocución con el secretario del área, Alberto Baños. Es en este marco que convocan a una actividad para este martes 19 de marzo, a las 11:00, en la ESMA.

Mientras tanto, el miércoles 20 de marzo se hará un paro nacional y jornada de lucha en Conicet. En este marco, se convoca a una manifestación, a las 11:00, frente a la Jefatura de Gabinete, ubicada en Diagonal Sur 782 de la Ciudad de Buenos Aires, ante la falta de respuesta sobre la renovación de contratos administrativos y frente a los despidos en Ciencia y Tecnología.

Despidos en El Noble

Desde fines enero la empresa ha realizado despidos en distintas tandas, sumando 47 despidos aproximadamente, dos tandas de 20 trabajadores cada una, que continuaron con 7 despidos luego. Trabajadorxs denuncian que algunos despidos fueron informados previamente por motivos de reducción de personal, y posteriormente informados formalmente vía carta documento, como despidos con causa.

La empresa Nobles del Sur SA, más conocida como El Noble, fue adquirida en abril de 2021 por Diego Badaloni, vicepresidente de la empresa de transporte Andesmar. La compra se realizó en aquel momento al anterior dueño, el empresario macrista Mariano Castagnaro. Cuenta con una planta de producción ubicada en la localidad bonaerense de Garín, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, de 14.000 metros cuadrados, y una red de más de 90 franquicias. Se estima que la producción anual de El Noble es de 100 millones de empanadas, abastece supermercados como Carrefour, La Anónima, Jumbo, entre otras, y además ha llegado a comercializar otros productos congelados que también exportaban.

Según relatos de algunos trabajadores despedidos algunos de los despidos fueron informados por telegrama con dos días de retraso, por lo que trabajadorxs despedidxs denuncian que la empresa les hizo realizar trabajo estando ya despedidxs. Por otro lado, varios de ellxs se presentaron a trabajar normalmente durante el día, y a las 18:00 les comunicaron el despedido por reducción de personal, pero la sorpresa de muchxs de ellxs fue al recibir luego cartas documentos donde les informan despidos con causas. Motivo por el cual no recibirán ningún tipo de indemnización.

Denuncian que estas causas son inventadas, ya que previamente no habían recibido apercibimientos ni avisos. También denuncian adeudamiento de sueldos de febrero que al momento de ser despedidos no habían sido saldados. La empresa tiene historial en adeudar sueldos, motivo por el cual en distintos momentos lxs trabajadorxs han tomado medidas de acción.

Muchos de ellxs tienen antigüedad de hasta 7 años, varios de esos años de manera informal y luego de manera efectiva, por lo que les correspondería indemnización acorde a la antigüedad. Esto aún se encuentra regulado por el artículo 245 de la Ley de Contrato de trabajo, que es la norma base que regula la indemnización por despido arbitrario y lo hace en función de dos elementos: el salario y la antigüedad del trabajador en el empleo.

Lxs trabajadorxs también denuncian que el trabajo en la planta se realiza en malas condiciones laborales, como falta de ropa de trabajo adecuada que la empresa no les facilita y que ha generado accidentes en la planta.

En relación al sindicato, Pasteleros, denuncian que no han recibido acompañamiento, mostrando silencio frente a las condiciones laborales precarias, y complicidad y connivencia con la empresa.

Despidos en un sanatorio porteño

Más de 50 empleados del Sanatorio San José -ubicado en el barrio porteño de Palermo-, la mayoría con más de 10 años de antigüedad, recibieron notificaciones de WhatsApp el jueves pasado en las que se les solicitaba que no se presentaran a trabajar el viernes.

“Al otro día nos negaron el ingreso al sanatorio, mientras que a un grupo nos llegaban telegramas de despido, todos con la misma causa: ‘mal desempeño laboral y entorpecimiento en el desarrollo del trabajo’. Somos personal de Enfermería, de mantenimiento, de esterilización, de archivo; a todos nos ponen exactamente la misma causa. Crean causas y, al inventarnos una causa, nos va a costar un montón cobrar la indemnización. No es la primera vez que sucede. Ya tienen miles de juicios“, cuenta Marlene, que llevaba 13 años trabajando en el nosocomio, propiedad de la Federación de Círculos Católicos de Obreros (FCCO).

“Nos despidieron sin pagarnos el sueldo de febrero”, agrega Marlene.

“Los pagos de salarios son en cuotas desde hace más de cinco años. Nos deben aguinaldo y el supuesto bono de 70.000 resultante de paritarias”, cuenta otra de las despedidas, que trabajó 9 años en el sanatorio.

