Una de las causas de la recurrencia a la crisis en Argentina es la discontinuidad política que genera la alternancia de gobiernos vinculados a uno u otro de los dos proyectos de país en los que nos debatimos históricamente.
En efecto, la denominada “grieta” en la sociedad argentina, que entre otras cosas negativas genera un círculo vicioso de discontinuidad política gubernamental, no es sino la expresión de la disputa entre dos proyectos hasta aquí contrapuestos de país:
– El “proyecto agroexportador”, que concibe a la Argentina integrada en el mercado internacional como exportadora de materias primas, productos agroindustriales y algunos insumos industriales e importadora del resto de los bienes necesarios.
– El “proyecto industrialista”, que además de las exportaciones mencionadas, pretende impulsar un desarrollo industrial que implica inclusión social.
Si observamos lo que sucede en los países actualmente con mayor y a la vez sostenido crecimiento económico en el mundo, por ejemplo los asiáticos tales como China, Vietnam, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, resulta que durante décadas han tenido continuidad de políticas económicas, aun con sistemas políticos muy diferentes entre ellos, con objetivos a mediano y largo plazo y, asunto de relevante importancia, con un rol principal del Estado en la determinación del rumbo a seguir, con la consecuente regulación económica e intervención directa en la economía, incluyendo en el notable caso de China una planificación quinquenal.
Analizando lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas décadas, vemos que en los períodos en que se aplicaron políticas neoliberales, vinculadas al proyecto agroexportador, se terminó en profundas crisis y alto endeudamiento externo (Martinez de Hoz, Cavallo con Menem y de la Rua y gobierno de Macri); mientras que en el período de más continuidad en que se instrumentó una política vinculada al proyecto industrialista con inclusión social, es decir en los 12 años y 8 meses de los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner, se duplicó el PBI, muy particularmente el industrial, se crearon miles de pymes, bajó drásticamente la desocupación, crecieron en términos reales los salarios, jubilaciones y asignaciones familiares, disminuyó significativamente la pobreza, se invirtió considerablemente en salud, educación, ciencia y tecnología, vivienda e infraestructura y, asunto no menor, simultáneamente se desendeudó el país con el extranjero lo que incrementó nuestra soberanía.
Desde el punto del interés de los sectores populares, es decir, clase trabajadora, campesinado pobre, capas medias, pero también la mayoría de intelectuales, artistas, e investigadores, a los que podemos sumar pequeños y medianos empresarios, resulta claro que su interés objetivo está vinculado al proyecto industrialista con inclusión social. De lo que se trata entonces es que logren generar las condiciones necesarias para conseguir continuidad en el gobierno del espacio político que expresa ese proyecto.
El ciclo de alternancia gubernamental entre períodos industrialistas de reconstrucción económica y social y períodos neoliberales de destrucción de lo construido, endeudamiento y crisis, nos tiene sumidos en una perniciosa situación de suma cero.
En las condiciones de oligopolización y globalización de la economía en el mundo capitalista, las políticas neoliberales de no intervención estatal y libertad irrestricta del mercado, generan destrucción de la naturaleza, con cada vez más graves problemas ecológicos, y en particular destrucción de la propia naturaleza humana con aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia, como se puede ver en algunos de los propios países capitalistas desarrollados, empezando por los EEUU. En cambio, países como China o Vietnam, por dar ejemplos, muestran que cuando es el Estado quien fija las condiciones, pueden obtener de empresas multinacionales aportes muy importantes, económicos y tecnológicos, y esto es así porque aun cuando las multinacionales ideológicamente siempre reclaman libertades irrestrictas, terminan apreciando altamente radicar capitales donde es el Estado quien fija reglas claras y hay seguridad de continuidad política.
En tal sentido, se puede observar el interesante ejemplo de nuestra vecina Bolivia, cuando durante el primer gobierno de Evo Morales se nacionalizó el petróleo, imponiendo a las empresas multinacionales que el Estado pasara a percibir el 80% de la renta petrolera, en lugar del 20% que tenía. Las empresas privadas, y sus acólitos en el campo político, armaron un gran escándalo, pero como el gobierno se mantuvo firme y les dio la opción de irse, decidieron quedarse, porque parecieron comprender que el gobierno tendría continuidad por varios años y que el 20% les resultaba de todas formas rentable…
La vía idónea para salir de la situación de discontinuidad política, en las condiciones de nuestro país, no es otra que los sectores populares impulsen una elevación de la democracia a un nuevo nivel cualitativo mediante el desarrollo de la democracia participativa en el control y gestión de lo público, para lo cual es indispensable un continuo avance en la coordinación entre las organizaciones que los encuadran y representan, es decir, sindicales, sociales, políticas y culturales. Solo así se podrá lograr continuidad en el gobierno del espacio político que intenta representar sus intereses mayoritarios y podremos salir del círculo vicioso de alternancia entre gobiernos progresistas que construyen y neoliberales que destruyen.
Carlos Mendoza, ingeniero, escritor, especializado en temas políticos y de economía política, miembro del Consejo Editor de Tesis 11.