¡Fue el Estado!

El pasado 26 de septiembre, la policía disparó en Iguala a 80 estudiantes que tomaban autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Deseaban participar en un acto que año con año no quiere dejar en el olvido una matanza de estudiantes perpetrada por el Estado para terminar con el movimiento estudiantil de 1968. En los tiroteos de los policías de Iguala -porque hubo varios, desde las 9 de la noche hasta las 11, en los que incluso se disparó a un camión que llevaba a un equipo de fútbol- seis personas murieron. Tres de ellos eran normalistas. Muchos estudiantes lograron huir del primer tiroteo y se ocultaron, pero la policía los cercó y se llevó a los normalistas que estaban en los camiones. Como era imposible encubrir los hechos, la noticia impactó a la opinión pública. El cadáver de un estudiante yacía desollado y con señas de tortura en las calles. Se arrestó a 22 policías y se informó que 14 de los 57 estudiantes estaban a salvo. No se sabía nada del paradero de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Desde entonces están desaparecidos por las fuerzas públicas del Estado. Es una desaparición forzada, que por desgracia no es un delito tipificado en Guerrero ni a nivel nacional, pese a su gravedad y recurrencia. En los días posteriores se nos dijo que la policía entregó a los estudiantes a un grupo de narcos. No nos consta ni queda clara la razón de ello. Las autoridades decían que indagaban el paradero de los normalistas pero no los buscaban en campos militares clandestinos o en las guaridas de los narcos sino en fosas clandestinas. El gobierno federal trataba el asunto como un problema local y el gobierno estatal como un asunto de delincuentes. En realidad, es un atroz crimen de Estado. Luego nos dijeron que en esas fosas descubiertas no había restos de los normalistas desaparecidos, pero no se nos aclaró nunca de quiénes eran esos restos humanos. La rabia popular aumentaba y el fuego comenzaba a recorrer el estado de Guerrero. El gobernador cayó. Se responsabilizó al alcalde del PRD y a su esposa. Los 43 normalistas siguen desaparecidos. El gobierno federal insiste en dar carpetazo al caso, intentando sacar provecho político del caso. Los 43 normalistas siguen desaparecidos. Se persigue a los narcos de Guerreros Unidos pero resulta que su jefe se suicidó cuando estaban a punto de capturarlo. Se arresta, sembrados en Iztapalapa, al alcalde de Iguala y a su esposa, hermana de narcos. Los 43 normalistas siguen desaparecidos. Los estudiantes mexicanos se organizan y realizan paros en sus escuelas mientras participan en marchas multitudinarias demandado justicia: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». El Procurador del gobierno federal se cansa de mal informar de que están muertos, de que fueron incinerados aunque admite que no lo puede probar. Los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos no aceptan su dicho y siguen exigiendo que aparezcan vivos. El presidente Peña Nieto se desatiende del asunto y se va a China mientras el repudio nacional e internacional crece. Los 43 normalistas siguen desaparecidos.

Una sospecha se expresa, se generaliza, se vuelve certeza y grito de miles: ¡Fue el Estado!

-Sí, fue el Estado mexicano el que disparó y mató a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que se organizaban para ir a la marcha del 2 de octubre. Fue el Estado a través de la policía de Iguala, con el conocimiento, complicidad y anuencia tanto de la policía federal como del ejército (según lo determinó una investigación de una Comisión de diputados). El alcalde corrupto del PRD es un presunto culpable por comisión, pero también lo son el Gobernador, que sabía lo que ocurría pero no trató de evitarlo, así como el Ejército, pues el batallón 27 ubicado en Iguala no respondió al llamado de ayuda de los normalistas agredidos, y también el Ejecutivo federal tiene su responsabilidad pues teniendo conocimientos de los hechos a través de las Secretarías de Seguridad y Gobernación, como del propio ejército, tampoco intervino. Todas estas instancias estatales tienen una grave responsabilidad que aclarar, ya sea porque intervinieron o porque no lo hicieron. Toda esta estructura estatal demostró, una vez más, que es eficaz para matar y desaparecer gente pero no para cuidar el orden y la seguridad ciudadana o para impartir justicia.