“Todos tenemos una familia detrás, todos somos el sostén de la familia. Y quedarnos así, sin trabajo, duele, indigna, da bronca”, se queja.

Los despedidos no recibieron apoyo de parte de los delegados del Sindicato de la Sanidad, agregan.

Se perdieron 80.000 puestos de trabajo por la caída de la Construcción

Según informaron desde la Uocra, la industria de la construcción en la Argentina perdió más de 80.000 puestos de trabajo desde diciembre pasado: de los 440.000 trabajadores que había en julio pasado, se redujeron un 11% hasta fines de año, un 18% en enero y un 20% en febrero. Las estimaciones a futuro muestran un cuadro aún más grave «dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída. Incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante número por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo».

Esos 80.000 puestos están estrechamente relacionados con trabajadores de la construcción ocupados en Obras Públicas, dado que históricamente alrededor del 25% de los empleos están relacionados a obras con financiamiento del sector público central y de las provincias.

“Ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los Organismos Internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido, se produjo esta situación tan extremadamente seria”, explicaron desde el entorno de Gerardo Martínez, Secretario General de la Uocra.

Las provincias más chicas, muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras obras públicas, son las más afectadas: Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero. Por otra parte, aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto de las decisiones de Casa Rosada: CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán.

Aun así, desde el gremio aclararon que «Estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse, pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización».
La pérdida de 80.000 puestos de trabajo tiene un impacto indirecto en la Obra Social Construir Salud dado que pierde más de un 20% de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones que en algunos casos superan el 200%.

Hay además un agravante: todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días. Desde el propio gremio informaron que se está apoyando a la Obra Social para poder mantener su sustentabilidad.

Los despidos en Aerolíneas Argentinas

Desde el despido de 40 empleados de Aerolíneas Argentinas, la situación ha estado muy lejos de resolverse. Se ha extendido la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo y se espera que se lleve a cabo un paro de pilotos y tripulantes, lo que paralizaría la actividad previa al feriado largo de 6 días.

No avanzó en nada la situación, lo que empezó a avanzar es que empieza a haber más resistencia en los aeropuertos”, comentó Luciano Corradi, delegado de Aerolíneas. “Hoy realizamos un corte total en la Avenida Costanera, lo que nosotros estábamos buscando es visibilizar este conflicto porque no tenemos respuesta ni de la empresa, ni de Aerolíneas Argentinas, ni de la secretaría de Trabajo sobre los más de 40 despedidos”, agregó.

Posteriormente, Corradi planteó: “En un principio eran 40 los despedidos, pero ahora de a tandas van despidiendo más compañeros, que trabajan para Aerolíneas Argentinas desde hace 10 o hasta 14 años”. Luego, manifestó que, “lo que sí avanza es el plan del Gobierno sobre la línea aérea, mantiene los salarios congelados de los trabajadores efectivos con el programa de retiro voluntario completamente ridículo que hay sobre 8.000 trabajadores efectivos”.

“Estamos empezando a dar una respuesta, en el marco de la reincorporación, queremos la reincorporación de todos los despedidos. El 28 y 29 va a haber un paro de pilotos y tripulantes por salarios, pero también para que no se privatice Aerolíneas Argentinas”, sostuvo Corradi, que después recalcó: “Los aeropuertos en Argentina empiezan a ser un foco de lucha donde el Gobierno tiene puesta la lupa”.

Por otro lado, el delegado de Aerolíneas Argentinas habló del paro que se llevará a cabo el 28 y 29 de marzo y señaló la importancia de que lo integren el sector de empleados tercerizados. Sobre la misma línea, remarcó que, “la problemática en los aeropuertos está siendo muy grande, hay mucho ataque a las familias, a los trabajadores, están quedando familias en la calle”.

“Para que no se lleve a cabo el paro tiene que haber una voluntad de diálogo por parte del Gobierno para darle solución a los trabajadores, para que no haya despidos y que la crisis que existe, la que plantea el Gobierno, no la paguemos los trabajadores”, expresó Corradi.

Luego dijo que, “queremos que den un aumento salarial acorde a cubrir la canasta básica de mínima y acorde a no seguir perdiendo contra la inflación”.

“Hoy realizamos un corte total en la Avenida Costanera, lo que nosotros estábamos buscando es visibilizar este conflicto porque no tenemos respuesta ni de la empresa, ni de Aerolíneas Argentinas, ni de la secretaría sobre los más de 40 despedidos”, agregó.

