Desde el levantamiento indígena en Chiapas -enero de 1994- a las últimas tensiones en Oaxaca, México transita una etapa política compleja, con particulares problemas en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. La comunidad internacional sigue atenta la cotidianeidad de ese importante país latinoamericano. Amnistía Internacional advierte y espera, impaciente, mejoras a corto plazo. Los desafíos son inmensos…
CONSULTAR A LA SOCIEDAD CIVIL
La necesidad de una más activa mediación y de una mayor consulta de parte de las autoridades aztecas a la sociedad civil mexicana constituye uno de los temas esenciales del análisis de Alma Noser, responsable de Amnistía Internacional (AI) Suiza para México.
Y recuerda el contenido esencial del último informe que su organización acaba de publicar en febrero. El mismo analiza las «graves deficiencias de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal mexicanos».
Deficiencias que hacen, según AI, que la detención arbitraria, la tortura, los juicios injustos y la impunidad sean prácticas sistemáticas a nivel estatal y federal en todo el país.
El documento se basa en entrevistas que representantes de AI mantuvieron entre 2004 y 2006 con representantes del Gobierno Federal y de diversos estados; agentes del Ministerio Público; abogados; miembros de la judicatura; ONG de derechos humanos así como con víctimas de abusos y sus familias.
En noviembre 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la tortura seguía siendo una práctica generalizada en México.
El Informe de AI recomienda realizar una reforma constitucional y de la legislación secundaria, para garantizar que las obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos sean consagradas en la legislación nacional.
GRANDES PROBLEMAS. DESPROTECCION INDIGENA
«La situación es muy difícil. Especialmente en las regiones indígenas del sur, y también en estados del norte. No sólo por las dificultades económico-sociales cotidianas, sino también por la falta de un real acceso a la justicia», insiste Noser en entrevista exclusiva.
Según un censo realizado por el Instituto Federal de Defensoría Pública, en 2004, había sólo 82 abogados con la preparación necesaria para representar y poder defender a los 13 millones de personas indígenas en México.
Y la lista de problemas es larga, según la experimentada activista helvética, comenzando con las «tensiones enormes en regiones donde el Gobierno estudia implementar megaproyectos hidroeléctricos sin ninguna consulta a la gente» .
Así como «el drama de la migración -mexicana y centroamericana- hacia el norte, que sufre abusos inimaginables; el tema escondido de la migración interna cada vez más intensa y preocupante por las tensiones sociales; el aumento del narcotráfico con la consecuente militarización que sirve para controlar-reprimir a los movimientos sociales; o el asesinato ya endémico de mujeres en Ciudad Juárez», sigue enumerando.
EXIGENCIAS DE MEJORAS PROFUNDAS
En cuanto al futuro, Noser no esconde grandes interrogantes. «Soy bastante escéptica con respecto a un mejoramiento real, de fondo, de los derechos humanos», enfatiza.
Pesimismo con el que coincide el sociólogo mexicano Marcos Antonio Leyva Madrid, director de EDUCA, una ONG de Oaxaca dedicada a la educación comunitaria alternativa.
Leyva, quien visitó recientemente Suiza invitado por Amnistía Internacional y por Peace Watch, es uno de los consejeros de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y ha participado en la negociación con las autoridades para encontrar alternativas a la crisis que desde el año pasado reina en su Estado.
En mayo de 2006 los maestros iniciaron una huelga en el Estado de Oaxaca para exigir mejoras salariales y de condiciones de trabajo y ocuparon la plaza principal de la ciudad del mismo nombre.
El intento de las fuerzas de seguridad por desalojarla y una primera onda represiva llevó a una radicalización de la protesta. Y a la formación, en junio del 2006, de la Asamblea popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Desde entonces hasta ahora Oaxaca ha vivido un clima de inseguridad extrema, con confrontaciones, represión, presos, heridos y muertos.
«La violación de los derechos humanos ha sido constante y significativa. Y eso produce un enorme enojo de mucha gente», enfatiza Leyva. Quien, a pesar de todo, sigue convencido que el diálogo y la negociación son los mecanismos esenciales para terminar con el clima de inseguridad que vive Oaxaca.
LA VISION OFICIAL HELVÉTICA
En cuanto a la conflictividad de distinta índole que se da en México, «estamos persuadidos que hay que hacer todos los esfuerzos para institucionalizar mecanismos de diálogo y negociación», enfatiza por su parte Mô Bleeker.
Bleeker es la responsable del «Programa de derechos humanos, promoción de la paz y seguridad humana», impulsado por la división política IV del Departamento Federal de Asuntos Extranjeros helvético. El mismo concluirá a fin del 2007.
La cancillería helvética apoya desde el año 2002 diversas iniciativas para la promoción de los derechos humanos en México.
Una de ellas, el programa PROPAZ, implementado en Chiapas por cuatro grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) de cooperación al desarrollo: Acción Cuaresmal, Caritas, Pan Para el Prójimo y HEKS (ayuda protestante). Busca aportar positivamente a la transformación-resolución del conflicto y al respeto de los derechos esenciales de la persona humana.
Desde 2003, sostiene también un proyecto más amplio, a nivel nacional, con similares objetivos esenciales.
El mismo se comenzó a ejecutar luego que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizara junto con las autoridades mexicanas un primer diagnóstico sobre los derechos humanos en ese país latinoamericano. A posteriori se definió un Plan Nacional en esa esfera.
El aporte suizo se materializa a través de dos «socios», tal como explica Mô Bleeker.
Uno de ellos, la organización «Ginebra para los derechos humanos», que asegura una asistencia técnica y de mediación para que dicho plan sea implementado en acuerdo con la sociedad civil. Actualmente se impulsa en cinco estados del país.
El segundo socio es SERAPAZ, una instancia mexicana para la transformación de los conflictos. Esta ha promovido en los últimos años un observatorio para el diagnóstico de conflictos; cursos de formación sobre esta temática con participación de autoridades municipales; así como actividades de mediación cuando realidades conflictivas amenazan transformarse en situaciones violentas.
La comunidad internacional se muestra atenta y expectante. Y espera, a muy corto plazo, iniciativas y reformas significativas. La presión social aumenta y la pelota pica ahora en el campo del Gobierno.