“La verdad siempre es revolucionaria”
Ferdinand Lassalle
Aún no decido si acudiré a la casilla a participar en la consulta popular para el 1 de agosto. Hay razones —muchas— para no participar, y algunas para hacerlo; quizá de menor peso, dado el muy previsible resultado.
Si al final decido hacerlo, no será porque crea que cinco ex presidentes del país (el centenario Luis Echeverría nunca ha sido mencionado), ni siquiera aludidos en la boleta correspondiente, puedan ser denunciados, llevados a juicio, consignados o, menos aún, sentenciados. No soy ingenuo.
Sé que se trata de un proceso manoseado por diversas instancias —el poder Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía General de la República— para eludir las responsabilidades que a cada una les toca. El presidente López Obrador ha dicho en todos los tonos que él no está de acuerdo en que sus predecesores sean juzgados; y es seguro que la consulta no será suficiente para romper el pacto de impunidad que ha hecho, especialmente con EPN. Los diputados y dirigentes partidarios que hoy llaman a la participación en el plebiscito no presentaron en su momento, hasta donde sé (me alegraría que me desmientan), ninguna iniciativa de juicio político a los mandatarios ni a sus colaboradores cercanos. La FGR no ha hecho público tener abiertas carpetas de investigación, menos aún haber hecho consignaciones, por ningún delito imputable a los multicitados ex mandatarios.
Sé muy bien que ni una ni muchas consultas eliminarán los derechos de los ex presidentes, ex funcionarios, funcionarios o ningún ser humano ante la justicia: presunción de inocencia, debido proceso, etc., y que cualquier consignación sólo podría hacerse con pruebas sólidas que la gran mayoría de los consultados no tenemos a nuestra disposición.
Está muy claro también que la generalidad de los delitos que pudieron en su momento imputarse a los gobernantes y sus funcionarios, como se ha atrevido a decirlo el fiscal Santiago Nieto públicamente, han prescrito. Quizá se exceptúen —los juristas podrían estudiarlo— algunas decisiones trascendentes de Enrique Peña Nieto. Son imprescriptibles, en cambio, los delitos de lesa humanidad, como genocidio, desapariciones forzosas, tortura y otros. Me parece vergonzoso que un gobierno que se reputa democrático y popular y una fiscalía para la que se ganó una autonomía al menos en lo formal, requieran de una consulta para perseguir injusticias de tal gravedad, como si no estuviera en sus respectivos mandatos hacerlo.
Me resulta también evidente que el del 1 de agosto se trata de un ejercicio para obtener rendimientos políticos, no justicia. El gobierno y su partido buscan mayor respaldo popular (que seguramente no obtendrán en los cómputos de la consulta; pero de ello culparán al INE) y ampliar, quizás innecesariamente, su legitimidad presentándose como demócratas que ceden decisiones “trascendentes” (jejé) al conglomerado ciudadano. Vaya, hasta Mario Delgado Carrillo, Pablo Gómez y otros “demócratas” que firmaron con Enrique Peña Nieto el pacto cupular denominado “por México” para imponer en la Constitución las reformas —nunca consultadas con el pueblo— en beneficio del capital e inspiradas en la doctrina y los dogmas neoliberales, ahora se presentan como democráticos porque llaman a una consulta que bien saben que no resolverá nada por sí misma, por la forma y el fondo con que fue diseñada.
Hablar con fines propagandísticos para motivar la participación, de “juicio a ex presidentes”, o ahora de una “comisión de la verdad”, que no están especificados en la boleta de la consulta, es engañoso, y conlleva el riesgo de la frustración de los participantes cuando caigan en cuenta de que el ejercicio plebiscitario será agua de borrajas sin efecto jurídico directo ninguno, y probablemente tampoco indirecto, ya sea que se logre o no el 40 por ciento de asistencia de los inscritos en el listado nominal (37.4 millones; siete millones más que los que en 2018 votamos por AMLO).
Igualmente, con fines propagandísticos, se citan experiencias plebiscitarias internacionales difícilmente comparables con la propuesta para este agosto en México: consultas, referendos o plebiscitos que sí llevaron a procesos de transición política, a la confección y promulgación de nuevas constituciones, a la caída de regímenes o gobiernos, a la aprobación o rechazo de sistemas económicos o de leyes muy polémicas o controvertidas. Nada similar se dirimirá en nuestro país este domingo, donde sólo se ha puesto en cuestión, de la manera más abstracta que fue posible, si las leyes deben aplicarse y si las autoridades deben cumplir o no con las responsabilidades que creíamos que ya tenían asignadas.
