Cuando ya son veintinueve los muertos por la metralla de los militares y policías, autorizados a actuar con armas letales mediante decreto supremo aprobado por Jannine Añez y sus ministros, el golpe de estado no acaba de consolidarse ni de conseguir la cosmética legal para considerarse un gobierno constitucional con autoridad para gobernar Bolivia y […]
Cuando ya son veintinueve los muertos por la metralla de los militares y policías, autorizados a actuar con armas letales mediante decreto supremo aprobado por Jannine Añez y sus ministros, el golpe de estado no acaba de consolidarse ni de conseguir la cosmética legal para considerarse un gobierno constitucional con autoridad para gobernar Bolivia y adoptar medidas debido a la resistencia de los movimientos populares en varias regiones del país.
Ni siquiera el reconocimiento de Estados Unidos, impulsor del golpe, de Brasil del ultraconservador Jair Bolsonaro, del agente imperialista Luis Almagro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o la jerarquía de la iglesia católica han sido suficientes para estabilizar el golpe en cascada, golpe blando con características propias como variante de los ocurridos en Brasil, Paraguay u Honduras.
La actuación de las Fuerzas Armadas, a las que ha quedado subordinada la Policía Nacional, continúa siendo el bastión central de respaldo a la autoproclamada presidenta que está sometida a distintas presiones de los sectores políticos:
Los radicales del Comité Cívico de Santa Cruz, con su líder Fernando Camacho, que han conseguido imponer una posición racista y religiosa, buscan un proceso electoral rápido y ejecutivo; su partido (Movimiento Demócrata), que sólo ha conseguido el 4% de votos en las últimas elecciones y responde a las posiciones más conservadoras de Santa Cruz, pretende con varios de sus ministros adoptar medidas económicas neoliberales inmediatas; el co-golpista Carlos Mesa, ex vicepresidente del ultraneoliberal de los años noventa Gonzalo Sanchez de Lozada, que reclama dar un «orden» legal al golpe de estado y realizar elecciones en los próximos meses; y la ultraizquierda «porista» que consideraba que llegó la «revolución obrera»
Frente a este esquema de poder, Evo Morales continúa siendo un fantasma que asusta al esquema golpista y es el eje sobre el cual circula la política y la sociedad boliviana porque cuenta, por un lado, con la lealtad de los parlamentarios que tienen los dos tercios de las cámaras de diputados y senadores y, por otro lado, con los movimientos populares en resistencia.
Las movilizaciones de los cocaleros de la región central del Chapare, de los vecinos de la populosa ciudad de El Alto, de los colonizadores de Yapacani, de los ayllus y mineros del Norte de Potosí y de los campesinos que han bloqueado las principales carreteras del país y cercado las capitales, se han convertido en bastiones de resistencia al golpe con un saldo de veintinueve muertos, más de cien heridos y otra cantidad similar de detenidos. Estas movilizaciones han levantado las consignas de defender la democracia, reclamar el retorno de Evo Morales, reivindicar la bandera anticolonial indígena y símbolo nacional wiphala y pedir la renuncia de Jannine Añéz.
Tanto la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), como la Central Obrera Boliviana (COB), que reúnen a las organizaciones sindicales, vecinales, obreras, campesinas, de mujeres, interculturales e indígenas, se han convertido en los referentes organizativos de las movilizaciones junto al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las Cámaras de senadores y diputados, que tienen como Presidentes a Eva Copa y Sergio Choque, ambos representantes de El Alto, son la variante política de la gestión de las próximas elecciones puesto que la nominación de miembros de un nuevo Tribunal Nacional Electoral (TNE) y la aprobación de una Convocatoria a nuevas elecciones nacionales pasa por su decisión, aunque en el esquema golpista no se descarta sobrepasar e inclusive clausurar el poder legislativo.
Evo Morales, asilado en México por el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador, después de un peligroso vuelo boicoteado por los gobiernos de Perú y Ecuador entre el 10 y 11 de noviembre y gestionado y apoyado por el futuro presidente de Argentina, Alberto Fernandez, se ha convertido en el eje sobre el cual gira la política boliviana tanto por el respaldo de las mayorías populares y la mayoría de los parlamentarios, como por las críticas e impugnaciones de los sectores medios y acomodados y por quienes fungen como autoridades de gobierno.
Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.
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