Pocos personajes del Gobierno han estado últimamente en el ojo de lo huracán como la actual viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien ha tenido que salir a desmentir, semana a semana, tanto las acusaciones cruzadas en la disputa interna entre fracciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), como las imputaciones de todo tipo proferidas desde la oposición.
Tarea nada fácil, sobre todo para una cartera que tuvo que reconstruirse casi desde cero luego del régimen de Áñez, que desarticuló casi por completo los medios de comunicación públicos, llegando inclusive a destruir deliberadamente la estratégica Red de Radios de los Pueblos Indígenas Originarios (RPO), que de 100 emisoras en un año pasó a solo 14, pero que hoy ha vuelto a ser reconstruida y aspira a tener 120 emisoras distribuidas a lo largo y ancho del territorio boliviano.
Para hablar de la gestión de Gobierno, de la “Agenda Bicentenario”, del desempeño de los medios de comunicación, así como de la interna del MAS y del Día Internacional de la Mujer nos encontramos con la Viceministra.
A dos años y medio de retomar la Presidencia, en términos generales, ¿qué es lo bueno y lo no tan bueno que considera han hecho desde el Gobierno? ¿Cuál sería su balance hasta ahora?
El gobierno de Luis Arce Catacora cumplió dos años y medio con logros destacados no solo nacionalmente, sino a nivel internacional. Por ejemplo, el crecimiento económico en 2022 llegó al 4%; las exportaciones alcanzaron un récord histórico de 13 mil 653 millones de dólares, es decir, un 23.2% de incremento respecto a 2021; tenemos la inflación más baja de la Región, con un 3.1% en 2022. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) somos un referente en la inversión pública, porque si para la anterior gestión esta disminuyó en Latinoamérica, Bolivia continuó posicionándose como el principal referente con una proyección del 5.1% en relación a su PIB.
Estas conquistas, como ha dicho el presidente Luis Arce, no son producto de una inercia ni de un “piloto automático”, sino resultado de nuestra política de reactivación económica de un modelo que privilegia la redistribución de recursos y la industrialización.
Y, además, se dieron en medio de un contexto adverso, nos hicimos cargo de la contención de la pandemia, porque asumimos el gobierno en el momento más duro, con un país sin vacunas ni una estrategia clara de contención; y en un panorama internacional igualmente complejo, flanqueado por conflictos bélicos y las crisis económicas consecuentes.
Estos éxitos económicos nos han permitido reducir la pobreza moderada en un 36.3% y la pobreza extrema de 11.1%, los registros más bajos en Bolivia desde 2005. Asimismo, hace dos años que tenemos la tasa de desocupación más baja de la Región, llegando a registrar un 4.2% el tercer trimestre de 2022, con una reducción de 2.1 puntos porcentuales respecto a 2021.
Hemos podido implementar importantes beneficios en la salud pública, gracias a la inauguración de nuestra red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia de atención gratuita en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz, que tienen el objetivo de brindar una atención integral del cáncer con alta tecnología. Otras medidas similares se han dado en la educación, vivienda, carreteras y telecomunicaciones; además de la recuperación y reactivación de nuestras empresas estatales, que habían sido abandonadas por el gobierno de facto en los años 2019 y 2020.
Entre lo pendiente está, por un lado, el cerrar el ciclo de reparación del daño infringido por el golpe de Estado de 2019 y el gobierno de facto de Jeanine Áñez, llevando ante los tribunales a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, en casos judiciales que ya hemos abierto y que han sido evaluados favorablemente por la Mesa de Seguimiento del Grupo de Expertos Independientes Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y por otro, consolidar la reconstrucción económica y productiva, la industrialización con sustitución de importaciones que nos proyectarán como un país de vanguardia y liderazgo en la Región.
En spot publicitarios del Gobierno comienza a emerger el mensaje de cara el Bicentenario. En ese contexto, ¿cuáles son las tareas a realizar en lo que resta de la gestión? ¿Cómo avizoran los festejos rumbo a los 200 años de Bolivia?