Ingenio San Martín del Tabacal

La combativa clase obrera del norte salteño reaccionó de forma inmediata con un fuerte paro total de actividades por tiempo indeterminado en el Ingenio San Martín del Tabacal, manejado por la empresa norteamericana Seaboard Corporation, ante el despido directo de 38 trabajadores y otras 44 reubicaciones, que son el preanuncio de futuras cesantías.

Apenas se tomó conocimiento de la situación el Sindicato del Azúcar convocó a asamblea general, donde un muy nutrido cuerpo de afiliados votó de forma unánime el paro por tiempo indeterminado hasta lograr la reincorporación de los despedidos. También se votó un plan de lucha que incluye movilizaciones por la ciudad de Hipólito Yrigoyen, acampe en el ingreso a la planta industrial y no se descartan que se amplíe la protesta con corte de la ruta nacional 50 que une la ciudad de Orán con la ruta 34 en la localidad de Pichanal.

La empresa norteamericana tienen ganancias millonarias por la venta de un alimento de primera necesidad y la sub producción de bioetanol, pagando sueldos miserables en pesos devaluados que no superan los 300 dólares mensuales, explotando más de 50.000 hectáreas en producción de caña de azúcar, monopolizando el agua de los ríos con la consiguiente contaminación ambiental, con menos de 900 empleados entre planta y temporarios, con un alto registro de personal precarizado en las subcontratistas y los denominados “fuera de convenio».

Al cierre de esta nota, ciento de personas, obreros y sus familias comenzaban a acampar en las puertas de la fábrica, la solidaridad del pueblo asistiendo con agua y alimentos garantizará el triunfo de los trabajadores.

AySA

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) realizó el lunes un paro total de actividades ante la ola de despidos aplicada en la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos).

El gremio que conduce José Luis Lingeri activó medidas de fuerza tras confirmarse la desvinculación de cientos de trabajadores de la firma estatal.

«Hoy necesitamos la unidad, el acompañamiento y la solidaridad», arengó Lingeri a los trabajadores durante una asamblea masiva donde los convocó a adherirse a la protesta.

El paro comenzó a la medianoche y afecta las actividades en la empresa estatal encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Conurbano bonaerense.

Por la medida, sólo funcionarán guardias mínimas con la provisión de agua y recolección de cloacas aseguradas.

El plan de lucha fue aprobado en una asamblea realizada la semana pasada con participación de la Comisión Directiva y más de 300 delegados gremiales.

El gremio denunció cientos de despidos y acciones intimidatorias a trabajadores de AySA. Además, hay temor por la privatización de la empresa.

«El Gobierno desde diciembre a la fecha no ha realizado ninguna transferencia del Tesoro para cubrir gastos operativos, frenando todas las obras que estaban en marcha. Este accionar ocasionó la desvinculación de más de 2.000 trabajadores de cooperativas que se encontraban bajo los programas Agua y Cloaca + Trabajo que eran financiados por organismos internacionales de crédito para dar los servicios a barrios vulnerables. Esto es asfixiar a la empresa», denunció Lingeri.

La Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) respaldó la medida de fuerza del SGBATOS en defensa de los puestos de empleo en AySA.

«Los trabajadores no somos un costo, somo parte de la empresa, somos quienes hacemos posible que día a día llegue agua a los hogares de todo el país», señaló la entidad.

En un comunicado, la entidad nacional que nuclea a todos los sindicatos de base de Obras Sanitarias apoyó «incondicionalmente» las acciones del gremio de Gran Buenos Aires.

Ola de despidos en Topper

Entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo, la planta de la empresa textil en Tucumán efectivizó más de 100 despidos. La enorme mayoría de quienes se quedaron sin trabajo son mujeres.

Los empleados de la planta de Topper en Aguilares, Tucumán, atraviesan un momento de máxima tensión tras lo que fue una ola masiva de despidos en los últimos días. En las últimas dos semanas fueron desvinculados de la empresa 85 empleados y empleadas con contratos temporarios y 32 de poca antigüedad en el puesto.

Según informaron, el recorte apuntó a trabajadores temporales que fueron tomados por la empresa de calzado e indumentaria deportiva, y que contaban con menos de un año en sus puestos.

«Estas últimas 32 desvinculaciones responden a la necesidad de terminar de adecuar el esquema al nuevo contexto. De esta manera, ya contamos con el equipo necesario para nuestro plan 2024», explicó Topper.

Cerca de un centenar de los despidos corresponden a empleadas mujeres, un dato que tiene que ver con la feminización y precarización -a la vez- del sector de confección de la industria textil, en el que la mayoría de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres.

