Con el cambio de gobierno, la Argentina ha experimentado un doble tránsito involutivo. Por un lado, desde una democracia capitalista -con todas las insalvables limitaciones que el capitalismo impone a la democracia, sobre todo en la periferia del sistema- a un régimen semi-autoritario o, para decirlo con palabras un poco más amables, a una democracia […]
Con el cambio de gobierno, la Argentina ha experimentado un doble tránsito involutivo. Por un lado, desde una democracia capitalista -con todas las insalvables limitaciones que el capitalismo impone a la democracia, sobre todo en la periferia del sistema- a un régimen semi-autoritario o, para decirlo con palabras un poco más amables, a una democracia de baja intensidad; por el otro, una transición desde un estado soberano a otro de carácter semi-colonial, presto a obedecer los mandatos emanados de Washington alineándose incondicionalmente con la política exterior de Estados Unidos.
En relación a la primera involución los gestos y las decisiones políticas adoptadas por la Casa Rosada han sido de una elocuencia ejemplar y sería ocioso enumerarlos en su totalidad. Baste en cambio señalar apenas los más importantes: la autocrática pretensión de designar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo a dos jueces de la Corte Suprema; la aplicación de una brutal terapia de shock para «sincerar» la economía argentina, eufemismo acuñado para ocultar el saqueo del «tarifazo», la caída del salario real, el aumento del desempleo, la disparada inflacionaria y el vertiginoso crecimiento de la pobreza; la escandalosa transferencia de ingresos realizada en los primeros meses del gobierno, calculada en poco más de 20.000 millones de dólares producto de la eliminación de las retenciones (impuesto a las exportaciones) del agronegocio, la minería y los hidrocarburos.
En el terreno político se registra un debilitamiento del impulso democrático cuando se toman decisiones trascendentales sin un previo debate público y en función de criterios supuestamente técnicos. Un gobierno que se impuso en el balotaje con un exiguo 51.4 % de los votos y que actúa como si su legitimidad de origen reposara sobre un mandato popular conferido por el 70 % o más de los electores, sin reparar que se yergue sobre un país partido en dos y que la búsqueda del diálogo y el consenso tantas veces pregonado por los personeros de Cambiemos durante la campaña electoral es un imperativo categórico que fue velozmente archivado una vez que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada.
El caso de los desorbitados aumentos en los precios de los servicios esenciales como el agua, la electricidad, el gas y el transporte impuestos sin las necesarias audiencias públicas previas que establece la legislación argentina ilustra con elocuencia lo que venimos diciendo. Es cierto que, en algunos casos, ante el descontento popular y los límites impuestos por fuerzas políticas de la oposición el gobierno se avino a revisar sus propuestas. Pero sus intenciones originales eran otras, y si aceptó la negociación democrática lo hizo a regañadientes y porque no tenía otra alternativa. Por otra parte, la misma composición del elenco gobernante con una significativa presencia de CEOs de grandes transnacionales echa luz sobre el carácter oligárquico del gobierno, que se ve ratificado no sólo por el origen social de los supuestos representantes de la voluntad popular encumbrados en las alturas del aparato estatal sino fundamentalmente por las políticas que promueven que, al menos hasta el momento, sólo han beneficiado a las clases dominantes y perjudicado a todas las demás. Involución autoritaria que se confirma también cuando se nota la asfixiante uniformidad comunicacional (salvo muy contadas excepciones) que hoy sufre la Argentina debido al DNU 267 de Macri que derogó parcialmente la Ley de Medios -manotazo presidencial lamentablemente convalidado después por la Cámara de Diputados- cuyo objetivo era precisamente la democratización de la esfera pública.
Por eso, episodios tan graves como los que revelaron los Panamá Papers, y que comprometen la propia figura presidencial, han sido meticulosamente blindados ante los ojos de la población por un sistema de medios cuya misión parece ser manipular o confundir a la opinión pública en lugar de informarla. La voluntad de imponer el «pensamiento único» amparado por el oficialismo se manifestó en la eliminación de la grilla de los canales de cable de la señal noticiosa internacional de TeleSUR, condenando a los argentinos a escuchar tan sólo lo que el imperio considera apropiado, coartando de raíz cualquier posibilidad de contraponer hechos e interpretaciones alternativas. Por comparación al pluralismo de voces y opiniones que hasta hace pocos meses existía en la Argentina, que sin dudas no era el ideal por el aplastante predominio que aún así conservaban los medios hegemónicos, la situación actual no puede sino calificarse como un lamentable retroceso que empobrece la conciencia de la ciudadanía y carcome la vitalidad de la democracia porque ésta adquiere una existencia meramente espectral cuando lo que predomina en el sistema de medios es una sofocante oligarquía comunicacional.
