En noviembre de 2012 se realizó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) inicialmente promovida por Felipe Calderón y posteriormente apoyada por Enrique Peña Nieto, en la cual se formalizaba la subcontratación (Artículo 15 fracción A, B, C, D).
Con este cambio, esta forma de contratación se incrementó significativamente en los últimos años. En 2009 había 3.3 millones de trabajadores con esta forma de trabajo, para 2019 esta cifra llegó 6 millones (Censos Económicos INEGI). Esto significa que en 10 años el número de trabajadores que laboran en esta figura prácticamente se duplicó.
En nuestro país las centrales corporativas como la CTM, CROC, CTC, CROM, CATEM, avalaron esta forma de contratación, pues tienen una larga trayectoria de subordinación a los gobiernos priistas y a su política de contención salarial. Algunos de sus dirigentes llevan en sus puestos varias décadas y durante este tiempo han servido de control y represión hacia grupos de obreros independientes que han luchado por democracia sindical.
En la campaña presidencial de 2018 de Andrés Manuel López Obrador, después como presidente, ha establecido como uno de los elementos centrales en su discurso el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
En
2019 fue reformada la LFT como resultado de la presión de las centrales
sindicales y una parte del Partido Demócrata de EU, quienes
condicionaron a ello su apoyo a la aprobación del TMEC en el Congreso
norteamericano. Por lo que se pudo saber, sus argumentos eran que los
salarios reducidos en extremo en nuestro país y el amarre de la LFT a la
posibilidad de que los trabajadores mexicanos limpiaran sus sindicatos y
pelearan por condiciones dignas de trabajo, establecían una especie de
dumping que presionaba a la baja los salarios, las condiciones laborales
y la oferta misma de empleos en Estados Unidos, viéndose con ello
afectadas en sus intereses y en su fuerza de negociación las centrales
sindicales norteamericanas. Las centrales sindicales dejaron establecido
en una cláusula del
TMEC, que estarían vigilando regularmente el cumplimiento de estos compromisos por parte del gobierno mexicano. (ART. 23).
La reforma laboral fue presentada como una acción para democratizar los sindicatos. En ella, se establece que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido, la elección de los dirigentes se realizará con voto directo, libre y secreto. El padrón actualizado de los miembros del sindicato se publicará con tres días de anticipación a la elección y las directivas cada seis meses deberán informar de ingreso de cuotas y los gastos que se hayan realizado. El lugar donde se desarrolle la votación debe ser un lugar seguro para que los trabajadores puedan ejercer libremente su voto y por supuesto no se puede ejercer ningún tipo de intimidación o violencia contra los trabajadores.
Llama la atención que en la elección de una parte del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de 2019 no se entregó, ni se publicó el padrón, negaron el voto a varios miembros de la oposición y jubilados. Incluso, sacaron a golpes a varios de ellos cuando se presentaron a votar. Cabe mencionar que los integrantes del Comité Central encabezado por Martín Esparza, tuvieron liquidaciones millonarias a diferencia de toda la base y en 11 años no han rendido cuentas claras y a detalle de los ingresos y gastos del sindicato.
En 2020, se nombró una comisión electoral, que en medio de la pandemia y arriesgando la salud de los trabajadores, controló todo el proceso. Tres miembros de la corriente de Martín Esparza, instalaron las urnas, controlaron el Padrón, resguardaron por 10 días con sus noches las urnas, sólo ellos contaron los votos y levantaron el acta de resultados.
Llama la atención que tanto en la elección de 2019 como en la de 2020 del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ninguno de estos lineamientos establecidos en la reforma a la LFT se cumplió, sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS) le otorgó la toma de nota a Martin Esparza por cinco años más.
Otra situación que llama la atención es el trato del presidente hacia los dirigentes de las centrales corporativas y represivas.
El 12 de noviembre de este año mandó una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibir el llamado outsourcing, porque lesiona derechos fundamentales de trabajadores y las empresas que promueven esta forma de contratación evaden impuestos por cerca de 200 mil millones de pesos. Las cámaras empresariales se opusieron a esta iniciativa y pidieron tiempo para discutir una posible regulación.
El pasado 9 de diciembre en Palacio Nacional, el presidente convocó a los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a representantes del que llamó “sector obrero” para la firma de un acuerdo tripartita, en el cual solicitan al Congreso de la Unión que la discusión sobre la subcontratación se posponga hasta febrero del próximo año. Lo que llama la atención es que en la firma de este acuerdo el representante del “sector obrero” sea el octagenario Carlos Aceves del Olmo, diputado y senador por el PRI, y presidente de la CTM, cuya historia corporativa y represiva hacia el sindicalismo independiente es ampliamente conocida. Destaca su activa participación en las negociaciones de la reforma en 2012, que implicó la legalización del outsourcing como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de diputados en ese momento.
La toma de nota a Martín Esparza en el SME y la representación del “sector obrero” por líderes corporativos y represivos en la firma del acuerdo el pasado 9 de diciembre, contradice la lucha contra la corrupción y democracia sindical a la que se ha referido el presidente.
A dos años de gobierno, la 4T no parece proponerse llegar por sí misma a los sindicatos charros. La democracia y transparencia en los sindicatos sigue siendo una tarea pendiente que sólo se hará realidad con la participación activa y consciente de los propios trabajadores.