Otro conflicto de imprevisibles consecuencias ha estallado entre el gobierno y la oposición de derecha. La iniciativa gubernamental de constituir un fondo especial con una porción de las reservas para garantizar el pago de la deuda externa desató este conflicto. La derecha rechaza este fondo y exige hacer frente a los pagos con las partidas […]
Otro conflicto de imprevisibles consecuencias ha estallado entre el gobierno y la oposición de derecha.
La iniciativa gubernamental de constituir un fondo especial con una porción de las reservas para garantizar el pago de la deuda externa desató este conflicto. La derecha rechaza este fondo y exige hacer frente a los pagos con las partidas del presupuesto sin tocar las reservas. La diferencia entre ambos bandos son los mecanismos para cumplir con las exigencias de los acreedores.
Pero bajo esta discusión subyace una coincidencia plena: pagar una deuda fraudulenta que ya ha sido pagada varias veces. Este acuerdo ya se manifestó cuando hace pocos meses los legisladores del gobierno y la oposición votaron por unanimidad la derogación de la «ley cerrojo», que bloqueaba la reapertura del canje con los bonistas que quedaron afuera de ese arreglo. Ninguno de ellos se indignó en ese momento con la «violación de la seguridad jurídica» implícita en la anulación de una disposición que se presentó varias veces como inmodificable.
Unos y otros aceptaron concretar este nuevo ofrecimiento de canje sin reparar que aumenta la deuda (en 7000 millones de dólares) y que incrementará el pago de interés (en 500 millones). La operación incluye, además, elevados pagos de comisión a los bancos intermediarios (Citi, Barclays, Deustche), que además han hecho un gran negocio con la suba del precio de los bonos.
La derecha y el gobierno se enfrentan ahora por la modalidad de pago de una deuda que absorbe el dinero requerido para incrementar los salarios, mejorar las jubilaciones, poner fin al deterioro de los hospitales públicos, asegurar el inicio de clases satisfaciendo las demandas de los docentes u otorgar los fondos que exigen los desocupados que cortan las rutas.
Durante casi tres décadas los legisladores de ambas bancadas han cajoneado todas las investigaciones de este desfalco. Incluso miraron para otro lado cuando la investigación de Olmos y el fallo del juez Ballesteros declaro la inconstitucionalidad de la deuda. A través de las sucesivas renegociaciones y canjes de títulos buscaron borrar las huellas para sepultar el origen de ese negociado. De estas operaciones participaron todos los ex funcionarios del Banco Central, que actualmente protagonizan el debate y estimulan el conflicto, sea a favor de la oposición o del gobierno (González Fraga, Prat Gay, Blejer, Redrado) y que anteriormente sirvieron fielmente a los gobiernos de Menem, la Alianza, Duhalde y los Kirchner. Todos instrumentaron variantes de la misma política de pago de la fraudulenta deuda.
Hay en todo este conflicto una gran hipocresía.
Hipocresía derechista: ajuste con argumentos republicanos
El titular del Banco Central, Martín Redrado, atizó el conflicto al negarse a concretar el Fondo del Bicentenario por 6.569 millones de dólares. Su argumento principal: «cuidar las reservas que son de los argentinos y no del gobierno», y ha logrado concitar el apoyo incondicional de todo el arco opositor y de los políticos y funcionarios que dilapidaron varias veces esas reservas durante administraciones anteriores.
La derecha considera inadmisible utilizar esos recursos para el pago de la deuda, pero no objetaron el mismo uso para abonarle por adelantado al FMI en el 2005. En ese momento el gobierno canceló toda la deuda con ese organismo, con el mismo mecanismo de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y por un monto muy superior, 9.900 millones de dólares ( un 50% más que ahora). Tampoco objetaron el DNU del 2008 que habilitaba el pago, nunca concretado hasta ahora, al Club de París. A muchos cínicos les cuesta explicar porqué hoy rechazan lo que ellos mismos aprobaran una y otra vez.
