Una experiencia que merece estudiarse en América Latina, no solo porque contradice los postulados neoliberales, sino por los logros sociales alcanzados, que ningún gobierno empresarial y conservador ha conseguido en la región.
A inicios de la década de 1960 Ecuador y Bolivia (también Paraguay) eran los países más atrasados de Sudamérica. El “cuadro del subdesarrollo” que ofrecían era igualmente comparable con otros países centroamericanos: protocapitalismo, poderes oligárquicos, analfabetismo, miseria, déficit de vivienda, carencia de servicios básicos, mayoritarias formas precarias en el trabajo agrícola, ruralidad, etc. Todavía no entraban en el “despegue”, que algunos analistas señalaban como vía futura, siguiendo la ideología de las “etapas del crecimiento económico” formuladas por W. W. Rostow.
En 1809, tanto en Chuquisaca y La Paz (Alto Perú) como en Quito, arrancaron las primeras revoluciones de independencia en las regiones hispanoamericanas. En ambos países, las repúblicas decimonónicas estuvieron bajo la hegemonía de oligarquías terratenientes (Ecuador) y mineras (Bolivia). Los militares se convirtieron en actores permanentes de la política boliviana, un rasgo que el país tampoco superó en el siglo XX. A las constantes dictaduras se unieron los conflictos territoriales con los vecinos. Bolivia perdió la salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1884). En Ecuador la Revolución Liberal (1895) selló las disputas políticas del siglo XIX-histórico. Pero los procesos antioligárquicos y nacionalistas para promover economías de tipo social, solo se producen en el siglo XX-histórico: a partir de la Revolución Juliana (1925) en Ecuador y en Bolivia con los militares nacionalistas entre 1932-1946 y, sobre todo con la impactante revolución popular de 1952, un acontecimiento que, por su profundidad transformadora, se ubicó entre la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Cubana (1959).
Gracias al desarrollismo de los 60 y 70, con el Estado cumpliendo un papel económico central, “despegó” la modernización capitalista del Ecuador y parcialmente la de Bolivia. Sucedió la era Reagan (1981-1989), los condicionamientos del FMI y la globalización transnacional, que unificaron otro despegue en América Latina: la del neoliberalismo. En Ecuador propiamente lo instaló León Febres Cordero (1984-1988) y se afirmó con los sucesivos gobiernos hasta inicios del siglo XXI. En Bolivia arrancó con Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) quien, paradójicamente, había sido el primer presidente “populista” de la Revolución entre 1952-1956. En los dos países el neoliberalismo requirió de autoritarismo, derrumbe de las capacidades estatales sobre la economía, afectación a las instituciones democráticas, privilegio de las minorías ricas y grandes grupos económicos, mientras se derrumbaban las condiciones de vida y trabajo de las mayorías nacionales.
Fue la reacción contra ese “modelo”, la que condujo al triunfo presidencial de Evo Morales en Bolivia (2006-2019), Rafael Correa en Ecuador (2007-2017) y de una serie de gobernantes latinoamericanos que caracterizaron al primer ciclo progresista de la región, ampliamente estudiado por las ciencias sociales latinoamericanas. Todos cuestionaron el neoliberalismo y varios avanzaron en la edificación de economías sociales. La Constitución de 2008 en Ecuador y la de 2009 en Bolivia, reforzaron el marco histórico de las nuevas economías, adelantaron en principios y derechos, reconocieron la plurinacionalidad y proclamaron el Sumak Kawsay. En ambos países se recuperaron las capacidades estatales, se fortalecieron y ampliaron esenciales servicios públicos, así como las inversiones estatales; fueron reconstituidos los sistemas tributarios progresivos y redistributivos de la riqueza, pero también se extendieron subsidios y “bonos” para la población más pobre y los intereses privados debieron sujetarse a los públicos y a los derechos laborales, sociales y ambientales, todo bajo la nueva institucionalidad. Bolivia, con mayoría nacional indígena, avanzó en el Estado plurinacional, nacionalizó hidrocarburos, minas y otros recursos e incluyó inéditas políticas sobre el cultivo de la coca ancestral.
Los resultados sociales de esas políticas están plenamente comprobados por entidades internacionales como CEPAL, PNUD, OIT e incluso BM y FMI. Sobre todo, se reflejó en la vida cotidiana de las poblaciones y el apoyo ciudadano que brindaron a sus gobernantes. Desde luego, la sociedad también se polarizó, porque las oligarquías empresariales y elites ricas, otrora beneficiarias del neoliberalismo criollo, junto con las derechas políticas, los medios de comunicación hegemónicos y los intereses imperialistas, convergieron no solo en la oposición, sino para crear un clima de constante resistencia y hasta confabulación, pues consideraron como enemigo al “socialismo del siglo XXI”.
En Ecuador el inesperado “cambio de rumbo” del gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) cortó la vía de la economía social y restauró el neoliberalismo oligárquico, para lo cual persiguió al “correísmo”, abandonó la atención sobre recursos, bienes y servicios públicos, recuperó privilegios para las élites tradicionales y posibilitó el retorno del país a condiciones parecidas a las que tuvo durante las décadas finales del siglo XX (https://bit.ly/3QapJCT). Quedó constituido un sólido bloque de poder, que se ha consolidado con el gobierno de Guillermo Lasso. En Bolivia fue necesario un golpe de Estado, el ascenso gubernamental de Jeanine Áñez (2019-2020), la persecución a los líderes del gobierno anterior y la restauración del neoliberalismo mediante el autoritarismo, el racismo y la represión, con masacres terribles como las que ocurrieron en Sacaba y Senkata, condenadas por la CIDH.
Pero en Bolivia, la restauración neoliberal no pudo consolidarse, porque con el triunfo y ascenso del gobierno de Luis Arce Catacora (2020), se reinstaló el modelo de economía social (https://bit.ly/3qHDUVN // https://bit.ly/3BMZP4c) que ha pasado a ser el más exitoso en América Latina, incluso porque logró sobreponerse a la recesión heredada de 2015 y a la que ocasionó la pandemia del Covid. Ha sido persistente el crecimiento del PIB, la orientación por la soberanía económica, ambiental y alimentaria, la redistribución de ingresos con reducción significativa de la pobreza, un sistema tributario progresivo y efectivo, la protección laboral y comunitaria, con refuerzos a la producción interna y particularmente de pequeños y medianos productores agrícolas, el menor índice inflacionario del mundo (https://bit.ly/3dm2Wqy), así como las medidas de industrialización sustitutiva de importaciones, controles al comercio importador y, sobre todo, expansión económica basada en el mercado interno y no en las exportaciones (https://bit.ly/3dm3A7s). Bolivia se condujo con posiciones antimperialistas y expulsó al FMI.
El “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” boliviano (https://bit.ly/3xuBI7O // https://bit.ly/3r4a0LP), sobre el cual el mismo presidente Luis Arce ha escrito varias obras, es una experiencia que merece estudiarse en América Latina, no solo porque contradice los postulados neoliberales, sino por los logros sociales alcanzados (https://bit.ly/3dhr0uL), que ningún gobierno empresarial y conservador ha conseguido en la región, incluyendo a Chile, otrora paradigma de las elites empresariales. Es un estudio que debería privilegiarse en los medios académicos y universitarios, donde la teoría económica que proviene de los países capitalistas centrales continúa dominando, aunque no responde a las realidades históricas latinoamericanas, que merecen fundamentos absolutamente distintos.
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