M.H.: Se cumplen tres años del pacto Chevron/YPF. Tres años desde que la mayoría de la Legislatura neuquina aprobó este pacto, represión mediante, que duró casi diez horas. El gobierno nacional y el provincial destacaban este pacto como una garantía para el autoabastecimiento, mientras que la oposición lo caracterizaba como perjudicial para la provincia de […]
M.H.: Se cumplen tres años del pacto Chevron/YPF. Tres años desde que la mayoría de la Legislatura neuquina aprobó este pacto, represión mediante, que duró casi diez horas. El gobierno nacional y el provincial destacaban este pacto como una garantía para el autoabastecimiento, mientras que la oposición lo caracterizaba como perjudicial para la provincia de Neuquén. En tanto, los partidos de izquierda y las organizaciones mapuches, lo denunciaron como una representación del saqueo y la contaminación. Desde tu lugar de investigador y especialista en temas energéticos, cuál es tu visión, no solamente de lo que pasó en ese momento sino en la actualidad.
G.L.: Después de la recuperación parcial de YPF, con lo que fue la estatización de las acciones de Repsol allá por comienzos de 2012, a fines de ese año se hablaba de un acuerdo que se iba a firmar con la empresa Chevron. Inmediatamente todos los ojos se dirigieron a lo que era Vaca Muerta, porque empezaron a hablar de poner en marcha un plan piloto, en una zona muy rica, para el cual se iban a asociar en un 50 y 50% YPF y Chevron, pero para encarar esas modificaciones empezaron a generarse situaciones muy oscuras que no salieron a la luz pública y que tienen varios capítulos.
Lo primero que hay que remarcar es que en ese acuerdo lo que se firmó fue un convenio que tiene varias cláusulas secretas que tienen que ver con aspectos que hoy atan en términos soberanos a la Argentina. Por ejemplo, todo lo vinculado a la posibilidad de establecer reclamos contra empresas extranjeras. La Argentina lo ha resuelto cediendo su propia soberanía y su jurisdicción para responder a los reclamos, a tribunales extranjeros. Eso es parte de lo que se ha firmado en el pacto, además del reparto de un 50 y 50% de las riquezas generadas en esa porción del territorio que no es más de 20 km2 donde se pensaban perforar más de 1.600 pozos.
¿En qué quedó esto hoy, con la baja del precio del petróleo? Ese desarrollo quedó a la mitad, con 800 pozos perforados en esa región, que sirvieron para que el yacimiento de petróleo no convencional en Vaca Muerta, hoy sea el segundo yacimiento en extracción de la Argentina y sobre cuyo reparto de dividendos desde fines de 2013 a la actualidad poco conocemos. Porque además entró el otro elemento esencial, que acordó la Legislatura neuquina bajo represión como mencionaste, y sin debates, un año después con la Ley de hidrocarburos que se modificó en el Congreso argentino en octubre de 2014.
Lo que se hizo, fue modificar la Ley de hidrocarburos para modificar las concesiones que existían y que estaban a la cabeza de YPF en esa región y se la dieron al consorcio que se formó con Chevron por 35 años, es decir, a perpetuidad. Esas concesiones sobre Loma Campana vencen en el 2048 y la situación productiva de esos yacimientos hoy no la conocemos, como tampoco conocemos de qué forma encararon la inversión tanto YPF como Chevron. Lo que sí sabemos es que habría otra cláusula secreta, que además de ceder la jurisdicción soberana ante posibles conflictos, implicaría que en caso de que hubiera litigio, YPF debería reconocerle lo que había firmado en el contrato a perpetuidad.
Aunque el contrato se rompa, ese 50% la empresa Chevron se lo debería seguir llevando. Con lo cual, en el conjunto de modificaciones brutales que se hicieron, se modificó una ley por decreto y por otro decreto se le dieron exenciones impositivas para importar equipos. Todo esto se hizo entre julio y agosto de 2013, previo al comienzo de la explotación, más lo que fue pasando con las modificaciones de la Ley de hidrocarburos, donde el gobierno anterior incluyó los subsidios del llamado «Plan gas». Eso se legalizó, se fueron más de U$S 4.000 millones por ese plan, un estímulo para que las empresas produzcan más, cuando la única que lo hizo fue YPF en los últimos 2 años. O sea, que la herencia de YPF Chevron termina con esta vergüenza final, que se dio en noviembre de 2015, unos días antes de la segunda vuelta electoral, cuando la Corte dijo que ya no había más excusas, después de los reclamos y las jurisdicciones que habían pasado por la justicia y exigió que dieran cuenta de las cláusulas secretas firmadas.
Hoy, septiembre de 2016, la empresa avalada por el nuevo gobierno macrista, no ha dado a conocer las cláusulas. Hay una continuidad espantosa. Nada ha cambiado.
Las empresas privadas estafaron al país y fundieron los yacimientos
M.H.: ¿Cómo se está evaluando el tema de la próxima audiencia pública por las tarifas del gas el próximo 16 de septiembre?
G.L.: Lo que habría que garantizar es que de parte de las organizaciones populares haya la mayor participación posible. Más allá de que es una audiencia no vinculante y que el gobierno va a intentar generar una situación para imponer un criterio propio. Pero creo que se va a hacer un intento de escuchar todas las voces y hay que tener cuidado en no perdernos en las cuestiones secundarias. Esta situación que ha abierto la Corte nos debe permitir pelear para que se ponga en debate y escrutinio público, lo que las grandes empresas energéticas y el gobierno nacional no quieren que se discuta, que son los costos de extracción y de producción de gas y petróleo.