-Si, fue el Estado mexicano el que torturó, desolló y arrojó el cadáver del joven Julio César con las manos ensangrentadas de la policía, del ejército o de los paramilitares narcos a su servicio. Tanto los ejecutores como los que emiten las órdenes, las instancias superiores que involucran a todos los niveles del Estado mexicano (militar, municipal, estatal y federal), son culpables de los asesinatos, de la tortura y de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Las muchas manos sucias del Estado están manchadas por el crimen. Todas ellas son parte de un Estado criminal.

-Sí, fue el Estado mexicano el que se atrevió a la desaparición forzada de los 43 normalistas, como lo hacía en la llamada guerra sucia de los 70 y 80, como lo volvió a hacer de manera masiva en todo el sexenio anterior (se maneja la cifra de 27 mil desaparecidos), con la farsa de la guerra de Calderón contra el narco, y como se ha vuelto a hacer en lo que va del gobierno de Peña Nieto. Un modus operandi criminal que en realidad es una política de Estado desde hace varios sexenios.

-Si, fue el Estado mexicano, como lo presintió la rabia que generó los actos bárbaros perpetrados contra los normalistas de Ayotzinapa y que se expresó en el Zócalo de la Ciudad de México. -Si, fue el Estado, el Estado capitalista mexicano, el narcogobierno, pero no pensado como penetrado por el narco sino por gobernantes que pactaron y se aliaron a grupos de narcos. Así lo dijo, abiertamente, esa inteligencia colectiva que se manifiesta en un movimiento estudiantil que se ha levantado indignado y en solidaridad con sus compañeros desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa exigiendo Justicia.

Fue el Estado como gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el Estado como régimen político oligárquico neoliberal. Fue el Estado capitalista como sistema de dominación política funcional al capitalismo. Fue el Estado el verdadero culpable de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa.

Fue el Estado como gobierno de Enrique Peña Nieto

1. Fue el Estado, que se expresa en este gobierno de Peña Nieto: el de un nuevo PRI completamente neoliberal y corrupto, que con sus últimas contra-reformas culminó el asesinato de la Constitución de 1917y que, pese al descontento popular en contra, piensa perpetuarse con un poder despótico, manipulador y represivo. Un PRI gobierno que asaltó la presidencia con un prolongado fraude televisivo y con el dinero sucio del narco. Un PRI gobierno que ha tenido y tiene narcogobernadores y narcopresidentes. Un PRI gobierno apadrinado y apuntalado por Salinas de Gortari, quien hace años se alió a los narcos y a la CIA (organismo que regula el negocio del tráfico ilegal de drogas) para hacer negocios y manejar el poder político de manera dictatorial y represiva. Un PRI gobierno que es capaz de usar el crimen para sus fines políticos.

2. Fue el Estado con este gobierno príista que no sólo encubre sino que promueve narcogobiernos, permitiendo que el imperio de la violencia se extienda por todo el país y que la impunidad desplace a la justicia. En los dos años de gobierno de Peña Nieto se ha logrado la hazaña de superar los niveles de violencia alcanzados en el sangriento gobierno de Calderón: según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han aumentado los homicidios, secuestros, extorsiones y robos de autos. Más de 33.1 millones de delitos se cometieron durante el gobierno de Peña Nieto en 2013, aunque las estadísticas indican que sólo se denuncia el 15% y sólo se castiga al 1%. La impunidad alcanza el 93.8% con el PRI gobierno. Uno de cada tres hogares ha sido afectado por la delincuencia. Un PRI gobierno delincuencial ha hundido todavía más al país en una violencia que viene tanto de los delincuentes como de los gobernantes (que ya es imposible distinguir y separar), aplicando la geopolítica de aterrorizar, despoblar y saquear: buscando aterrorizar y controlar de este modo a la población para imponer sus contra-reformas y ceder las riquezas del país a los empresarios, preferentemente extranjeros, pues son a ellos a quienes en verdad sirven.

