«Nací ahí, vivo ahí y todavía sigo siendo humillado por quienes invaden las tierras y quienes los promueven», lamentó Angélico Solano, un campesino de la comunidad de Benito Juárez, en el sureño estado mexicano de Oaxaca. «Por eso sabemos cuáles son las amenazas. Pedimos que dejen de molestar a Chimalapa, que nunca ha sido egoísta. […]
«Nací ahí, vivo ahí y todavía sigo siendo humillado por quienes invaden las tierras y quienes los promueven», lamentó Angélico Solano, un campesino de la comunidad de Benito Juárez, en el sureño estado mexicano de Oaxaca.
«Por eso sabemos cuáles son las amenazas. Pedimos que dejen de molestar a Chimalapa, que nunca ha sido egoísta. Pedimos que se no discrimine a la gente campesina que necesita las tierras, que no sigan invadiendo», llamó este indígena zoque de 47 años de edad, dedicado a la siembra de maíz, frijoles y calabazas.
La selva de los Chimalapas, repartida mayoritariamente entre los municipios de San Miguel Chimalapa, donde se asienta la comunidad Benito Juárez, y Santa María Chimalapa, es escenario de un conflicto secular entre esas poblaciones y las del vecino estado de Chiapas, que han invadido unas 160.000 hectáreas de las 594.000 que los dueños originarios poseen.
La disputa agraria pendiente, que ya dejó heridos y muertos, se remonta a 1967, cuando comunidades chiapanecas tomaron 4.975 hectáreas, el lastre de las explotaciones madereras que iniciaron en la zona en la década del 50, y luego de que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979) expidiera dos decretos de reconocimiento de los límites comunales. Pero los edictos presidenciales los despojaron de 300.000 hectáreas del total que habían adquirido con monedas de oro en tiempos coloniales.
Las pugnas agrarias son una de las amenazas para bosques y selvas, y sumadas a la deforestación y el cambio climático, ponen en jaque las zonas verdes de México, uno de los 15 países con mayor biodiversidad del planeta. La Secretaría (ministerio) de la Reforma Agraria reconoce la existencia de 526 disputas agrarias. En 2011, esa cartera resolvió 159 de esos diferendos.
«El conflicto ha afectado una parte importante de estas selvas debido a intereses políticos y económicos, de apropiación de la tierra, de explotación de recursos naturales», dijo a IPS el académico Miguel Vázquez, del estatal El Colegio de la Frontera Sur, en Chiapas, uno de los estados más pobres de México. «La pérdida es lamentable, por la disminución de la biodiversidad y de servicios ambientales, germoplasma, abastecimiento de agua, con un potencial alimentario, forestal, medicinal y ecoturístico», explicó Vázquez.
Este especialista que ha estudiado la región fue uno de los asistentes al foro realizado el 26 y 27 de este mes titulado «Por la conservación y la integridad del territorio zoque chimalapa: la región más biodiversa de México».
Considerada el ecosistema de mayor riqueza natural de los tres que componen la llamada Selva Zoque, que toca también territorio del sudoriental estado de Veracruz, la zona de los Chimalapas presenta cuatro tipos de bosques, además de albergar una gran variedad de flora y fauna, virtualmente incalculable.
México cuenta con unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles. Las autoridades aseguran que se pierden anualmente unas 150.000 hectáreas, pero organizaciones ambientalistas elevan esa cifra hasta 300.000 o más. Los bosques, cuyo año internacional fue celebrado en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas, son parte de los territorios de unas 2.300 comunidades, 600 de las cuales manejan empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
El Grupo Mesófilo, compuesto por la Comisaría de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas, indica que el área natural citada sirve de albergue a por lo menos 146 especies de mamíferos, 316 de aves y 900 de mariposas, muchas de ellas endémicas.
«El listado puede ser mayor si consideramos que solo una pequeña parte de la vegetación ha sido muestreada», advirtió Adolfo Navarro, investigador de la Facultad de Ciencias de la estatal Universidad Autónoma de México. «La fauna sigue siendo poco conocida, pero la importancia como área natural protegida es indudable y es una zona que posee un rico acervo de diversidad biológica«, indicó a IPS. Navarro integró un equipo de estudio que mapeó la zona entre 1995 y 1997 para levantar un inventario de la biodiversidad presente. El grupo encontró 114 variedades de mamíferos, 464 de aves y 140 de reptiles y anfibios.
Desde los años 80, los sucesivos gobiernos estaduales de Chiapas fomentaron la toma de tierras en Chimalapa, que en lengua zoque significa «jícara de oro» y en náhuatl «lugar entre dos escudos». Sus pobladores dicen que su núcleo perdura inmaculado.
Si bien el altercado permaneció inerte en la década pasada, se reanimó en 2011 con ataques y bloqueos carreteros de ambos lados. Así, una fracción del territorio ha sido presa de cortadores ilegales de madera (talamontes), ganaderos y últimamente narcotraficantes.
Las administraciones municipales de San Miguel y Santa María y el gobierno estadual de Oaxaca presentaron demandas constitucionales sobre los límites territoriales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene previsto fallar en las próximas semanas.
«Lo que funciona es formar una mancuerna con los dueños ancestrales; hemos construido una red con organizaciones no gubernamentales, conservacionistas, ecologistas, en un frente contra los intereses depredadores», explicó a IPS el coordinador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Luis Bustamante.
En San Miguel, con unos 6.600 habitantes y que cuenta con 134.000 hectáreas boscosas, se creó un área de conservación comunitaria de 15.300 hectáreas, de la cual los campesinos extraen resina de pino. Por su parte, Santa María, con 460.000 hectáreas de vegetación y 8.500 habitantes, analiza la creación de un territorio similar.
«Queremos que nuestra voz sea escuchada afuera por los gobernantes y que se detenga el deterioro ecológico que se acelera cada vez más en nuestra región», reclamó Heriberto Hernández, indígena zoque que se especializó en etnobotánica local. «Aunque la comunidad ha luchado, mientras no haya definición de límites no puede proceder ningún plan», señaló a IPS. «Esas situaciones tenemos que enfrentarlas hasta con la vida. O desaparece la selva o desaparecemos los zoques», anticipó Hernández, quien ha sido guía de los científicos que han visitado la zona desde los años 80.
«Si no se pone un alto a la invasión y la tierra vuelve a sus dueños originales, se va a acabar con todo», enfatizó Bustamante.
Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/la-justicia-se-extravio-en-una-selva-mexicana.html