Bolivia celebra los 200 años de su independencia en 2025. Para ello hemos conformado un consejo con delegados de todo el país que sesiona en la ciudad de Sucre, nuestra capital, quienes determinaron que la celebración de los actos de conmemoración histórica hacia el bicentenario se realicen de manera simultánea en las nueve capitales de departamentos, avanzando progresivamente hacia los municipios intermedios y los demás municipios hasta el año 2025.
Todo eso se hace con el “Plan Estratégico Nacional del Bicentenario”, que tiene el objetivo no solo de hacer un balance de nuestro legado, sino de pensar en un país unido y orgulloso, que dialoga, que construye la paz y enfrenta sus problemas.
El lanzamiento de esta celebración la hizo el presidente Luis Arce el 31 de agosto de 2022, cuando marcó la ruta a seguir en los próximos 36 meses e instó a los bolivianos a “soñar en grande”.
El “Plan del Bicentenario”, que fue bautizado como “la Bolivia que soñamos hacia el 2025”, propone implementar obras de impacto socioeconómico, carreteras, plantas industrializadoras y siderúrgicas, establecimientos de salud, unidades educativas y centros tecnológicos, además de obras que tienen que ver con la conmemoración de los 200 años de Bolivia en plazas, parques, esculturas y museos de arte, historia y ciencia, entre otras.
Al dar una mirada al vecindario uno repara en que en una coyuntura internacional crítica Bolivia logra, por ejemplo, mantener estándares económicos apreciables, ¿qué está haciendo el Gobierno en esta materia? Y, ¿cómo enfrentan los ataques contra el Presidente que buscan desacreditarlo justamente en esta área?
Como ha dicho el presidente Arce, el éxito económico de Bolivia se funda en el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (Mescp), desarrollado íntegramente en el país y que propone la sustitución de importaciones a partir de la industrialización, el fortalecimiento de la inversión pública, la dinamización del mercado interno y la soberanía y seguridad alimentaria, entre otras acciones.
La industrialización es uno de los puntos claves dentro de las políticas del país y la redistribución de la riqueza hace que tengamos mejores números en corto tiempo y que los ingresos sean mayores, lo que acelera el progreso económico, como señaló nuestro Jefe de Estado.
Hay que recordar que este modelo se enfrenta con poderosos intereses que se expresaron de la manera más violenta en el golpe de Estado de noviembre de 2019, cuando sectores conservadores intentaron frenarlo durante un año para retornar al sistema neoliberal.
Afortunadamente eso no ocurrió, pues en octubre de 2020 la democracia volvió a través de las urnas y la posterior ascensión del presidente Arce.
Sin embargo, los intereses conservadores, si bien están debilitados, no han mermado y han iniciado una campaña constante, política y mediática, de desacreditación del Mescp y de desestabilización del Gobierno.
En este momento podemos decir que estamos cambiando la vía y las normas en la economía de Bolivia, pero tenemos el desafío de concretar y ensanchar ante la sociedad, también, con el Modelo Comunitario, la recuperación de la economía nacional y las condiciones para introducir la reactivación económica.
Esta es una tarea constante y cotidiana, la lucha contra la desinformación que proviene de fuertes consorcios empresariales mediáticos, contra los que debe enfrentarse el Gobierno, armado de la verdad, pues si bien se puede mentir en las noticias no se puede mentir con el bolsillo del pueblo. Quiero decir que si el Mescp no tuviera éxito el pueblo lo sentiría en su bolsillo, y ahí, entonces, cundiría la campaña interna conservadora de desinformación y desprestigio que enfrentamos día a día.
¿Dónde se ve eso? Por ejemplo, en el hecho de que los bolivianos recuperamos la capacidad de ahorro y de endeudamiento. En 2022 los ahorros en la banca crecieron en 6.1% y los créditos en 7.7%. Y el 86.2% de los ahorros está en bolivianos, nuestra moneda nacional, al igual que el 99.2% de los préstamos, con una mora de 2.2%, entre las más bajas del continente. Esto es bien importante, porque en la época liberal la gente no confiaba sino en los dólares.
