Después de haberse truncado el proceso democrático en Bolivia el pasado 10 de noviembre con la ejecución de un golpe de estado híbrido, contra el gobierno de Evo Morales Ayma, bajo el argumento de haberse producido un fraude electoral, el imperialismo y sus aliados internos están desarrollando intensamente una política de control policiaco judicial sobre […]
Después de haberse truncado el proceso democrático en Bolivia el pasado 10 de noviembre con la ejecución de un golpe de estado híbrido, contra el gobierno de Evo Morales Ayma, bajo el argumento de haberse producido un fraude electoral, el imperialismo y sus aliados internos están desarrollando intensamente una política de control policiaco judicial sobre ex autoridades y en particular sobre dirigentes de fuerzas sociales y políticas populares con el objetivo de restaurar un régimen conservador y neoliberal que se adscriba al Fondo Monetario Internacional (FMI), a las orientaciones de Donald Trump para América Latina y el Caribe y al desmontaje de los avances sociales y económicos de los últimos quince años.
A pesar de su carácter «transitorio», el gobierno de la autonombrada presidenta Jeannine Añez; senadora de un partido (Movimiento Demócrata Social MDS) que no alcanzó ni el 5% de los votos y que asumió su cargo respaldada por un motín policial, por la insubordinación militar y por una fuerte movilización urbana de sectores medios y acomodados y rechazada por dos tercios de senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), los movimientos populares y parte de la comunidad internacional; está adoptando medidas estructurales tendientes a debilitar el Estado Nacional, el mercado interno, la economía endógena basada en la recuperación de los recursos naturales y su industrialización y la soberanía nacional.
Como no podía ser de otra manera el gobierno norteamericano ha desplegado alfiles claves en el seno del gobierno: tiene a Erick Foronda, veinticinco funcionario de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, como Secretario Privado de la Presidencia; a Jorge Quiroga como vocero internacional en su calidad de agente de los grupos de «gusanos» cubanos de Miami; y al senador Oscar Ortiz, candidato presidencial derrotado de MDS y vinculado a fundaciones políticas estadounidenses, como articulador parlamentario de las decisiones de los grupos de poder regionales del oriente boliviano. La mayoría de los ministros son miembros del partido MDS, de tendencia ultraneoliberal, supremacista y asentado particularmente en Santa Cruz y Beni, donde tienen un fuerte poder las oligarquías terratenientes dedicadas a la agroindustria de exportación de soya y la ganadería.
Orientaciones económicas y de política internacional
Tres decisiones económicas al respecto están siendo tomadas rápidamente en las últimas semanas: la liberación plena de las exportaciones de soya y alimentos priorizando el mercado externo y abriendo el riesgo de la subida de precios en el mercado interno y el peligro de un cambio monetario; la aprobación de normas que consolidan la gran propiedad ganadera en la región del Beni dando continuidad a decisiones del anterior gobierno, con la finalidad de exportar carne a China; y la autorización para utilizar recursos de contingencia del Banco Central de Bolivia por 2.800 millones de Bs. para cancelar salarios y otros gastos de la administración.
En lo que se refiere a las empresas estratégicas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la primera fuente de los más importantes ingresos para el país para su redistribución social y territorial y actualmente en intenso proceso de industrialización y la segunda consideraba la base de la economía futura, se advierte que están en la mira de las grandes transnacionales para su privatización y control tomando en cuenta que el mercado mundial del litio es fundamental para la producción de alta tecnología con elevados precios internacionales y el gas es la clave de los negocios para los mercados de Brasil y Argentina.
En la política internacional el gobierno de transición también ha adoptado decisiones rápidas y totalmente distintas a las anteriores con el objetivo de sumarse a la estrategia regional de dominación de Estados Unidos y desmantelar los procesos de unidad e integración de América Latina y el Caribe. Bolivia se ha retirado de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y de la Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR) y se adhirió al Grupo de Lima reconociendo como presidente de Venezuela al autoproclamado Juan Guaidó, y fortalecido las posiciones estadounidenses en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las relaciones bilaterales con México y Argentina han sufrido un profundo sismo debido a las discrepancias en torno al asilo y refugio político dado a Evo Morales por Andrés Lopez Obrador, primero, y por Alberto Fernandez, después, marcando una tensión que ha llegado a situaciones extremas cuando el gobierno mexicano ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya porque considera que su sede diplomática en La Paz está siendo asediada por fuerzas policiales y de inteligencia y poniendo en riesgo la Convención de Viena.
