Ocurrió un 29 de setiembre de 1976. El silencio sepulcral se interrumpió de pronto con el ronquido de un Falcon y una ambulancia, de la cual dos militares bajaron seis cuerpos. La respuesta del empleado de la morgue no fue la esperada. Los hombres de verde, sin identificación, insistieron. La respuesta seguía siendo la misma: […]
Ocurrió un 29 de setiembre de 1976. El silencio sepulcral se interrumpió de pronto con el ronquido de un Falcon y una ambulancia, de la cual dos militares bajaron seis cuerpos. La respuesta del empleado de la morgue no fue la esperada. Los hombres de verde, sin identificación, insistieron. La respuesta seguía siendo la misma: sin una orden, no podían aceptarlos. Los dos hombres finalmente asintieron, pero mientras procuraban alguna invención legal para darle curso al trámite, los seis cadáveres permanecieron tirados en un charco de sangre durante varios días. Eran cinco hombres y una mujer. Su pelo corto dejaba ver el tiro pegado en la sien. El empleado de la morgue no la reconoció. Hasta entonces nadie la reconoció. Pero en esa escena gris y tenebrosa, María Victoria Walsh, hija de Rodolfo Walsh, evitaba desaparecer mientras su cuerpo peleaba contra la burocracia para recuperar el nombre.
Como ésa fueron muchas las escenas, muchos los empleados y muchos los trámites a través de los cuales decenas de cuerpos recuperaron su identidad y evitaron sumarse a la lista de desaparecidos. El dato había pasado desapercibido durante mucho tiempo, pero logró llamar la atención de la antropóloga María José Sarrabayrouse, para quien la burocracia judicial se transformó así en una huella fundamental sobre el accionar de la dictadura. Su trabajo, Poder judicial y dictadura, recientemente publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), justamente investiga eso, el funcionamiento de una Justicia que -tal como revela el caso de la Morgue Judicial- expone la complicidad de un gran sector promoviendo el debate sobre el rol que tuvo la sociedad civil durante el terrorismo de Estado.
¿Qué relación se plantea entre el Poder Judicial y la dictadura?
Es interesante. Venía trabajando hace años sobre el Poder Judicial y ya, a mediados de los noventa, hubo una cuestión que me empezó a llamar la atención. Todo el tiempo podía escucharse esta suerte de lamento permanente que provocaba el menemismo o lo que ellos llamaban «el desembarco menemista». Todo el tiempo uno oía «El Poder Judicial ya no es lo que era» o «Ahora viene mucha gente de afuera». Esto tiene que ver con un contexto político particular que fue la creación de los tribunales orales, que efectivamente significaron la entrada de mucha gente nueva. Pero lo que me llamó más la atención fue esta expresión de que los que entraban no eran «nacidos y criados». El punto en cuestión es que los que sí pertenecían a la familia judicial habían entrado o habían ascendido durante la dictadura. Fue así cómo empecé a investigar sobre el tema. Lo más curioso es que cuando empecé a preguntar por esto dentro de la Justicia, no había ninguna reacción. Por el contrario. De a poco comencé a analizar las rupturas y continuidades, y encontré que la dictadura no crea un nuevo poder judicial sino que hace uso de una estructura existente.
Usted menciona en el libro el caso de «Camarón».
El caso sirve para plantear una pregunta central, que es qué hacen los Estados con los delitos de los regímenes previos. «Camarón» fue un problema que se le presentó al gobierno de Héctor Cámpora. Se trata de una Cámara que había sido creada en 1971 para intervenir en los casos denominados «delitos de la subversión», con una jurisdicción muy amplia. Era un engendro completamente irregular. Ahora, lo más llamativo es que quienes la componen venían de las «grandes familias» del Poder Judicial. Cuando asume Cámpora la disuelve y a muchos se les otorga la jubilación anticipada. Hasta 1976, dado que muchos de ellos vuelven con la dictadura, como es el caso del presidente de la Cámara del Crimen, que es el único procesado en la causa de la morgue.
¿Qué interés particular reviste el caso de la morgue, sobre el cual decidió concentrar su investigación?
Creo que es un caso que tiene dos caras para analizar. Por un lado, es una causa excepcional porque se trata de una denuncia que realiza un organismo de derechos humanos, el CELS, al Poder Judicial, más concretamente a la morgue y a la Cámara del Crimen. Con lo cual, lo que pone en evidencia es la complicidad que tuvieron determinados sectores de la Justicia con el terrorismo de Estado. Por el otro, muchos de los funcionarios a los que les tocó la causa se excusan de actuar exponiendo justamente esta cuestión de la familia judicial. Si uno ve el expediente, los motivos que dan son porque «tal que puede ser imputado en la causa, fue quien me ingresó al Poder Judicial» o «comparto una cátedra en Derecho con tal otro». Entonces la pregunta es cómo es que este mundo donde se supone que la norma y las reglas universales deberían marcar la conducta de los actores, aparece teñido por la lógica de las relaciones personales y esta existencia de verdaderos clanes que hay dentro de la justicia. Además, si bien la causa termina con un sobreseimiento por prescripción, deja un antecedente fundamental. Porque el problema inicialmente para juzgar a los responsables de las desapariciones era justamente que no había cuerpos, y acá sí tenemos los cuerpos.
¿Cuántos cuerpos pasaron por la Morgue Judicial?
En total, unos 105 cadáveres fueron remitidos a la morgue por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1979.
El caso expone además un mecanismo mediante el cual se institucionalizaba el terrorismo de Estado.