El fin de año 2022 nos sorprendió con la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, ¿cómo evalúan la evolución de los juicios por los sucesos de 2019? Y, además, ¿cómo ven a la oposición en Santa Cruz, sus fortalezas y debilidades –entendiendo que no han parado de movilizarse por el Censo y otros asuntos, y es probable que lo sigan haciendo–?
La detención de Luis Fernando Camacho no debe sorprender, pues es uno de los principales implicados en el golpe de Estado de 2019, y –como lo reconoció públicamente– fue él mismo y su padre quienes incitaron a los militares golpistas para pedir la renuncia del expresidente Evo Morales y acordar la represión policial y militar contra el pueblo boliviano.
Sin embargo, conviene aclarar lo siguiente.
Respecto de los juicios por el golpe de Estado de noviembre de 2019 se han abierto dos procesos en Bolivia. Los casos Golpe I y Golpe II, ambos en la vía ordinaria.
El caso Golpe II ya ha concluido y el 10 de junio de 2022 se leyó su sentencia, que determina 10 años de prisión para la exsenadora Jeanine Áñez y para los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, Williams Kaliman y Yuri Calderón; cuatro años de prisión para Jorge Elmer Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas; tres años para Jorge Pastor Mendieta y dos años para Flavio Gustavo Arce.
Esta sentencia es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir una ruptura del orden constitucional, en tanto establece que la vía democrática y constitucional es la única ruta para llegar al poder.
El caso Golpe I fue abierto a finales de 2020 por tres delitos: Sedición, conspiración y terrorismo, de los cuales hoy la justicia dejó sin efecto los dos primeros y mantuvo el tercero.
Los acusados en este caso son, principalmente, seis personas: la expresidenta de facto Jeanine Áñez; los exministros Arturo Carlos Murillo Prijic, Yerko Martín Núñez Negrette y Luis Fernando López; además de Luis Fernando Camacho Vaca y su padre, José Luis Camacho Parada.
Este caso se encuentra actualmente en proceso. La reciente visita de Mesa de Seguimiento del Grupo de Expertos Independientes de la CIDH (el pasado 24 de enero) ha señalado que en ambos casos se ha respetado el debido proceso, fijando, junto con el Gobierno, tres niveles de atención prioritaria en el tema: 1) Atención a las víctimas; 2) Justicia a las víctimas; y 3) Política pública.
En lo que toca a la oposición, hay que señalar que actualmente está dividida y sin un norte claro. Es lamentable que no tenga propuestas de gestión a nivel nacional y que, a nivel departamental y municipal, sus gobernadores y alcaldes hayan abandonado la gestión en beneficio del pueblo para directamente conspirar contra el Gobierno.
Tuvieron un punto alto conspirativo con los 36 días de paro en el departamento de Santa Cruz, que impusieron a la población entre octubre y noviembre del año pasado, que costaron varios muertos y cientos de heridos y más de mil 200 millones de dólares a nuestra economía.
Hoy ha quedado en evidencia que la demanda que plantearon los dirigentes cívicos cruceños opositores, como el realizar el empadronamiento del Censo en 2023, era totalmente política y fuera de lugar, pues el Censo se está realizando en consenso y con el apoyo de la población y sus autoridades, y cuyo empadronamiento se hará el 24 de marzo de 2024, como lo ha determinado el Gobierno por razones estrictamente técnicas.
Finalmente, hay que decir que una muestra fehaciente de la ausencia de liderazgo de la oposición es que, precisamente, la encabeza el Comité Cívico Pro Santa Cruz, un club de hombres señoriales y elitistas cuya lógica data del siglo pasado, pues todavía no admiten mujeres ni indígenas en sus directivas, pero que quieren dar lecciones de democracia al conjunto del pueblo boliviano.
En cuanto a la pregunta de si es probable que se sigan movilizando, hay que responder que es muy probable, pero creo que no tendrán el apoyo del pueblo boliviano. La división y la falta de propuestas de la derecha será evidente en los próximos procesos electorales, como se ha visto en el pasado.
