La Fiscalía de Bolivia ha comenzado un proceso jurídico para restablecer el orden constitucional resquebrajado por el Golpe de Estado de noviembre de 2019, por el que fue destituido y perseguido el ex presidente Evo Morales y muchos de los funcionarios que conformaban el gobierno plurinacional.
El esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo boliviano por los golpistas encabezados por Jeanine Áñez y los ex ministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López, Rodrigo Guzmán, así como por Williams Kaliman ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros personajes políticos, religiosos y militares-policías subvencionados por el imperialismo estadounidense, puede marcar el rumbo de un nuevo orden de justicia que se va avizorando en Nuestra América, más ahora, que el ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha librado los procesos jurídicos amañados que intentaron inculparlo de corrupción y desacreditarlo como oponente político del neofascista Jair Bolsonaro.
Sobre Áñez y demás golpistas pesan al menos 36 asesinatos por la represión ejercida contra el pueblo que luchó para frenar el avance golpista, unos 800 heridos y 1,500 presos políticos ilegalmente detenidos, además de crímenes cometidos por el saqueo a la economía, recursos naturales, agresiones a la democracia y contra el carácter plurinacional del Estado boliviano con los actos vergonzosos de racismo y neofascismo que instauraron en Bolivia una situación de indefensión que al final fue revertida por la voluntad popular manifestada en la elecciones presidenciales de octubre pasado en las que el poder del pueblo restauró el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ahora con Luis Arce a la cabeza.
Las acusaciones contra Áñez promovidas por la ex diputada del MAS Lidia Patty, son por delitos de terrorismo, sedición, conspiración y otros que resulten del proceso jurídico, un antecedente que debe servir de ejemplo para los países latinoamericanos como México, cuyos ex presidentes cometieron todo tipo de delitos de lesa humanidad y que hasta ahora no enfrentan proceso alguno para pagar por sus actos, es claro que no se necesitan consultas sino acciones concretas para establecer la justicia.
Fiel al cinismo y tras ser detenida, Áñez publicó en sus redes sociales que: “Como exmandataria tengo una situación particular, pero así es el abuso, así es el atropello. Esta aprehensión es abusiva, abusiva”, así tal cual se lee, la golpista culpable de asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos ahora pide se respete la ley, una actitud recurrente entre los sectores ultraconservadores cuando ven perdida su fuerza y tienen que hacer frente a los reclamos del pueblo, la golpista también dejando más clara la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea en el golpe de 2019, ha solicitado a estos organismos su intervención, iniciando una desesperada campaña mediática para acusar al gobierno constitucional boliviano de dictadura y demás absurdos, nuevamente, puede establecerse un paralelo con lo que acontece en países como México, en donde los sectores ultraconservadores mantienen una feroz campaña para denostar cualquier acto del gobierno federal, sin importar los incontables crímenes cometidos por ellos cuando gobernaron.
Esperamos que el actual proceso contra los golpistas bolivianos resarza en lo posible la esperanza de los pueblos latinoamericanos puesta en la justicia venidera para el fin de tanta inmundicia.