En dicha sede se encuentran asilados varios exministros del gobierno anterior que están acusados de «sedición y terrorismo» por el gobierno actual.
A su vez, el gobierno de Brasil, la potencia económica y política más importante de la región, presidido por Jair Bolsonaro, reconoció rápidamente, como el caso de Estados Unidos, al gobierno de Añez y las autoridades bolivianas del sector de energía e hidrocarburos han adelantado acciones para renegociar la exportación de gas al vecino país, considerado el más importante socio comercial de Bolivia y con importantes coincidencias políticas, religiosas y sobre derechos de las mujeres y las minorías. Los otros países vecinos se han mostrado cautelosos ante la crisis política boliviana en un momento muy dinámico de la geopolítica regional y mundial.
Crisis política y búsqueda de salida
En el marco de la escalada y consolidación del golpe de estado; luego de las masivas movilizaciones anti-Evo encabezadas por los dirigentes cívicos de Santa Cruz, Fernando Camacho, y de Potosí, Marco Pumari, por el candidato presidencial Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana y por grupos bien organizados de jóvenes en todo el país y especialmente de la Unión Juvenil Cruceñista y de la Resistencia Juvenil Cochala que enfrentaron a los movimientos sociales y sindicales y humillaron a disidentes de sus posiciones con el apoyo de varios medios de comunicación, entre los que se destacan el periódico Pagina Siete y la cadena de Televisión internacional CNN; la resistencia al indígenas, campesinos y vecinos de zonas populares de La Paz que sufrieron las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) por la acción armada de las fuerzas militares y policiales con un saldo de 25 muertos, de los 34 en todo el país, y varios centenares de heridos y detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las acciones de resistencia se agudizaron cuando grupos policiales y civiles en rebelión retiraron y quemaron el símbolo nacional de la bandera wiphala, que representa a las culturas originarias e indígenas, y que estuvieron acompañados de discursos racistas y religiosos que reivindicaban el fundamentalismo religioso con la consigna «la Biblia vuelve al Palacio de Gobierno». Esta situación de enfrentamiento y sus consecuencias con muertos y heridos fue investigada tanto por ONU Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en sus informes, el segundo aprobado en sesión oficial de la OEA, condenan los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos y advierten sobre el riesgo de la impunidad
Un comunicado oficial de la OEA, 296/19 del 19 de noviembre de 2019 afirma «La CIDH toma nota que el 12 de noviembre el bloque minoritario del Senado-convocado y votando sin el quórum requerido-eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su reclamo. La CIDH entiende que es necesario instalar un proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo para nombrar a los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar elecciones transparentes y creíbles en un plazo de 90 días, para que se alcance una solución constitucionalmente válida.»
En este contexto y en la búsqueda de la pacificación e Bolivia, un acuerdo parlamentario, bajo la mediación de la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), entre el gobierno de Jeannine Añez y las fuerzas políticas que la apoyan y los senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), con una representación de dos tercios de asambleístas, determinó la formación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral, la realización de elecciones en los primeros meses del año 2020 y la aprobación de una ley de garantías constitucionales para evitar la persecución política de los hoy opositores.
Panorama electoral 2020
El Tribunal Electoral ha anunciado que los primeros días de 2020 saldrá la convocatoria a elecciones nacionales con fecha aún no definida aunque se estima que las mismas se realizarán en una primera vuelta en abril y, si es necesaria, una segunda vuelta en mayo. Eso requerirá una definición legal en torno a la vigencia de mandato de los parlamentarios actuales pues estos terminan su gestión el 22 de enero de 2020, situación que llevaría a una «interpretación» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que podría ampliar ese mandato junto al de la presidenta Añez.
Con estos tiempos político-electorales se plantean los escenarios posibles en torno a las candidaturas y sus posibilidades para enfrentar los comicios: dos organizaciones ciudadanas opositoras al MAS han planteado un recurso ante el Tribunal Electoral para que éste anule esta sigla por considerar que es la responsable del supuesto fraude del 20 de octubre pasado, situación que llevaría a una situación política y social insostenible debido al respaldo popular de sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas y vecinales y movimientos sociales al partido de Evo Morales.
Si bien las candidaturas aún no están definidas es posible realizar un análisis de las fuerzas políticas y los candidatos que participarán en las elecciones.
