El pasado 26 de junio el presidente argentino Alberto Fernández firmó un Decreto que derogó la política de defensa establecida por la Alianza Cambiemos.
Acorde a los postulados del neoliberalismo, dicha política planteaba el involucramiento activo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, desdibujando las definiciones sobre el “agresor externo” que el país había tenido desde el retorno democrático, limitándolo a Fuerzas Armadas pertenecientes a otros Estados.
Con ello, la política macrista instrumentaba el concepto de Defensa como un componente necesario en el proceso de justificación de una estrategia de poder delineada en favor de los intereses trasnacionales, que fueron los dominantes dentro de la alianza en posición de gobierno en los cuatro años de presidencia amarilla.
Esa estrategia de poder, articulada a una doctrina político-militar que podríamos definir como “guerra multidimensional”, pretende dar un giro a las dinámicas de control sobre los territorios y Estados a partir de una diversificación de los tipos de agresión, combinando el uso de fuerzas regulares e irregulares, guerra económica, guerra psicológica, agresión cibernética, y aparatos de inteligencia que combinan elementos mediáticos y judiciales, algo que en la agenda política latinoamericana pudo instalarse como “lawfare” o guerra jurídica.
La reciente derogación de la normativa neoliberal en dicha materia en Argentina trae aparejados enormes desafíos en lo que respecta a la conceptualización de la seguridad y la defensa para el campo nacional y popular, planteando interrogantes y tareas que es necesario problematizar y proponer en términos concretos.
Las políticas de Seguridad y Defensa argentinas ante el giro en la doctrina geopolítica imperial
Para analizar el desarrollo de las políticas de defensa y seguridad en la Argentina, sin caer en una mirada institucionalista o normativa, es preciso observar el complejo entramado de relaciones que se tejen en el marco de la geopolítica internacional. Desde esta perspectiva, vale señalar que dichas políticas se instrumentan como parte de las estrategias de poder que diseñan las potencias para consumar su voluntad imperial sobre los diversos territorios del planeta.
En este sentido, la estructuración de un mundo “tendencialmente multipolar”, expresado en la emergencia de nuevos actores dentro de la lucha interimperialista, hace que los comandantes del unipolarismo mundial (globalistas y neoconservadores) deban revisar su planificación militar en pos de imponer un nuevo orden hegemónico.
Luego del atentado del 11S de 2001 a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, se prefiguró una nueva doctrina político-militar que asumía el carácter multidimensional de los conflictos geopolíticos, en el que se identifican algunos como de carácter “no estatal”, señalando como “amenazas asimétricas” al terrorismo y al narcotráfico.
Los actores imperiales asumen la Doctrina de Bush de “Guerra Preventiva”, bajo el cual las nuevas operaciones militares no sólo se restringirán a territorios que puedan resultar hostiles, sino a aquellos que, aunque no lo sean, resulten estratégicos a sus intereses.
Para el caso de Latinoamérica y el Caribe, un territorio de grandes riquezas naturales, se comenzó aobservar con creciente preocupación desde los centros de poder la presencia cada vez más avanzada de actores como China y Rusia.
El caso de la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay es paradigmático. El interés imperial en la zona se explica tanto por los recursos naturales que en ella se encuentran –el Acuífero Guaraní- como por ser el territorio desde donde se puede desarticular la relación Argentina-Brasil, motor fundamental de la integración latinoamericana.Para garantizar el control de este territorio, se ha desarrollado una estrategia injerencista bajo el pretexto de salvaguardar la integridad regional alegando, en más de una oportunidad, la presencia de “células dormidas” terroristas, las cuales representarían una amenaza que es necesario neutralizar.
Así, desde 2009 diversos actores de la trama de intereses norteamericanos, británicos e israelíes (el unipolarismo, centralmente en su estrategia neoconservadora) potenciaron su presencia con diversas jugadas en el territorio latinoamericano, financiando a grupos conservadores y a oligarquías locales para garantizar una democracia y una institucionalidad “sólidas”, es decir, acorde a sus intereses.
Para lograr este objetivo no han dudado en llevar a cabo fraude electoral (México), golpes de Estado (Honduras, Paraguay, Bolivia) y judicialización de la política a través del lawfare o guerra judicial (Brasil, Argentina).
