No creo equivocarme si afirmo que la imagen del presidente López Obrador, acompañado indefectiblemente de militares y a bordo de un vehículo —también castrense— que se ha atascado en el lodazal en algún lugar del Estado de Guerrero, será uno de las estampas icónicas del sexenio. Para un gobierno que ha apostado tanto a la personalización del poder, a la omnipotencia, infalibilidad y ubicuidad, y aun al culto a la personalidad del presidente, el que no se haya logrado la fotografía de éste con los damnificados de la costa guerrerense tras el huracán Otis, debe contarse como un fracaso. No ha vuelto a intentar llegar a la zona de desastre. Las visitas que ha realizado ulteriormente al puerto, sin recorrer las colonias devastadas y sólo para presidir reuniones de evaluación a puerta cerrada en la base naval, han pasado inadvertidas para la población local. Pero sí, un par de días después del desastre, realizó una gira con claros tintes electorales por diversos municipios del Estado de México, acompañado desde luego por la recién estrenada gobernadora Gómez Álvarez. Ahora se anuncia, eso sí, para la próxima semana, una nueva visita presidencial al municipio sinaloense de Badiraguato y un viaje a San Francisco en los Estados Unidos para acudir a la Cumbre del Pacífico y a una reunión con el presidente Biden, con lo que Guerrero ha pasado en la agenda presidencial a un segundo plano.
Pero ello no es lo más grave. Lo es el que en el presupuesto federal de egresos para 2024 no se haya establecido con claridad de qué partida o partidas se extraerán los recursos para la reconstrucción de Acapulco y municipios contiguos, y más cuando desde 2021 el gobierno suprimió el fideicomiso que correspondía al Fondo de Desastres Naturales, Fonden, que se encuentra, en consecuencia, desfondado.
Ambigua o vagamente, el gobernante no ha dejado de repetir que el dinero para la emergencia y el rescate será “suficiente”, y que “no hay límite” en lo que se destinará para la rehabilitación del centro turístico. La cifra que ha mencionado es de 61 mil millones de pesos, cuando otras estimaciones, internacionales sobre todo, señalan que se requerirán 16 mil millones de dólares, esto es alrededor de 300 mil millones de pesos, cinco veces más que lo señalado desde la tribuna presidencial. Más, cuando el ofrecimiento inicial del mandatario es que los guerrerenses tendrán una navidad normal, feliz, que para marzo o abril de 2024 los servicios turísticos estarán funcionando en un 80 por ciento (se refiere a los grandes hoteles que pertenecen a cadenas transnacionales) y hasta podrá realizarse el acostumbrado Tianguis Turístico en la próxima primavera. Aun cuando parte de ese costo lo asumirán las empresas hoteleras mismas y las compañías aseguradoras, están por verse la cuantía del gasto pendiente y el tiempo que llevará la recuperación efectiva no sólo de la infraestructura turística sino de las viviendas populares, zonas rurales y cultivos destruidos por el imprevisto y devastador meteoro del 25 de octubre.
Tan no parece haber recursos suficientes que el mismo presidente sugirió negociar con la Suprema Corte de Justicia destinar los 15 mil 400 millones de pesos que el Poder Judicial manejaba en fideicomisos, ya extinguidos por el Legislativo en ese momento, a atender la catástrofe, e incluso ha exigido su entrega inmediata con ese motivo. Y hasta Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, llegó a plantear que las recompensas económicas ofrecidas a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile se destinaran a los damnificados. De los fondos del Poder Judicial no podrá la Corte disponer, no sólo porque ya le fueron arrebatados por los legisladores al extinguir 13 de 14 fideicomisos, sino porque ahora están en litigio al haber aceptado una juez federal de Ciudad de México el juicio de amparo interpuesto por trabajadores de los mismos tribunales contra el acto expropiatorio decretado por la mayoría legislativa del Morena y sus aliados.
No menos importante es si habrá responsabilidades para las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no previeron ni alertaron de la magnitud del desastre. En la conferencia del miércoles 8 de noviembre, quizá no sin sentimiento de culpa, López Obrador reconoció que la alarma difundida por él alrededor de las ocho de la noche en un tuit no fue suficiente. “Pensé en decirlo más fuerte: o sea: ‘Viene cañón’, algo así, pero dije: ‘No, con esto basta’”, declaró. La alerta para la población costeña, sin embargo, no sirvió de mucho. Las imágenes que ésta recibió, si acaso, era de las seis de la tarde, cuando aún se consideraba como de categoría 3 el ya huracán que en unas horas había dejado de ser una tormenta tropical. A la media noche ya era de categoría 5, con vientos superiores a los 300 kilómetros por hora.