Llevándole a su cartera, al visitar el panorama mediático local observamos el gran cúmulo de informaciones –muchas de ellas falsas o tendenciosas– que diariamente buscan afectar la imagen del Gobierno, ¿cómo contrarrestan ese accionar opositor?
Lo primero que hay que decir es que Bolivia tiene una de las legislaciones más garantistas en materia de libertad de expresión y de prensa, pues desde su Constitución Política de 2009 se ha legislado el derecho no solo a la información, sino también a la comunicación, incluidos los tribunales de ética periodística y refrendando los derechos de publicación sin censura previa, el secreto de fuentes y el juicio por jurados ya establecidos en nuestra Ley de Imprenta desde 1826.
En segundo lugar, el gobierno de Luis Arce es un férreo defensor de esas libertades y en ningún caso sentará denuncia judicial contra periodistas que estén en cumplimiento de su labor. Por ello, todas las denuncias que abrimos contra mala praxis periodística las hacemos ante los tribunales de ética que administran los propios gremios periodísticos. Y en lo que va de nuestra gestión hemos ganado varios de esos procesos éticos.
Dicho esto, hay que señalar que Bolivia es una democracia donde el debate público está plenamente garantizado, pese a que la oposición diga lo contrario.
Sobre la desinformación, noticias falsas y tendenciosas, vimos en el último tiempo acciones de actores políticos que tienen por objeto la desestabilización del Gobierno a través de la desinformación, generando discursos de odio. Es algo que tenemos que atender e informar usando todas las herramientas comunicacionales para llegar a la población.
¿Qué canales efectivos tienen como Gobierno para transmitir sus mensajes a la ciudadanía y cuál es su alcance?
En cuanto a la información gubernamental, disponemos de varios medios: el periódico Ahora el Pueblo, la Red Radios Patria Nueva, la Agencia Boliviana de Información, la Red Televisiva Bolivia TV y una Red de Radios de los Pueblos Indígenas Originarios (RPO).
Estos son los canales con los cuales informamos sobre la gestión de Gobierno, pero también mediante los cuales empoderamos a la población para que ejerzan su derecho a comunicarse libremente. Esto se da, sobre todo, a través de las RPO, que alcanzarán a un total de 120 emisoras distribuidas en todo el país hasta el fin de la gestión del presidente Luis Arce. Hay que destacar que estas radios han vuelto a funcionar luego de que en el gobierno de facto fueran atacadas, saqueadas y destruidas. De las más de 100 que había en funcionamiento, solo 14 quedaron funcionando cuando Jeanine Áñez dejó el poder.
¿Qué reflexión tiene en torno al papel de los medios de comunicación y sus vínculos con la política en la actualidad?
En cuanto al papel de los medios y sus vínculos en la política, debo decir que en el país existen algunos casos en que los lazos son demasiado fuertes y se daña a un derecho social como es el derecho a la información de todo el pueblo. Esto es lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo, especialmente en Bolivia donde los medios privados que debieran ser independientes se han alineado con sectores conservadores de la política.
Lo comprobamos a diario y nos han dado la razón con los dictámenes de los mismos tribunales éticos de los gremios periodísticos, que han fallado en contra de varias prácticas de estos medios privados que se autodenominan independientes sin serlo realmente.
En los últimos meses la población ha sido testigo de las disputas al interior del MAS, que han pasado a ocupar los titulares de portada en la prensa opositora. Como Gobierno, ¿qué opinión tienen de esa escalada de ofensas y acusaciones cruzadas?
El MAS-IPSP es el partido político más grande la historia de Bolivia. Si mal no recuerdo, el último conteo de militantes registrados nos daba una cifra cercana al millón de militantes en un país de 12 millones y medio de habitantes, es decir, un 8% de la población total del país, lo cual es enorme.
