La historia de la “democracia” demuestra que siempre que un proceso electoral ha facilitado la victoria de un gobierno de izquierda o simplemente democrático que impulsa un programa de carácter nacional-popular, la democracia ya no sirve y es fuertemente boicoteada, asediada y golpeada.
“El fascismo es una forma anómala que se produce dentro del tipo de Estado capitalista” (René Zabaleta Mercado)
La anterior cita del boliviano René Zabaleta Mercado, figura clave del pensamiento marxista latinoamericano, continúa así: “Fue Hilferding quien definió el fascismo como un intento de organizar, en forma totalitaria, el conjunto de la vida social de acuerdo a los intereses del capital monopólico. Pero es además un fruto característico de los países que han llegado tarde a la conformación de los datos de base de un proceso capitalista y que, como consecuencia de tal rezagamiento, no se instalan con solidez y soltura en lo que se puede llamar la normalidad del Estado capitalista, que es la democracia burguesa”. Para el pensador y militante boliviano, el fascismo era algo más que una experiencia histórico-política concreta del siglo XX de entreguerras en Italia o Alemania.
Los últimos días de octubre y principios de noviembre de 2019 Bolivia vivió unas confusas jornadas que finalizaron con la renuncia del Presidente legítimo Evo Morales Ayma. Un golpe de Estado de libreto que movilizó a distintas fuerzas de la derecha interna boliviana en una misma agenda injerencista coordinada desde la embajada de EEUU en Bolivia.
Tan solo un año después, ocurre algo inédito en la historia de los golpes de Estado en América Latina. El pueblo derrota la injerencia de manera contundente y por la vía pacífica: mediante las urnas; pidiendo masivamente el regreso tanto del gobierno legítimo como de la democracia. Quienes vemos en América Latina un horizonte de esperanza para el futuro de la humanidad, contemplamos con desahogo tanto la toma de posesión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, como el regreso de Evo Morales a Bolivia tras su exilio primero en México y luego en Argentina. En el entretanto, ha pasado un mundo. Gobierno de facto, una pandemia que asola al planeta y mucha organización en condiciones adversas para el movimiento popular. Mediante entrevistas a voces bolivianas y recurriendo fundamentalmente a dos clásicos del pensamiento de uno y otro lado de este histórico batallar del que Bolivia, cómo no, también es escenario, trataremos de reconstruir un pequeño relato sobre el último año en esa tierra de enorme diversidad geográfica, natural y cultural.
Dicen que los pueblos andinos son gente brava. Razones no les falta. Lograron sobrevivir al genocidio y despojo de la invasión conservando identidades y prácticas culturales en esencia anticapitalistas, por definición antiimperialistas. Como nos relató el historiador potosino Walter Zabala Ayllón, de la misma forma que se podría tender un puente desde el Cerro Potosí hasta Madrid con el oro robado por el Imperio español, se podría tender otro con la osamenta de las vidas arrebatadas. Evo Morales recogerá el testigo institucional de 500 años de lucha. Recién inaugurado el siglo XXI, el despojo neocolonial gerenciado por el neoliberalismo, provoca históricos levantamientos en Bolivia. Las guerras del Agua y del Gas son puntos de inflexión que anuncian el tiempo de los pueblos. En ese marco surge la figura de un sindicalista cocalero de origen indígena que, articulado en torno a un instrumento político, gana las elecciones con un 54% de los votos en diciembre de 2005, convirtiéndose en el primer presidente indígena de Bolivia.