El segundo argumento es mucho más siniestro: «la autonomía del Banco Central». Afirman que el gobierno ha violado la Carta Orgánica de «una entidad independiente», que no está «sujeta al despotismo del Ejecutivo». Lo que en realidad defienden es el manejo de esa entidad por los banqueros. Postulan que el Banco Central sea autónomo para que los financistas mantengan un control indisputado del mismo. Como sabemos la principal función de esa falaz independencia ha sido justamente asegurar que las reservas internacionales operen como garantía de pago a los acreedores externos. Con esa finalidad los neoliberales introdujeron desde los años ’70 atribuciones que convierten al BCRA en una institución con poderes y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.
Las tonterías que pusieron a circular en estos días para justificar esta suerte de virreinato vuelven a la primera plana, nuevamente se reclama que el Banco Central «debe cuidar la moneda» y «proteger el dinero del país» por medio de un grupo de «expertos ajenos a las presiones políticas». Estos mitos simplemente ocultan que los encargados de cumplir una misión tan noble son el puñado de banqueros que maneja la deuda pública, los mismos que provocaron el colapso y las confiscaciones que sufrió Argentina.
La oposición de derecha simplemente promueve volver a los viejos ajustes de los años ’90. Como hay un evidente deterioro de la solvencia fiscal ahora buscan recortar el gasto social. Por supuesto que no lo enuncian en estos términos, pero es la misma cantinela que han usado una y otra vez para imponer políticas de austeridad. Su verdadero propósito es volver al FMI y sortear así la crisis fiscal, sometiéndose a los controles y auditorias del organismo internacional.
Hipocresía progresista: desendeudarse para volver a la deuda
Las justificaciones del gobierno para pagar la deuda con reservas son simétricas a las de la oposición de derecha. Afirman que utilizando estos recursos «se liberan fondos excedentes para mantener el gasto productivo y social». Pero si la intención es utilizar esas partidas presupuestarias que quedarían liberadas es porque ya han definido que la primera prioridad es el giro de fondos a los acreedores. Se da por sentado la legitimidad del pago y la sacralización de su prioridad frente a cualquier otro objetivo económico, luego se considera lógico destinar el sobrante al gasto interno.
Con este razonamiento, que naturaliza el reembolso de un desfalco como dato inamovible, los funcionarios repiten los mensajes de la ortodoxia neoliberal que tanto objetan desde la tribuna. Afirman que «pagar con reservas permite enviar mensajes de seriedad y solvencia a los acreedores» y retoman así los viejos códigos de los ’90 con posturas que convocan a «hacer los deberes» y «seducir a los financistas del exterior». Los economistas oficiales utilizan todos los argumentos corrientes del mercado para justificar el uso de las reservas. Hablan de lograr un «retorno al mercado privado de crédito», olvidando todos los cuestionamientos a ese endeudamiento y explican cómo se «abaratan las tasas», sin explicar cuál es el beneficio para el país de refinanciar el pago de un pasivo que ya ha sido reembolsado varias veces. Esta actitud demuestra cuánta hipocresía subyace en las disputas verbales con la oposición.
A los hombres del gobierno les toca ahora el rol de objetores de la independencia del Banco Central. No explican porqué sostuvieron durante tantos años esa autonomía, bloqueando incluso los tres proyectos de reforma del sistema financiero que recortaban ese atributo. Ahora remarcan que «el Banco Central debe ajustarse a la política económica», pero sin aclarar que el centro de esa orientación es la recomposición de las relaciones con el capital financiero.
Por esta razón, la principal asociación de los banqueros del país (ADEBA) tomó partido rápidamente a favor del Ejecutivo en su conflicto con Redrado, y el principal candidato a remplazarlo es nada menos que Mario Blejer, otra gran figura de los ’90 y la ortodoxia neoliberal, que acredita en su haber dos décadas de trabajo en la crema de las finanzas internacionales. Que esta política se desenvuelva creando un Fondo denominado «Bicentenario» ilustra hasta dónde ha llegado el doble discurso oficial. Un emblema de la independencia nacional es utilizado para recomponer las relaciones con los acreedores foráneos.
