«El Gobierno Estatal, a través de su Policía Estatal y de la Procuradora de Justicia local, tendió un cerco gubernamental para proteger a la Ubisort y para impedir que esta caravana ingresara en San Juan Copala», afirman desde el municipio autónomo triqui en un boletín publicado en el portal Zapateando. La II Caravana Humanitaria Bety […]
«El Gobierno Estatal, a través de su Policía Estatal y de la Procuradora de Justicia local, tendió un cerco gubernamental para proteger a la Ubisort y para impedir que esta caravana ingresara en San Juan Copala», afirman desde el municipio autónomo triqui en un boletín publicado en el portal Zapateando. La II Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola, que partió el pasado martes desde México D.F., Chiapas y la ciudad de Oaxaca con alimentos, medicinas y material educativo para esta comunidad, tuvo que dar la vuelta cuando se encontraba a diez minutos de San Juan Copala debido a las amenazas del grupo paramilitar, que tiene cercada la localidad desde noviembre del pasado año.
Según explican en el boletín, a las 4 de la mañana comenzó la marcha, que agrupó a cerca de once camiones con 300 personas y 30 toneladas de alimentos para San Juan Copala, pero al llegar a Juxtlauaca, la comunidad más cercana a la zona triqui, encontraron un despliegue de más de 60 agentes de la policía estatal que paró cuatro veces la marcha y les propuso invitar a la Ubisort a unirse a la caravana para garantizar la llegada a San Juan Copala ante los disparos que se oían en la zona y el bloqueo de la carretera que baja al municipio autónomo por parte de un grupo de mujeres y niños de la comunidad La Sabana, simpatizante del grupo paramilitar, que fue seguido por otro de piedras y hombres armados.
Voceros de la Ubisort
«Es muy fuerte como la procuradora del estado maneja el asunto de la seguridad haciendo de vocera de la Ubisort, confirmando el poder político que tiene esta organización en el territorio», expresó un miembro de la Otra Campaña que formaba parte de la caravana en una entrevista a Frecuencia Libre, tras añadir que, finalmente, la policía aseguró que no se haría responsable de lo que pasara si los vehículos pasaban el cerco.
Casimiro Martínez, del Municipio Autónomo San Juan Copala, afirmó que pensaban que la presencia de la policía federal era para garantizar su seguridad, «pero no fue así, fue para disuadirnos de entrar»,. Martínez explicó que, tras el abandono por parte de los agentes policiales, decidieron avanzar hasta un poco más allá de la comunidad Agua Fría Copala para analizar la situación de seguridad y decidieron no continuar para «no exponer más vidas a las manos de esos asesinos impunes».
Intervención de la ONU y la Cruz Roja
Desde la organización que impulsó la caravana han anunciado que solicitarán su intervención al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las Naciones Unidas en México para el envío y recepción de las más de 30 toneladas de alimentos y medicinas que ahora se almacenan en Huajuapan de León y que, en el caso de que no se puedan entregar en las próximas semanas, se organizará una nueva caravana.
También subrayan que presionarán a la Procuraduría General de la República para que den resultados sobre la investigación de los hechos del 27 de abril, cuando, en el trayecto de la primera caravana, fueron asesinados la activista Bety Cariño y el cooperante Jyri Jaakkola en un ataque en el que resultaron heridas otras tres personas.
La asociación Solidaridad y Acción por los Pueblos de México (Argentina-México) llaman a la ciudadanía y a las organización a emprender acciones de repulsa a estos hechos antes las embajadas y consulados. Además, han comenzado una campaña de recogida de firmas para exigir la retirada de los paramilitares de la zona triqui y el respeto a la autodeterminación de todos los pueblos de México, así como el esclarecimiento de los asesinatos de Bety Cariño, Jyri Jaakkola, el líder triqui Timoteo Alejandro Ramírez y el de su mujer, Cleriverta Castro.