Seguridad y Defensa en el periodo kirchnerista
La característica más relevante de la gestión del gobierno kirchnerista tuvo que ver con la consolidación del control civil de las Fuerzas Armadas (FFAA), un hecho más que determinante dadas las características autoritarias y golpistas que éstas tuvieron a lo largo del siglo XX, donde se sucedieron seis golpes de Estado que impidieron la continuidad del ejercicio democrático, imponiendo por la fuerza el dominio del interés oligárquico e imperial.
Durante estos doce años de gobierno, las políticas de defensa y seguridad se caracterizaron por establecer un claro y progresivo alejamiento de Washington, así como el énfasis en el respeto a los Derechos Humanos, observado en la política de “Juicio y Castigo” a los genocidas del último golpe cívico-militar, bajo las consignas de “Memoria, Verdad y Justicia”.
Durante esta etapa de gobierno se reglamentó la Ley de Defensa Nacional de 1988, asignando a las FFAA la tarea exclusiva de la defensa ante la presencia de ataques de actores estatales externos (salvo situaciones excepcionales). Además, las Directivas de Política de Defensa Nacional del Decreto 1714/2009 y su actualización con el Decreto 2645/2014, amparadas en la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional que brindó el Decreto 727/2006, imprimieron un carácter defensivo al Sistema de Defensa de la Nación, mientras que la Directiva sobre la Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas de 2006 estableció como prioridad la construcción de un sistema de defensa subregional, con mirada latinoamericana.
La eliminación de las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil, el apoyo a la creación del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR en 2008, el posicionamiento sobre la soberanía de las Islas Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur, el mar circundante y la Antártida y el acercamiento y la cooperación con China y Rusia, trazaron el camino de una estrategia sustentada en el desarrollo de la soberanía tecnológica, el respeto a la autodeterminación y la integración latinoamericana.
Esta arquitectura político-institucional, orientada hacia un multipolarismo relativo, con intención de proyectar poder político y estratégico desde las plataformas del Mercosur y la UNASUR con una mirada interna puesta en la industrialización y en el desarrollo científico-tecnológico (especialmente en el área de la energía nuclear y las infotelecomunicaciones), fue rápidamente desarmada por Mauricio Macri tras su llegada a la Presidencia de la Nación en diciembre de 2015.
Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, las transformaciones en las Directivas Políticas de la Defensa venían perfectamente articuladas, en una misma estrategia de poder, al control represivo de la protesta social, a la persecución de dirigentes vía law-fare y a los cambios en las posiciones geopolíticas del país.
Dicha estrategia empujaba una violenta subordinación del territorio social argentino a los intereses del capitalismo transnacional, con sus lógicas de valorización financiera (el festín de bonos del Banco Central), de explotación no soberana de los recursos naturales (los yacimientos de Vaca Muerta y del Litio) y de rápida transferencia de ingresos de los sectores asalariados y pymes al gran capital (tarifazos, recesión, pauperización, desempleo).
Durante los cuatro años de gobierno macrista la persecución a líderes políticos de la oposición –especialmente a la ex presidenta Cristina Fernández- fue moneda corriente. Dicho plan activó una compleja utilización del aparato estatal con el fin de perseguir, asediar y encarcelar a los principales actores de la fuerza social y política nacional, popular y latinoamericana.
Macri y la cesión de soberanía
En marzo de 2016, Mauricio Macri celebró en Buenos Aires una serie de acuerdos con el por entonces presidente estadounidense Barack Obama que sentaron un primer precedente en la incorporación de esta estrategia de poder en nuestro territorio.
Con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo como marco de justificación, Macri y Obama firmaron acuerdos de asistencia en la Triple Frontera; posibles misiones militares en África; asilo a los sirios que huyen de la guerra; centros de fusión y coordinación de Inteligencia, acuerdos de defensa hemisférica, coordinación de fuerzas de seguridad en el Comando Sur; cooperación nuclear y apertura comercial irrestricta. Allí se oficializó además la incorporación de Argentina como socio “extra oficial” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Luego del giro neoconservador que provocó la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Macri aceleró dichos compromisos al firmar, en una visita a Washington en abril de 2017, una declaración conjunta que anunciaba la cooperación en materia de política cibernética, así como un compromiso para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción, además de un consenso sobre la preocupación de ambos gobiernos por el territorio central de la disputa geopolítica en nuestro continente: la República Bolivariana de Venezuela.
Todo ese “Plan” se institucionalizó, en materia de defensa, con los mencionados decretos 683/2018 y 703/2018, que impulsaba una “policialización” de las Fuerzas Armadas al tiempo que restringía todas sus capacidades presupuestarias y operativas.
