En épocas de crisis como los que vive la Argentina se clarifican las posturas de los actores políticos y sus representantes intelectuales. Si en tiempos de paz social estos pueden ocultar con la ayuda de los medios las contradicciones sociales recurriendo a alambicadas argumentaciones y a las abstrusas categorías teóricas del posmodernismo, cuando el orden […]
En épocas de crisis como los que vive la Argentina se clarifican las posturas de los actores políticos y sus representantes intelectuales. Si en tiempos de paz social estos pueden ocultar con la ayuda de los medios las contradicciones sociales recurriendo a alambicadas argumentaciones y a las abstrusas categorías teóricas del posmodernismo, cuando el orden social comienza a crujir los intelectuales del sistema arrojan por la borda toda pretensión de imparcialidad y objetividad y se embanderan sin recato alguno en la defensa de uno de los gobiernos más conservadores y oligárquicos que haya tenido la Argentina a lo largo de su historia. Si se solía señalar la experiencia de la década infame o de los gobiernos oligárquicos a partir de 1880 para ilustrar lo que era una dictadura clasista -dictadura no tanto por su forma como por el contenido de sus políticas- con el macrismo se produce una reencarnación de aquellos modelos anteriores al proceso de democratización fundamental que, pese a sus contradicciones, trajo aparejado la irrupción del peronismo en la Argentina.
Lo anterior viene a cuento de una nota publicada días pasados por Luis A. Romero en La Nación en donde nos alerta sobre los peligros que el resurgimiento de la violencia entraña para la democracia argentina. [1] La rigurosidad que este autor exhibe en sus escritos académicos se desvanece por completo en este verdadero panegírico del macrismo. ¿Cómo puede decirse, por ejemplo, que «( E)n la plaza, grupos de manifestantes agredieron a las fuerzas de seguridad y pretendieron invadir el recinto donde deliberaban los diputados»? ¿No vio acaso que, pocos días antes, el Jueves 14 una manifestación completamente pacífica fue acosada y brutalmente agredida por la Gendarmería y cuyo desproporcionado despliegue de fuerza desató la respuesta violenta de una fracción minúscula -infiltrada por algunos agentes provocadores como se constató al día siguiente- de los centenares de miles que habían asistido a expresar su rechazo al procedimiento profundamente anti-republicano empleado por el gobierno para sacar «de prepo» una ley fundamental. El maniqueísmo o la ceguera de que hace gala nuestro autor se horroriza por la violencia cuando un condenado por el sistema arroja una piedra pero contempla con buenos ojos cuando el gobierno militariza por completo la zona del Congreso, reprime manifestantes indefensos y extorsiona a gobernadores, senadores y diputados para conseguir una votación favorable a su proyecto. Esto no es violencia (simbólica, política, institucional), lo otro sí.
Mal que le pese a Romero y a los intelectuales y publicistas amigos de la Casa Rosada quien promovió este infausto espiral de la violencia fue el gobierno de Mauricio Macri. Para vergüenza de la bancada oficial fue ésta quien solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que impidiera la presencia de organizaciones sociales de jubilados y pensionados y de excombatientes de Malvinas en las galerías para que el pueblo fuese testigo directo del debate. Cuando se discutió la famosa Resolución 125, en el 2008, hubo público en las galerías pero, claro, en ese momento según los apóstoles del macrismo la Argentina vivía bajo el influjo de una asfixiante dictadura. Ahora que supuestamente estamos en democracia el público no pudo hacerse presente en la Cámara, se quedó afuera y encima lo apalearon y gasearon. Es por eso que, estrictamente hablando, este gobierno debe ser caracterizado como una «democradura», híbrido que contiene algunos elementos de carácter democrático (el acceso a la Casa Rosada se realizó por la vía electoral) pero con crecientes inclinaciones de sus principales personeros para adoptar las metodologías autoritarias de control político propias de las dictaduras. Por ejemplo, el avance en el amordazamiento de la prensa y, desgraciadamente, operaciones como la realizada la noche del Lunes 8 de enero cuando una reedición de los siniestros grupos de tarea de la dictadura irrumpieron con violencia en las oficinas de abogados defensores de los derechos humanos, destruyeron equipos y archivos, robaron laptops y documentación, y dejaron un claro mensaje: quienes se opongan a los designios del gobierno deberán estar dispuestos a sufrir esta clase de represalias y otras aún más severas. Desde los tiempos de la dictadura no se había producido un hecho de estas características, frecuentes en aquella época pero desterrados desde 1983. Sin duda, estamos en presencia de una tenebrosa involución que ha sido cuidadosamente ocultada ante los ojos de la opinión pública por los medios hegemónicos. [2]