Fue el Estado policiaco-militar acorde al régimen político oligárquico neoliberal

3. Fue el Estado, que durante treinta años se ha reconfigurado como un régimen político oligárquico neoliberal, incapaz de generar consensos o respaldo social a sus contra-reformas que no sólo privatizan bienes y servicios públicos, eliminan derechos sociales o ceden las riquezas nacionales a los capitales transnacionales sino que ha agudizado la violencia sistémica del capitalismo, generado los más altos niveles de desigualdad, miseria, exclusión y explotación en la historia moderna del país. Si los Estados capitalistas han gobernado mediante consenso y coerción, el Estado en su fase neoliberal ha dejado de lado la búsqueda de consensos y ha instituido la coerción como método de gobierno, de manera que alienta, naturaliza y generaliza la represión, tanto a nivel federal como estatal y local. Como algunos estudiosos de la violencia en nuestro país lo han señalado, México se ha convertido en un campo de guerra inventando a un enemigo total, el narco, para instituir el terrorismo de Estado como forma de dominio político, dejando de lado la ley y los derechos humanos. En estos últimos años hemos vivido una guerra, pero no entre la fuerza pública y la delincuencia organizada sino una guerra de policías y militares, de paramilitares y narcos contra el pueblo. Una guerra de un Estado enajenado contra la sociedad. Por eso nos hemos acostumbrado a que, sin respetar derechos, se arresta y encarcela arbitrariamente, se reprimen violentamente las protestas públicas, se asesina y se tortura, se aplican de manera sistemática las desapariciones forzadas. Cuando esas desapariciones forzadas eran denunciadas por familiares, defensores de derechos humanos y periodistas, empezaron a matar y desaparecer a los familiares, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. Luego comenzaron a matar y desaparecer a líderes campesinos y de pueblos originarios que se organizan pacíficamente contra los megaproyectos de saqueo y despojo que se están implantando en todo el territorio nacional. Ahora se pretende asesinar y hacer desapariciones forzadas contra todo disidente político.

4. Sí, fue el Estado el responsable de la muerte, la tortura y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa ya que una política de Estado ha sido la de criminalizar la protesta social: de señalar como delincuentes a los que ejercen el derecho constitucional de manifestarse públicamente. Sin embargo, por fin se ha pasado de adjetivar a castigar: si quienes protestan políticamente son peligrosos criminales, entonces deben ser tratados como tales, sin tomarse la molestia de respetar sus derechos, por lo que pueden ser exterminados y desaparecidos. Este es el paso que el Estado se atrevió a dar en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa: después de años de presentar la lucha de los normalistas como actos vandálicos y exhibirlos como terroristas, después de acostumbrarnos a que los reprimieran, humillaran y encarcelaran, después de que en el 2011 mataron a dos normalistas, ahora los matan, torturan y secuestran abiertamente. Por eso, la represión en Iguala es violencia física y violencia simbólica: la de por sí inaceptable violencia ejercida contra los estudiantes normalistas además pretende decirnos que las campañas de odio y de criminalización contra todos los que se atrevan a manifestarse públicamente contra el gobierno pueden terminar en asesinato y desaparición. El mensaje está dirigido especialmente a los maestros que protestan porque les quitaron sus derechos laborales, a los campesinos que luchan por su territorio, a los trabajadores que se atrevan a luchar por sus demandas, a los estudiantes que se manifiestan contra políticas gubernamentales…

5. Fue el Estado mexicano refuncionalizado por el régimen neoliberal que desde hace treinta años impera en México: un Estado mínimo en lo económico pero máximo en lo policiaco y militar. En estos últimos años hemos visto que mientras se derribaba al Estado social y al Estado de Derecho, asfixiando tentativas democratizadoras del sistema político, se levantaba un monstruoso y despótico Leviatán policiaco y militar que controla y aterroriza a la población pero no impide que las violencias subjetivas crezcan, como los feminicidios, los crímenes, los secuestros, los robos, las extorsiones, el poder del narco, la corrupción, los abusos de policías y soldados, etc. Estos últimos años, el pueblo trabajador ha vivido, y sobrevivido, al fuego cruzado del terrorismo de Estado, policiaco, militar y paramilitar y la violencia del crimen organizado. Antes de lo ocurrido en Iguala tenemos otro caso ejemplar, el de Tlatlaya del 31 de junio de este mismo año, considerado por la organización internacional Human Rights Watch, «la primera gran masacre del gobierno de Peña Nieto». Después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara de un enfrentamiento en el que el ejército había abatido a 22 delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, resultó que en realidad los militares torturaron y luego asesinaron a 22 jóvenes, hombres y mujeres, algunos incluso menores de edad. En contra del discurso oficial, los hechos muestran que un Estado policiaco y militar no mejora la seguridad de los ciudadanos sino que amenaza sus derechos individuales, sociales y políticos, incrementando la inseguridad social.