En el estricto despliegue de defensa exterior, esta directiva política manifestaba la intención de configurar a las Fuerzas Armadas argentinas como una unidad subsidiaria y complementaria a las potencias para la participación argentina en los grandes conflictos que la gobernanza global intenta coordinar a través de múltiples organismos multilaterales, con la OTAN a nivel planetario y con la OEA a nivel regional.
Paula Giménez y Emilia Trabucco son analistas e investigadoras argentinas del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)A su vez, este proceso de “policialización” de las Fuerzas Armadas fue congruentemente acompañado por una política de fortalecimiento de algunas agencias de la seguridad interior, donde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria recibieron progresivamente nuevas atribuciones por fuera de sus marcos normativos de actuación.
La Directiva de Política de Defensa de la Alianza Cambiemos
Mientras que el Decreto 683/2018 anunciaba un cambio de paradigma de defensa en el sistema democrático, el Decreto 703/2018 lo explicitaba en un extenso documento en el que podemos dar cuenta de lo siguiente:
- En numerosos pasajes, se subordina la actuación del Ministerio de Defensa al Ministerio de Seguridad y se hace una apuesta explícita por un “apoyo al sistema de seguridad interior”.
- Se idealizan los beneficios de la globalización económica, se apuesta por la gobernanza global y se ponderan positivamente los mecanismos del G20, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la OEA (Organización de Estados Americanos) y un Mercosur que “ha promovido un acercamiento a la Alianza del Pacífico”. Nada se dice de la UNASUR y su Consejo de Defensa Sudamericano.
- El documento responsabiliza al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de atentar contra la estabilidad de la región producto de una “crisis política, humanitaria, social y sanitaria”, pero jamás se explicita el bloqueo económico-financiero y la guerra multidimensional de carácter no convencional que dicho país atraviesa.
- El Decreto abre la posibilidad de que el país se embarque en los conflictos que el “norte global” ha abierto en Medio Oriente y en otras regiones del mundo. En un apartado se señala que “la ausencia de conflictos militares en la región se contrapone con el aumento de problemáticas de seguridad transnacional. La dinámica de estos desafíos no es homogénea, sino que varía en función de las particularidades geográficas, políticas, sociales y económicas de los Estados”.
- Tal afirmación viene acompañada de menciones a problemáticas de seguridad, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de personas y, casi enseguida, son mezcladas con el “terrorismo” y, a éste, con el “extremismo islámico” y la “Triple Frontera” entre Brasil, Paraguay y Argentina.
- El Atlántico Sur, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son reconocidas como de “valor estratégico para la República Argentina”, al tiempo que el conflicto geopolítico con el Reino Unido es planteado como un “desafío” y el reclamo de soberanía es ponderado por una reciente mejora en las relaciones diplomáticas con dicho país, convertida en “un espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral” a los fines de promover una explotación (¿conjunta?) de “los recursos naturales allí existentes”.
El cambio de la política de defensa vino de la mano de acciones concretas que lo efectivizaron. En agosto de 2018, el gobierno envió un proyecto de ley al Senado para que se autorice a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones militares conjuntas con fuerzas extranjeras, tanto al interior del país como fronteras afuera. Un mes después, en septiembre de 2018, el Ministerio de Seguridad hizo pública la detención en la triple frontera de un “supuesto miembro de Hezbollah”.
A mediados de noviembre de ese año, y en la previa del G20, dos jóvenes ciudadanos argentinos de religión musulmana fueron detenidos en la ciudad de Buenos Aires por presuntos nexos con el terrorismo. Pronto fueron liberados y la noticia fue, simplemente, otra “torpeza” de la por entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Las noticias contribuían a justificar el gasto y las reformas, al tiempo que se reforzaba la hipótesis de que el país no puede ni debe estar exento de la lucha internacional contra las “nuevas amenazas”.
La militarización y el ingreso de fuerzas extranjeras fue parte del plan desarrollado por el gobierno de Cambiemos. Tierra del Fuego, Misiones, Neuquén y Jujuy son algunos de los puntos estratégicos que estuvieron en la mira para la instalación de bases militares, algunas de las cuales lograron concretarse y tuvieron objetivos geopolíticos claramente definidos: Vaca Muerta, la Triple Frontera, el triángulo del litio, el mar argentino, la Antártida y las Islas Malvinas.