Por eso la distinción entre las múltiples formas de la violencia es un requisito fundamental para realizar un análisis serio del asunto. Se dirá que esto es un anacrónico reflejo setentista, pero tal insinuación sólo mediría la magnitud de la ignorancia de quien opine de esa manera. En la tradición socialista, comunista y anarquista hace más de ciento cincuenta años que se maneja esa distinción entre la violencia «legalizada e institucionalizada» del Estado que acalla, somete, encarcela o liquida a sus enemigos siempre «apelando a la ley», y la violencia reactiva, defensiva, del pueblo, que a veces se rebela y no se resigna a ser enviado al matadero. Hay que recordar además que la violencia «legal» del estado se ejerce casi siempre con el acompañamiento de formas paralegales de violencia privada, tolerada y en muchos casos subrepticiamente promovida y amparada por el estado. Tal fue el caso en la Argentina de la Liga Patriótica que realizó pogromos y matanzas obreras en la primeras décadas del siglo veinte; o en la Alemania de finales de la Primera Guerra Mundial la actividad de los Freikorps que apaleaban a militantes socialistas y comunistas y que luego asesinaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht con la complicidad del gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert; y en Estados Unidos, esa vibrante democracia tan admirada por los voceros del macrismo, fue el Ku Kux Klan (ahora informalmente rehabilitado por Donald Trump) quien se encargó de «poner en su lugar» a los negros que luchaban contra la herencia de la esclavitud y postergar por cien años su incorporación a la vida política del país. Esta violencia oficial y paraoficial, decíamos, no puede ni debe ser equiparada a la respuesta defensiva de las víctimas, invariablemente los pobres, los explotados, los subyugados.
Siendo esto así, cómo obviar la responsabilidad en el inicio de la violencia de un gobierno que pretendió nada menos que nombrar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia a dos miembros de la Corte Suprema. ¿No es acaso violencia atentar contra el estado de derecho como lo hace la Casa Rosada, que entre otras cosas ha prohijado una deplorable involución jurídica que hace que en este país todos sus habitantes se encuentran en «libertad condicional», por lo que cualquiera puede ser enviado a prisión sin juicio previo y sin condena alguna? Pese a la reprobación universal de esta práctica aberrante y tan poco «republicana» y el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gobierno nacional no se arredra y prosigue con su política. Ahí están los casos de Milagro Sala, dos años presa sin condena, y buena parte de los detenidos en Ezeiza y Marcos Paz en situación similar. Un gobierno, además, que por boca de la Ministra de Seguridad le confirió a las fuerzas de seguridad interna una especie de «licencia para matar», como el famoso agente 007. El resultado: Santiago Maldonado, muerto a consecuencia de un operativo de la Gendarmería y todavía hoy caratulado por el juez como «desaparición forzada» y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, en Bariloche en un supuesto combate contra guerrilleros mapuche.El ex Ministro de la Corte Suprema de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, enumeró 32 violaciones al estado de derecho en una carta dirigida al actual Secretario de Derechos Humanos, Licenciado Claudio Avruj que aún espera respuesta. Esas transgresiones son la fuente de la cual brota la violencia. Sin embargo, ninguna de ellas fue tomada en cuenta por Romero en su nota. El fervor ideológico oficialista sometió la rigurosidad del historiador. [3]
Alarmado por la gran movilización popular en contra de una ley profundamente impopular (aproximadamente el 75 por ciento en todas las encuestas conocidas se manifestó contrario a la reforma previsional) y los pacíficos y masivos cacerolazos que tuvieron lugar varias noches en numerosos barrios de la ciudad de Buenos Aires, olímpicamente ignorados en su artículo, Romero exhuma la vieja desconfianza de las elites oligárquicas ante el protagonismo plebeyo y nos recuerda que la Constitución Nacional «( E)stableció taxativamente que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.» En efecto, el nefasto (por antidemocrático) artículo 22 de la Constitución Nacional dice, textualmente, que «( E)l pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución . Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición». O sea, prohibido deliberar, dejemos que la clase dominante y sus representantes políticos e ideológicos se encarguen de ello; y prohibido también peticionar a las autoridades porque tal osadía configura el delito de sedición. En otras palabras, la parte dogmática de la Constitución, redactada en 1853 y que quedó al margen del proceso de reforma de 1994, condena al pueblo a convertirse en una variante especial de los metecos de la Antigua Grecia que ser extranjeros carecían de derechos ciudadanos. En la Argentina actual aún los nacionales son metecos, pues derechos elementales de reunión, deliberación y petición a las autoridades les son vedados y considerados actos sediciosos. Pero existen las clases sociales y hay gobiernos y gobiernos. En el pasado reciente la ferocidad represiva ejercida a mediados de Diciembre estuvo ausente. Primero, porque la protesta social no estaba criminalizada en aquellos años y además porque quienes se reunían y pugnaban por obtener una legislación favorable a sus intereses eran «gentes de bien»: los sojeros y sus insólitos aliados de una izquierda extraviada que trató de darle un cierto tono plebeyo a sus reivindicaciones oligárquicas cuando durante cuatro meses cortaron rutas y amenazaron con no liquidar el producto de sus exportaciones si se aprobaba la Resolución 125; o las grandes marchas convocadas por el «Ingeniero» Juan C. Blumberg exigiendo una reforma del Código Penal que instituyera la ¡mano dura» para evitar la reiteración de crímenes como el perpetrado contra su hijo Alex. En ninguno de estos dos paradigmáticos casos quienes hoy se rasgan las vestiduras por la insolencia de empleados, obreros y jubilados de pretender frenar una legislación reaccionaria dijeron una sola palabra de condena ante aquellas manifestaciones y sus correspondientes peticiones que abiertamente contrariaban los preceptos constitucionales. Pero eran «gentes de bien» y el kirchnerismo no criminalizaba la protesta social. Hoy quienes toman las calles son gentes del común, trabajadores, y el gobierno sí criminaliza la protesta social. Es lamentable que la reforma de la Constitución realizada en 1994 no hubiera abolido este artículo que contradice la letra y el espíritu de la democracia: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la conocida fórmula de Abraham Lincoln, hasta ahora insospechado de simpatías kirchneristas o izquierdistas.
Es que fiel al ideario del liberalismo y a la tradición republicana estadounidense, la derecha vernácula siempre concibió al pueblo como una amenazante «gran bestia» que debe ser mantenida a raya sin compasión ni miramientos. Esta imagen reaparece periódicamente en la derecha argentina, desde el desprecio por el negro y el gaucho en distintos momentos del siglo diecinueve. » No trate de economizar sangre de gauchos » aconsejaba Domingo F. Sarmiento a Bartolomé Mitre, fundador del diario La Nación. Descrédito y odio que luego se dirigiría, a comienzos del siglo veinte, hacia el conglomerado «criollo inmigratorio» examinado por José Luis Romero en sus estudios sobre la historia argentina. También la infame caracterización del peronismo como un «aluvión zoológico» hecha por el diputado radical Ernesto Sanmartino hasta llegar a la formulación más edulcorada de Romero hijo cuando observa que la multitud que pretende sustituir a sus representantes » se expresa con vehemencia» o que en las jornadas motivo de su análisis «el pueblo hablaba a través del reducido grupo de violentos, organizados para provocar a las fuerzas de seguridad.» En otras palabras: el pueblo no delibera ni dialoga sino que vocifera, se expresa a los gritos y apela a la violencia, verbal o física. [4] Los centenares de miles que se manifestaron pacíficamente no cuentan para el historiador, están invisibilizados; como tampoco cuentan quienes se expresaron en los cacerolazos nocturnos durante varios días durante la discusión de la nueva ley. La asociación del pueblo o lo popular con la violencia también se expresa en la desafortunada intervención periodística de Romero cuando dice que «en el peronismo no hay mucha teoría, pero sí una rica experiencia práctica, cultivada por guardaespaldas, barrabravas y otros afines.» Ofuscado por los acontecimientos el riguroso historiador quemó toda su biblioteca y escribió esa frase autodescalificatoria reveladora de una profunda incomprensión de la historia argentina. Y como un bonus track nos ofrece un parrafito para la RAM, invento de los servicios y de la prensa canalla para estigmatizar a los mapuche y justificar la militarización de la política y la brutalidad con que ese pueblo originario es tratado por el gobierno. Tan ridícula es toda esta historieta de la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, un grupo presentado como terrorista y la versión local del jihadismo islámico, que en un gesto lindante con el suicidio el presidente Macri fue a tomar sus vacaciones en la zona de influencia de esa supuesta organización guerrillera. Es como si Donald Trump hubiese ido a vacacionar en Al Raqa, la «capital del califato». ¡Por favor, un mínimo de seriedad!
Romero tampoco parece haber considerado positivamente una de las principales enseñanzas de Nicolás Maquiavelo en Los Discursos cuando decía que «… quienes condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma, y que se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. En toda República hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión de ambos.» [5] Obviamente que el republicanismo de los macristas nada tiene que ver con la tradición republicana de Maquiavelo sino que es tributaria de la codificación profundamente antidemocrática del republicanismo gestada por los padres fundadores de los Estados Unidos, como ha sido observado por numerosos analistas norteamericanos, entre los cuales Noam Chomsky y cuya tesis hemos reseñado en la nota a pie de página precedente.
La alusión a la desprestigiada «democracia representativa» ocupa un lugar central en la argumentación de Romero y, en general, de todos los intelectuales adscriptos, de una u otra manera, al macrismo. Cabe preguntarse: ¿Representativa de qué, o de quienes? Son pocos los politólogos que hoy se atreven a defender el carácter representativo de las democracias capitalistas. Por empezar, la composición clasista de los representantes poco o nada tiene que ver con la de sus supuestos representados. Tomemos el caso de Estados Unidos, la autoproclamada «democracia ejemplar» del planeta. Allí nada menos que el 50 % de los senadores y representantes (268 sobre un total de 535 de ambas cámaras) son dueños de una fortuna de un millón de dólares o más. ¿Representativos? Sí, del 1.5 % de la población estadounidense que también es dueña de un millón de dólares pero no del resto. En la Argentina hay aproximadamente un 30 % de pobres y el 12 % de la población habita en villas de emergencia. Pero «entre los 257 diputados no hay ni un pobre, ni uno que venga de las villas o de la economía popular.» [6] Una simple comparación entre los sueldos de los diputados que votaron esa ley y lo que ganan las víctimas de esa pieza legislativa sirve para ilustrar lo inmoral y escandaloso de esta legislación. Quienes percibieron en el año 2017 un sueldo de137.610 pesos mensuales (más 20.000 pesos de gastos de representación) no tuvieron el menor escrúpulo para ensañarse con los haberes de los jubilados que en su mayoría perciben el haber mínimo de 7.246 pesos que con la nueva ley pasarían a tener un incremento de 413, llegando así a un ingreso mensual de 7.659 pesos, la vigésima parte de lo que embolsa un «representante del pueblo» y menos que la mitad de la canasta básica de consumo de los jubilados, estimada en 17.500 pesos según declaración de Eugenio Semino, Ombudsman de la Tercera Edad. [7] En un país en el cual desde tiempos inmemoriales los ricos evaden o eluden el pago de impuestos; en el que las grandes fortunas y las grandes empresas encuentran mil y una maneras de burlar al fisco, fugar capitales y hallar refugio en paraísos fiscales; en el que el gobierno suprimió las retenciones en el agro y redujo la de las exportaciones sojeras y eliminó las de la minería y el petróleo; en suma, pudiendo extraer los recursos necesarios para reducir el déficit fiscal entre los más ricos, los que concentran la riqueza, los «representantes del pueblo» se volvieron contra los sectores más débiles e indefensos y descargaron sobre ellos todo el peso del ajuste. Difícil encontrar una inmoralidad mayor en la historia contemporánea de la Argentina.
Si por la composición social de los parlamentarios, tan distinta a la de sus presuntos representados, la idea de la «representación» queda desmentida por los hechos, las políticas concretas que respaldó el Congreso tampoco permiten hacerse demasiadas ilusiones acerca de su vocación por representar los intereses del demos. La legislación aprobada en estos dos años a partir de proyectos enviados por la Casa Rosada tuvo un sesgo permanente: redistribuir en un sentido regresivo ingresos y rentas, favoreciendo a los sectores adinerados y recortando los de la gran mayoría de la población. Es por consideraciones similares a esta que en Estados Unidos ya son cada vez más los que hablan de la involución política desde una democracia hacia una plutocracia. Y en la Argentina, país de extremos, esta degradación es aún más marcada. Si algo faltaba para comprobarlo fue la designación que hiciera la revista Forbes de Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Marcos Peña, como «el CEO del año». El único detalle disonante es que la Argentina no es una empresa sino una nación. Pero el hecho de que una revista como Forbes le otorgue esa dudosa «distinción» habla bien a las claras que para la comunidad internacional de negocios y para los grupos dominantes de la Argentina esta es un mercado y no una nación, y que sus jefes políticos son apenas CEOs y nada más que eso. Por eso la defensa que hace Romero de la «democracia representativa» es el canto del cisne de una forma sociopolítica que hace mucho tiempo pasó a mejor vida. Si algo ha hecho e macrismo es transparentar con una claridad inigualable la naturaleza de clase de su proyecto de refundación regresiva del capitalismo. Una suerte de «menemismo recargado» pero en condiciones más difíciles tanto por el contexto internacional, enrarecido por la inocultable declinación de la hegemonía norteamericana y las turbulencias que esta provoca, y por la temprana reacción popular ante el ajuste, los tarifazos y la escalada inflacionaria que devora el poder de compra de gran parte de la población. La respuesta combativa demoró casi siete años en adquirir un carácter masivo durante la gestión de Menem: los piquetes de Cutral Có y Plaza Huincul son de 1996 y 1997, y si bien hubo algunas protestas organizadas por los gremios afectados por las privatizaciones y la desregulación de la economía estas fueron débiles, aisladas y carecieron resonancia nacional. [8] Ahora, en cambio, los tiempos se acortaron sensiblemente en esta tercera tentativa de refundación neoliberal del capitalismo argentino, luego de la dictadura (Martínez de Hoz) y el menemismo (Alsogaray y Cavallo), y en menos de un año ya se desató un crescendo de movilización popular que alcanzó un pico impresionante en las jornadas del 14 y 18 de diciembre del 2017. La prensa hegemónica y los escribas del macrismo se empeñaron en ocultar a esos dos grandes hechos de masas convirtiéndolos en una noticia policial. Lo importante, lo único de lo que hablan la prensa canalla y los voceros oficiales y oficiosos del gobierno es de la refriega entre un pequeño sector de manifestantes (infiltrados por agentes provocadores, como ya se dijo) y no de las dos grandes manifestaciones populares y los cacerolazos nocturnos.
Un par de consideraciones finales: uno, ¿cómo es posible soslayar un dato tan duro como el que un significativo número de integrantes del gabinete presidencial de Mauricio Macri proceden del sector financiero o de las más grandes corporaciones transnacionales? [9] No se le puede escapar a la mirada de un historiador que esa fracción de la clase capitalista ha ejercido una influencia nefasta en nuestro país, especialmente desde los años de la dictadura cívico-militar de 1976 en adelante. Y que si esa gente hoy gobierna a la Argentina lo hace, fiel a su historia y consciente de sus intereses, a favor de los más ricos y en detrimento del resto, población «sobrante» en el mejor de los casos o masa de indeseables para la cual la mejor política es la que está aplicando el macrismo: una inhumana «limpieza social», equivalente a la sórdida «limpieza étnica» que tuvo lugar en los Balcanes en los años noventas. En la Argentina de Macri indigentes, jóvenes sin educación ni trabajo, pobres de varias generaciones y adultos mayores están siendo progresivamente sometidos a una variante de lo que el ya aludido jurista Eugenio R. Zaffaroni ha denominado «genocidio por goteo». En su tiempo Martínez de Hoz decía que a este país le sobraban diez millones de habitantes. Actualizada, la cifra sería hoy el doble. ¿No le dice nada esto a Romero? Puede ignorar que quienes protagonizaron las grandes manifestaciones reprimidas y dispersadas por las «fuerzas del orden» (¿de qué orden nos hablan?) fueron impulsados a tomar las calles ante la convicción de que el gobierno planea su lento, silencioso pero implacable exterminio. ¿De qué otra manera podemos llamar a una política que va progresivamente reduciendo los haberes jubilatorios a la vez que se suprimen del PAMI gran parte de los medicamentos gratuitos que antes se les entregaba a jubilados y pensionados? Con menos dinero para alimentación y gastos esenciales y menos dinero para adquirir medicamentos los jubilados y pensionados están condenados a muerte. Y encima de eso se planea elevar la edad mínima para poder acceder a los beneficios de la jubilación.
Segunda y última consideración: atendiendo a las razones arriba expuestas, ¿dónde se encuentra la génesis de la violencia, quién es el que la ejerce bajo una diversidad de formas? ¿El que aplica unas políticas conducentes a un verdadero «holocausto social» de enormes proporciones o el que se resiste a morir y se enfrenta con piedras y palos a las fuerzas de seguridad? Romero es un fiel exponente del sentir de gran parte de la galaxia cultural del macrismo: los intelectuales plegados al proyecto y el inmenso ejército de publicistas y medios de comunicación que bombardean sin pausa a la sociedad con su «desinformación programada». Unos y otros cultivan con inusual malicia y perversidad las artes de la «posverdad» y la «plusmentira.» Por eso la batalla cultural, uno de cuyos componentes es la lucha por la democratización de la información y de los medios de comunicación, es crucial para el futuro de las democracias. En la Argentina el desafío violento a la democracia nace en las entrañas del gobierno y solo podrá ser neutralizado si este abandona sus políticas que conducen a un «holocausto social» a favor de los ricos y poderosos y, en lugar de ello, se preocupe como dice el Preámbulo de la Constitución Nacional, de «promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.» Nada de esto es lo que está haciendo el gobierno y es esa, y no otra, la fuente de la cual brota la violencia. Está en sus manos acabar con ella, y será su responsabilidad ante la historia haberla promovido e incentivada con sus políticas y su estilo despótico y prepotente de gestión gubernamental.
Notas:
[1] » La democracia enfrenta un nuevo desafío de la violencia política», disponible en http://www.lanacion.com.ar/2097259-la-democracia-enfrenta-un-nuevo-desafio-de-la-violencia-politica
[2] Ver https://www.pagina12.com.ar/88153-un-robo-con-el-tufillo-de-los-servicios Ni Clarín ni La Nación informaron a sus lectores sobre un hecho tan grave como este.
[3] La citada carta se encuentra disponible en: https://www.pagina12.com.ar/sites/pagina12/files/inline-files/cartazaffaroniavruj.pdf
[4] Sobre este tema de «la gran bestia» ver la entrevista que el autor de estas líneas hiciera a Noam Chomsky en Tras el Búho de Minerva. Mercados contra Democracia en el Capitalismo de Fin de Siglo (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000) En esa entrevista Chomsky subraya el talante profundamente antidemocrático de la tradición republicana estadounidense. Hablando de uno de los padres fundadores, Alexander Hamilton, el lingüista norteamericano afirma que fue él » quien planteó el tema con toda su crudeza: el pueblo es «la gran bestia» que debe ser domada. Por eso aconsejaba enseñar a los farmers independientes y díscolos de las rebeldes colonias americanas -aún recurriendo a la fuerza en caso de necesidad- que los ideales contenidos en los panfletos revolucionarios no debían ser tomados al pie de la letra. En suma: la gente común no debía ser representada por otros de su misma clase sino por la aristocracia, los comerciantes, los abogados y otros de probada responsabilidad y patriotismo en el manejo de los asuntos del estado.»
[5] Cf. Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, Libro I, capítulo IV
[6] Cf. Martín Granovsky, entrevista a Juan Grabois: «El vicio de Macri es la violencia», en Página/12, 2 Enero 2018. Disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/86373-el-vicio-de-macri-es-la-violencia Por supuesto, no todos los diputados y senadores provienen de las clases adineradas de este país. Queda todavía un buen grupo que procede de las capas medias y algunas del universo popular. Pero los que prevalecen son los otros.
[7] Entrevista de Luis Novaresio a Eugenio Semino en Radio La Red: https://www.lared.am/novaresio-910/eugenio-semino-la-canasta-basica-jubilados-esta-encima-los-17-mil-pesos-es-inexplicable-querer-decir-que-se-puede-vivir-7-mil-20171213-n1523181.html
[8] Hubo un antecedente a lo de Cutral Co y Plaza Huincul: la poblada conocida como el «santiagueñazo» de diciembre de 1993 que hizo devorar por las llamas la sede de los tres poderes del estado provincial y las casas de los principales políticos de Santiago del Estero. Pese a la radicalidad de la protesta, no logró convertirse en un hecho político nacional y desencadenar reacciones similares en el resto del país como sí ocurrió con las acciones que se escenificaron en Cutral Co y Plaza Huincul.
[9] Cf. Paula Canello y Ana Castellani, » Todo el poder para los CEOs», en http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/poder-los-ceos/
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