Un caso dramático es el de los capitanes de barco, hombres avezados en la navegación y experimentados en materia de meteoros, que decidieron permanecer en sus naves en los muelles, sabiendo que, conforme a la información recibida, éstas podían resistir el ciclón. Muchos hallaron la muerte en el fondo del mar, en sus propios navíos, grandes o pequeños.
Tras la catástrofe, las acciones de rescate y atención a los damnificados fueron tardías. Cuando aún no terminaba el recuento de las pérdidas humanas, con injustificado optimismo, el mandatario comentó desde el Palacio Nacional: “Tuvimos suerte. El creador nos protegió”. Así, en primera persona del plural, como si él mismo hubiera estado en el lugar de la tragedia. El número de fallecidos y desaparecidos no tardó en elevarse varias veces más que los reportes iniciales, y puede decirse que aún es incompleto. Se presumió también que en un tiempo récord la Comisión Federal de Electricidad —a cuyos técnicos y trabajadores no se puede regatear ningún reconocimiento— estaba restableciendo el servicio de energía. Era fácil decirlo desde las oficinas en Ciudad de México; mucho más complejo en el terreno de los acontecimientos, donde aun a marchas forzadas no se logra en su totalidad.
El retraso en el arribo de las fuerzas del tan prohijado ejército y la Guardia Nacional generó saqueos y robos que las policías locales no pudieron controlar y que, según indicios de la presencia de hombres que los encabezaban lista en mano, los atracos fueron comandados por las organizaciones delincuenciales que, de tiempo atrás, han controlado el puerto y gran parte del territorio guerrerense. Ahora, también, al parecer son las bandas delictivas las que, como ha ocurrido en otras regiones de grave depresión social, estarían supliendo al Estado en acciones de atención a damnificados en las zonas marginales y apartadas también altamente dañadas por el huracán.
Otros grupos de damnificados han decidido responder a la insuficiente atención por los gobiernos (la gobernadora morenista Evelyn Salgado se desapareció por dos o tres días tras el siniestro en la costa) trasladándose a la ciudad de México e instalando un campamento en la Plaza de la Constitución. López Obrador los ha enfrentado con su consabida descalificación de ser un acto de “politiquería” y los ha señalado como grupos manipulados por los partidos opositores a su gobierno. Aun si esto fuera cierto, no descarta su condición de damnificados que merecen auxilio suficiente y oportuno.
Y no es improcedente cuestionarse, como lo han hecho ya comentaristas como Jacobo Dayán y el exministro de la Suprema Corte José Ramón Cosío, a dónde se trasladarán o a qué se dedicarán esas corporaciones ilícitas que obtenían cuantiosas ganancias del tráfico de drogas, la extorsión y la trata de personas con fines sexuales en el puerto, ahora que no habrá hoteles, negocios funcionando ni turistas de los cuales obtener el botín.
Se trata, en suma, de una situación altamente compleja y multifacética que ha tomado por sorpresa a la sociedad nacional —siempre dispuesta, eso sí, a aportar su apoyo en situaciones de grave desastre— y a los tres órdenes de gobierno, y cuya superación aún se ve distante. Aun así, siempre preocupado por el tema electoral, el primer mandatario se mostró confiado en que en Acapulco siempre ha ganado las elecciones. “Cada vez que fui candidato, siempre he ganado en Acapulco”, dijo en la mañanera ya referida del miércoles 8. “Hay mucha identificación, conozco mucho a la gente de Acapulco, me conocen antes de esto”.
La condición política, empero, puede haber cambiado ya o cambiar muy pronto, como ocurre con los grandes cataclismos que modifican la visión de la sociedad sobre sí mismo y la estructura social misma. Los efectos sociales y económicos de Otis están a la vista; los políticos aún no, aunque hay elementos para prever un cambio en la actitud de los guerrerenses ante los gobiernos de los tres órdenes. Lo importante, seguro, no es si el Morena puede conservar para 2024 Guerrero como uno de sus bastiones electorales, sino la afectación que el fenómeno huracán haya tenido para periodos de mayor duración y más allá de las más optimistas previsiones de reconstrucción y reactivación económica.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
@ednava7
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