No a muchos les habrá pasado inadvertido el protagonismo que en los últimos meses -en algunos casos, de varios años atrás- han venido asumiendo los empresarios mexicanos en diversos temas de la vida pública del país. No es ya que se manifiesten en torno a los temas que les eran propios tradicionalmente, como la política […]
No a muchos les habrá pasado inadvertido el protagonismo que en los últimos meses -en algunos casos, de varios años atrás- han venido asumiendo los empresarios mexicanos en diversos temas de la vida pública del país. No es ya que se manifiesten en torno a los temas que les eran propios tradicionalmente, como la política económica y monetaria, inversión pública y privada, liberalización, tasas impositivas, etcétera. Mucho más allá de ello, ahora diversos líderes de ese sector se manifiestan políticamente de manera pública sobre temas que atañen a toda la sociedad de diversas maneras.
No es ilegítimo que lo hagan; el problema está en que los gobiernos, solícitos, escuchan prioritariamente esas opiniones mientras ignoran o menosprecian las de otros grupos de la sociedad, incluso más calificados e interesados en determinadas políticas públicas.
El caso más conocido, y quizás el más grave, es el del grupúsculo pernicioso autodenominado Mexicanos Primero, conformado por varios de los oligarcas más importantes del país y más allá: Azcárraga, Servitje, González Guajardo, Ramírez Villalón y Ramírez Magaña, etc. Ninguno de ellos es o ha sido educador; mucho menos pedagogo. Sería increíble que alguno de ellos haya pasado por la escuela pública para su formación; menos aún que envíen a sus hijos a instituciones educativas estatales. Sin embargo, pretenden dictar en todo el país la política educativa, y en gran medida lo han logrado a través de la reforma de 2013 contra el magisterio nacional. Como se sabe, esa supuesta reforma -sin contenido educativo o filosofía pedagógica alguna- ha llevado al ya muy prolongado conflicto entre el gobierno peñista y grandes sectores de profesores de casi todos las entidades del país. Lograron también imponer a una de los suyos, Sylvia Schmelkes Del Valle (quien antes fue miembro del Consejo Académico de esa agrupación empresarial) como presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y desarrollan a través de los medios una campaña de odio contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, criminalizando constantemente la protesta social.
Recientemente los grandes empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lograron también echar abajo en el poder Legislativo la iniciativa de ley para que se les aplicara también la norma 3 de 3 , que hubiera obligado a los contratistas del gobierno a hacer públicas sus declaraciones de bienes, fiscal y de conflictos de interés. Bastó con que se «manifestaran» brevemente (todos trajeaditos y muy monos) en la Columna de la Independencia para que esa misma noche los recibiera el presidente de la República en la residencia oficial y la iniciativa surgida del Senado para enriquecer el Sistema Nacional Anticorrupción quedara sepultada y en el olvido.
En realidad, más allá de defender sus propios intereses económicos, el sector empresarial presenta demandas incluso inconstitucionales y anticonstitucionales, como limitar el derecho de manifestación de todos los ciudadanos mediante reglamentaciones de dudosa legalidad. Así ocurre en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y otras entidades donde los órganos legislativos intentan imponer restricciones, algunas de ellas absurdas, a ese derecho. Desde luego, el propósito no es otro que hacer intervenir a la fuerza pública en cada movilización social para vigilar el desarrollo de la misma y, en su caso, reprimir a los manifestantes.
En Michoacán, el vocero de tales demandas ha sido nada menos que el líder de los hoteleros del Estado, Agustín Arriaga Díez, heredero de un célebre -por represivo- gobernador, y cuyos negocios no sólo están en el sector turístico sino en una cadena de distribución de automóviles en el mismo Michoacán y otras entidades. Alega, sin embargo, que las manifestaciones (marchas y en ocasiones plantones o cierres de avenidas) les producen a los comerciantes y hoteleros del Centro Histórico de Morelia millonarias pérdidas, lo cual sólo podría confirmarse si, en efecto, transparentaran éstos sus declaraciones fiscales. Pero, con su sola palabra, ha sido uno de los instigadores para que diputados del Partido Verde y del PAN presenten sendas iniciativas contra el libre derecho de manifestación pública.