Como novedad, el EZLN ha hecho su propia interpretación —tampoco contenida en la boleta— llamando a participar como una forma de reivindicación de las víctimas de delitos oficiales, que ciertamente son muchas y de las que la mayoría siguen sin justicia. Pero eso es sólo una interpretación más del galimatías jurídico impreso en las papeletas. Ni juicios ni comisiones de la verdad, ni resarcimiento a las víctimas, se derivan lógica ni jurídicamente de lo que resulte de esta consulta. Si algo se logra avanzar en ese terreno dependerá más de la voluntad de los gobernantes que del resultado que salga de las urnas.
Un artículo reciente de Enoé Uranga (https://revistareplicante.com/la-justicia-que-nunca-tendre/), hija de presos y perseguidos políticos durante la Guerra Sucia de Luis Echeverría y José López Portillo y defensora desde muy joven de derechos humanos, me ha abierto una perspectiva, en la que no había pensado: el manejo de la consulta y sus resultados como una burla más a las víctimas de la violencia de Estado y la represión, pues no establece mecanismo concreto ninguno para la recta aplicación de la justicia ni la sanción a torturadores, secuestradores, asesinos o responsables de desapariciones forzadas tendrían que venir de una consulta pública, y no vendrán, aunque así lo quieran interpretar el subcomandante Galeano y otros esperanzados ciudadanos. Esos mecanismos ya están formalmente en las leyes; pero, como todos sabemos, sólo excepcionalmente se aplican, y en su caso, por tratarse de asuntos que han trascendido a la opinión pública nacional e internacional.
Más dudoso resulta que se llegue a fincar responsabilidades a los policías, militares y miembros de la Armada que operaron acciones criminales tan aberrantes como las de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato e Iguala, por no hablar de casos más distantes en el tiempo.
Tengo serias dudas de que, en verdad, se pueda llamar “democracia directa” o “democracia participativa” a una acción que no resolverá nada de fondo, que quedará como un mero enunciado de que una mayoría de participantes sí aspira, en forma abstracta, a ver castigado lo que se pueda y haya que castigar, aunque esto no se precise ni en la estrambótica formulación de la Corte ni en el enunciado inicial presentado por el presidente López Obrador, más orientado contra los ex presidentes pero igualmente general y ambiguo en cuanto a las imputaciones.
Pero lo que sí me genera el ejercicio de consulta es mucha curiosidad con lo que harán las autoridades competentes de hoy con el resultado de la consulta. Si se logra el buscado 40 por ciento del listado nominal participando en las urnas, ¿cuál de ellas se sentirá aludida y obligada? ¿Ahora sí el presidente de la Republica presentará acusaciones de hechos y las respectivas pruebas ante la Fiscalía? ¿El fiscal Gertz actuará certeramente abriendo nuevas carpetas de investigación o actualizando las que reposan en archivos empolvados? ¿Qué diputados asumirán en serio el acudir a presentar denuncias por hechos que sólo propagandísticamente manejan, como el Fobaproa, ya inexistente como tal, o las reformas “estructurales” de Peña, que algunos de ellos también aprobaron hace algunos años y que dudosamente pueden ser tratadas como delitos? ¿O legislarán para enmendarlas por ser, eso sí, legislaciones lesivas a los intereses del pueblo y de la nación?
¿Y si no acuden esos más de 37 millones de ciudadanos a la cita con las urnas, qué harán las mismas autoridades? ¿Lanzarán, desde luego, una nueva campaña para desprestigiar al INE y nada más? ¿O aun sin haber mandato ciudadano se decidirán a actuar y sobre todo a hablar al pueblo con la verdad? ¿Se romperán los pactos de impunidad de hoy y del mañana, de tal manera que todo funcionario o autoridad puedan ser efectivamente responsables ante el estado de derecho y sus instituciones?
¿Y caerán los ciudadanos en cuenta de que la búsqueda de la justicia no pasa por la opinión pública ni por consultas, como no pasan por ahí los derechos humanos, sino por el liso y llano cumplimiento de las normas? ¿Lograrán diferenciar los mexicanos entre la efectiva aplicación del citado estado de derecho y las formas seudodemocráticas y de simulación? Si esto último ocurre, sí podremos estar iniciando una verdadera transición y una real revolución en las conciencias que mucho se enuncian, pero aún no vemos.
Probablemente sí acuda a participar. No será con ninguna esperanza, si lo hago. Sólo por el interés de observar lo que nuestros gobernantes harán y hasta dónde llegarán en su siempre proclamado compromiso con los gobernados y con la vaporosa justicia que nunca logramos alcanzar.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH