Ydalia Pérez Fernández expresó que el feminicidio de las niñas es un problema real que, desgraciadamente, vemos con bastante frecuencia y que debe considerarse como emergencia nacional.
En la conferencia virtual desde el Museo de la Mujer titulada: «El derecho de las niñas a una vida libre de violencias», a propósito del Día del Niño y de la Niña, la abogada destacó que las y los candidatos no han incluido el feminicidio infantil en sus agendas de campaña electoral, pese a que más del 51 por ciento de la población somos mujeres y niñas.
En México la violencia contra las mujeres se menciona, pero no con energía, no con seriedad; en tanto, la violencia contra las niñas menores de 15 años está invisibilizada.
Los feminicidios, homicidios, embarazos infantiles, matrimonios forzados y explotación económica vulneran los derechos de las niñas, cuando lo que debería prevalecer es el interés superior de la niñez por parte del Estado.
Dijo que los embarazos de niñas menores de 15 años, en particular de las de 10 y 11 años de edad, «obviamente es resultado del abuso sexual, lo que es gravísimo» y aseguró que en México el índice de embarazos de niñas es muy alto y señaló el dato de que en 2016 se registraron 11.808 nacimientos de bebés cuyas madres eran niñas de 10 a 14 años de edad.
Lamentó que el registro de embarazos infantiles y adolescentes no disminuye pues «las niñas son la parte más castigada por el aumento de la violencia sexual y el embarazo, cuando las niñas deben acceder al estudio y al tiempo de juego para su desarrollo personal».
Pérez Fernández abundó que estos embarazos son resultado de violaciones y por eso existe una preocupación en términos de justicia social, pero también preocupación en términos de sobrevivencia, porque el cuerpo todavía no tiene las condiciones físicas bien desarrolladas.
Obligar a una niña a un embarazo no consentido es similar a la tortura. Incluso, agregó que la tasa de mortalidad es más grande entre las adolescentes menores de 16 años, por lo que consideró que las personas que se asumen próvida deberían ocuparse de ellas, en lugar de estar en contra de la interrupción legal del embarazo.
La abogada se refirió a la Norma Oficial Mexicana 046 que permite la interrupción legal del embarazo cuando el producto es resultado de una violación, aunque las autoridades sanitarias siempre tratan de incumplirla. «Las mujeres tenemos derechos a una vida libre de violencia, igual las niñas»; sin embargo, un embarazo les cambia la vida, se hacen responsables de una vida cuando todavía es un ser humano que tiene que ser protegido por la sociedad y el Estado.
Planteó que existen diferencias entre las adolescentes indígenas y las no indígenas. Entre las primeras la tasa de fecundidad es más alta y se incrementa la discriminación y las violencias.
Hizo referencia a la campaña #NiñasNoMadres que se lleva a cabo en América Latina por organizaciones de la sociedad civil, en la que se cuestiona que un evidente abuso sexual deriva en un embarazo y este a su vez impide el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, problema no puede seguir invisibilizado.
La tasa mundial de embarazo precoz se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, mientras que en la región la cifra es de 66,5 por cada 1.000 menores de entre 15 y 19 años. Es decir, en América Latina la tasa es más alta por 20,5 puntos y existe una preocupante tendencia ascendente en los embarazos de las niñas de 14 años o más.
Abortos inseguros en niñas
En relación con los embarazos que no llegan a término, los datos son casi inexistentes sobre el aborto inseguro en niñas menores de 15 años de edad en la mayoría de los países, principalmente en aquellos con leyes restrictivas o con deficientes sistema de registro.
La OMS estima que en los países en desarrollo anualmente se registran 3.2 millones de abortos inseguros entre adolescentes de 15 a 19 años, de los cuales 670.000, el 23 por ciento, se llevan a cabo en América Latina y el Caribe.
En México, estimaciones recientes indican que el 34 por ciento de los embarazos entre adolescentes terminaron en aborto, esto es 44 abortos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años.
Matrimonios forzados
Ydalia Pérez Fernández consideró que ser niñas es no ser esposas por decisión de sus padres, ni madres como consecuencia del matrimonio precoz o de abusos tempranos, ni tampoco trabajadoras.
Respecto a los matrimonios forzados, abundó que tenemos un reconocimiento jurídico interesante en los Derechos de las Niñas y los Niños, ya que anteriormente se manejaba que pertenecían a sus madres y padres y podían disponer de ellos.
En algunas comunidades se considera desafortunado tener una hija y persiste la venta o intercambio de ellas por animales.
Destacó que a partir de 2014 y debido a la presión de varias organizaciones, se reformo la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que estableció la edad mínima de 18 años para casarse.
Por lo que, en 26 estados del país, se elevó la edad para que los jóvenes pudieran contraer nupcias, mientras que en seis siguen autorizando los matrimonios a partir de los 14 años de edad.
En Oaxaca en 2016 se casaron 1.511 menores de 14 años, también en Guerrero y Chiapas se dan los matrimonios de menores de edad.
Obligada a ser madre por las autoridades de Baja California
Dijo que el caso ocurrido en 1995, de Paulina Ramírez Jacinto, de 13 años de edad, es representativo de un sinnúmero de adolescentes y mujeres que se han visto obligadas a ser madres producto de una violación sexual. Ya que aun cuando en México está reconocido el derecho a un aborto legal, en caso de violación, existen grandes vacíos jurídicos que impiden su aplicación como sucedió en Baja California.
Esto facilitó que las autoridades estatales, tanto de procuración de justicia como de salud, actuaran según sus creencias personales y no de acuerdo con la obligación como servidores públicos, de manera que impidieron a Paulina ejercer su derecho a una Interrupción Legal del Embarazo.
Acompañada por la organización GIRE, en marzo del 2002, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y lograron un acuerdo de solución amistosa que consiste en una indemnización por daño emergente y lucro cesante, y daño inmaterial, el cual no han cumplido ya que el gobierno estatal estaba obligado a pagar la universidad de su hijo, para evitar que «el también vea truncada su vida».
Feminicidios
Se refirió a la Sentencia de Campo Algodonero de la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) al gobierno mexicano sobre el feminicidio de tres jóvenes, dos de ellas menores de edad, y que dio origen para que se incluya la perspectiva de género en toda investigación de desaparición de mujeres, a la Alerta Amber para que se busque de inmediato a las niñas desaparecidas y un registro nacional, sin embargo, no se ha cumplido al día de hoy.
De igual forma, señaló el feminicidio de una menor de nombre Lupita, cuyo cuerpo fue encontrado sin que nadie la reclamara durante nueve meses y fueron las organizaciones feministas las que presionaron al Ministerio Público para que realizara una investigación seria. Ahora se sabe que el victimario, su padrastro, y la madre de la niña fueron sentenciados en septiembre de 2019 a 88 años de cárcel.
En México, la cuarta parte de las personas desaparecidas desde finales de la década de los 80 son menores de edad. De las 19.000 personas desaparecidas, 4.724 son menores de edad. Destacó que desde 2018, en la ciudad de México se emite de forma inmediata la Alerta Amber para localizar a menores de edad o personas reportadas como extraviadas o ausentes.