Las marchas realizadas el domingo 13 en Ciudad de México y quizá varias decenas de ciudades del país bajo la consigna más bien ambigua de “defender al INE” y la inmovilista y conservadora de #ElINENoSeToca, no pasaron inadvertidas para los medios nacionales e internacionales y, desde antes del fin de semana, pero sobre todo el propio domingo y en los días que han seguido, han acaparado gran parte de la atención pública.
Es cierto que la iniciativa y la convocatoria a la movilización dominical partió de grupos conservadores abiertamente opuestos a todas las políticas del gobierno de López Obrador; también lo es que los partidos opositores defienden sus excesivas prerrogativas y el privilegio que hasta hoy tienen de confeccionar las listas de candidatos plurinominales, determinando así en gran medida (dos quintas partes de los diputados federales y una cuarta parte de los senadores) la representación “popular” en congresos y ayuntamientos. No menos verdadero es que ciertas figuras impresentables, democraticidas y fraudífices de apenas ayer, aparecieron como protagonistas y acapararon las cámaras y micrófonos, dando lugar a una mayor descalificación de las marchas por los partidarios del gobierno federal: Vicente Fox, Margarita Zavala, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos y una constelación de figuras de lo más torvo de la política nacional. Igualmente pudieron verse expresiones de manifestantes de ultraderecha que dijeron acudir a defenderse de un gobierno “comunista” y antidemocrático, o expresiones similares.
Pero también es verdadero que había razones para rechazar activamente, como muchos manifestantes lo hicieron, la iniciativa de reforma electoral y política propuesta por el presidente, sobre todo en sus aspectos más regresivos: reducir el número de diputados, que ahora serían todos plurinominales; la disminución casi total de prerrogativas a los partidos, con las desventajas que eso implica para algunos y los riesgos para todos; la desaparición de los organismos electorales locales y, sobre todo, el control del gobierno y del partido o partidos con mayoría en el Congreso sobre los consejeros del INE, a pesar de la supuesta “elección popular”, en realidad ratificación de decisiones tomadas en las cúpulas.
Muy equívoco resulta, entonces, que las descalificaciones, válidas para algunos de los manifestantes, se hayan extendido en las redes sociales y algunos medios a todos ellos; y especialmente sospechosos los ataques a José Woldenberg por TV Azteca. Sé de diversos participantes (yo no asistí), simpatizantes o activistas de las izquierdas y no del PAN, del PRI o de cualquier grupo derechista, que acudieron a las marchas porque lo sintieron legítimo e incluso necesario. No pocos de ellos dieron su apoyo a López Obrador en sus tres postulaciones a la presidencia, o antes, para jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Y sobre todo la marcha en Ciudad de México y los acontecimientos en su entorno fueron decisivos en al menos un aspecto. La participación de los dirigentes y líderes camerales del PRI, y su compromiso de no votar a favor de la reforma propuesta por el Ejecutivo, refrendado luego con la difusión de un spot en los medios nacionales, echaron por la borda la posibilidad de que López Obrador saque adelante en el congreso la reforma constitucional para modificar a su gusto la legislación electoral. Puede interpretarse que no operaron ya los medios coactivos que permitieron, sí, que Alejandro Moreno y la mayoría de legisladores tricolores aprobaran hace un as semanas la reforma militarista en materia de seguridad pública. Será, hasta donde recuerdo, el primer gobernante que no pueda ver aprobadas dos de sus iniciativas de reforma constitucional, sumada esta en materia electoral a la de la reforma eléctrica de hace unos meses.
El presidente, muy molesto por su ya inminente fracaso, ha dado tres respuestas:
La descalificación, ya abiertamente iracunda, desde varios días antes de las manifestaciones del 13 de noviembre y el lunes 14, a los que en ellas participaron, a quienes colmó de descalificaciones y vituperios de toda índole: oligarquía, clasistas, conservadores, racistas, hipócritas, desinformados, corruptos, despistados, delincuentes electorales y muchos más. Como siempre, su discurso mañanero ha estado dirigido no a toda la sociedad nacional sino a quienes creen fervorosamente en él.
