Entre la resistencia organizada de los jornaleros y la coacción del sector patronal

«Es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos»
José Martí

Hace unos días, el 17 de marzo pasado, se cumplió un año de las movilizaciones de las decenas de miles de jornaleros del Valle de San Quintín en demanda de las mejoras de sus condiciones de trabajo en los ranchos agrícolas, así como del respeto irrestricto a sus derechos humanos y laborales por parte del sector patronal. Las acciones y denuncias de estos trabajadores agrícolas se dieron en el marco de situaciones dentro de la agroindustria de hortalizas y otros cultivos que rayaban en una versión moderna y actualizada de la esclavitud [1] y que, entre otras vejaciones y ausencia de derechos, remitían a condiciones de explotación laboral muy precisas: jornadas de cerca de 60 horas semanales con salarios paupérrimos, carencia de contrato de trabajo, condiciones dañinas y peligrosas -exposición regular a agroquímicos, pesticidas, e insolación durante la jornada laboral-, trabajo y explotación infantil, acoso y abuso sexual a mujeres, ausencia de prestaciones de ley, así como carencia de seguridad social y de servicios médicos entre otras [2].

No fue poco lo que estos jornaleros organizados y con el apoyo de múltiples sindicatos independientes y diversos actores sociales de México y Estados Unidos lograron. Después de varias mesas de diálogo y de un sinuoso y accidentado proceso de negociación con el sector patronal y los gobiernos estatal y federal [3], consiguieron diversos acuerdos que, entre otras cosas, resultaron en el alza del pago por jornal en algunos ranchos, la fundación de un sindicato independiente y no oficial de jornaleros (el Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas), alianzas con diversos grupos y organizaciones sociales de México y Estados Unidos, así como una amplia visibilización social y mediática a nivel nacional e internacional de su lucha y demandas.

Los jornaleros conmemoraron las movilizaciones de 2015 mediante diversas acciones, tanto con una caravana de San Quintín hacia la frontera México-Estados Unidos en Tijuana, como con un encuentro en ese sitio con más de medio centenar de organizaciones campesinas, sindicales y sociales de ambos países [4]. En dicha reunión, donde se calcula que llegaron más de ochenta mil trabajadores agrícolas de los dos países [5], los portavoces de los jornaleros apuntaron que, no obstante los logros conseguidos, aún queda mucho por hacer, sobre todo en relación a la adversidad de enfrentar a los sindicatos oficialistas y a los dueños de los ranchos. De hecho, en alianza con los propietarios de estas empresas agroindustriales, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), no sólo se han opuesto y obstaculizado el trabajo de defensa de los derechos laborales y de organización que promueve el sindicato de los jornaleros de San Quintín, sino que también han continuado la coacción para forzar a que, bajo amenaza de ser despedidos, los jornaleros se afilien a estos sindicatos oficialistas [6].

Aunado a lo anterior, como señalaron algunos líderes de los jornaleros, no se ha cumplido el acuerdo de los 13 puntos de mayo del año pasado y, a la fecha y entre otras violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas, en algunos ranchos las jornadas todavía son de doce horas y seis días a la semana, además siguen sin seguridad social y carecen de contrato de trabajo escrito 4 de cada 5 jornaleros del Valle de San Quintín [7]; y, si bien en algunos ranchos los propietarios han subido los salarios por jornal laborado, ha sido con la intención de desorganizar a los trabajadores y dar la impresión de que la situación se ha resuelto. De manera que, al día de hoy, los jornaleros todavía enfrentan dos procesos en su contra. Por un lado, la ausencia de un ejercicio cabal de sus derechos y prestaciones de ley, pero también y no menos drástico y agresivo, padecen las embestidas del sector patronal y los sindicatos charros con miras a desmovilizarlos y subordinarlos nuevamente a relaciones de explotación y despojo -de su dinero, fuerza de trabajo y servicios sociales-. A esto se suma la inacción gubernamental y la sospechosa carencia del ejercicio de la ley que tendrían que garantizar las instituciones oficiales federales y estatales en defensa de los jornaleros -en tanto ciudadanos parcialmente vulnerables y desprotegidos-.

Sin embargo, y como hace un año, los jornaleros de San Quintín, mostrando su capacidad de acción y organización sociopolítica y dando una vez más una lección de justicia y dignidad, nuevamente se movilizaron y se hicieron visibles en los medios a través de la caravana y el encuentro binacional en la frontera; además, mediante diversas actividades, los trabajadores agrícolas han convocado al boicot de empresas trasnacionales a las que venden sus productos y cultivos los ranchos y empresas agroindustriales nacionales y extranjeras que los explotan.

Bibliografía

[1] «Valle de San Quintín un ejemplo de explotación y abusos que ocurren en 18 estados del país». Red de Jornaleros Internos, La Jornada, 27 de marzo 2015.

[2] «Frente indígena binacional se solidariza con jornaleros de San Quintín», La Jornada, 27 de marzo 2015.

[3] «San Quintín, reflejo de la ignominia y los reclamos de justicia», La Jornada del Campo núm., 94, 18 de julio de 2015.

[4] «Jornaleros de San Quintín inician boicot contra Discroll´s», La Jornada, 21 de marzo 2016.

[5] «Jornaleros de San Quintín inician boicot contra Discroll´s», La Jornada, 21 de marzo 2016.

[6] «Jornaleros de San Quintín denuncian presión para firmar con gremios charro», La Jornada, 10 de marzo.  

[7] «Jornaleros de San Quintín inician boicot contra Discroll´s», La Jornada, 21 de marzo 2016.

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