Toda la lógica de utilizar reservas para el pago de la deuda está inspirada en el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento. La deuda pública situada en 128.000 millones de dólares luego del canje se incrementó a 145.700 millones en la actualidad. Los vencimientos de los servicios de la deuda (capital e intereses) de los próximos años son muy condicionantes por lo que el gobierno busca sortearlos con prórrogas y canjes. Por esta razón la política de desendeudamiento ya quedó en el pasado y ahora se discute cómo volver a tomar deuda.
A los banqueros les interesa prestar y cobrar. Por eso tratan de atenuar el conflicto actual, promoviendo algún arreglo «para que los mercados no se inquieten», quieren el menor ruido posible para que los negocios funcionen.
Ofensiva política de la reacción conservadora
Aunque las clases dominantes quieren tranquilidad la crisis en curso puede descontrolarse e incentivar hasta la ingobernabilidad las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el poder Judicial tironeado entre los dos poderes. El trasfondo de la disputa actual es básicamente política, no hay divergencias importantes en la gestión financiera y tampoco choques irreductibles en lo económico. Lo que convierte cualquier episodio menor en un gran descalabro es la gran tensión política que separa gobierno y oposición desde el conflicto del campo.
En esta disputa hay un claro objetivo de la derecha; avanzar sobre medidas de los últimos años que incluyen algún logro social o avance democrático. Busca una reversión reaccionaria especialmente en cuatro áreas: la ley de medios, la nacionalización de las AFJP, los juicios contra genocidas de la dictadura y la política de relaciones con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
La reacción conservadora abomina de estos tibios cambios y busca sepultarlos. En esta campaña es activamente acompañada por los grandes medios de comunicación que pretenden perpetuar su impunidad para manipular la información y por toda la elite conservadora que ve la oportunidad para enterrar con represión el legado de protestas sociales que dejó la rebelión del 2001.
Esta acción sintoniza con la contraofensiva imperial que en la región se expresa en el golpe en Honduras y la instalación de nuevas bases en Colombia, la ofensiva contra Lugo en Paraguay y el avance neopinochetista en Chile, y las siempre renovadas presiones sobre Bolivia, Venezuela y Cuba.
Como en el resto del continente la derecha disfraza aquí sus objetivos con campañas institucionalistas y se presentan como custodios de la legalidad. Por el momento sólo busca el desgaste del gobierno para que llegue rengueando a los comicios, mientras disputan entre ellos quién asumirá el liderazgo del sector. Pero la crisis puede desmadrarse y aunque el reiterado tanteo de un juicio político a la Presidente es por ahora sólo conspirativo, tampoco es una pura fantasía. Si en algún momento desconocen abiertamente alguna medida del gobierno con llamados a cacerolazos la tentativa puede hacerse realidad.
Mientras tanto el gobierno sigue a los tumbos, respondiendo con la misma ceguera que exhibe desde el año pasado. A pesar de la reconstitución de la autoridad estatal, del sostenido crecimiento económico y las buenas previsiones macroeconómicas para el 2010, el kirchnerismo no ha podido mantener el consenso social que logró en el período 2003-2007. Se desgastó al confrontar con la derecha desde las arcaicas estructuras del Justicialismo y con el apoyo de la desprestigiada burocracia sindical cegetista.
No sólo rehuye cualquier sostén popular genuino y encubre a las patotas. Sostiene también a los barones del conurbano e impone una reforma política proscriptiva hacia la izquierda. Hostiliza además a los movimientos sociales (cooperativas sin punteros), se niega a conceder la libertad sindical (subtes-CTA) e incluso ha reprimido las luchas más consecuentes de los trabajadores (Kraft-Terrabussi).
No es posible a priori conocer cómo concluirá el conflicto pero muchos hablan ya de una resolución 126. Hacen referencia así a la ineludible comparación con la confrontación con el campo. Sin embargo es necesario marcar algunas diferencias entre aquella crisis y la actual.
En el plano económico, las retenciones expresaban la captura por el Estado de renta extraordinaria y tenían un carácter indiscutiblemente positivo y progresivo, más allá de su utilización y alcance. Ahora no se discute nada progresivo, sino la forma y el origen de los recursos para pagar la deuda.
