El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en año y medio de su administración, en política de género y sobre la violencia contra niñas y mujeres ha sido omiso, opaco, incongruente, negligente y, en nombre de la austeridad republicana, se han generado graves retrocesos, obstaculizado el acceso a la justicia para niñas y mujeres que viven en México la crisis de la pandemia covid-19 sin seguridad.
En síntesis, no garantizó los derechos humanos de las mujeres y así se constata en el Informe y Rendición de Cuentas de la Red Nacional de Refugios (RNR), conocido el pasado día 27. De 48 páginas y seis capítulos, responsables de los refugios, directivas y testimonios se puede leer cómo este ha invisibilizado la situación de las violencias y desigualdades que persisten en el país.
Da cuenta de las acciones de los refugios -mayoría de la sociedad civil- y muestra cómo la sobrevivencia de los Refugios y los Centros de Atención externa, a falta de recursos, han atendido las llamadas de auxilio de las mujeres en situación de emergencia. Están saturados, atienden una demanda cada dos horas.
En todo el país, las organizaciones de la sociedad civil se pusieron en la primera línea -de marzo a julio-, se dio atención integral a 23.303 mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de refugios, Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia, Casas de Transición, redes sociales y líneas de atención telefónica, acompañadas integralmente. O sea, un incremento del 71 por ciento de las personas atendidas en el mismo período del año 2019. Esto «Señora Secretaria de Gobernación, es rendir cuentas».
De ahí que, frente a la indignación social, las colectivas y organizaciones feministas «exigimos al gobierno en turno hacerse cargo de su responsabilidad en adoptar políticas públicas participativas, intersectoriales, concretas y medibles para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas».
A la falta de una política de género y de prevención y atención a la violencia, esta administración en 18 meses no ha desarrollado el Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres y Niñas que debe hacerse cada año.
Muestra de austeridad
No obstante, bajo la lógica de la austeridad republicana como guía del gobierno, se han afectado seriamente programas clave para fortalecer y garantizar los derechos de las mujeres y, en algunos casos, se registraron graves retrocesos por la cancelación, retrasos o retenciones del presupuesto.
Si bien el Presupuesto de Egresos 2020 se asignó al Anexo 13, un monto total de 4.650 millones de dólares, superior en 53 por ciento respecto del 2019, solo significa 1,5 por ciento del total del gasto programado.
El detalle es revelador: los Programas que se incluyeron en el Anexo, se puede verificar que no todos se enfocan a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres ni el ejercicio de los derechos específicos de las primeras, menos los derechos sexuales y reproductivos. Ocultó el derecho a la atención a las violencias.
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con transferencias directas representa el 38 por ciento: contrastada con acciones a la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias, estas a cargo de la Secretaría de Gobernación, incluidas las Alertas de Violencia de Género y los Centros de Justicia para las Mujeres. Para refugios se destinó el 0,3 por ciento del total del anexo; y en la Secretaría de Salud, únicamente el dos por ciento.
El discurso presidencial reiterado de que en México «nunca se había apoyado tanto a las mujeres» y nos enlistan los programas definidos por López Obrador como prioritarios, programas que son transferencias directas a las y los beneficiados, pero se abandonó la tarea de informar con datos desagregados. No se sabe, por sexo y contenido, cómo impactan a las mujeres.
Se puede leer en el capítulo correspondiente, que las reglas de operación de la mayoría de los Programas, los criterios de elegibilidad son iguales para los grupos indígenas y para las personas adultas mayores, con ausencia de interseccionalidad y enfoque de género.
Tampoco se identifican acciones afirmativas que beneficien de manera específica a las mujeres, en función de la condición socioeconómica, pertenencia étnica, así como todas sus diversidades, mujeres discapacitadas, de la diversidad sexual, entre otras.
La opacidad consiste en las incógnitas tales como: ¿Realmente se benefician las mujeres indígenas de municipios más marginados? ¿Se conoce si viven situaciones de violencias? ¿Cuáles y donde están los padrones de personas beneficiarias?
El informe detalla que recortes, retenciones y retrasos obstaculizan el acceso a la justicia, la seguridad integral y los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños al no contar con recursos suficientes para responder de forma emergente y en apego a derecho y limitan el acceso de las mujeres a los servicios de salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos.
El gobierno no está cumpliendo con sus responsabilidades de ley y las adquiridas en acuerdos internacionales. El Programa, inexistente hasta ahora, que plasma la estrategia y objetivos del gobierno para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, de la mayor importancia ante la doble pandemia que viven las mujeres en el contexto del covid-19.
¿Cómo se asegura que los recursos lleguen a las mujeres y tomen en cuenta sus especificidades, como la informalidad, si son jefas de familia, si viven violencias? ¿Cuáles son los parámetros para medir que en realidad están disminuyendo las desigualdades y se eliminan las discriminaciones que viven las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida?, tampoco hay evaluación de impacto, seguimiento y monitoreo. Cómo es eso de que las mujeres están recibiendo cómo nunca antes y ¿para qué?
Los Refugios sí cumplen
La situación de las medidas de aislamiento social por la pandemia hicieron visibles las desigualdades y discriminaciones que viven las mujeres a nivel mundial y México ha evidenciado la persistencia de las violencias en los hogares, poniendo en riesgo la vida de cientos de mujeres, niñas y niños, que fueron negadas y descalificadas desde el propio titular del Ejecutivo, detalla la RNR.
En estos meses de emergencia sanitaria se registró un incremento en los feminicidios, los delitos sexuales y la violencia familiar, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De enero a julio de 2020 se registraron 549 feminicidios. En siete meses, se iniciaron 123.927 carpetas de investigación por violencia familiar, pero tan solo en el mes de julio aumentaron las denuncias en 3,7 por ciento con respecto a las registradas en junio, que fue de 18.088. Los servicios de atención a mujeres sobrevivientes de violencias, como los refugios, se han visto rebasados ante el incremento de la demanda de espacios de protección para las mujeres, sus hijas e hijos.
Las Organizaciones Feministas y de la Sociedad Civil están en la primera línea para atender las violencias contra las mujeres, niñas y niños, las violencias familiares, como la RNR que atendió a nivel nacional, de marzo a julio a 23.303 mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de los Refugios Integrantes, sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia, Casas de Transición, redes sociales y líneas de atención telefónica a quienes se les acompañó integralmente, con un incremento del 71 por ciento de las personas atendidas en el mismo período del año 2019.
El informe detalla que se reconoce la importancia de los números y las estadísticas, en el informe se dice que cada número tiene un rostro, una historia, así las voces de mujeres beneficiarias, activistas y coordinadoras de espacios de protección, cuentan la realidad que se está viviendo. Por ejemplo, sólo en el mes de julio crecieron nuevamente las solicitudes de auxilio y orientación brindadas en la RNR, dos solicitudes de auxilio cada hora.