Otro ejemplo: La mencionada Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial han promovido amparos «por omisión» contra las autoridades del gobierno mexicano por no actuar más decididamente y con la fuerza, contra los maestros movilizados en oposición a la Reforma Educativa en Oaxaca (donde ha habido muertos, presos y lesionados del lado magisterial), Chiapas y otras entidades. Y han llegado a sugerir una huelga en el pago de impuestos si sus belicosas demandas no son atendidas por los gobernantes. Se oponen radicalmente, incluso, al establecimiento de mesas de negociación entre la Secretaría de Gobernación y el magisterio disidente y a cualquier posibilidad de que el Ejecutivo o el Legislativo cedan terreno a los disidentes. En esas posiciones, por supuesto, son generalmente secundados por Acción Nacional.
Y para coronar con una extravagante cereza el pastel, hace unos días también el señor Vicente Tapia Verduzco, dirigente de la Fundación para la Calidad y la Competitividad en Michoacán , lanzó públicamente y sin prueba alguna la acusación de que la CNTE no busca simplemente la abrogación de la Reforma Educativa «sino que tienen un trasfondo político de cara a los comicios de 2018» y que hay «puntos de encuentro entre el crimen organizado, la guerrilla y la CNTE [ya que] hay miembros que pertenecen a las tres». Lo asombroso no es una declaración de ese calibre en labios del empresario, sino que el mismo gobernador Silvano Aureoles se haya hecho eco de la misma e, igualmente sin presentar prueba alguna, haya prácticamente ratificado lo señalado por el empresario.
Los empresarios mexicanos paga salarios de miseria, reconocidos por la OCDE entre los más bajos del mundo, a la altura de Honduras, Haití y el África Subsahariana; contratan a sus empleados por honorarios y tiempo determinado para eludir el pago de las prestaciones más básicas como la seguridad social y el fondo para la vivienda; pactan contratos de protección con sindicatos inexistentes o totalmente blanqueados, que no representan a los trabajadores; eluden también el pago de impuestos -sobre todo los más grandes capitalistas- a través del régimen de créditos fiscales totalmente deducibles, creado en su momento por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Negocian con el Sistema de Administración Tributaria -o lo ganan en juicios conducidos por sus equipos de abogados- jugosas devoluciones de impuestos, como los tres mil millones de pesos reembolsados a Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, durante el gobierno de Felipe Calderón (que dista de ser un caso aislado, aunque no conozcamos otros múltiples nombres, amparados por el secreto fiscal). Han sacado del país sumas estimadas en alrededor de 50 mil millones de dólares para depositarlas en bancos de los Estados Unidos, Europa o paraísos fiscales.
En suma, la burguesía mexicana es una de las más rapaces y depredadoras del mundo contra la clase trabajadora y el Estado mismo; pero además, rezongona y quejumbrosa cuando siente amenazados sus intereses más inmediatos. Aun así, no cumplen con el argumento con el que siempre justifican sus correrías mediáticas y políticas: la creación de empleos. Casi el 60 por ciento -y creciendo- de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, sin seguridad social, sindicalización ni acceso a un mínimo de bienestar, por no hablar de las vergonzosas pensiones jubilatorias que obligan a nuestros ancianos a llenar bolsas en los autoservicios o, de plano, pedir caridad en los cruceros. Son los que han propiciado que siete millones de jóvenes sean clasificados como ninis , sin acceso al mercado laboral ni al sistema educativo.
Ésa es la clase de capitalistas que pretenden dar clases de moralidad y representar los intereses más amplios de la sociedad, a nombre de la cual hablan, siendo ellos una minoría. Son el uno por ciento, si acaso, cuyas fortunas equivalen casi al 50 por ciento del producto interno bruto del país, es decir, de todos los bienes y servicios que producen los mexicanos. Por ello tienen en sus manos al sistema político, al cual manejan a su voluntad, sin importar el partido que se encuentre en el gobierno.
Pero muchas veces juegan con fuego, atizan el odio social y muestran su desesperación frente a cualquier expresión social que no se amolde a sus deseos. ¿Cuánta responsabilidad les cabe a estos señores cuando, en efecto, la lumbre incendia la pradera?
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.
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