El principal desafío en la designación del presupuesto asignado por el gobierno federal a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, además de ser insuficiente, es la falta de información en la rendición de cuentas y la disminución en la compra de anticonceptivos y particularmente en mifepristona y misoprostol, que permiten un aborto seguro, a pesar de la violencia sexual que padece el país.
La evaluación está contenida en la investigación de FUNDAR «Buscando el camino: Presupuesto y compra de medicamentos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres», dada a conocer el 22 de septiembre con motivo de la discusión del paquete económico 2023.
Especialistas en el tema han señalado que ha disminuido el presupuesto real y efectivo para las mujeres en los tres años que van de esta administración en 30 mil millones de pesos (1,500 millones de dólares), sin tomar en cuenta el problema de salud pública que constituye del embarazo adolescente en el país, que lo coloca en primer lugar en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), con más de 1.000 adolescentes entre 12 y 19 años que se convierten en madres sin desearlo.
Medicamentos insuficientes para salud sexual y reproductiva
En el análisis de la compra de seis medicamentos de Salud Sexual y Reproducción se encontró que existen desafíos de rendición de cuentas y transparencia, que generan riesgos de corrupción. Algunos estados no señalan el número exacto de piezas compradas, por lo que no se sabe cantidad real y precio unitario ni si la cantidad de medicamentos puede satisfacer la demanda requerida por las mujeres.
El estudio señala que el problema del abasto de los medicamentos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres en los estados se da como consecuencia del nuevo esquema de compra implementado por el gobierno.
La investigación, que abarca el período de 2016 al 2021, destaca que, en el caso de los medicamentos utilizados para la interrupción legal del embarazo como misoprostol y mifepristona, existen irregularidades en los precios que se pagan por el mismo producto de una entidad a otra, e incluso en relación con las compras a nivel federal. También destaca la disminución en la adquisición de estos medicamentos sin una causa manifiesta.
FUNDAR considera que debe haber progresividad en el gasto asignado y ejercido en medicamentos y aumento en el presupuesto en función de la necesidad real en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Igualmente, transparencia en los procesos de compra y uso de recursos, rendición de cuentas y un mayor control para disminuir los riesgos de corrupción, así como atención y seguimiento a la coordinación en la asignación de recursos y compras de medicamentos a nivel local y federal.
Continúan esquemas de compra en medicamentos y adjudicación directa con riesgos de corrupción
El estudio revela que el gobierno federal, para evitar riesgos de corrupción, a partir del 2019 implementó nuevos esquemas en la compra de medicamentos e insumos de curación para evitar la centralización. Sin embargo, en el área de salud sexual y reproductiva la concentración del mercado continua, ahora con tres nuevas empresas, y en lugar de hacerse licitaciones públicas las adjudicaciones son directas hasta en un 97 por ciento.
De acuerdo con el documento, aunque los estados también realizan compras de medicamentos e insumos para salud sexual y reproductiva, el 75 por ciento del presupuesto lo ejerce la Federación, para después mandar los productos a las entidades.
Entre 2016 y 2018, la adjudicación directa fue el mecanismo más usado para la adquisición de estos medicamentos; por monto de contrato, 88 por ciento se asignó así y solo 12 por ciento por licitación pública. El porcentaje de compras en ese período se concentró en Grupo Fármacos Especializados (78%), Farmacéuticos Maypo (12%) y Farmacéutica Althos (4%), «lo que abrió la puerta a riesgos de corrupción con sobreprecios, conflictos de interés o privilegios fiscales», señala el estudio.
A partir de 2019, el gobierno federal implementó nuevos esquemas centralizados de compras para promover la competencia y reducir riesgos. Los procesos de compra y distribución de medicamentos se concentraron en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Después, en 2020 y 2021, se probaron dos nuevos esquemas, con compras realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y/o por el INSABI.
En salud sexual y reproductiva, en 2020, estos nuevos esquemas tuvieron resultados ambivalentes. Entre lo positivo, destaca Matilde Pérez, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de FUNDAR, se logró una reducción de precios en los medicamentos e insumos, con porcentajes entre 18 por ciento y 224 por ciento.
Sin embargo, se mantuvo la concentración de mercado, ahora en tres farmacéuticas: Merck Sharp & Dohme Comercializadora (64%), Bayer de México (21%) y Janssen-Cilag de México (10%). Por su parte, la adjudicación directa siguió usándose e incluso creció: por monto de contratos, hasta 97 por ciento, sin justificación alguna.
Por otra parte, en el análisis se destacó que actualmente están diluidas las responsabilidades en tres fuentes de financiamiento: el Ramo 12, correspondiente a Salud a través del gasto presupuestario P020 Salud Materna Sexual y Reproductiva; el Ramo 33, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuya asignación y control está a cargo de las entidades federativas y el Anexo IV, bajo la responsabilidad el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
El principal problema es dar seguimiento, ya que para 2021 no se tuvo acceso a la información ni siquiera a través de solicitudes de transparencia.