Tres anuncios del gobierno de facto de Bolivia a través de su Ministro de Economía José Luis Parada: el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, la concesión a empresas extranjeras transnacionales de los recursos estratégicos de litio del Salar de Uyuni y la expansión latifundista de producción agroindustrial de exportación utilizando transgénicos, han marcado las orientaciones estratégicas de la política económica y social para favorecer a los intereses imperialistas y a las oligarquías internas, desnudando las intenciones de largo plazo del “gobierno transitorio”.
A pesar de haber retirado de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia 1.000 millones de dólares, recibido donaciones y autorizado el uso de 500 millones de dólares de las Administradoras de Fondos de Pensiones(AFP) por los bancos comerciales para enfrentar la crisis generada por el coronavirus, el gobierno ha solicitado 320 millones de dólares al FMI, aceptando implícitamente sus condiciones de injerencia en las políticas económicas y financieras de Bolivia y poniendo en riesgo extremo la estabilidad económica que se tuvo en los pasados catorce años.
Corresponde recordar que el FMI fue excluido de decisiones y retirado de Bolivia en 2006 por considerar que su intervención para implementar el proyecto neoliberal durante 20 años destruyó la economía nacional. La receta neoliberal de esta institución: liberalización total de la economía, privatización de empresas estatales, libertad de precios, endeudamiento, inflación y devaluación traen malos recuerdos al pueblo boliviano. La orientación de la política económica permite advertir la repetición de esta funesta experiencia histórica.
En el caso del litio y el proyecto de industrialización autónoma y soberana que emprendió el gobierno anterior para producir baterías de litio y otros recursos tecnológicos de gran demanda internacional y elevados precios y que eran de alto interés de empresas chinas, coreanas, norteamericanas y europeas, el ministro anuncio que tres compañías extranjeras están interesadas en explotar e industrializar el mineral estratégico en la economía mundial dando garantías a la inversión externa. En el caso de la planta industrializadora de gas que estaba produciendo urea y amoniaco para fertilizantes, su funcionamiento está paralizado ya varios meses.
Finalmente y después de que el gobierno determinó liberalizar las exportaciones agroindustriales en enero pasado, especialmente soya, torta de soya y aceite de soya, la autoridad indicó que se abre la perspectiva de utilizar transgénicos en la agricultura favoreciendo así a los dueños de grandes extensiones de tierras del oriente boliviano, asociados a empresarios brasileños y argentinos. El ministro Parada y otros ministros forman parte de los grupos de poder económico de Santa Cruz y el oriente boliviano y de un minoritario partido Movimiento Demócrata Social (MDS) que sacó solamente 4% de votos en las elecciones de 2019.
Además, en el marco de la crisis de la pandemia del coronavirus, el gobierno ha desatado una fuerte represión, persecución y detenciones de carácter político contra dirigentes sociales y populares y también contra dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, por considerar en unos casos que están violando la cuarentena y en otros que están realizando acciones de “sedición”, mientras en el ámbito legislativo y político se discute la fecha de las elecciones nacionales que debían realizarse el 3 de mayo y fueron suspendidas hasta julio, existiendo la posibilidad de que sea un tiempo mayor como pretenden las autoridades de gobierno. Al respecto, existe una fuerte presión social, regional e institucional en todo el país exigiendo la realización inmediata de elecciones generales. Según todas las encuestas los candidatos del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, ganarían las elecciones en la primera vuelta.
A todo esto se suma el “abandono” del gobierno de Washington a Bolivia para enfrentar la pandemia a pesar de la total adhesión del gobierno de facto a las políticas de Donald Trump de Estados Unidos, -él junto Jair Bolsonaro de Brasil fueron los primeros en reconocer la dictadura boliviana-, apoyando al grupo de Lima contra el gobierno de Venezuela, reconociendo a Juan Guaidó como presidente, respaldando las amenazas de invasión militar y contando con altos funcionarios de gobierno procedentes de la Embajada Norteamericana.
Sin embargo, la política del gobierno boliviano es censurada por la violación a los derechos humanos como lo ha establecido la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) por las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre pasado y por el trato a más de un millar de migrantes bolivianos que pretendían retornar de Chile a Bolivia por la pandemia y fueron retenidos ilegalmente.
Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente de la UMSA Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.