Si la reestructuración en la Secretaría de Gobernación va en el sentido en que lo publicó la periodista Martha Anaya, para desaparecer al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y al Consejo Nacional de Población (CONAPO), se dará el golpe final para desmantelar la política pública para la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.
Implicaría derogar al menos cinco leyes, nulificaría la política de género, la de población y los tímidos avances para encarar la violencia contra las mujeres. Y, como ya dijo el Presidente, hace algunos meses, se eliminaría el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), cuyas funciones son, dijo entonces, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (DIF), cuando México, según la OCDE, tiene el primer lugar en embarazo en adolescentes.
La exdiputada Martha Tagle advirtió en su Twitter que el gobierno de la 4T planea asestar el golpe final para desmantelar la política pública para la igualdad, según relata Alhajero, la columna de Martha Anaya, publicada en el diario El Heraldo.
A su vez, la abogada feminista Patricia Olamendi afirmó que la intención es reducir al máximo los temas de mujeres y lo grave es que en el gobierno no «tenemos quien pueda defender otra posición». Y desafortunadamente el movimiento feminista, el de lobby y negociación está dividido.
El plan, según la columnista, se está discutiendo y «está muy avanzado» y afectaría la defensa de los Derechos Humanos, la que no ha podido atender la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
Las y los demógrafos consideraron que es una confusión, creer que CONAPO, es lo mismo que el trabajo estadístico del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y pensar al proponer que el Consejo Nacional contra la Discriminación pase al Instituto Nacional Indigenista, es considerar que la única discriminación en México es contra los indígenas.
Expertas de Naciones Unidas, dijeron a SEMlac, que el Inmujeres es parte del Gabinete Ampliado y considerado a nivel ministerial. Ni creándole una subsecretaría -cosa imposible- respondería a su objetivo, que no es otro que dirigir la política de género nacional, creado tras firmar acuerdos internacionales, que también se desconocerían.
Lo más grave es que el CONAPO y otras de las instancias descentralizadas o desconcentradas, que se podrían agregar a la Secretaría de Gobernación, son instancias evaluadoras de las políticas, sistemas de coordinación ya sea con las secretarías de Estado o con los gobiernos de los estados de la República.
La fusión de CONAPO a INEGI también lesiona la política de derechos sexuales y reproductivos. Desde ahí a través de más de 40 años, México pudo reducir el crecimiento poblacional, de siete hijos por mujer, a dos, con una velocidad reconocida mundialmente y ahí se crean políticas, no son oficinas burocráticas.
Son todas instituciones con leyes propias, como la decretada en 2007 para la creación del Inmujeres o la Ley de Población que dio lugar al CONAPO y que se ha estado actualizando, porque tiene que ver con la movilidad.
Hay, entre las expertas consultadas, la sensación de que se está desconociendo la construcción de sistemas, coordinaciones e instituciones creadas con el esfuerzo de las feministas, las organizaciones sociales y ciudadanas, que tienen sentido, para no formar parte directa de las secretarías de estado.
En algunos casos, al pasar a Gobernación, como oficinas, subdirecciones e incluso «entes» específicos, se estaría reconcentrado la tarea, donde el Ejecutivo sería juez y parte.
Entre periodistas consultados, se juega con la suposición de que tal vez por eso renunció Julio Sherer a la Consejería Jurídica de la presidencia, ante un plan, argumentando dar mayor poder político a Gobernación y por razones de austeridad que implican un fenomenal cambio legislativo, y leyes secundarias de los mandatos de la Constitución, los acuerdos firmados en convenciones internacionales, como los casos de la no discriminación de las mujeres y la violencia contra las mujeres. Significaría desconocer acciones construidas durante décadas.
Es como lo que quien esto escribe afirmó en Palabra de Antígona, la puntilla misógina del régimen de la 4T transformación, contra la política de igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, mientras el feminismo institucional, decenas de grupos que han hecho lobby durante más de dos décadas, lamentablemente están ausentes y son incapaces de criticar al régimen de Andrés Manuel López Obrador.
La periodista y consultora de género Guadalupe López García explicó a SEMlac que el Inmujeres es el responsable de impulsar la política nacional para avanzar en la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, como lo marca la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual establece la instalación de un Sistema Nacional y la elaboración de un Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Prodigalidad).
Agregó que, en esta administración, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020, con más de un año de retraso. Sin presupuesto, se estableció que los recursos serían aportados por las dependencias federales. El Sistema funciona, pero no tiene la relevancia que tuvo en otras administraciones.
De igual forma, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) indica que el Inmujeres tendrá a su cargo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación. Este sistema, que indican que está instalado, no tiene claras sus funciones y lo que opera las acciones en esta materia es el grupo interinstitucional de estrategias contra las violencias (GIEV), el cual ha tenido distintas denominaciones durante esta administración.
A la salida de Olga Sánchez Cordero, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) que marca la LGAMVLV no se había liberado de la Secretaría de Hacienda. Este, ya casi con más de años de retraso, desde que el 18 de septiembre de 2019, la excomisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, lo había presentado, pero nunca se publicó. En tanto, se efectúan acciones distintas, pero sin una estructura definida ni presupuesto específico.
Lo publicado, que se afirma se discute en Palacio Nacional, sostiene que el plan de reestructuración de la Secretaría de Gobernación
Martha Anaya afirma en su columna que esto es lo que se perfila, a la luz de la reestructuración que por razones de austeridad se está proyectando la 4T y que contempla la fusión de diversos organismos descentralizados y desconcentrados.
Afirma que, desde oficinas de Palacio Nacional, con Hacienda a la cabeza y la participación de todas las instancias involucradas, se está trabajando en el nuevo diseño. Una reconfiguración que por ahora contempla:
-La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) clave para el combate a la violencia contra las mujeres, la absorberá Inmujeres.
-El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dejará su autonomía y se incorporará a Gobernación.
-El Consejo Nacional de Población (Conapo) pasará a ser parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
-La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) encargada de la defensa de los refugiados, pasará a formar parte del Instituto Nacional de Migración (INM), que los deporta.
-El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) podría trasladarse -se está valorando- al Instituto Nacional Indigenista (INI).
-El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) pasaría al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (DIF).
Sostiene que el proyecto va muy avanzado. Ya están trabajando los acuerdos para hacer los cambios más inmediatos y elaborando las propuestas de reforma de leyes para los que se ocupe.
Algunos de los involucrados han intentado que el Presidente cambie estas propuestas, pero López Obrador impulsa estos cambios como parte de las nuevas medidas de austeridad que correrán en su segundo tramo de gobierno.
Uno de los más afectados en su área con este rediseño -se ha opuesto incluso- es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas. Poco ha podido revertir.