El Decreto 571/2020 y el retorno a una política de defensa soberana
La decisión del presidente Alberto Fernández de derogar la normativa de defensa de la Alianza Cambiemos llega justo en el momento en que se empieza a avanzar en el desarme de los mecanismos del law-fare. El cambio en la dirección de la política de defensa aporta, entonces, a la construcción de una nueva estrategia de poder en una coyuntura cortada transversalmente por una crisis económica y sanitaria global.
Tal decisión adquiere una singular importancia estratégica para el porvenir de un gobierno que no cuenta aún con toda la fuerza política para encarar las grandes transformaciones estructurales que el país demanda, siendo un freno a la cesión de soberanía y un fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.
El decreto presidencial 571/2020 indica un plazo de 180 días para confeccionar una nueva “Directiva Política de Defensa”, acorde a los principios de demarcación clara entre las tareas de defensa y las tareas de seguridad interior.
Ante las fuertes pujas que atraviesan el país en un contexto de crisis, el diseño de esa nueva directiva será objeto de una fuerte puja política. El Ministro de Defensa Agustín Rossi deberá afrontar, como ya lo hizo en su gestión anterior, el enorme desafío de encaminar esta puja hacia el desarrollo de una política de defensa que amplíe los márgenes de soberanía e integre exitosamente a las Fuerzas Armadas a la sociedad y a los desafíos del siglo XXI.
Resulta imperante, entonces, que en esa Directiva –así como en la concepción general de la política de seguridad y defensa de nuestro país- aparezcan demarcados, como elementos ordenadores, el impulso de acciones orientadas a desarrollar soberanía tecnológica en materia de defensa (fabricaciones militares, astilleros, satélites, infraestructura crítica), el ejercicio práctico de la soberanía sobre los recursos naturales (Vaca Muerta, Acuífero Guaraní, minerales –litio, oro, coltán, etc.-) y geográficos (puertos, ciberespacio, plataforma continental, Islas Malvinas y Antártida).
Asimismo, es importante que se plantee un posicionamiento firme contra la instalación y para la erradicación de bases militares que afecten la soberanía nacional y regional, manteniendo posiciones de no intervención en asuntos internos de terceros países y de respeto a la soberanía y la autodeterminación, con una postura clara contra las agresiones imperiales, en donde se nos aparecen casos regionales (como Venezuela y Cuba) como extraregionales (como Palestina, Siria y Líbano). Resulta imprescindible promover una geopolítica para la Paz, remarcando enfáticamente que en Latinoamérica y el Caribe no hay lugar para la guerra.
También es necesario destacar la necesidad de fortalecer el rol subsidiario de las Fuerzas Armadas, apostando al Derecho Internacional Humanitario y a la atención de emergencias, tal como está sucediendo en el marco de la pandemia generada por el COVID-19.
La fabricación de barbijos y alcohol en gel, así como la instalación de hospitales militares para atender las necesidades de la pandemia y otras actividades de cooperación, han puesto a las Fuerzas Armadas al servicio de la paz y no de la guerra, sobre la base del interés nacional, ciudadano y sobre valores de solidaridad y cuidado de la población, marcando una diferencia con la agenda restrictiva que promovía el gobierno macrista.
Paralelamente, la agenda de seguridad ciudadana debe basarse en la prevención del delito, el respeto por el derecho a la protesta social y los derechos humanos.
Finalmente, resulta imprescindible asumir una actualización en los procesos de formación de las Fuerzas Armadas, así como también de los ciudadanos y ciudadanas del país. Se debe promover una nueva cultura de la defensa que genere conciencia acerca del rol que ejerce el pueblo en la defensa de la soberanía de la nación y, basándonos en la herencia sanmartiniana, recuperar el valor y el orgullo patriótico de la gesta independentista libertadora de Nuestramérica.
La Comunidad Organizada como estrategia de poder fundamental es la garantía de cualquier proceso de desarrollo emancipatorio y soberano que se quiera llevar a cabo desde un gobierno. Por ello la organización política y social del territorio y la construcción de una articulación virtuosa entre lo civil y lo militar son los elementos centrales a tener en cuenta si se quiere gobernar con y para el pueblo, sobre todo en el marco de una coyuntura signada por una crisis sanitaria, económica y geopolítica de carácter estructural, que abre camino a la posibilidad de construir alternativas reales para la transformación social.
Paula Giménez y Emilia Trabucco son analistas e investigadoras argentinas del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)