Sí hay motivo para preocuparse. Las alarmas están encendidas en el medio periodístico, youtuberos y organizaciones de la sociedad civil. La censura y represión a la libre expresión de periodistas e internautas es ya una realidad en México, como un avance más en el control por la presidencia de la república y otros gobernantes sobre la sociedad civil.
Desde luego, la intolerancia a las expresiones de oposición y aun de simple crítica por cualquiera que no aplauda las acciones de los gobernantes no es algo nuevo. Fue parte del viejo régimen priista —hoy reanimado por el nuevo aparato morenista—, que tenía el monopolio del papel periódico PIPSA (Productora e Importadora de Papel, S. A.) para chantajear y controlar los medios impresos, y las concesiones de radio y televisión para tener asegurada la complicidad de los medios electrónicos. No olvidamos el hostigamiento, durante el diazordacismo y el echeverrismo, contra la revista Por Qué?, a la que se le negaba el suministro de papel; menos aún el golpe de Luis Echeverría al diario Excelsior, para deponer a Julio Scherer García de la dirección; ni el “No pago para que me peguen” de José López Portillo contra el semanario Proceso, también dirigido por Scherer, que le quitó toda publicidad oficial.
Durante la hoy periclitada etapa de “transición democrática”, Felipe Calderón pidió a Televisa que retirara de las pantallas el programa La Parodia, con alto nivel de audiencia, porque “a él no lo iban a parodiar”. López Obrador, por su parte, se jactaba de que su gobierno no reprimía ni censuraba a medios ni periodistas; pero cotidianamente se dedicaba en su mañanera a vilipendiar a los medios que señalaban sus deficiencias e incongruencias, llamándolos “pasquín inmundo”, y difamando y hasta exhibiendo públicamente los datos personales o ingresos económicos de los periodistas críticos. Nunca se expidió la ley que regularía la asignación de la publicidad a los medios, la que siempre se siguió manejando a criterio del equipo en el gobierno y se manejó como instrumento de presión. Nuevamente, sin decirlo, AMLO aplicó la regla de López Portillo al semanario de mayor circulación en México, Proceso, quitándole el oxígeno de la publicidad del gobierno federal. Durante su sexenio, lo que es peor, se incrementó alarmantemente el número de agresiones y asesinatos contra periodistas, defensores del ambiente y de los derechos humanos, la gran mayoría de las veces con impunidad.
Pero ahora, en el gobierno de segundo piso, el afán de control sobre los medios de difusión y la expresión misma de los ciudadanos se ha recrudecido. Un conocido señor feudal, que dicta la ley y la aplica él mismo, y a quien podemos llamar el archiduque José Gerardo Rodolfo Fernández de la Noroña, usa su recinto parlamentario para humillar y exigir petición de perdón a un ciudadano que lo increpó (en dónde más podría ser) en un aeropuerto. El gobernador de Puebla e insigne priista hoy converso al morenismo, Alejandro Armenta, expide una ley contra el “ciberasedio” que castiga con pena de cárcel a quien use las redes sociales para criticar o insultar a otros, señaladamente a los funcionarios de gobierno. En Campeche, gobernado por la igualmente morenista Layda Sansores, donde renace lo que AMLO acertadamente llamó neoporfirismo, un juez encarcela y somete a proceso al periodista Jorge Luis González y ordena el cierre de su medio de comunicación Tribuna, por presunta violencia estética contra la gobernadora.
En Sonora, también de gobierno morenista, una mujer sin poder político alguno, Karla María Estrella, es sancionada por supuesta violencia política de género por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque hizo en sus redes sociales señalamientos de nepotismo a la ahora diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, también esposa del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna. La actriz y conductora Laisha Wilkins fue demandada ante el TEPJF por publicar un tuit que refería a una nota del portal Aristegui Noticias llamando “Dora la Censuradora” a una candidata a ministra de la Suprema Corte que pidió bajar de las redes los reportajes llamados Televisaleaks. En Michoacán, los periodistas alertan cómo la iniciativa de ley del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla contra la apología del delito puede constituirse en un obstáculo a la libre expresión de las ideas.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados vota una ley de la Guardia Nacional, ya totalmente militarizada, que, entre otras cosas, dota a ese cuerpo de atribuciones similares a las del Ministerio Público para realizar operaciones encubiertas, intervenir comunicaciones, utilizar “usuarios simulados” y acceder a datos georreferenciados; es decir, intervenir telecomunicaciones de los ciudadanos. Y la posibilidad de espiar a la población se amplía con las facultades otorgadas por la nueva Ley de Inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su Centro Nacional de Inteligencia para solicitar a dependencias públicas e instituciones privadas datos personales, patrimoniales y biométricos de cualquier persona.
Ya en el gobierno de primer piso se practicó consistentemente la obstrucción al derecho a la información. Se incumplió la obligación del Senado de designar consejeros al hoy desaparecido INAI para impedir que sus resoluciones tuvieran efectos legales; se decretaron de “seguridad nacional” las obras civiles y contratos adjudicados a la Secretaría de la Defensa Nacional; y se encubrieron también las acciones del ejército relacionadas con el caso Iguala-Ayotzinapa, uno de los mayores obstáculos para llegar a la verdad, entre otras medidas de ocultamiento de información. No insistiré en cómo se elevó el número de agresiones, asesinatos y desapariciones de informadores durante ese gobierno, ni cómo esa tendencia se ha sostenido en el actual.
Por citar meros ejemplos, a poco de iniciar el actual gobierno desapareció de las pantallas del Canal Once el programa Primer Plano, donde los analistas políticos tenían con frecuencia posiciones críticas al gobierno de la República. E inmediatamente después Televisa cesó de su programa La Hora de Opinar a los comentaristas Denise Dresser, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Paula Sofía Vázquez, Pablo Majluf y Luis de la Calle, que también tenían posiciones contrarias al gobierno autoproclamado de la Cuarta Transformación. En la televisora del IPN se transmite ahora una aséptica barra de opinión donde prácticamente todos los comentaristas son devotos del gobierno y su partido.
En el segundo piso se ha ascendido también en la escala, dotando al Estado de nuevas leyes que amenazan el ejercicio de la crítica y la libre expresión. Normas como las diseñadas para combatir la violencia política de género, contra el ciberacoso y otras no se están enfilando a las autoridades, ni siquiera a los medios, sino contra ciudadanos comunes que en redes sociales hacen pública alguna opinión discordante sobre los gobernantes. Frente a esa situación han elevado su protesta organismos civiles nacionales como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) e internacionales como Artículo19 y Human Right Watch.
El control por la tendencia oficialista de los tres poderes constitucionales y la desaparición de organismos autónomos permite a la oligarquía política morenista dictar leyes a modo y aplicarlas discrecionalmente para ocultar información, amenazar a la sociedad y acallar la crítica, venga ésta de donde venga. El tribunal electoral dicta sentencias no contra autoridades o partidos políticos sino contra ciudadanos del común por ejercer su libertad de opinión.
Un autoritarismo semidictatorial o régimen híbrido se anuncia, o se ha instalado ya en nuestra realidad política, en el que los procedimientos aparentemente democráticos —como lo acaba de mostrar la reciente elección del Poder Judicial— enmascaran o maquillan sus rasgos opresivos y represivos. No vive ya el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que acaso hubiera podido corregir su propio concepto sobre el sistema mexicano y renombrarlo como una dictadura perfeccionada.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo -UMSNH.
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