La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió presentar una demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de tres víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata del primer caso ante la Corte Interamericana por la violación a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad […]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió presentar una demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de tres víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se trata del primer caso ante la Corte Interamericana por la violación a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez que se presenta ante este tribunal internacional, informó a SEMlac la abogada Karla Michel, quien desde hace cinco años promueve la justicia para una de las víctimas.
Michel explicó que, con esta demanda, las familias de tres asesinadas en el caso conocido como «Campo Algodonero» tendrán la posibilidad de acreditar, ante esta instancia internacional, las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno Mexicano en relación con el feminicidio, por no cumplir sus recomendaciones.
La demanda contra México fue interpuesta el pasado 4 de noviembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en San José, Costa Rica.
Será la primera ocasión en que esa instancia analice un caso de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, donde -según cifras oficiales- más de 352 mujeres fueron ultimaas en los últimos 14 años y también, por vez primera, examinará un caso cuyo tema central es la violencia de género, explicó la abogada Michel, actual asesora en violencia de género del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, capital de la República Mexicana.
Precisó que la CIDH actúa y recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando los Estados, como México, hacen caso omiso de las recomendaciones que ha establecido previamente en un informe de fondo. Hizo notar que México aceptó la competencia de la Corte Interamericana en 1998.
La demanda se refiere a casos que fueron presentados por separado, pero que están relacionados, por tratarse de la desaparición y el homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, dos de ellas menores de edad, entre septiembre y noviembre de 2001.
La CIDH tomó en cuenta, de acuerdo con el documento de aceptación del que tiene copia SEMlac, que el caso se basa en la denegación de justicia por parte del Estado mexicano, la falta de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y el conocimiento de las autoridades estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia contra mujeres y niñas.
En Ciudad Juárez, las primeras denuncias de feminicidio se formularon en 1993, por lo que la CIDH, que ha recibido múltiples informes y ha dado seguimiento al caso «Campo Algodonero», sustanció la falta de respuesta de las autoridades frente a estos asesinatos y desapariciones, por lo que considera negligencia en la investigación de los homicidios.
El documento añade que tampoco se ha realizado la reparación adecuada en favor de sus familiares.
Al resumir los hechos, Michel señaló que, el 6 de marzo de 2002, la CIDH recibió tres denuncias por la responsabilidad internacional de México ante las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez, desaparecidas en 2001 y halladas asesinadas a principios de noviembre de ese año.
Esmeralda y Laura Berenice tenían 15 y 17 años, respectivamente, cuando ocurrieron los hechos.
Los peticionarios argumentan que las autoridades gubernamentales «no han hecho todo lo que podían hacer para esclarecer la muerte» de las tres jovencitas y «dar una explicación clara y verídica sobre esta violación» de derechos.
Indican, asimismo, que «la ineficacia en las investigaciones demuestra la poca voluntad del Gobierno para esclarecer estos crímenes y prevenirlos».
Tras declaraciones y la creación de instancias y programas en Ciudad Juárez, las autoridades alegan que han «redoblado esfuerzos» para agotar todas las hipótesis que conlleven «a localizar y comprobar la probable responsabilidad» de los autores, y consideran que las investigaciones «han sido eficientes» en la medida en que varias personas están cumpliendo penas.
También afirman que «en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez».
Los hechos
Los días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos en el terreno conocido como «campo algodonero», en Ciudad Juárez. La Procuraduría General de Justicia en Ciudad Juárez inició la investigación por los delitos de homicidio y violación.
Fueron detenidos Víctor J. García Uribe (El Cerillo) y Gustavo González Meza (La Foca), a partir de declaraciones autoinculpatorias y las de una supuesta testigo.
La identidad de las víctimas también fue establecida a partir de las «confesiones» y vestigios en el lugar. Una de ellas fue presentada como Esmeralda Herrera Monreal, reportada como desaparecida el 29 de octubre del mismo año.
Durante la investigación previa, los peritos oficiales solamente realizaron la necropsia de ley, que consistió en una descripción del estado del cuerpo de cada una de las víctimas, sin abundar en su identidad ni el modo y causa de las muertes.
En forma irregular, los dictámenes en antropología forense, criminalística y genética forense, destinados a corroborar la identidad de las víctimas y las causas de muerte, se fueron agregando a la causa penal, cuando cinco días después del hallazgo las autoridades ministeriales ya habían asignado una identidad a cada víctima.
Al comparecer por vez primera ante un juez, ambos inculpados denunciaron haber sido torturados física y psicológicamente por los policías judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría, para firmar confesiones en las que reconocían a las víctimas. A Víctor y Gustavo les fueron tomadas fotografías poco después de la tortura, en las que aparecen las lesiones provocadas.
No obstante, el juicio siguió su curso. El 8 de febrero de 2002, Gustavo González murió en prisión después de una operación por hernia inguinal y en condiciones aún no aclaradas. Anteriormente, su abogado fue asesinado por agentes de la policía judicial, quienes «justificaron» los hechos, señalando que lo habían confundido con un delincuente fugitivo.
Los familiares de las víctimas en ningún momento fueron tomados en cuenta por las autoridades en las investigaciones, ni en el proceso penal. La madre de Esmeralda, como otras madres de víctimas, no vio el cuerpo de su hija.
El 13 de octubre 2004, después de cuatro años de proceso, Víctor Javier García Uribe fue condenado a 50 años de cárcel. El caso fue informado a diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que documentaron y se pronunciaron en varias ocasiones sobre las múltiples irregularidades y violaciones cometidas.
Declaraciones públicas de fiscales y peritos que intervinieron en la investigación dan cuenta de que fueron obligados, por órdenes del Procurador, a «armar» el expediente y fabricar culpables, para evitar la presión social. De acuerdo con esos testimonios, los nombres fueron puestos en cada uno de los cuerpos encontrados, a partir de una lista de jóvenes recién desaparecidas, de manera que las fechas de desaparición coincidieran con el estado de los cuerpos, no por deducción científica.
El 14 de julio 2005, el tribunal de apelación decretó absolver a Víctor Javier García por falta de elementos en su contra, lo que implicó la reapertura de las investigaciones. Para la madre de Esmeralda (y otras madres en el caso), significó confirmar que los hechos siguen impunes, dudar nuevamente de la identidad de los cuerpos presentados y ratificar que la actuación de las autoridades había sido un montaje intencional e interesado.