El MAS que ha determinado elegir a Evo Morales, refugiado en Argentina, como su jefe de campaña electoral, mantiene una elevada preferencia entre la población votante de todo el país teniendo como potenciales candidatos a Andrónico Rodriguez, joven dirigente cocalero del Chapare, Luis Arce, exitoso ex ministro de Economía y Finanzas, David Choquehuanca, ex canciller, Diego Pary, también ex canciller, Adriana Salvatierra, senadora actual, y Leonilda Zurita, dirigente histórica del MAS. Lo más probable es que de entre ellos surja el binomio que será elegido en una asamblea del MAS a mediados de enero próximo.
El potencial del MAS podría verse debilitado si se presentan fisuras, algunas ya manifiestas, de sectores parlamentarios proclives a una «convivencia pacífica» con el actual gobierno y de algunos dirigentes que demandan atención a sus propuestas. El respaldo electoral que recibió en 2005 fue del 54%, en 2009 de 64%, en 2014 de 61% y en 2019 de 47%.
De las fuerzas políticas, cívicas y ciudadanas que consiguieron la salida de Evo Morales se perfilan antiguas y nuevas candidaturas:
Comunidad Ciudadana (CC) que ha ratificado su binomio Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, que en octubre consiguió 36% de votos y que después de haber sido un partido político con un discurso amenazante, optó por un perfil bajo en el actual esquema gubernamental e, inclusive, su candidato presidencial ha señalado que dará continuidad a algunas políticas del gobierno de Evo Morales. Tiene importante acuerdos políticos con el Alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, y con el gobernador de Tarija, Adrián Oliva. Fue apoyado por el empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien podría mantener su decisión o retirarle su apoyo y definir su propia candidatura o la formación de otro bloque electoral.
El candidato de origen coreano Chi Hyun Chung que consiguió sorpresivamente 8% de votos en las pasadas elecciones se ha quedado sin sigla política, el PDC, y ha anunciado su candidatura pero no tiene un partido que lo respalde, como corresponde legalmente.
La revelación cívico-política de esta coyuntura es Fernando Camacho, quien comandó la escalada que logró la expulsión de Morales e ingresó al Palacio de Gobierno el 10 de noviembre con una Biblia y una «carta de renuncia» del ex presidente, ha anunciado su candidatura recibiendo la adhesión de varias siglas políticas (Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, Partido Demócrata Cristiano PDC, Unidad Cívica Solidaridad UCS y Partido Acción Nacional PANBOL), habiendo generado una gran expectativa por el arraigo en importantes sectores sociales Santa Cruz y el oriente boliviano y el respaldo conseguido en otras ciudades del país.
Cuando parecía que haría binomio con el también importante dirigente cívico de Potosí, Marco Pumari, se produjo un alejamiento entre ambos en medio de versiones de extorsión, grabaciones ilegales, solicitudes de dinero y de cargos públicos en el actual gobierno. Existe expectativa sobre cuáles serán las decisiones electorales de estos dirigentes, siendo Camacho un fuerte candidato por las características de su liderazgo e, inclusive, un importante ex ministro y ex alcalde de La Paz de tendencia neoliberal, Ronald Maclean, se ha presentado públicamente como su Director de Campaña.
Queda, finalmente, una gran incógnita en torno a la postura electoral y los candidatos del partido que controla el gobierno mayoritariamente en la actualidad, el MDS llamado también Demócratas, que tiene como jefe nacional al gobernador del poderoso departamento de Santa Cruz, Ruben Costas, y que su candidato de las pasadas elecciones, el senador Oscar Ortiz, apenas consiguió el 4% de la votación. No se descartan varias posibilidades de candidatura: podría ser Costas un candidato fuerte, sin descartar a la actual presidenta Jeannine Añez que ha recibido importante respaldo en su región, Beni, aunque también el ex gobernador de Beni, Ernesto Suarez, podría ser una posible opción. No se descarta que MDS realice pacto con Camacho.
Este panorama se irá dilucidando paulatinamente en las siguientes semanas cuando se publiquen las fechas electorales, las de inscripciones de candidatos y se definan las candidaturas y las campañas electorales en medio de temor y dudas. De acuerdo a los antecedentes y a los primeros sondeos de opinión el MAS tiene el mayor respaldo de la población seguido de CC y, si se presentan las candidaturas señaladas anteriormente, el MAS ganaría la primera vuelta de las elecciones quedando con dificultades para conseguir el triunfo en una segunda vuelta frente a una alianza entre todos los demás partidos políticos que respaldarían al segundo mejor votado.
La duda mayor, sin embargo, es la decisión y orientaciones que dará la estrategia imperialista dominante de EEUU, con todos sus mecanismos de intervención, ante el temor de un nuevo triunfo electoral del MAS y el fantasma del Evo Morales.
Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.
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