La primera vez que pusimos los pies en el Estado Plurinacional de Bolivia, a fines de 2015, Evo Morales seguía liderando el llamado Proceso de Cambio, tras ser elegido por tercera vez consecutiva en 2014. Los casi diez años de gobierno del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), habían conseguido reducir significativamente los índices de pobreza en el que hasta su llegada era el país más pobre de la región después de Haití. A pesar de los cambios, el trabajo informal seguía siendo la fuente de ingresos de multitud de familias bolivianas. En las calles de ciudades y pueblos, las caseritas, indígenas y campesinos, recurrían a la venta informal como fuente de empleo y sobrevivencia. Vendían dulces, queso, semillas de chía, granos de quinoa, frutas, salteñas, flores, artesanías, pañuelos y un sinfín de cosas más. Los colores originarios de los pueblos andinos lucían entre el ajetreo urbano como en ninguna otra capital de América Latina. Algunos sectores habían conseguido ingresar en las “capas medias”, disfrutaban de un empleo estable, sus hijos iban a la universidad y podían compartir entrañables tardes de cine y pipocas (palomitas de maíz) en Sopocachi. El país bullía en multitud de tonalidades, la infancia se organizaba y reclamaba el Código del niño, niña y adolescente trabajador, los movimientos sociales participaban en el gobierno, los pueblos originarios, dignificados, demandaban servicios y carreteras, la gente discutía espontáneamente de política en las plazas, las organizaciones de memoria histórica debatían sobre lo bueno y lo malo, los mineros de la estatal COMIBOL gozaban de derechos laborales y salarios regulados mientras los cooperativistas seguían perforando descontroladamente el Cerro de Potosí sin más seguridad que la que ellos se proporcionan a sí mismos, la DEA de EEUU –administradora durante años del terror y las redes criminales ligadas al narco en el Chapare- había sido expulsada de Bolivia, los carnavales en Oruro o Cochabamba seguían desplegando su sincretismo en desfiles de bailes interminables, lo más granado de la intelectualidad popular latinoamericana acudía a La Paz a dar charlas gratuitas en el edificio de la Vicepresidencia y se celebraban cumbres de descolonización y despatriarcalización en el Círculo de Oficiales del Ejército mientras fuerzas oscuras conspiraban a la sombra de los sables. Lejos de ser un país idílico, trataba de construir, entre cientos de contradicciones y un fuerte lastre de herencia colonial y dependencia capitalista, hacia un mundo más habitable.
Con un discurso antiimperialista y anticapitalista, en defensa de la Madre Tierra, el Presidente Evo era considerado en muchos sectores, sobre todo originario-campesinos, “el mejor presidente que ha tenido este país”, como nos confesaba un campesino en La Higuera. Otros sectores, oligarquía del oriente cruceño y capas acomodadas urbanas, pero también alguna voz de la intelectualidad de izquierda, afirmaban con tan poco rubor como credibilidad que Evo Morales era “un dictador” que pretendía eternizarse en el poder. En ese tiempo y contexto, el MAS decide convocar un referéndum para modificar la Carta Magna y habilitar la candidatura de Evo a una nueva reelección. La derecha desencadena una campaña mediática sostenida en la mentira y centrada en debilitar la figura del presidente.
El 20 de febrero de 2016, nos desplazamos hasta El Chapare junto a la comitiva de periodistas y comunicadores que acompañará a Evo en su votación en el referéndum. Esa noche, tras un día de viaje con comida oficial con el Presidente y grandes medios incluida, en una cena improvisada en la sede de las Seis Federaciones del Trópico en Shinahota, lugar humilde y campesino, base social de Evo Morales, éste llega de improviso y se sienta a cenar como uno más junto a todos nosotros. A las 6:00 de la mañana siguiente, desayuno comunitario en una cancha del pueblito Villa 14 de Septiembre, donde Evo deposita su voto en un ambiente festivo arropado por lugareños y lentes de periodistas nacionales e internacionales. En el conteo final, que en Bolivia se demora varios días por los votos llegados del campo, por muy poco margen, 51,3% frente al 48,7%, el No se impone. La derecha sacará partido de este patinazo, que pasará factura no solo al gobierno, sino a todo el movimiento popular y las grandes mayorías de Bolivia tres años después, cuando tras el fallo del Tribunal Constitucional que lo permite, el MAS postula de nuevo como candidato a Evo Morales para las elecciones del 20 de octubre de 2019.
La historia de la “democracia” demuestra que siempre que un proceso electoral ha facilitado la victoria de un gobierno de izquierda o simplemente democrático que impulsa un programa de carácter nacional-popular, la democracia ya no sirve y es fuertemente boicoteada, asediada y golpeada. América Latina conoce bien esa realidad. Jacobo Árbenz en Guatemala, João Goulart en Brasil, Salvador Allende en Chile y tantos ejemplos más en el calendario de la infamia. Tres años después de nuestro trabajo de campo en el país andino, en octubre de 2019, el pueblo es víctima de un golpe de estado atípico, que pone un paréntesis en la democracia boliviana.
