Ningún gobierno como anterior había tratado a los maestros como lo ha hecho el de Enrique Peña Nieto. La imposición de la falsamente etiquetada como reforma educativa ha llevado a niveles nunca antes vistos de enfrentamiento entre los poderes federales y el magisterio. El estallido del paro nacional magisterial este 15 de mayo ha escalado […]
Ningún gobierno como anterior había tratado a los maestros como lo ha hecho el de Enrique Peña Nieto. La imposición de la falsamente etiquetada como reforma educativa ha llevado a niveles nunca antes vistos de enfrentamiento entre los poderes federales y el magisterio.
El estallido del paro nacional magisterial este 15 de mayo ha escalado el nivel de la conflagración entre la administración del presidente Peña y los maestros. La estrategia de aquél se ha desplegado en dos campos: el amedrentamiento y las amenazas de descuentos y despidos, por una parte; la minimización y el desdén a la movilización a través de una campaña de medios que presenta el paro como un fracaso, por la otra. La de los docentes, el recurso, otra vez, a la movilización masiva en marchas y plantones, y la suspensión indefinida de las labores en gran parte del territorio nacional.
Ambas partes saben lo que se está jugando. Para el régimen, su inviolable principio de autoridad, su apuesta a la derrota total de la oposición magisterial y la recuperación del control del gremio más grande el país y de América latina; para los profesores, la defensa de la fuente de trabajo, de la autonomía sindical y la participación democrática en el proceso de enseñanza, así como principios constitucionales como la no retroactividad de las leyes, la estabilidad en el empleo y la bilateralidad en la contratación.
Si bien la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación encabeza la movilización magisterial a partir de sus contingentes consolidados tradicionales (Oaxaca, Chiapas, D. F., Guerrero, Michoacán), lo cierto es que el paro incorpora también amplios segmentos de muchos otros Estados del país, aun donde la presencia de aquélla es minoritaria.
La reforma tuvo desde el inicio, sin duda, un objetivo no educativo, sino político y laboral, y como lo afirma el rector de la UNAM Enrique Graue Wiechers, y como ya lo han señalado investigadores expertos en el tema de la educación como Manuel Gil Antón, Hugo Aboites -también rector de la UACM- y varios más, además de muchísimos maestros que resisten a su unilateral y arbitraria imposición. Es una reforma concertada entre los actores políticos desde el llamado Pacto por México, a espaldas de los maestros que supuestamente serían los beneficiarios. Pero al final, el avance de la enmienda se ha dejado no en manos de los políticos sino de las fuerzas «del orden»: policía federal, policías estatales y hasta el Ejército y la Armada. Cinco mil elementos cuidan la aplicación de la evaluación magisterial en Morelia, Michoacán, aunque se presentan sólo 724 de los maestros convocados; nueve mil policías federales se han trasladado a Chiapas; un número semejante a Oaxaca. Ya antes el gobierno federal había aprehendido y trasladado a un penal de alta seguridad a cinco profesores dirigentes del movimiento en esta última entidad: Roberto Abel Jiménez Othón Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco Matus, Efraín Picaso Pérez y Aciel Sibaja Mendoza. Muy probablemente, durante las actuales jornadas habrá más detenciones y reclusiones como respuesta al movimiento.
Para aplicar la nueva legislación laboral magisterial Enrique Peña seleccionó a Aurelio Nuño Mayer, sin antecedente alguno en el sector educativo pero uno de sus amigos y colaboradores más cercanos, que anteriormente venía ocupando la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y a quien los maestros disidentes llaman El Sargento, por su capacidad para movilizar policías.
Se trata de una represión en escala sin precedente contra los maestros, aun cuando se puedan encontrar algunos antecedentes históricos. Los gobiernos del PRI, y también de los panistas Fox y Calderón, siempre tuvieron, por una vía o por otra, la cercanía y el control corporativo del sindicato magisterial. Apoyándose en cacicazgos fuertes como los de Manuel Sánchez Vite, Carlos Jonguitud Barrios o Elba Esther Gordillo, la lealtad de la gran mayoría de los docentes estaba asegurada. Los maestros fueron como regla general utilizados para el activismo electoral y en consecuencia para asegurar los triunfos del oficialismo en turno. La oposición, siempre minoritaria, neutralizada o reprimida sólo selectivamente; unos pocos de sus dirigentes, los más identificados, llegaron a veces a las prisiones; el asesinato, como el de Misael Núñez Acosta, era un recurso extremo pero también excepcional.
La brutalidad con la que ahora se busca imponer la pretendida reforma corresponde, sin embargo, a otra lógica; no meramente la de la conservación de la estructura corporativa de poder y su uso para fines políticos, sino la del control absoluto y aun la desarticulación de cualquier forma de salvaguarda de derechos que se tenían por consagrados. No es la lógica de una nueva propuesta educativa sino la misma que movió a la reforma laboral de 2012: la de la precariedad en el trabajo, la disminución de prerrogativas al trabajador -ésas que el secretario Nuño llama «privilegios»- y a su sindicato, y la ampliación casi absoluta de la capacidad de control por la parte patronal por medio de la flexibilización del trabajo.
Se trata de un proyecto de mera gestión administrativa de la fuerza laboral, similar asimismo al que el gobernante francés François Hollande ha impuesto, también unilateralmente, a los trabajadores de su nación: flexibilización del mercado de trabajo, facilidades para el despido sin costo para los patronos y disminución del gasto público. En el caso de los maestros de México, la evaluación universal, estandarizada, es el instrumento que permitirá remover sin desembolsos ni «responsabilidad para la Autoridad Educativa» (Art. 53 de la Ley del Servicio Profesional Docente) a los maestros que no aprueben una tercera evaluación -siempre elaborada unilateralmente por las autoridades del «autónomo» Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INEE-, aun cuando éstos tengan ya una plaza de base y antigüedad en el empleo. Por eso afirman los disidentes que evaluarse es poner a disposición de la SEP, o de la SEE en su caso, sus plazas. La sedicente reforma educativa coloca a los docentes, así, en una situación de excepción entre los servidores públicos y en condiciones de indefensión. Por eso es igualmente una declaración de guerra contra el magisterio en general y en particular contra los disidentes.
La amenaza actual es el despido de todos los profesores que participan en el paro nacional, y también el de los que, habiendo sido convocados, no acudieron a la evaluación. Nuño afirma tener listos 26 mil nuevos profesores para sustituir a los despedidos; sin embargo, los participantes en el paro podrían ser 150 mil o 200 mil en todo el país.
Por otro lado, está la movilización de los estudiantes de las vocacionales del Politécnico, que también desconocen al secretario Nuño y se oponen a la centralización del mando de su institución en manos de éste. Con alrededor de un mes en paro, la resistencia al verticalismo que se quiere imponer también es manifiesta.
Nos hallamos en un momento crucial para la reforma y para quienes la resisten. Las fuerzas han vuelto a tensarse, con un resultado incierto. Lo seguro es que el costo social de la unilateralidad gubernamental, de su intransigencia en imponer un proyecto excluyente, sin consulta con los involucrados ni aceptación de éstos, ha sido ya muy alto, y sus efectos negativos para el proceso educativo. Paros, marchas, plantones, enfrentamientos, movilización policiaca, amenazas, despido y prisión son la marca de una enmienda sin contenidos didácticos ni propuesta educativa. Parafraseando a Bertold Brecht, vivimos tiempos de guerra, tiempos sin sol.
Eduardo Nava Hernández, Politólogo – UMSNH
Fuente original: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc4721
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