No hay duda de que una minoría potentada instaura una dictadura en varios ámbitos de la política en Bolivia. Hasta hace unos 16 años y por varios decenios, este grupo acostumbraba ejercer el poder mediante golpes militares, partidos conservadores y modelos administrativos dependientes y privatistas, que dejaron al Estado en ruinas.
Desde mediados del siglo XX, en el Oriente del país, la camarilla aumentó “beneficiarios” con la “asignación” de recursos monetarios y tierras a los amigos del régimen de turno. Particularmente, los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), desde 1952, y del dictador Hugo Banzer (1971-1978) entregaron grandes cantidades de dinero y extensos territorios a pocas manos, con el pretexto del desarrollo agrícola y ganadero y de los polos industriales del algodón, caña de azúcar y arroz.
Si bien estos objetivos se cumplieron en distintos grados, la agricultura básicamente se redujo a la agroindustria de monocultivos de soya y a la expansión ganadera en franco detrimento del equilibrio ecológico. Hoy en día, esto representa beneficio económico solo para algunos latifundistas, quienes acaparan la tierra y creen aportar “en gran medida a la economía” por el único hecho de cumplir la responsabilidad de ciertos impuestos, mientras se benefician de la subvención del diésel y de los precios de las exportaciones.
En este panorama se destaca una fracción verdaderamente positiva, la industria mediana y pequeña de manufacturas y alimentos en Santa Cruz, disminuida en sus potencialidades por el dominio agroindustrial-ganadero que acumula tierras solo por hacerlo. De este modo, el conocido como “modelo productivo cruceño” tiene luces y sombras, justificando un modelo económico feudal, pintado con rasgos modernistas por la utilización de tecnología agrícola.
De retorno al tema, este poder económico –que tiene remedos en el Occidente del país–, prácticamente, ha secuestrado con el miedo a una población grande de trabajadores por cuenta propia, obreros, empleados y a emprendedores manufactureros y empresariales con el argumento de que su “visión productiva” es la respuesta. De este modo, logra que sectores sociales de pobres y trabajadores, entre ellos algunos indígenas y fracciones de gremios, defiendan a una casta elitista y discriminadora.
Si bien la estrategia es “aterrorizar y no dejar gobernar”, las tácticas para esto son variopintas. Una de ellas es por demás llamativa, se trata del eufemismo de que los cívicos cruceños –brazo articulador de la elite de esa región– “escuchan” el pedido de los comerciantes gremialistas para convocar a un paro indefinido desde el 8 de noviembre. Mientras esto hace eco en algunos grupos “cívicos” de otras regiones del territorio, se apela al simbolismo de lanzar la protesta en el día en que el régimen actual de Gobierno cumple un año en funciones.
Es claro que –debido a la expectativa por el informe presidencial en esa fecha– se pretende neutralizar la evaluación del oficialismo, que enfocará de manera positiva, como es obvio, las acciones desarrolladas en la administración del Estado. Lo extraño es que los sectores empresariales y financieros, que son los más beneficiados con las medidas estatales en pro de la reactivación económica, mantienen silencio sobre la situación. Esta “discreción” es evidencia de la presión que ejercen las elites políticas conservadoras.
Mientras tanto, acecha como fantasma el modelo económico dependiente, que busca la injerencia y entrega de los recursos a formas de explotación colonialista extranjera, que ahora se mantienen a raya con la Constitución Política del Estado, que busca “promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones” (artículo 316.7) , “con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra” (Preámbulo constitucional).
En este marco, los pretextos para perjudicar a la gestión de Gobierno no faltan. Todo sirve y servirá, de lo grande a lo pequeño, para provocar inestabilidad, miedo y descrédito. En un paralelo de la realidad, se exige respeto a la democracia y a la Constitución violando ambos conceptos. Uno de los provocadores, con intenciones de fijar sus pretensiones, desde el Legislativo repite que “los ciudadanos han perdido el miedo al Gobierno”. Otros recurren al insulto y al sarcasmo para indisponer y bajar la moral de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Varios emplean las redes sociales para difundir falacias acerca de los funcionarios de las instituciones del Estado, aunque algunos de ellos dan motivos por la inexperiencia y el poco tino.
Tan poca es la imaginación y la iniciativa que el común denominador de la arremetida contra el régimen constitucional, es el mismo surgido en “alguna parte” del planeta para referirse a gobiernos alternativos. Al mismo tiempo, la minoría dictatorial, mediante el terror disimulado, ha incursionado en la “coordinación” con sectores sociales “populares”, pese a mirarlos con desprecio, discriminación y racismo.
¿De qué sirve la cantidad de votos si grupos reducidos pretenden mantener el estado de cosas?
Las falsedades crean contextos superpuestos, donde se dice todo y se instaura artificios sin evidencia. Al mismo tiempo, persiste la direccionalidad de los medios de comunicación y la manipulación de la información. Se denuncia el “avasallamiento” y la quema de áreas forestales cuando la destrucción medio ambiental es mayor a manos de latifundistas, con el agronegocio de monocultivos en tierras adquiridas de formas irregulares.
Se pregona un extraño secuestro a periodistas y a otros ciudadanos por parte de un grupo con armas de grueso calibre. Durante este hecho, un policía, Rider Condori Mamani, advirtió la presencia de exreclusos y personas con antecedentes penales entre los presuntos avasalladores de tierras que atacaron armados (1).
Más allá de esto, los alegatos no faltan para la consigna de “no dejar gobernar y aterrorizar”. Ahora se persigue leyes promulgadas y en proyecto, esto facilitado por los errores oficialistas en la difusión y consenso. A más, se especula sobre el abastecimiento de hidrocarburos, se desluce la actividad incipiente de empresas estatales. Para colmo, se politiza la hipocresía de las fracciones confesionales con el drama de una niña, a la cual –además de haber sufrido un vejamen sexual imperdonable– se le viola los derechos de privacidad, protección estatal y vida en plenitud, todo con la intención de indisponer a la comunidad religiosa contra el Estado laico.
En lo estatal administrativo, no se destaca el impulso del cambio de la matriz energética, tampoco la promoción de la industrialización ni la estabilidad que conviene a la banca, a la industria privada y a la población.
Nota
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