Las elecciones del 20 de octubre de 2019 son el momento clave que la agenda de desestabilización está esperando. Una serie de errores abonan el terreno a la derecha. Con el recuento al 83%, se interrumpe la transmisión del conteo rápido no oficial; los resultados muestran una victoria del Movimiento al Socialismo de menos del 10%, lo que llevaría a una segunda vuelta electoral. Confiando en el voto del interior, baluarte del MAS, la noche electoral Evo afirma haber conseguido una nueva victoria. 24 horas después de interrumpida la transmisión, el conteo rápido muestra a Evo ganador en la primera vuelta, a la espera de los resultados oficiales. La derecha despliega su baza y acusa de fraude al gobierno, calentando los motores del embate. Carlos Mesa, líder opositor, llama a su gente a salir a la calle. Las actas oficiales del conteo de votos dejan al MAS con el 47,08% de los votos frente al 36,51% de Mesa. Más del 10% de diferencia; no habrá segunda vuelta. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos, también conocida como “ministerio de colonias yanqui”, emite un informe que califica el resultado de “inusual”, instando a realizar una segunda vuelta. Fuerzas de choque de extrema derecha copan las calles provocando caos y violencia mientras los mecanismos se asedio internacional siguen marchando. La Unión Europea emite un comunicado que respalda la posición de la OEA. El MAS, ante las acusaciones de fraude, y con organismos regionales como la CEPAL y UNASUR debilitados, accede a que la OEA haga una auditoría vinculante sobre las elecciones. En las calles continúan los altercados y las movilizaciones de la derecha. En algunas zonas acompañan sectores medios de altas aspiraciones o desencantados con el MAS. La policía se pone del lado de los golpistas. El día 10 de noviembre los acontecimientos se aceleran. La violencia de grupos armados neofascistas contra miembros del ejecutivo se sucede. Rompiendo los acuerdos, el secretario de la OEA Luis Almagro anuncia por Twitter un informe preliminar que afirma haber evidencia de irregularidades. Evo anuncia la repetición de las elecciones. La histórica y combativa Central Obrera Boliviana (COB), en un acto que siendo benévolos calificaremos de incomprensible, aconseja a Evo dimitir en la voz de su secretario, Juan Carlos Huarachi: «Si es una acción y una medida [la renuncia] para que el pueblo se pacifique, compañero presidente le llamamos a la reflexión de que pueda asumir esta responsabilidad”. Lo que define la balanza son las palabras en rueda de prensa del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kalimana pidiendo a Evo que renuncie. Los movimientos populares se muestran dubitativos. Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera presentan su renuncia. “No queremos que haya enfrentamientos”, afirma Evo. Ambos abandonan el país dos días después en un clima de amenazas y hostigamiento a los dirigentes del MAS, exiliándose en México. Decisión que será cuestionada por una parte de la militancia y los sectores populares, quienes quedan sufriendo persecución y violencia. Siguen renuncias en cadena de dirigentes del MAS, entre ellas la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. La segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez se autoproclama presidenta transitoria de Bolivia. Es 12 de noviembre y el golpe se ha consumado.
Javier Larraín es periodista de origen chileno; director editorial de la revista Correo del Alba, vive desde 2014 en Bolivia, cuando llegó a trabajar al recién creado Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Lo conocimos en La Paz en marzo de 2016, en la presentación de un libro sobre el Che del argentino Daniel de Santis. Como buen militante y mejor guevarista, Javier estaba detrás de una pequeña mesa apoyando en la venta de los libros del autor. “Es un libro bien interesante”, nos dijo con inconfundible acento chileno. A la llegada del golpe, Javier es uno más de tantos periodistas y comunicadores de medios populares que quedan en la mira. Hoy, nos relata cómo se vivieron aquellos días del golpe. Por lo gráfico y valioso de su testimonio, lo compartimos prácticamente íntegro.
“Fueron 21 días de revuelta y desestabilización, a través de diferentes formas de lucha, pero que tienen una característica. En primer lugar fueron territorialmente de oriente a occidente, avanzando y tomando zonas. Primero Santa Cruz, luego Cochabamba, hasta que se toma La Paz. El día 4 de noviembre es el día que, desde el Cristo de Santa Cruz, Camacho llama a tomarse empresas, a formar anillos de empresas estatales, del Banco Estatal y medios de comunicación, de no dejar pasar ni entrar nada. Bloqueos que se combinan con los piquetes en las ciudades y que tienen bastante efectividad. Fue muy subestimado pero fue efectivo. Tú ibas a un banco y no te dejaban entrar los grupos opositores. Lograron paralizar las entidades. Fue una escalada, y toda esa combinación de cosas que va subiendo de oriente a occidente cristaliza con el famoso motín policial de la tarde del 8, donde la policía con todos estos enfrentamientos en Cochabamba se repliega, se encierra en la UTOP (Unidad Técnica Operativa de la Policía Nacional) y dicen a la ciudad “allá ustedes”, cuando eran los grupos paramilitares quienes la controlaban, por lo que es el paso a decir “no vamos a intervenir”. Durante esas horas se empieza como dominó a sumar el resto de la policía del país. En La Paz se suma el día 9, se repliegan también en la UTOP. Esto demuestra una estrategia donde los medios de comunicación están incorporados. ¿Por qué? Porque cuando llega la gente de Camacho, grupos paramilitares, que era muy evidente, tú los veías en las calles, tipos de una estatura de metro ochenta para arriba, blancos, muchos cruceños, y también muchos extranjeros, colombianos, venezolanos, pero además con bastante formación; tú los veías, me tocó cubrirlo, y por lo general se replegaban en tres grupos, un adelantado, un centro y una retaguardia, donde por lo general estaba el comando central, a unos 20 metros de la barricada; tenían asistencia médica y bastantes señales, como una fogata en la parte de la vanguardia; muchas cosas muy planificadas y en el marco de esa planificación, como suele ocurrir en los golpes de Estado, una línea estratégica fueron los aparatos de comunicación. Apenas llegan a la ciudad el día 9, mientras están copando los distintos puntos, se va un piquete a la Avenida Camacho a tomar Radio Patria Nueva, toman Canal 7, BTV, paralelamente un grupo se despliega a Miraflores y toma la radio de la CSUTCB, es decir, cortan de inmediato todos los medios de comunicación que pudieran defender al gobierno o donde pudiera expresarse Evo. Sacan por la fuerza a la gente de esos edificios. Hablamos de un día antes de que las fuerzas armadas piden la renuncia, también la COB y que Evo Morales renuncie, el día 10 de noviembre”.
¿Quién lidera la escalada de protestas desde el oriente cruceño hasta La Paz que culminan en la renuncia de Evo y el supuesto vacío de poder? Santa Cruz es la base de la derecha blanca con ascendencia europea. Hábitat de la poderosa oligarquía terrateniente. Epicentro de la ofensiva de la Media Luna contra el Proceso de Cambio. Con pretensiones de autonomía de tintes supremacistas, lideró en 2008 una serie de ataques de grupos paramilitares y fascistas que pretendían tumbar al gobierno. El principal de esos grupos, el Comité Cívico de Santa Cruz, satélite de las élites empresariales cruceñas. Luis Fernando Camacho era en 2019 su presidente. En su acto de masas junto al Cristo Redentor, el 4 de noviembre da un ultimátum de 48 al Presidente Evo para que renuncie. “Voy con la Biblia en la mano derecha y la carta de renuncia en mi mano izquierda”. Conocido como “El Macho”, el líder cruceño es un abogado de familia acomodada con estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona. Su militancia comienza hace casi 20 años en la Unión Juvenil Cruceñista. Autodefinida como “cívica”, es en realidad una suerte de grupo paramilitar que presume de un largo expediente de actos racistas contra el mundo indígena. Un paseo por internet muestra fotografías de sus miembros en diferentes actos alzando la mano con el saludo nazi. La palabra fascista no define solo su filosofía; también su identidad. La Unión Juvenil Cruceñista, brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz, fue punta de lanza y primera línea en las jornadas violentas de octubre-noviembre de 2019.
El 10 de noviembre, antes de la dimisión de Evo y cuando éste ya se encontraba de camino al Chapare buscando la protección de sus bases, Camacho entra, con ayuda de la policía y biblia en mano, en el Palacio de gobierno; deja bandera, biblia y carta en el suelo y se fotografía arrodillado ante ellas. La Biblia ha entrado al Palacio Quemado; policía y derecha fanática queman la bandera Wiphala, símbolo de los pueblos originarios, revelando la tónica por venir.