La planta en cuestión es la ex Alpargatas, una de las fábricas de zapatillas más grandes del país, que cuenta con 1.061 trabajadores y tiene historial de despidos masivos.

En 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, echó a 500 empleados, un tercio de los trabajadores, según lo informado por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

La situación de Topper Tucumán

El representante provincial de UTICRA, Jorge Fugaracho, confirmó que les informaron del despido a los trabajadores una vez que se presentaron a prestar servicios en la planta de Tucumán.

En idéntico sentido, destacó que la empresa «está actuando dentro del marco legal» y que cumple con las indemnizaciones y se les paga la liquidación correspondiente a los trabajadores despedidos.

Por otra parte, sí llamó la atención que, durante la primera tanda de despidos, de los 85 operarios despedidos, 80 eran mujeres.

«Todas mis compañeras están destruidas. No hemos podido ni sacar nuestras pertenencias. Hemos tenido que esperar en la puerta una hora y todas las chicas lloraban desconsoladamente, es injusto cómo nos han corrido», declaró Marcela Rodríguez, una de las empleadas -y madre- despedidas. Antes de ingresar hace casi un año, había dejado de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Y agregó: «Cuando nos llamaron por grupos nos pusimos felices porque íbamos a cumplir un año y pensamos que nos iban a hacer firmar contrato, pero nos dejaron sin laburo».

Varias de las mujeres despedidas habían denunciado que ni siquiera se comunicaron con ellas desde el sindicato. Aseguran que la situación no les interesa del todo ya que se tratan de contratos no renovados o personal transitorio.

Los números de la empresa

En 2021, Topper invirtió $ 500 millones en su fábrica de la localidad tucumana de Aguilares, donde se produjeron todos los despidos.  Parte del desembolso implicó una erogación de $ 80 millones para volver a producir indumentaria en esta instalación que se dedica exclusivamente a desarrollar artículos de Topper.

Fue la primera vez en sus 50 años de trayectoria que activó una línea para producir ropa íntegramente a nivel local, además de calzado (botines y zapatillas). El lanzamiento requirió la incorporación y la capacitación de 30 personas; así como la adopción de maquinarias y la adecuación de un predio de 1.000 metros cuadrados.

Según anticipó Topper, no planea «inversiones grandes para 2024, sino que será un año de consolidar volumen», especialmente en el negocio de calzado deportivo, donde falta oferta de botines. Mientras tanto, la brutal reducción fue el primer paso para lo que viene en el año.

Monotributistas del INDEC reclaman por salario y rechazan cualquier despido

Trabajadoras y trabajadores monotributistas que prestan tareas a diario, bajo una relación de dependencia encubierta con el Instituto, alzaron su voz en una carta abierta. Allí interpelan a las autoridades del INDEC -al mando de Marcos Lavagna que continúa desde la anterior gestión- a quienes piden solicitar «las respuestas necesarias al gobierno por el cual fueron designados».

Titulan Estadísticas en riesgo. Si bien indican que, por el momento, «la calidad de la información producida está garantizada», advierten que «puede verse afectada en el futuro si las condiciones de empleo no presentan mejoras que nos permitan continuar dedicándonos a nuestras tareas». Y enfatizan en la importancia que tiene para el pueblo trabajador contar con estadísticas certeras: «sin Índice de Precios al Consumidor no hay negociación paritaria, sin Canastas Básicas no hay índices de pobreza e indigencia», etc.

Además, se pronuncian «contra cualquier despido». En un momento donde el Gobierno nacional deja miles de familias en la calle, por la vía de no renovar contratos en distintas dependencias del Estado; apoyándose en la precariedad laboral que dejaron las anteriores gestiones. Aun así, sin dejarse amedrentar, reclaman derechos laborales y aumento de salario urgente, ya que, entre otras vulneraciones, están por fuera de las negociaciones paritarias.

Se trata de un reclamo que surgió desde las bases y creció en organización. Es que el congelamiento de los ingresos se tornó insostenible. Y se combinó con un malestar general por el tono de apriete de las autoridades, vía oficina de Personal (recursos humanos), por días de enfermedad, o ante la necesidad de retirarse del trabajo para atender a los hijos, entre otros problemas que abrieron la herida de la falta de derechos laborales. «¡Nos demandan obligaciones, pero no tenemos derechos!», fue la reflexión lógica.

«Somos profesionales, pero con lo que nos pagan acá adentro, en pocos meses nos va a convenir manejar un UBER, porque el sueldo no nos alcanza» -expresó una trabajadora durante la última asamblea de ATE-INDEC. Previo a esta instancia, se venía debatiendo la situación de los trabajadores y trabajadoras monotributistas en las oficinas.