Adicionalmente, el MAS-IPSP está compuesto por muchas organizaciones sociales, obreros, trabajadores, profesionales, grupos y militantes de la izquierda, además de movimientos sociales. En esta diversidad y amplitud radica la fuerza del partido, que le ha permitido ganar cinco elecciones nacionales de manera consecutiva, sin hablar de las elecciones subnacionales que también hemos ganado.
Digo esto para resaltar que, en un partido tan grande y diverso, el debate e incluso el disenso siempre ha existido, lo cual está bien y se fomenta. Pero, en esta diversidad, hay un consenso fundamental y tiene que ver con la dirección del Gobierno y del Proceso de Cambio, así como en la aplicación del modelo económico con justicia social. Acá no hay disenso, acá no hay posiciones contrarias al interior del MAS-IPSP.
Pero, ¿cómo enfrentan, por ejemplo, las denuncias de corrupción, nepotismo y otros temas señalados por la llamada “ala conservadora”?
En cuanto a la corrupción, el presidente Arce ha establecido el principio de cero tolerancia y ya hemos destituido altos funcionarios por este motivo, como el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, alejado de su cargo, aprehendido por la Policía y remitido a la justicia en abril de 2021. Lo mismo sucede con funcionarios de todos los rangos, lo que no ocurre en igual medida con las gobernaciones y alcaldías que están en manos de la oposición.
En consecuencia, la política de lucha contra la corrupción está ahí, vigente, y se aplica a quien cometa delitos contra el Estado, “caiga quien caiga”, como ha dicho el propio presidente Arce. Pero, eso sí, la denuncia tiene que ser resultado de una investigación seria y no una simple declaración ante la prensa sin pruebas (como abundan), porque no olvide que vivimos en un Estado de Derecho donde prima, como en gran parte del mundo, la presunción de inocencia. Lamentablemente, en un contexto politizado, las denuncias en muchos casos pasan a ser armas de desprestigio político para ganar adeptos. En todo caso, como Estado seguiremos firmes en la lucha contra la corrupción.
¿Ud. se considera una “renovadora”?
Yo soy una militante del MAS, del Proceso de Cambio y de la gestión del presidente Luis Arce. Mi pretensión es ser siempre una revolucionaria, una persona que lucha por el cambio.
El año pasado fue declarado como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”, ¿se cumplieron los objetivos esperados? ¿Cuáles son los nuevos desafíos como Gobierno y como sociedad respecto a este tema?
El Año 2022 de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización logró afianzar importantes estrategias de prevención, reparación y atención a las mujeres en diferentes áreas. Se comprometieron inversiones para proyectos productivos y créditos para empoderar a las jefas de hogar y afianzar su independencia económica. Se enfatizó no solo en la seguridad, sino en aspectos de la cultura y educación para desterrar el trato desigual y patriarcal.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, presentó un informe sobre los logros en 2022 en el marco del Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización “por una vida libre de violencia contra las mujeres”, donde se trabajó en cinco ámbitos de acción: 1) Prevención de las violencias; 2) Educación y salud; 3) Desarrollo normativo; 4) Cultural y comunicacional; y 5) Laboral y económico.
Más allá del enfoque puntual en la pasada gestión, las estrategias y programas son de carácter permanente y con amplia proyección, por lo que estamos promoviendo no solo un año, sino un decenio internacional de la despatriarcalización, como lo ha propuesto el presidente Luis Arce en el 77º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre pasado en Nueva York.
Como aprendizaje, sabemos que ningún esfuerzo es suficiente para resarcir daños, prejuicios, perjuicios e injusticias contra la mujer; menos para acabar con la violencia de género, pero ahora se muestra que no solo puede haber discursos, sino también acciones, hechos concretos.
Por otro lado, es fundamental, a la vez, avanzar en la prevención y atacar en el nivel inicial donde se produce la violencia: las familias y los ámbitos educativos. Y, finalmente, deben ir de la mano estas acciones con el empoderamiento de la mujer, la generación de oportunidades para su independencia económica.
¿Cómo ha sido su propia experiencia como mujer viceministra; es decir, cómo ve el desenvolvimiento de las mujeres en la toma de decisiones en el país y cuáles estima que han sido los avances y cuáles los límites al respecto?