En el plano político hay similitudes con la conformación de un bloque opositor con liderazgo de la derecha, pero en el plano social hay una gran incógnita: ¿Podrá la oposición de derecha incentivar nuevamente una movilización conservadora de la clase media? En los últimos meses no han podido reproducirlo y si no recuperan las calles seguramente perderán la pulseada.
Otro camino para superar la crisis
Para quiénes no ubicamos en el arco genuinamente progresista y de izquierda la experiencia de lo ocurrido durante del conflicto con el campo es decisiva para no volver a repetir en esta coyuntura los errores de un emblocamiento con la derecha. Esa política es francamente suicida. Si se repite sepultará a todas las corrientes que aspiran a lograr la superación del kirchnerismo por izquierda, como contrapartida dejará abierta una involución a derecha, por el desprestigio del gobierno actual.
Por el contrario se trata de sacar la discusión del círculo vicioso e interesado en que la han colocado. De señalar otro camino para superar progresivamente esta crisis, que ya varias corrientes políticas y personalidades han planteado, a nuestro entender en forma acertada: Organizar una campaña para colocar el debate de la deuda y el sistema financiero en el centro de la agenda.
Pero esta campaña perdería todo sentido si se acepta la distorsión que imponen los medios de comunicación o si se hace causa común con la derecha en las críticas al gobierno. No sólo importa lo que se dice, sino también cómo y dónde se lo enuncia. La mayoría popular ha quedado convertida en una audiencia que recepta mensajes televisivos y es nefasto que la izquierda aparezca formando parte de una indiscriminada oposición, se pierden los matices, que no son menores, y se hace el juego a la reacción conservadora.
La derecha debe ser objeto de nuestra crítica en cualquier intervención, para que no queden dudas sobre dónde está ubicada la izquierda. Por esta razón es otro error presentar denuncias penales contra el gobierno en pleno clima de judicialización derechista del conflicto, nadie percibe los pormenores diferenciados de esa denuncia en este clima. Mucho peor es repetir directamente los argumentos de los reaccionarios sobre la institucionalidad o la autonomía del Banco Central. Hay que poner el centro en el cuestionamiento de la deuda, pero no hacer comparsa a los reaccionarios. Es totalmente absurdo discutir la cuestión de las reservas como un tema técnico-financiero con abstracción del clima que ha creado la oposición. La batalla contra la derecha no requiere necesariamente de apoyo o consideración hacia el gobierno.
Para la izquierda lo esencial es actuar en forma independiente con una política propia, que es vital para romper con la trampa de reyertas que protagonizan la oposición con el gobierno y que impiden madurar un planteo alternativo.
En este sentido:
Es un verdadero despropósito que mientras se habla de custodiar las reservas se mantengan intactos todos los mecanismos que periódicamente facilitan la fuga de capitales (40.000 millones de dólares desde el inicio de la crisis internacional): el Control de Cambios es la única medida efectiva que puede contener este drenaje de riqueza, solo producida por los trabajadores y de la que otros se apropian y fugan.
Carece de sentido discutir acerca de las atribuciones del Banco Central si no se lo hace en el marco de la discusión de una Reforma Financiera Integral, que apunte a forjar un sistema financiero asentado en la control estatal de los depósitos y plenamente nacionalizado.
Poner la Deuda a Debate requiere la suspensión inmediata de las negociaciones con los bonistas que no ingresaron al canje y con el Club de París.
Resulta indispensable poner en marcha inmediatamente la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Es una salida política a la crisis actual, es la forma de retomar la investigación ya realizada de los fraudes y someter todas las operaciones posteriores a una rigurosa verificación de su legalidad y legitimidad. En los casos que correspondan estas medidas deben ser acompañadas por la suspensión de pagos.
Desarmar los perversos mecanismos de la deuda externa es también parte esencial del combate contra la derecha. Para nosotros la disyuntiva vuelve a ser: los acreedores o los trabajadores y el pueblo. Y en esto no puede haber dudas.
Claudio Katz, Jorge Marchini, Eduardo Lucita. son integrantes del colectivo EDI-Economistas de Izquierda
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