En su obra El Príncipe, Nicolás Maquiavelo afirma que quien “ocupa un Estado debe tener en cuenta la necesidad de examinar todos los castigos que ha de llevar a cabo y realizarlos todos de una sola vez, para no tener que renovarlos cada día y para poder –al no renovarlos- tranquilizar a los súbditos y ganárselos con favores”. El poder, devoto estudioso de Maquiavelo, conoce bien esas directrices. El terror es la razón de Estado de la “anomalía” fascista. Ocurrió en España los primeros días y años del franquismo como ocurrió en Chile constituida la Junta Militar de Pinochet, como ocurrió, salvando las diferencias pero en la misma lógica, en la reciente Bolivia. La persecución política se intensifica en los primeros momentos, días y a veces años para desactivar los focos de rebeldía y pensamiento crítico contra la injusticia. En Bolivia esos primeros momentos sentaron las bases del miedo, un claro mensaje a todo el movimiento popular que tiene, suele pasar, a la comunicación como objetivo prioritario. El caso más emblemático, que dio la vuelta al mundo, fue la agresión al periodista José Aramallo, quien “estaba en la radio de la CSUTCB en Miraflores, lo tomó una turba, lo desalojó, le quitaron la ropa, lo golpearon, lo amarraron a un poste y lo empezaron a vejar. Eran los minutos más tensos, un día antes de la renuncia de Evo, cuando ya se habían dado golpizas, como el caso de las dos mujeres de pollera en el centro de Cochabamba; la tortura a la alcaldesa de Vinto Patricia Arce, que le rompieron la ropa, le cortaron el pelo, la pintaron de rojo, la rociaron de gasolina, la hicieron caminar descalza, la escupieron, un martirio lo que vivió esa pobre mujer; secuestran al hermano de Víctor Borda, le queman la casa. Es el momento de extrema tensión, de ofensiva absoluta de ellos y desconcierto de nuestro lado”, afirma Larraín.
Consumado el golpe ante un movimiento social aturdido, se logran articular las primeras resistencias al gobierno de facto en forma de bloqueos, marchas y manifestaciones en zonas históricamente combativas como Cochabamba o El Alto, escenarios de las históricas Guerra del Agua y Guerra del Gas. El 15 de noviembre la autoproclamada Áñez aprueba el decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a los efectivos de las FFAA en sus operaciones contra las protestas. Ese mismo día, una marcha de cocaleros del Trópico, es reprimida ferozmente en Sacaba, Cochabamba. 11 muertos y 120 heridos. El 19 de noviembre, en la periferia de El Alto, cada vez más vecinos autoconvocados de pueblos de la zona se suman a la protesta contra el golpe que desde hace días bloquea las inmediaciones de la planta de gas de la nacionalizada YPFB, punto clave para el abastecimiento de gasolina que en la Guerra del Gas de 2003 sirvió para tumbar al presidente Sánchez de Losada. Una intervención policial y militar despliega lacrimógenas, helicópteros, aviones de guerra y balas. Otros 11 muertos y 78 heridos. Todos civiles. Los medios de comunicación invisibilizan ambos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos los calificará de masacres. Pasarán a la historia del oprobio como las masacres de Sacaba y Senkata.
Recurramos de nuevo a El Príncipe, a esos pasajes donde Maquiavelo afirma que “las injusticias se deben hacer todas a la vez a fin de que, por gustarlas menos, hagan menos daño, mientras que los favores se deben hacer poco a poco con el objetivo de que se saboreen mejor”. Como dictan los cánones maquiavélicos, una vez sentadas las bases del terror, se puede flexibilizar su esencia. En Bolivia aplicaron el libreto al dedillo. Tras las masacres y el clima de persecución y violencia generalizada, el movimiento popular se repliega. Una vez hace efecto la dosis de castigos, llega el momento de calcular los favores. Con 37 muertos a sus espaldas, el 28 de noviembre, el régimen deroga el decreto 4078. Días después emite otro para compensar económicamente a los familiares de los fallecidos y heridos entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre. Favores compran voluntades. Pero ocurre algo que no aparece en el libro de recetas de Maquiavelo. Las familias rechazan la compensación. En pleno fango, la dignidad augura tiempos de esperanza.
El modo de desactivar la comunicación crítica con el régimen fue sencillamente asfixiarles económicamente, como relata Larraín: “nos negaron toda la publicidad y nos obligaron a cerrar, porque casi toda la prensa de este país vivimos de la publicidad. Por ejemplo, Correo del Alba tuvimos que cerrar, no teníamos recursos para publicar por escrito. La Época tuvimos que cerrar, solo replegarnos a la plataforma de internet. La misma suerte corrió Le Monde Diplomatique. La misma La Razón, que no desapareció porque es mucho más grande pero tuvo que hacer un despido masivo en enero. Y están las estadísticas de cómo el 72% de los recursos del Estado invertidos en publicidad se desviaron a los medios de derecha. Tuvo resultado, porque la prensa aquí tenemos condiciones muy precarias y solemos vivir de la publicidad estatal, que tampoco es mucha pero nos permite subsistir y esa fue la llavecita que nos cortaron”.
