El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer la consecución de un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales, los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados y su gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades, y en beneficio de miles de trabajadores del “outsourcing”.
Desde noviembre del año pasado, AMLO presentó una iniciativa de reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Trabajo, con el propósito de poner fin a esa práctica, conocida como outsourcing, que por décadas permitió a los patrones eludir obligaciones legales con sus trabajadores.
La iniciativa generó de inmediato expresiones de rechazo por parte de los organismos cúpula empresariales, pero luego se sentaron en las negociaciones con el gobierno y los sindicatos.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal mexicano, señaló que de cuatro mil empresas dedicadas a este negocio, sólo 40 cumplen con sus impuestos. Las irregularidades en el pago de obligaciones vinculadas al trabajo alcanzan varios esquemas.
Asimismo advirtió que la subcontratación no se limitó a ser un mecanismo para que las empresas redujeran costos: el abuso llegó al grado de que además de subregistrar a los trabajadores con salario mínimo, se les daba de alta frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo un día del mes.
Muchas de las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios son de papel; cuando se inician acciones de fiscalización desaparecen y luego abren otra razón social, con lo que dejan una estela de adeudos incobrables.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, expuso que en un caso reciente se encontró que los trabajadores estaban registrados con un sueldo base de 166 pesos. Iniciadas las auditorías se encontró que éste debía ser de 865, 421 por ciento más. “De ese tamaño se ha abusado de estos modelos”, añadió.
Destacó que tres empresas concentran 242 mil puestos de trabajo en tercerización, con un salario promedio de cotización de 243 pesos, cuando el promedio en el sector ronda 386. Esto representa una evasión en cuotas obrero-patronales de 773 millones de pesos anuales, además de todos los derechos laborales que se vulneran a los empleados. Indicó que, además de dar seguimiento a las factureras y a las empresas que omiten el pago de contribuciones laborales, también se sigue los actos de corrupción de políticos.
En el curso de las conversaciones tripartitas de esta semana se agregó el asunto del reparto de utilidades, una obligación que en el marco legal actual puede ser minimizada o eludida por los empleadores mediante triquiñuelas legales y también, desde luego, por medio de la subcontratación, lo que en los hechos resulta nugatorio de ese derecho laboral.
En la reunión con el mandatario hubo acuerdo para prohibir la subcontratación de personal, la regulación para subcontratar servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, así como la creación de un registro en la Secretaría del Trabajo de un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que propuso la creación de dos modalidades para que los propios trabajadores definan su reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario o con el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
La Fiscalía, mientras tanto, explicó que se investiga por defraudación fiscal a cualquier funcionario o ex funcionario público que recibió ingresos no reportados o que no van con su declaración patrimonial. Busca investigar por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)