México tiene una incipiente democracia que aún está muy lejos de consolidarse. Sobre nuestra historia pesan más de setenta años de gobiernos priístas autoritarios.
Gobernaban con base en la concentración del poder en el ejecutivo (presidencialismo), donde el presidente dictaba leyes y el congreso, poco plural, avalaba todo lo que decía el presidente. No había contrapesos. El poder judicial siempre estaba del lado del presidente y, sobre todo, había muy poca participación ciudadana, donde la crítica al gobierno priísta no se toleraba y las estructuras corporativistas garantizaron un control casi absoluto sobre la sociedad mexicana.
Durante los doce años de «alternancia» con gobiernos panistas desde inicio del siglo XXI hubo algunos cambios. La reforma del estado logró algunos avances en el terreno electoral por medio de la formación de una institución autónoma electoral durante la década de los noventa (IFE, luego INE), el aumento de la pluralidad en las cámaras que se tradujo en controversias constitucionales entorno al presupuesto durante el periodo de Vicente Fox, o incluso una mayor libertad de expresión que, comparado con lo asfixiante de los gobiernos priístas, fue un avance democrático porque permitió la crítica frontal al gobierno. Pero realmente hubo pocos cambios en lo que se refiere a la democracia participativa, pues el poder siempre se ejerció desde arriba, y el control de los medios de comunicación se ejerció por medio del “chayote” donde el pago de servicios de propaganda y publicidad a periodistas se hizo con el fin de moldear la opinión pública.
Durante el neoliberalismo a los ciudadanos se les ha tratado como entes pasivos a quienes nunca se les consulta nada. Sólo se les trata como si fueran consumidores, no ciudadanos con derechos sociales. Se les ha tratado como meros adornos que aparentan democracia mostrando en los medios de comunicación dominantes, de vez en cuando, la opinión de unos cuantos ciudadanos de manera ocasional. Pero de fondo lo que ha habido es un ejercicio vertical del poder, donde se dictan desde arriba las reformas institucionales, sin consultar nunca a los ciudadanos. Los medios de comunicación dominantes han tratado a los ciudadanos como una masa inculta que es incapaz de opinar sobre asuntos públicos, infantilizandolos todo el tiempo.
Este desprecio elitista a las masas se ha vinculado con una concepción tecnocrática del poder. Donde sólo expertos de cierto tipo y perfil pueden decidir sobre temas como la política económica (fiscal y monetaria) de un país, la política energética, la impartición de justicia y el castigo a la corrupción. Pero ahora, este desprecio neoliberal a la inteligencia de las masas es ya insostenible. Porque las masas plebeyas mexicanas entraron en un hartazgo irreversible al neoliberalismo. Décadas de gobiernos incompetentes que no han generado más empleos, mejores salarios, más crecimiento económico, ni mejor calidad de vida. El fracaso del neoliberalismo ha generado una profunda desconfianza de los ciudadanos hacia los expertos del neoliberalismo que pusieron sus saberes al servicio, no de los intereses del pueblo, sino de los intereses de unos cuantos individuos. Son saberes que se usaron para generar corrupción.
En este contexto de desconfianza, se exigen más canales de participación ciudadana. Y estas ansias de participar de los ciudadanos se retroalimenta del repudio popular hacia los gobiernos neoliberales y todo el bloque de poder que lo sostuvo durante décadas. Porque se exige castigo a quienes violentaron los derechos humanos, los corruptos que saquearon los recursos públicos, los violentos que militarizaron al país y los traidores que vulneraron la soberanía nacional con su entreguismo. Y en ese sentido, la consulta ciudadana del próximo 1 de agosto tiene toda la legitimidad democrática y política porque la gente ya no quiere sólo ser escuchada de vez en cuando en las campañas electorales. La gente se está polítizando y quiere participar de una forma más activa en la definición de asuntos públicos de interés nacional.
La consulta del próximo 1 de agosto será la primera consulta ciudadana organizada por el INE donde se le preguntará al pueblo qué es lo que quiere respecto a un tema específico. Si bien la pregunta final es ambigua, porque la redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuestamente para garantizar los derechos constitucionales de los acusados, a todas luces queda claro que se trata de un juicio popular a los expresidentes.
Si la derecha política mexicana fuera honesta, ellos harían campaña en favor de defender el legado histórico de los expresidentes, llamando a los ciudadano a votar por el NO. Pero como saben que es prácticamente indefendible defender la imagen pública de los exgobernantes, prefieren sabotear la consulta. Ya sea minando el apoyo desde el INE, diciendo que es una consulta costosa, que no tiene sentido, etc.
Pero independientemente de los resultados, lo que debe quedar claro ahora es que esta no será la primera y última consulta en general que se organiza con el INE. Vendrán luego más plebiscitos como la revocación de mandato en 2022. La «dictadura plebiscitaria», como el intelectual conservador Enrique Krauze caracterizó al gobierno de la 4T, seguirá haciendo estas consultas y ello no la vuelve «dictadura», sino que más bien representa una democratización del país porque contribuye a generar más participación de una masa plebeya cada vez más politizada. Muy a su pesar de los intelectuales y de las élites del bloque popular reaccionario, ahora y en los últimos tres años del gobierno de AMLO, se escuchará la voz de los de abajo. Participemos el próximo 1 de agosto de 2021 en todo México! Digamos SI a que se lleven acabo las acciones pertinentes, para emprender un proceso de esclarecimiento encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas de esos malos gobiernos!
¡Digamos SÍ a la Consulta popular!
¡SÍ al juicio a expresidentes!
¡Sí a la democracia participativa mexicana!