El 24 de noviembre de 2019, la presidenta de facto Jeanine Áñez fija las elecciones para el 3 de mayo. Con diferentes excusas, entre ellas la aparición en escena del nuevo actor Covid-19, las elecciones se retrasarán hasta en 3 ocasiones. Mientras, el objetivo es desactivar al MAS como opción electoral. ¿Cómo? Tratando de inhabilitar a sus candidatos; acusándolos de terrorismo, abriendo procesos de evidente judicialización de la política e incluso intentando quitar al MAS la personería jurídica. El mismo Evo Morales será imputado por terrorismo por la Fiscalía del Departamento de La Paz, que pidió su prisión preventiva por las protestas del movimiento popular tras el golpe.
Patricia Hermosa, quien fuera la jefa de Gabinete de Evo, era su apoderada legal y se encargaba de presentar los trámites legales para la postulación de Evo al senado de Cochabamba para las elecciones del 3 de mayo. Fue encarcelada acusada de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La diputada del MAS Sonia Brito, en conversación con Vocesenlucha en julio de 2020, nos relataba el caso de su compañera: “Patricia Hermosa es una de las aproximadamente más de 20 personas que han sido detenidas y tenemos identificadas; posiblemente haya otras muchas más mujeres presas políticas de este régimen desde que tomó el gobierno. Muchas de ellas son del órgano electoral, que las han apresado. Algunas están en la prisión de Obrajes, a muchas otras les han dado prisión domiciliaria, especialmente a las vocales electorales. Están con procesos y en cualquier momento pueden ser detenidas otra vez. Hay muchísimos detenidos políticos, están los siete asilados que no se les da el salvoconducto. Y uno de los casos que se ha visibilizado más es el de Patricia Hermosa, ya que en el mes de enero ella fue detenida cuando estaba haciendo el trámite de inscripción de Evo Morales como candidato a senador. Ella, al haber sido Jefa de Gabinete, tenía los papeles, tenía un nivel de confianza con él y estaba agarrando los documentos originales de Evo Morales. Ya fue denunciada por sedición y terrorismo un mes o dos antes, y se presentó ante el Ministerio Público, hizo declaraciones y estaba defendiéndose en libertad. El móvil de su detención fue tener la inscripción de Evo Morales a las elecciones. Ese día tuve la posibilidad de estar con ella en la mañana, y me comentó que le faltaba recoger un trámite en la contraloría y con eso ya podía inscribirlo. En horas de la tarde, cuando salía de su domicilio junto con un acompañante fue interceptada por una movilidad donde se presentó el coronel Iván Rojas, el director nacional de la Policía, un personaje que ha estado actuando en todos los casos políticos. Le dijeron que estaba detenida, no le mostraron ninguna orden de detención, la hicieron subir al auto y su acompañante se fue con un maletín. Entonces se percataron que ella no tenía los documentos de Evo Morales e inmediatamente dieron alcance al acompañante y le quitaron la maletita con los papeles, y la retuvieron más de una hora en el auto, porque estuvieron esperando que se elaborara la orden de detención. En ese ínterin tomamos conocimiento y nos fuimos a buscarla y no se encontraba ni en celdas judiciales ni en el FELCC, estaba desaparecida. Su marido denuncia la desaparición y las organizaciones de derechos humanos, el Defensor del Pueblo, empiezan a movilizarse. Después de dos horas aparece en el FELCC, donde se le toman declaraciones. Yo estaba presente cuando se apertura el sobre que le habían requisado y no estaba la libreta del servicio militar del Presidente. A ella la acusan de sedición, terrorismo y financiación al terrorismo, esos son los cargos. Aquí hubo una denuncia de terrorismo contra Evo Morales que nunca ha sido probada, simplemente con esa denuncia se empezó a detener a las personas como si hubiera sentencia ejecutoriada. Como si Evo fuera terrorista, y todas las personas que hablan y se comunican con él desde el exilio, organizaciones, dirigente, autoridades, son posibles terroristas para el gobierno”.
Libros de recetas de la infamia como El Príncipe de Maquiavelo, escrito a principios del siglo XVI, forman parte del arsenal operativo de los experimentados poderes del siglo XXI. Sería un grave error para el pensamiento popular obviar que en Bolivia, durante aquellos 21 días de 2019, como ocurre de forma permanente en Venezuela, esos libretos operaron en todo su esplendor. Cinco siglos de conspiraciones a la sombra de la pandemia capitalista, actualizan los manuales del mal. Por suerte, son los pueblos quienes tejen la última palabra del devenir histórico.
Continuará
Vocesenlucha. Comunicación popular. Pueblos América Latina, el Caribe y Estado español