Fue el Estado capitalista como sistema de dominación política funcional al capitalismo

6. Fue el Estado capitalista, que siempre ha tenido desaparecida a la democracia y al Estado de derecho, que ha asesinado a la república independiente y a la Justicia, que enterró en una fosa clandestina a la Igualdad y a la soberanía popular. Aunque el nacimiento de México siempre ha estado ligado a la aspiración de ser una república democrática, independiente, con separación de poderes, elecciones libres, libertades individuales, sociales y políticas, Estado de derecho, con igualdad formal y real para todos, lo cierto es que todo ello es incompatible con el capitalismo. La dinámica internacional del capitalismo determina que existan países imperialistas que someten a países dependientes y semicoloniales como México. El principio de la propiedad privada -el poder privar de lo común y de la riqueza material, la explotación como privatización de la riqueza social- está consagrado en el Derecho y protegido por el Estado mexicano y sus fuerzas públicas. Por eso, el Estado mexicano es capitalista y permite que la lógica capitalista segregue su violencia sistémica: explotación, pobreza, desigualdad, así como una oligarquía empresarial que pone a su servicio al Estado. Es por ello que la democracia resulta irreal, incluso en su versión liberal (elecciones libres, división de poderes, ciudadanía, Estado de derecho, etc.). En el capitalismo no se permite el gobierno del pueblo (democracia) porque afectaría los intereses oligárquicos empresariales, por eso controlan las elecciones con sus fortunas, manipulando los medios de comunicación masiva, comprando políticos y partidos, fomentando fraudes electorales o apoyando golpes militares. En el capitalismo (y no sólo en México) el poder Ejecutivo (presidencial) sirve a los grandes capitalistas, gobierna para ellos y subordina tanto al Legislativo (con iniciativas y presiones) como al Judicial (los jueces trabajan con consignas políticas de quienes les dieron los cargos). Además, el poder Legislativo está a su vez subordinado a las partidocracias que se someten a gobiernos y empresarios. En el capitalismo el poder Judicial está limitado por el poder económico, dinámica que ha llevado en nuestro país al colapso del sistema de justicia.

7. Fue el Estado capitalista enajenado que nos domina: un Estado enajenado, ajeno a la sociedad y vuelto contra ello, que ha desatado una violencia social y simbólica contra la población con sus políticas neoliberales y su sujeción a la lógica delincuencial del capitalismo actual y del imperialismo. ¿No ha sido violencia el privatizar lo público, desregular la economía y abrirla a la inversión extranjera, eliminar derechos sociales y laborales, generando más desigualdad, miseria, sobreexplotación, exclusión, hambre, dejando sin futuro a jóvenes y estudiantes, excluyendo del sistema a campesinos e indígenas, arrebatando derechos a maestros y trabajadores? ¿Acaso no propicia más violencia el derrumbe del Estado de Derecho, sustituido por un Estado policiaco militar que desplaza al imperio de la ley y el respeto a los Derechos Humanos por el imperio de la violencia, de las armas, de la barbarie, que ha vuelto a México un campo de guerra con mas de 120 mil muertos y 27 mil desapariciones forzadas en estos últimos años?

Sí, fue el Estado.

Un Estado que incumple sus obligaciones constitucionales.

Un Estado sin división de poderes ni federalismo.

Un Estado que no expresa la soberanía popular.

Un Estado que traiciona a la historia de México y su aspiración por una república democrática e independiente, que busque el Bien común, el imperio de la ley, la justicia y la igualdad en el país.

Fue el Estado.

Por eso miente y confunde.

Por eso no puede sacar sus manos del crimen de lesa humanidad.

Por eso quiere dar un carpetazo y cerrar la indagación.

Por eso no puede ni podrá resolver el caso pues nunca admitiría su culpa.

Hacemos responsable al Estado mexicano (como gobierno, régimen político o poder político funcional al capitalismo) de todo lo ocurrido en Iguala contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por eso nos sumamos al grito cada vez más extendido en el país:

¡Fuera Peña!

¡Que se vayan todos!

¡Un nuevo gobierno que termine con la violencia, un nuevo régimen auténticamente democrático, un nuevo sistema que termine con la violencia sistémica del capitalismo!

No aceptamos que se den por muertos sin pruebas fehacientes, simplemente por el dicho de funcionarios que con descaro mienten y se inventan piras imposibles a partir de supuestas confesiones obtenidas con los métodos característicos del poder judicial mexicano. Por eso seguimos gritando:

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.