Desde que Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre del 2019, se registraron más de 35 casos de corrupción en el país, y los más resonantes fueron los que incluyen a personas de confianza del gobierno de facto en las principales empresas estratégicas como la de aeronavegación BoA, la de comunicaciones Entel y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB).
El caso que causó mayor escándalo y repudio fue la compra con sobreprecios de respiradores que son inservibles para el tratamiento de pacientes críticos con Covid-19. Pero cuando se pensaba que no se podía superar ese vil negociado, se sumó otro acto de corrupción repudiable, que adquirió carácter de escándalo recientemente en el país.
Se trata de la compra por parte del gobierno de facto de agentes químicos con los que reprime al pueblo boliviano. El 25 de noviembre del 2019 el ministerio de Gobierno a la cabeza de Arturo Murillo, pidió a la empresa Cóndor un presupuesto técnico- económico por la compra de agentes químicos para la fuerza policial y militar.
Al día siguiente manifestó a la empresa Cóndor que la compra de los agentes químicos se realizaría a través de la empresa intermediaria brasileña Bravo Tactical Solutions LLC que tiene sede en EUEU, y no con un distribuidor que dicha empresa tuviera en Bolivia. En ambas oportunidades la carta estuvo firmada por Sergio Zamora, director de asuntos administrativos del ministerio de Gobierno.
El 19 de diciembre, en el marco del decreto supremo 4.116 con fecha 12 de diciembre del 2019, el ministro de Defensa Luis Fernando López y el representante legal de Bravo Tactical Solutions LLC, Brayan Samuel Berkman, firmaron un contrato de compra directa de agentes químicos por 5.649.137 de dólares equivalente a 39.317.998 millones de bolivianos.
La cantidad y descripción de la compra en el contrato refiere a: 50.000 proyectiles de largo alcance, 50.000 de corto alcance, 11.500 granadas de cuádruple acción, 11.500 granadas de triple acción, 12.000 aerosoles, 11.500 perdigones de goma, 69.647 cartuchos de pólvora.
El gobierno de facto compró dos productos químicos al siguiente valor: se pagó 38,80 dólares (270 bolivianos) por cada unidad del proyectil de largo alcance 37/38 mm y se adquirieron 50.000 unidades del proyectil de triple acción 37/38 mm por los que se pagó 35,92 dólares la unidad (250 bolivianos).
Como dato ilustrativo, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela compró los mismos productos a la misma empresa brasileña, pagando por el proyectil de largo alcance 37/38 mm 13,55 euros (112 bolivianos) por unidad, y 55 euros (116 bolivianos) por unidad del proyectil de triple acción 37/38 mm.
Por lo tanto el gobierno boliviano pagó más del doble de lo que pagó el gobierno venezolano por los mismos productos y a la misma empresa. De acuerdo a la orden de compra de Venezuela respecto a 100 mil gases lacrimógenos, hay una diferencia de sobreprecio de 2.126.436, dólares (14.800.000 bolivianos) en detrimento al estado boliviano.
El ministerio de Gobierno designó un intermediario para comprar 215.000 agentes químicos por el valor de 5.650.000 de dólares de forma directa a través de la empresa brasileña Bravo Tactital Solutions, cuyo representante legal es el hijo de Luis Brerkman Littmann, quién fuera procesado en 2001 por el delito de tráfico de armas..
En ese entonces logró salir de la cárcel con medidas sustitutivas: se fugó a EEUU, donde fue procesado por ese delito. Aquí la clave: Luis Brerkman Littman, dueño de la empresa intrmediaria, es amigo de Rodrigo Méndez Mendizábal, hombre de confianza de Arturo Murillo y actual jefe de gabinete del ministerio de Gobierno que eligió la empresa intermediaria para realizar dicha compra.
La modalidad delictiva en la compra de respiradores y en agentes químicos.
En ambos casos se repite la modalidad delictiva: las compras se realizaron con sobreprecios elevados y se utilizaron intermediarios “a dedo” para realizar la compra, que tiene como protagonistas a altos funcionarios del gobierno de facto implicados en una red de corrupción.
Y hay implicados que cuentan en su haber condenas dictadas por la justicia. También, en ambos casos se expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
El caso de los “agentes químicos” tiene como principales protagonistas a altos funcionarios como el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al jefe de gabinete de dicha cartera Rodrigo Méndez Mendizabal y al ministro de Defensa Luis Fernando López. Murillo reconoció la compra mediante un comunicado, pero sostuvo que se realizó dentro del marco legal, aunque las pruebas de los contratos lo contradicen.
Murillo solicitó al periodista Junior Arias que rectificara las acusaciones por el caso: “No vamos a descansar hasta que el señor Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las apersonas dañadas”. Por su parte, el periodista ratificó las denuncias y confirmó que solicitará medidas cautelares de protección ante las amenazas a la CIDH.
Por otra parte, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza manifestó su “grave preocupación” por la respuesta del ministerio de Gobierno a un periodista. Sostuvo que “calificar de guerra sucia o guerra política a un medio es estigmatizador, en lugar de rendir cuentas sobre el tema de fondo”, señalo.
En el caso participó una empresa intermediaria “amiga”, como en el caso de los respiradores. Rodrigo Méndez Mendizábal, actual jefe de gabinete del ministerio de Gobierno, es amigo de Luis Brerkman Littmann, dueño de la empresa intermediaria que vendió los agentes químicos y quien tiene antecedentes delictivos por venta de armas de guerra, lo cual no fue impedimento para que la empresa fuera elegida como intermediaria.
El escándalo amenaza con salpicar a la presidenta de facto, porque a Rodrigo Méndez Mendizábal se lo observa en fotos en reuniones privadas y en plena campaña electoral junto a Áñez.
En el “caso respiradores”, en el que están implicados funcionarios de primera línea, fue detenido el exministro de Salud Marcelo Navajas, entre varios otros. Navajas tenía en su haber una condena por la venta con sobreprecios de medicamentos para el cáncer en el momento de asumir como funcionario y esto no fue impedimento para ocupar el cargo.
Su esposa involucró a la presidenta de facto, Jeanine Áñez y al ministro de Gobierno Arturo Murillo de ser responsables por la compra de los respiradores, dado que su esposo “no tenia poder de autorizar transferencias de dinero para compras” y amenazó con hablar si mantenían en la cárcel al exministro:Navajas fue liberado pocas horas luego de su detención.
El caso, volvió a ser noticia con la detención del juez Hugo Huacani, quién le iba a tomar declaración a Navajas, quién fue detenido sin una orden de aprehensión, ni causa penal abierta en su contra por Iván Rojas, director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por orden de Murillo que desató un escándalo a nivel mundial.
Huacani escribió en un papel improvisado su propio hábeas corpus y rememoró a los bolivianos un suceso de 1972, cuando el abogado Reynaldo Peters redactó un hábeas corpus en papel higiénico cuando fue detenido por la dictadura de Hugo Banzer.
Finalmente se designó otro juez en el caso, allegado de Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, aliada de Áñez. En el medio, apareció Fernando Húmerez, un “testigo clave” que se presentó de forma espontánea y adujo tener pruebas para demostrar que el gobierno de facto fue estafado por las empresas españolas en su buena fe.
Si tal es el caso, llama la atención que el ministerio público solicitara a la autoridad judicial la reserva del caso.
Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)