En días pasados el diario Reforma de la Ciudad de México difundió su más reciente encuesta acerca de la percepción de la figura presidencial. Los resultados, sorprendentes, no podrían ser más desalentadores para quien encabeza el Ejecutivo y para su equipo de trabajo. Enrique Peña Nieto como presidente tiene en la actualidad la aprobación de […]
En días pasados el diario Reforma de la Ciudad de México difundió su más reciente encuesta acerca de la percepción de la figura presidencial. Los resultados, sorprendentes, no podrían ser más desalentadores para quien encabeza el Ejecutivo y para su equipo de trabajo. Enrique Peña Nieto como presidente tiene en la actualidad la aprobación de sólo el 23% de los ciudadanos, y éstos en general califican su gestión con un reprobatorio 3.9, frente a un 4.4 que recibió apenas en abril pasado y 6.3 en abril de 2013. El 69% de los 1.200 mexicanos consultados opinó que la inseguridad pública ha empeorado; y un apabullante 76% considera que el país va por un mal camino. Después de que Peña pidiera perdón por el escándalo ya conocido como la casa blanca, el 59 por ciento expresó que su percepción del presidente no había cambiado; pero un 27 por ciento dijo que ésta había empeorado. Sólo 6 de cada cien manifestó que su opinión había mejorado.
Pero la mencionada encuesta refleja una percepción ciudadana que sin duda va más allá de la figura presidencial y expresa un malestar social más general. O, mejor dicho, es sólo una de las manifestaciones de este descontento.
Cierto es que hay motivos suficientes para personalizar en el presidente Peña Nieto muchos de los males que aquejan al país, particularmente el de la corrupción. El mencionado escándalo de la casa blanca de las Lomas de Chapultepec, como ostentación de una riqueza mal habida y producto del compadrazgo y el tráfico de influencias, caló fuerte en la sociedad mexicana como un mero ejemplo, palpable, del enriquecimiento de las elites políticas y particularmente del presidente y su familia, y vino a deteriorar prontamente la imagen presidencial.
Un nuevo escándalo es el del departamento que Angélica Rivera, esposa del presidente, posee en un lujoso edificio de la ciudad de Miami, Florida, y el haber recibido de uno de sus vecinos ahí, Ricardo Pierdant, empresario, amigo personal del propio Peña Nieto y posible contratista del gobierno federal, no sólo el préstamo de otro apartamento sino incluso el pago -por alrededor de medio millón de pesos- del impuesto predial del de ella. Ninguno de los actores ha negado la relación de amistad; pero no han logrado explicar por qué esta cercanía llega al punto de que el amigo se haga cargo del pago de obligaciones fiscales que corresponden a la consorte.
Con anterioridad también, desde que era gobernador del Estado de México, se ganó Peña la fama de represor, particularmente por el caso de San Salvador Atenco. Cuando de esa acción policiaca se jactó, durante su campaña presidencial, ante los alumnos de la Universidad Ibero Americana, desató la oposición activa de los estudiantes de educación superior que integraron en 2012 el movimiento Yo Soy 132. ¿Y qué decir de las múltiples muestras de ignorancia y de torpeza que ha dado ante diversos auditorios y en diferentes circunstancias, las que han hecho las delicias de los usuarios de las redes sociales?
Sin embargo, decía, son varios otros factores los que determinan la crisis política actual. La inseguridad pública -que EPN se comprometió al inicio de su gobierno a reducir en un año- sigue no sólo sin menguar sino incrementándose día a día en el país. 27 mil desaparecidos reconocidos por la Secretaría de Gobernación, el hallazgo casi cotidiano de fosas clandestinas y sangrientos crímenes y ejecuciones que llenan a diario las planas de los periódicos dan cuenta de ello, por no abundar en los robos con violencia a comercios, transeúntes y automovilistas que también asuelan a la población. Las matanzas de Allende, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, así como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, han colocado al gobierno mexicano como uno de los más represivos del mundo, inmerso en los que los organismos internacionales han caracterizado como una crisis grave de derechos humanos.
En la economía, a pesar de las grandes expectativas generadas en 2012 y 2013 por la operación legislativa de las llamadas reformas estructurales -particularmente las de telecomunicaciones y energética- el crecimiento no se ha concretado, sin poder rebasar un ese sí ya estructural 2 o 2.1 por ciento; y ahora esa confianza en las reformas se ha revertido con los incrementos a las gasolinas y la electricidad. La drástica caída de los precios petroleros ha incidido de manera importante en el estancamiento; pero la política económica aplicada, restrictiva y con incremento en los precios de los energéticos, lejos de contribuir a la reanimación productiva y comercial, la frena.