En estos intercambios, se definió llevar los reclamos a dicha asamblea, junto a la propuesta de crear una comisión de base, para que participen tanto afiliados a ATE, como a UPCN o no afiliados, con la intención de unir a los trabajadores monotributistas. De la misma participaron más de 50 empleadas y empleados, profesionales, técnicos, informáticos y administrativos; quienes, en un trabajo de redacción cooperativa, lograron sintetizar sus reclamos en la carta difundida. El espacio está abierto a que se sigan sumando más trabajadoras y trabajadores.

La Junta Interna de ATE-INDEC se hizo eco del reclamo planteado en asamblea, participó de la comisión y también difundió la carta en medios de comunicación.

Ajena a este proceso, la conducción de UPCN (que a diferencia de ATE decide no afiliar monotributistas) envió un mail con el compromiso de plantear el problema del aumento de salario a las autoridades. Esto fue entendido por muchos trabajadores como una lavada de cara; aunque no deja de significar un reconocimiento a las fuerzas que se empezaron a organizar por abajo.

Enfrentar despidos y mantener en alto los reclamos

La primera reunión de monotributistas coincidió en fechas con una nueva tanda de despidos en el Estado nacional que ejecutó el gobierno de Javier Milei junto al ministro Luis Caputo. En cada lugar atacado, los trabajadores y trabajadoras resisten, se organizan, y empieza a crecer la necesidad de coordinarse entre sí.

En el INDEC todavía no hubo despidos. Pero la alerta frente a esta posibilidad se debate tanto entre el personal contratado en relación de dependencia, como entre los monotributistas, y también los que son planta permanente. Es una alerta que distingue poco entre condiciones de contratación, categorías, gremios, edades o antigüedad; tiende a unir lo que la patronal (y muchas veces también los sindicatos) dividen. Por esto se empieza a escuchar en las bases, también la propuesta de que ambos sindicatos actúen en común, y hasta que impulsen una asamblea para tratar el tema.

Entre los más precarizados, con los peores sueldos o con los ingresos congelados, el miedo que se quiere infundir por la amenaza de perder el puesto de laburo, compite con la necesidad de pelear por salario y derechos laborales, porque el ajuste y la crisis se hacen realmente insostenibles.

«Que auditen todos los contratos una vez cada tres meses, también es una forma de meternos miedo. Pero si siempre nos quedamos quietos por si nos echan, tampoco va a haber sueldo que aguante«, se reflexiona.

Muchos jóvenes del Instituto a la par se preguntan si podrán continuar estudiando, algunos han saltado molinetes en protesta por los aumentos de tarifas, junto a Centros de estudiantes. Entre todas las edades hay quienes cacerolean con asambleas de sus barrios. También se ha adherido al paro nacional; se ha participado de las jornadas de movilización contra la Ley ómnibus que terminó fracasando. Y sin dudas, les trabajadorxs del INDEC también fueron parte de la marea que desbordó las calles el 8M. Fuerzas hay.

Para defenderse de los despidos y fortalecer la lucha por salario, derechos y condiciones de trabajo, es indispensable que crezca adentro del INDEC también la solidaridad con los despedidos de Télam, de INCAA, de AYSA, de Discapacidad, de la tercerizada de Aerolíneas Argentinas GPS. Estas y otras dependencias del Estado se están organizando para resistir y se empieza a plantear la necesidad de coordinar todos los sectores en lucha. También los trabajadores del sector privado enfrentan ataques y despidos, como los metalúrgicos de Acindar o en fábricas del neumático.

Se puede enfrentar los despidos y defender el trabajo. Así se demostró en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), que en dos meses de lucha lograron la reincorporación de varios trabajadores y esperan una nueva tanda de ingresos. También hubo reincorporaciones en Cultura. Son de los primeros ejemplos, en poco tiempo.

Pero, además, es necesario que defender cada puesto de trabajo, como parte de una resistencia más grande al plan motosierra auspiciado por el FMI, que el Gobierno recién empieza a desplegar y que buscar transar con los gobernadores en el Pacto de Mayo.

Cada puesto de laburo, cada barrio, cada medio de transporte, cada escuela, cada hospital, es también una trinchera desde donde podemos construir la fuerza social para tirar abajo este plan. Organizarse en cada lugar y coordinarse, es la vía para imponer la huelga general y un plan de lucha unificado, a todas las centrales sindicales.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Perfil, Mundo Gremial, Gestión Sindical, Indymedia Trabajadoras/es, Noticias, Página 12

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