En materia de política hidrocarburífera, como en otras áreas donde la especialización es un paradigma, son comunes las medias verdades o las afirmaciones crípticas que buscan opacar la realidad complejizándola innecesariamente. Abundan, además, analistas que con una audacia digna de mejores causas formulan declaraciones temerarias, como aquella de que «Bolivia ha consumido más del 25% […]
En materia de política hidrocarburífera, como en otras áreas donde la especialización es un paradigma, son comunes las medias verdades o las afirmaciones crípticas que buscan opacar la realidad complejizándola innecesariamente.
Abundan, además, analistas que con una audacia digna de mejores causas formulan declaraciones temerarias, como aquella de que «Bolivia ha consumido más del 25% de sus reservas», cuando ni siquiera tenemos verdadera certeza del volumen de tales reservas.
Esa cuantificación, por muchas razones es en este momento de apremiante prioridad y debería ejecutarse sin tropiezos según lo ya anunciado por el gobierno nacional.
De ahí para adelante hay que reordenar las prioridades y sacar a YPFB de la caótica improvisación en la que la tienen hace años.
Fue algo que ya han planteado, sin valerse de eufemismo, varios especialistas en el tema, de esos que merecen plena confianza por su compromiso con la nación y con el buen aprovechamiento de sus recursos naturales.
Para implementar una administración transparente en YPFB, como parte de una política hidrocarburífera con control social, han recomendado formal y explícitamente crear «una institución autárquica de derecho público…bajo la tuición del Ministerio del ramo» – Artículo 365 de la nueva Constitución.
YPFB sólo debería ejecutar la política energética con la más absoluta transparencia, asegurando que los dueños maximicen los beneficios económicos y minimicen los costos de producción, protegiendo el medio ambiente y cuidando los intereses energéticos del país a largo plazo.
Se debe institucionalizar el Directorio y la Presidencia de YPFB, mediante una selección rigurosa en base a méritos profesionales y experiencia comprobada, así las personas que la conduzcan tendrán libertad de acción para poder organizar una «empresa petrolera» sin miedo a ser removidas de su cargo por motivos políticos que el partido en el gobierno pueda tener.
El Directorio de YPFB debe tener un representante por cada departamento productor (cuatro representantes), 3 representantes de los Ministerios de: Hidrocarburos, Planificación y Hacienda, un representante-ingeniero del sistema universitario nacional, un representante del Sindicato de Trabajadores de Base de YPFB, en total 9 miembros para así garantizar que no haya empates «políticos».
Todo esto sin perjuicio de que se corrijan aberrantes situaciones como el inexplicable secreto en que se mantienen las auditorías a las compañías petroleras afectadas por la nacionalización. Auditorías que el ingeniero Enrique Mariaca entregó hace casi tres años al entonces ministro Villegas.
Y para finalizar (por ahora) dado que ya tenemos Asamblea Legislativa Plurinacional, debe promulgarse la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, para investigación de fortunas y aplicarla (porque los delitos contra el Estado no prescriben) en forma retroactiva a todas las irregularidades de aquellos individuos y empresas que actuaron y actúan en contra del Estado Boliviano, por ocultar información, transferir información, como hicieron algunos ejecutivos del sector hidrocarburífero, comprar conciencias, imponer precios nocivos.
Nada de lo que sintetizamos aquí es nuevo, ha sido planteado formalmente no una sino muchísimas veces.
Se puede hacer, y si se lo quiere hacer éste es un magnífico momento.