La audiencia pública, respecto del tema del gas, dice que se va a discutir el traslado a tarifa del precio del gas y los nuevos precios del segmento de transporte y distribución. Pero entre el 65% y el 60% de lo que finalmente pagamos, es el precio de la extracción de gas, llamado «gas en boca de pozo», que es lo que hoy está en fuerte debate y que el gobierno ha aumentado en un 100%. Es una línea fundamental en la que todos los que participen deberían insistir.
M.H.: ¿Te anotaste?
G.L.: Sí, además estamos viendo cómo organizaciones barriales, pymes, comerciantes, podemos organizar algo que sea anterior a la realización de esta audiencia. Probablemente se realice el jueves 15 de septiembre un acto público, para poner en consideración los temas de agenda del sector energético, que van a ser un poco desvirtuados en la audiencia, más allá de lo que los diferentes sectores van a querer decir.
El espacio hay que aprovecharlo, pero hay que tener en cuenta que el gobierno, después de las rondas de consulta que va a hacer en los últimos días, va a tratar de ir con alguna propuesta que probablemente sea diferente a la última de aumentar el 400% para usuarios residenciales.
M.H.: Ya se habla de un 300%.
G.L.: Sí. Se habla de eso y menos también. Creo que la semana que viene vamos a tener una idea más clara de por dónde va a ir el gobierno. Más allá de eso, tenemos que hacer algo antes, porque ese día en la audiencia hay que hacer hincapié en los datos que nos quieren retacear a la opinión pública en general. Para poner en discusión todo el panorama energético.
M.H.: Otro dato importante es qué hicieron con los subsidios que recibieron las empresas. Supuestamente debieron hacer inversiones que no se produjeron.
G.L.: Así es. Hay un argumento sumamente infantil, afirman que las empresas no tenían precios y sus ecuaciones económicas estaban quebradas, que no tenían incentivos para invertir. Pero, por un lado, se trata de un servicio que entraña derechos humanos fundamentales y, por otro lado, han recibido una enorme cantidad de subsidios que se han ido incrementando año a año y sobre los cuales nunca hemos tenido auditorías serias para saber a dónde fueron a parar. Porque mientras el sistema funcionaba bajo las reglas del mercado, en los ´90, nos decían que el funcionamiento libre iba a generar las condiciones de inversión. Simplemente lo que ocurrió es que como ese era el gran punto débil del sistema y el Estado no sólo no controlaba nada sino que, por el contrario, le dio el control a las empresas, estas fundieron los yacimientos. Ahora quieren volver sobre estas ideas, lo que ya vimos en los ´90 que no funcionó. Con lo cual, este tema de los precios reales de producción y la auditoría real sobre qué se ha hecho con los subsidios, son justamente los dos aspectos sobre los cuales debería centrarse el debate en esta audiencia.
M.H.: ¿Se resuelve esto en una audiencia de un solo día?
G.L.: No. Va a comenzar cerca de las 9 de la mañana, se prevé que cada persona hable no más de 5 minutos, tiempo en el cual mucho no se puede decir. Está claro que no va a alcanzar el tiempo. El Enargas ya ha dicho que seguramente se extienda al día siguiente y probablemente al lunes siguiente también. No se va a resolver en un solo día y además tenemos la posibilidad, que de acuerdo a cómo el gobierno lo maneje, con qué criterio, ese día va a haber movilizaciones en la que van a estar las dos CTA y la corriente sindical que preside Palazzo de bancarios. También deberían haber habilitado audiencias simultáneas en el interior del país, en todas las cabeceras de las distribuidoras.
M.H.: ¿Sabés cuantos inscriptos hay hasta ahora para intervenir?
G.L.: No tengo el número exacto, pero por referencia de algunas organizaciones de defensa al consumidor, están superando las 300 personas.
M.H.: 900 minutos mínimo.
G.L.: Además hasta dos días antes de la realización de la audiencia la gente se puede registrar. Incluso van a ir sectores de comerciantes y pymes, aunque la audiencia se circunscribe a usuarios residenciales.
M.H.: Haciendo un cálculo rápido, estamos hablando de un mínimo de 15 horas por ahora. Vamos a tener un lindo escenario griego, una especie de asamblea ateniense.
G.L.: Es importante que el ágora se extienda hacia afuera.
M.H.: Yo creo que sí, porque es un tema que moviliza a la sociedad y evidentemente ha sido fundamental para paralizar estos aumentos. Ya cuando hablamos de un 300% están dando una señal, están poniendo un termómetro a ver qué pasa. Tengo muy presente algo que dijiste en tu última participación aquí en Plan B(aires), que las empresas necesitan seguridad jurídica, que las tarifas se puedan cobrar, cualquiera sea el porcentaje de aumento. Lo que no puede pasar es lo que sucedió. Jorge Lapeña señala que nunca pasó en la historia argentina que se estableciera un aumento de tarifas, como se hizo en febrero/marzo de este año, y que hasta el momento no se haya podido aplicar; es un hecho histórico.
G.L.: Así es. Vamos a seguir sobre esto, creo que la semana que viene tendremos novedades sobre la propuesta del gobierno.
M.H.: ¿Dónde va a ser la audiencia?
G.L.: En la Usina del Arte en La Boca.
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