Exactamente, y ésa es otra de las cuestiones que se deriva de esto, que es el tema de cómo pensar a la dictadura. Creo que hay que derribar ciertos mitos acerca de lo que fue la dictadura.
¿A qué se refiere?
Uno de los mitos que está fuertemente instalado es esto de pensar a la dictadura como si hubiese sido el reino de lo clandestino. Por supuesto que esta dimensión estuvo presente y el signo que la marcó fueron las desapariciones. Pero lo cierto es que la dictadura tuvo un orden legal de facto. Y el funcionamiento de la justicia tiene que ver con esto. Muestra cómo prácticas completamente irregulares se encauzan en una rutina burocrática. Hace tiempo escribimos un artículo con Sofía Tiscornia y hablábamos de la sangre hecha expediente. Creo que sintetiza bien esta idea.
Por otro lado, el trabajo describe cierto carácter corporativista y elitista que posee el Poder Judicial. ¿Cómo vio que se impone hoy ese conservadurismo?
Algo ha cambiado, pero creo que hay cuestiones que siguen funcionando. Por ponerlo en otras palabras, las formas tal vez son las mismas aunque el contenido pudo haber variado… Es un poder conservador. Aunque no tenemos que perder de vista que hay cierta heterogeneidad. Hay grupos bastante progresistas y parte de lo que se pudo lograr con la causa de la morgue fue gracias a estos otros grupos. Carlos Oliveri y Luis Niño fueron los jueces que llevaron adelante la causa, y realmente investigaron. Y el activismo de los derechos humanos también fue posible porque hubo un activismo judicial. Esto hay que decirlo y uno ahora lo puede ver con la reapertura de los juicios…
¿Ha notado algún cambio en los miembros del Poder Judicial con el avance de las causas por violación a los derechos humanos?
En realidad terminé la investigación en 2008, con lo cual ese proceso estaba en sus comienzos. Creo que los juicios implican un enorme cambio, y hay un sector interesante que los impulsa. Pero después hay un enorme cúmulo de lo que serían estos «adaptados», como los llamo en el libro, estos hombres grises que siempre han estado, que son los que generalmente perviven y los que pasaron la dictadura adoptando su discurso.
Usted cita un caso interesante en el que un juez que detiene a un sargento por amenazar a alguien con un arma recibe todo tipo de presiones por parte de las Fuerzas Armadas e incluso llega a recibir la visita de José Claudio Escribano, entonces subdirector del diario La Nación.
Exactamente. Y de vuelta volvemos a esta idea de los «mitos» de la dictadura. Creo que hoy se está dando una discusión muy interesante, por ejemplo, a partir de la transformación del término. Muchos ya no hablan de «dictadura militar» sino de «dictadura cívico-militar».
Obviamente no quiere decir que en toda la sociedad esté debatiéndose esto. Pero es fundamental que cuestiones como la discusión sobre Papel Prensa, más allá de la pelea concreta del Gobierno, hayan logrado instalarse en la agenda pública. La teoría de los dos demonios contribuyó mucho con una falsa interpretación. Una de sus peores consecuencias, justamente, pasa por no reconocer el consenso que tuvo el golpe, que además no hubiera podido ser posible sin ese consenso. Así como también se niega el apoyo popular que tuvieron las organizaciones armadas en la década del 70. Si uno lee todo lo que se escribió en los 80, la impresión que queda es que las Fuerzas Armadas sacaron los tanques a la calle y tomaron el poder mientras el país los miraba en silencio. Creo que el discurso alfonsinista caló profundo en la construcción de ese relato y sus efectos hoy se están revirtiendo.
Huellas
Hace tan sólo unas semanas se conoció el histórico fallo sobre la megacausa ESMA. Además de la condena a prisión perpetua, que recibieron Alfredo Astiz y Jorge «El tigre» Acosta, entre otros, la sentencia marcó posiciones fundamentales sobre el terrorismo de Estado. Entre ellas, el juez Daniel Obligado pidió a la Corte Suprema que impulse ante los organismos internacionales la inclusión de la figura del «perseguido político» en el delito internacional de genocidio.
En su fallo, Obligado plantea que en el país hubo un «politicidio». ¿Podría considerarse como otro intento por profundizar nuevas lecturas de lo que pasó durante la dictadura?
Me parece fundamental pensar nuevas categorías para dar cuenta de lo que fue la dictadura. Lo interesante de la reapertura de las causas es que se está juzgando con el código penal, se juzga a los militares como delincuentes comunes. Ahora, lo que resulta difícil frente a ello es construir la prueba de lo que fueron las desapariciones físicas. Porque no están los cuerpos. Y es aquí donde entra a jugar, por ejemplo, el Poder Judicial, porque la dictadura quemó todo.
¿Cómo juega?
La documentación que sí existe fue la que dejaron las instituciones, que es lo que llamo las huellas de la burocracia. Por ejemplo, en la causa sobre la morgue se da un episodio muy interesante. En un momento, el director de la morgue se reúne con el presidente de la Cámara del Crimen y con el presidente de la Corte Suprema para pedirles que aumenten el número de médicos porque no daban a basto con el trabajo que tenían dada la cantidad de cuerpos que les llevaban las fuerzas militares. Y esto queda documentado en informes. Sería el mismo caso que el del Cementerio de San Vicente, en Córdoba, que cita el Nunca Más, donde hay una carta de los sepultureros a Videla hablando de sus malas condiciones de trabajo por el aumento de cadáveres y el estado de descomposición en el que llegaban. Es así como un reclamo sindical se transforma en una prueba fundamental.
Fuente: http://www.revistadebate.com.ar//2011/12/12/4794.php