Pero, impensadamente, no fue en la reforma energética -donde las izquierdas esperaban que se daría la madre de todas las batallas-, sino en la educativa, donde la resistencia magisterial-popular encabezada hace ya tres años por la CNTE, ha logrado frenar (pero aún no revertir) un proyecto diseñado no sólo sin los profesores sino contra el profesorado. La tenacidad y muchas veces heroísmo con que los docentes han enfrentado la sordera e insensibilidad gubernamental encabezada por Peña Nieto, Aurelio Nuño y diversos gobernadores, exaspera al sector del empresariado más interesado en la reforma, que pide contra el magisterio rebelde aplicar todos los medios posibles de represión, desde los económicos hasta los físicos.
Las renovadas -que no nuevas- amenazas de privatización del sistema de salud (IMSS, ISSSTE, SS y Seguro Popular) por la vía de las subrogaciones, las asesorías y convenios con empresarios de los servicios médicos y el alquiler de equipo e infraestructura ha abierto entre los trabajadores del sector otro frente de resistencia que empieza a crecer paralelamente al del magisterio. Las luchas locales contra las empresas mineras y megaproyectos hídricos, hidroeléctricos, turísticos, eólicos, etcétera, se multiplican por los rincones del territorio nacional.
La crisis de legitimidad se ha extendido a los diferentes órganos de gobierno, alcanzando a las fuerzas armadas y a los partidos políticos. Las elecciones, cada vez más costosas, suponen una creciente derrama de dinero en propaganda tanto como en la compra de sufragios; y el divorcio entre los legisladores y los intereses genuinos de sus electores es la regla a la que hay escasas excepciones que hacer. Pocas instituciones mantienen credibilidad en la sociedad; el desgaste de la legitimidad y una justicia social siempre inalcanzada son las coordenadas de una crisis en la que el sistema como conjunto se empieza a ver envuelto.
Y el colofón: el distanciamiento entre el gobierno de Peña Nieto y uno de sus aliados más sólidos, la Iglesia Católica, a consecuencia de haberse pronunciado a favor de legalizar de manera general en el país los matrimonios homosexuales. Ese distanciamiento deriva, además, en una más difícil relación con Acción Nacional, engallado por sus recientes triunfos en varios Estados considerados bastiones del priismo.
Corrupción, estancamiento económico, violencia e inseguridad son los factores que más han mermado la legitimidad de un régimen impasible frente a las demandas populares, pero presto a reaccionar ante la menos presión del sector empresarial. Con ello, sin embargo, se ha dejado arrastrar a una crisis gubernativa de grandes dimensiones, acaso la más aguda desde la instauración del régimen de partido de Estado.
¿Qué salida tendrá esta crisis? La disfuncionalidad del régimen puede derivar en una mayor desarticulación del bloque de poder vigente, compuesto por el PRI, el PAN, la gran burguesía mexicana y extranjera, el gobierno estadounidense, las fuerzas armadas y la Iglesia. Eso podría conllevar a la profundización de la crisis gubernativa hacia una crisis de régimen. Sin embargo, no aparece uno de los factores que podrían contribuir a ello, una oposición poderosa, unificada y orientada a la desarticulación del mismo régimen. En su ausencia, una salida conservadora es más factible.
En ese escenario, los grupos empresariales dominantes, en su mayoría, parecen apostarle a una restauración conservadora que frene el avance de las fuerzas populares, una «revolución pasiva» en los términos de Gramsci, que les permita recomponer autoritariamente el bloque gobernante. El impulso mediático a Margarita Zavala como candidata del PAN parece apuntar en ese sentido, ante el desgaste profundo de la presidencia peñanietista que ha arrastrado al PRI hacia el abismo.
De las fuerzas populares y su movilización; pero sobre todo de su acoplamiento como un frente político-social ante la crisis, depende darle a ésta una salida antioligárquica que evite la agudización de la miseria, la represión y la precariedad laboral a la que han llevado a los trabajadores. Y no es para 2018; el tiempo ya se agota.
Eduardo Nava Hernández, Politólogo – UMSNH
Fuente original: http://www.cambiodemichoacan.