Como viceministra trabajar con el presidente Arce es una gran experiencia de vida. Muy esperanzadora, porque tenemos avances valiosos. Por ejemplo, somos uno de los países que más respeta la paridad parlamentaria de 50% de escaños congresales para las mujeres. Eso es resultado de una política concreta, no de una simple evolución.
Y cada vez tenemos más mujeres en puestos de decisión, como la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; tenemos mujeres empresarias, dirigentes políticas, agroindustriales, profesionales de todo tipo.
Sin embargo, este es un cambio que debe ser acompañado por la sociedad y ahí está nuestra lucha presente y futura, porque no podemos obligar a un cambio de la milenaria cultura patriarcal; tenemos que promover y acompañar el cambio desde la más tierna infancia.
Y, por supuesto, hay resistencia. Por ello, hemos legislado en contra de la violencia y acoso político hacia las mujeres, porque cientos de concejalas sufren el acoso en sus lugares de residencia, como resultado de su empoderamiento.
Algo que nos preocupa profundamente es la violencia hacia la mujer y los feminicidios. Razón por la que el presidente Arce conformó una comisión interministerial e interpoderes el año 2022 que, en dos meses de trabajo, causó un remezón, pues no solo agilizó los procesos en curso contra violentos y feminicidas, sino además contra jueces que habían sido muy laxos en las sentencias que dictaban o en los permisos de salida de asesinos condenados que volvían a delinquir.
En estos momentos estamos tratando de pasar esa experiencia hacia la reforma de justicia, donde tenemos excelentes leyes en favor de las mujeres, pero nos falta bastante por hacer en la práctica judicial, así como en lo cotidiano. Pero es una lucha que no vamos a dejar de lado.
Finalmente, le vimos bailar recientemente en el Carnal de Oruro, ¿nos puede contar acerca de esa experiencia?
Desde niña he sido una fanática por los bailes bolivianos y los practico cada vez que puedo. Ya he bailado diablada, que es uno de nuestros bailes emblemáticos, en la entrada de al Virgen de Urkupiña, que se celebra en agosto en Quillacollo, Cochabamba, mi ciudad de origen.
Ahora he tenido la fortuna de hacerlo en el gran Carnaval de Oruro, declarado hace varios años por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
El Carnaval de Oruro tiene que verse, sentirse, vivirse, no se puede relatar su magnitud. Es sin lugar a dudas uno de los eventos con más fuerza folklórica y popular del planeta. Es al mismo tiempo fuente de devoción de nuestro pueblo y un gran encuentro cultural que tiene a su vez un gran efecto económico multiplicador.
El o la que participa en el Carnaval de Oruro no solo lo hace el día de la entrada, sino que lo hace meses antes, cuando empiezan los ensayos y una se da cuenta de que comienza a formar parte de una gran comunidad, que rescata ese tiempo denso donde lo primordial de la vida, su sentido perenne, vuelve a tener importancia.
Para nuestro pueblo es un motivo de orgullo que une a los bolivianos con el mundo, pues esos días recibimos en Oruro a alrededor de 150 mil visitantes del extranjero en una ciudad de algo más de 500 mil habitantes.
Como usted sabe, Bolivia exporta su cultura. Así, los bailes del Carnaval de Oruro, la morenada, la saya, el tinku y otros, hoy se bailan en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia; pero igual se conocen en Europa, los Estados Unidos y Asia, donde los llevan los bolivianos y las bolivianas que visitan esos lugares.
En fin, los bolivianos y las bolivianas somos fanáticos de nuestra cultura, que condensa nuestra alma, nuestro ajayu –como decimos en aymara–, una de nuestras lenguas indígenas, hoy reconocida como lengua oficial al igual que otros 35 idiomas nativos.
Se podría decir que el boliviano y la boliviana van bailando por la vida, con sus alegrías y penas, pero con una fe irrenunciable en el futuro. Eso es lo que, a fin de cuentas, nos muestra cada año el Carnaval de Oruro.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.