En esta tendencia se inscribe la más reciente decisión del gobierno nacional derogando parcialmente, también por un DNU, un decreto del Presidente Raúl Alfonsín del año 1984 que consagraba el control civil de las fuerzas armadas. Según el mismo era el Ministerio de Defensa quien entendía y resolvía todo lo relativo a los ascensos, traslados, designaciones, premios y otras cuestiones relativas al funcionamiento de las instituciones militares. La supremacía civil sobre las fuerzas armadas es una de las señas distintivas de la democracia y lo que, hasta ahora, distinguía a la Argentina del resto de los países de la región. Lo que hace el DNU de Macri es debilitar esa supremacía y alentar la autonomía corporativa de los uniformados, lo que acercaría la Argentina a la triste situación imperante en países como Brasil y Chile, en donde las iniciativas de verdad, justicia y castigo a los responsables de los crímenes perpetrados por las dictaduras se estrellaron contra el veto del establecimiento militar.
La segunda involución es la que se produjo cuando el gobierno abandonó cualquier pretensión de autonomía en materia de política exterior haciendo suya la agenda, las prioridades (¡y los conflictos!) de los Estados Unidos. La Argentina ya intentó probar las virtudes de la sumisión neocolonial en los nefastos años noventas, durante la presidencia de Carlos S. Menem y así nos fue. Sin recibir nada a cambio, ningún beneficio especial como recompensa a tanta obsecuencia oficial, se pagó un precio atroz por tanta obsecuencia: 106 personas perdieron la vida en los dos atentados en contra de la Embajada de Israel y la AMIA, en represalia por la participación argentina en la Primera Guerra del Golfo. ¿Por qué la historia habría de ser diferente esta vez? La vociferante ofensiva en contra de una política exterior latinoamericanista -la única sensata en un sistema internacional atravesado por amenazantes turbulencias- que se expresa en la deserción del macrismo frente a proyectos como los de la UNASUR y la CELAC nada bueno presagia para el tan cacareado como enigmático «regreso al mundo» de la Argentina.
Precisamente, una inserción fecunda en él sólo será posible desde una postura de autonomía -por supuesto que siempre relativa- que preserve los intereses nacionales y no desde una condición de sumiso peón en un peligroso tablero mundial cuyas fichas el emperador mueve a su antojo, y solamente atendiendo a sus propios intereses y no a los de sus serviles vasallos. En las últimas semanas esta actitud ha sido atemperada, por razones oportunistas, debido a que la postulación de la actual canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU requiere un cierto consenso entre los países del área y otros del Tercer Mundo, algo imposible de lograr si con tono desafiante se exaltan las virtudes del alineamiento automático con Estados Unidos. Pese a la mayor cautela en la retórica primermundista las incorrectas decisiones de fondo del gobierno de Macri siguen en pie. La adhesión a la Alianza del Pacífico sólo puede traer renovadas dificultades para la Argentina, lo mismo que el eventual ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), habida cuenta de que ambas iniciativas fueron diseñadas por Washington con un claro propósito geopolítico: contener y, de ser posible, revertir la creciente gravitación de China en la economía y la escena internacionales. Pero el gigante asiático es uno de los dos principales socios comerciales y financieros de la Argentina, por lo cual asociar este país a acuerdos concebidos con tal objetivo difícilmente puede servir para mejorar los vínculos entre Beijing y Buenos Aires.
Tampoco servirá para robustecer las relaciones con Rusia, un importante foco de poder en el cambiante sistema internacional. Por otra parte, a nadie se le escapa que el TPP, que es el proyecto más ambicioso, ha despertado crecientes resistencias en buena parte del mundo. Y que la Alianza del Pacífico es una inverosímil creación estadounidense que congrega a cuatro países: México, Colombia, Perú y Chile que mantienen tenues vínculos comerciales entre sí, con lo cual sus motivaciones geopolíticas «anti-chinas» afloran con inusitada transparencia y no han pasado desapercibidas para los gobernantes de la China. Países, además, en donde dos de ellos, México y Colombia, han sido devastados por el narcotráfico que ha infestado todos los estamentos de la vida estatal. No parece una buena opción para la Argentina subirse a un vehículo tripulado por semejantes actores.
Pese a estos antecedentes, subsiste en el gobierno la ilusoria y suicida creencia de que con la sumisión al imperio este país se verá favorecido por una lluvia de inversiones externas. El abandono de una política exterior independiente -que por serlo ha generado la permanente animosidad de los Estados Unidos desde la época del Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826- sólo puede traer nuevos infortunios a la Argentina. Para los muchos y muy diversos enemigos que Washington tiene en los cinco continentes el nuevo e indefenso aliado sudamericano será un blanco fácil de atacar, mientras que la burguesía imperial jamás estará dispuesta a recompensar a su voluntario peón con la magnanimidad que el ocupante de la Casa Rosada imagina. No lo hizo con México ni con los otros integrantes de la Alianza del Pacífico, y menos lo hará con la lejana e impredecible Argentina. Para concluir, este doble tránsito hacia el semi-autoritarismo y la semi-colonia nada bueno augura para el futuro de este país.
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