El anuncio, luego matizado de aplicar un llamado “plan B”, que dijo, consistiría en modificar las leyes electorales secundarias, ya que no puede tocar la constitución. Llegó a decir que reduciría el número de diputados y llevaría a elección popular la integración del Consejo General del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Desde luego, nada de ello tendría validez jurídica, pues los artículos 41, 99 y otros de la Constitución General de la República establecen con meticulosa claridad los procedimientos para esos procesos. Sin embargo, el anuncio del supuesto plan le permitió seguir dictando la agenda noticiosa nacional, y “ganando la nota del día”; también exacerbar los ánimos de sus partidarios contra todos aquellos que participaran en las protestas del domingo 13, y, de realizarse, poner a prueba la lealtad y sumisión de los legisladores de su partido y sus aliados.
Al día siguiente López Obrador reconoció que el supuesto plan “B” no alcanzaría más que para hacer algunos ajustes presupuestales al INE, cosa que en efecto puede y ha realizado ya la Cámara de Diputados en los años recientes.
Y en tercer lugar, el martes 15 de noviembre, AMLO anunció que encabezará una marcha de sus partidarios desde la Columna de la Independencia al Zócalo, donde emitirá un “informe” por el cuarto aniversario de su gobierno. Pondrá en funciones, entonces, el marchómetro, cual si fuese no un presidente sino un dirigente partidario o social, y tratará de humillar con la movilización de masas a los adversarios y críticos de sus políticas. Nada nuevo, si observamos que desde hace aproximadamente un siglo, en el gobierno de Álvaro Obregón, nació la corporativización de trabajadores y campesinos en grandes organizaciones y, con ello, las movilizaciones en calles y plazas llenas, luego refinadas y perfeccionadas en la era del PRI, para dar respaldo político a los presidentes de la República y gobernadores. Ocurrió especialmente tras los grandes crímenes de Gustavo Díaz Ordaz en 1968 y de Luis Echeverría tras el halconazo del 10 de junio de 1971.
Con marcha o sin ella el domingo 27 de noviembre, la iniciativa del mandatario tabasqueño para adecuar a su modo el sistema electoral, de partidos y de representación legislativa debe darse por derrotada. El priismo, que apenas hace unas semanas sirvió al presidente para hacer aprobar su reforma militarista, ha sido señalado y vituperado nuevamente por éste por sus antecedentes de fraudes electorales y deshonestidad. Se lo coloca otra vez en el lugar de sus adversarios, a los que, por lo demás sólo ataca declarativamente, pero nunca con acciones legales.
Por ahora, en consecuencia, el INE quedará como está. En abril, cuatro consejeros terminarán su ciclo en esa institución, entre ellos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los más aborrecidos por el presidente y sus seguidores. El Ejecutivo y la mayoría morenista en la Cámara de Diputados tendrán la oportunidad, si logran el voto de las dos terceras partes de los representantes populares, como en una reforma constitucional, de colocar en esas posiciones a personas más a modo para sus interese partidarios y de poder. Las estratégicas elecciones del Estado de México y Coahuila en 2024 y las federales de 2024 deberán hacerse, en consecuencia, con otra composición del Consejo General del instituto, que por ahora no es posible conocer.
Para ganar el Consejo, los negociadores de la mayoría morenista habrán de tejer fino y con mano suave o, por el contrario, recurrir a las amenazas que les den esa mayoría calificada de dos tercios. Si la logran, las descalificaciones e injurias del presidente de cada mañana, así como las expresiones extremistas de las derechas opositoras y las movilizaciones masivas de ambos bandos habrán servido de muy poco. Si no lo alcanzan, una nueva derrota del presidente puede anunciarse en la última etapa, de declinación, de su gobierno.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.