La histórica nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y la recuperación por el Estado de la «propiedad, la posesión y el control absoluto de los mismos» [1] obligan a una lectura e interpretación desde Guatemala. Esta lectura no debe ser dogmática ni mecánica (trasladar los hechos de allá a acciones acá) pero sí debe ayudar […]
La histórica nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y la recuperación por el Estado de la «propiedad, la posesión y el control absoluto de los mismos» [1] obligan a una lectura e interpretación desde Guatemala. Esta lectura no debe ser dogmática ni mecánica (trasladar los hechos de allá a acciones acá) pero sí debe ayudar al análisis y construcción de propuestas.
Modelo para negociar
En primer lugar, la nacionalización esboza un esquema ideal de negociación, aquel que parte de la irrenunciabilidad de la propiedad y el control de los recursos, y define a las empresas extranjeras como asociadas (no dueñas ni patronas). El Estado boliviano se convierte en accionista mayoritario (51 por ciento) y recibirá un alto porcentaje de regalías (82 por ciento) e impuestos (más del 50 por ciento, aunque los porcentajes están sujetos a la renegociación de los contratos los próximos seis meses). Mientras tanto, las empresas mineras en Guatemala son propietarias, gozan de exenciones fiscales y cancelan uno por ciento en concepto de regalías.
La dignidad subyace en los planteamientos nacionalizadores. Para Augusto Zamora, «Los gobiernos de izquierda, desde Buenos Aires a Caracas, han modificado los términos de intercambio con las antiguas potencias colonialistas. Acostumbradas a gobiernos complacientes, que entregaban gustosos los recursos y riquezas del país a empresas extranjeras, aquellas reaccionan con irritación ante la recuperación de esas riquezas y recursos por sus legítimos dueños». En el caso de la negociación del Tratado de Libre Comercio en Guatemala, la secretividad del proceso, el desconocimiento de los contenidos y la modificación de lo ya firmado a partir de presiones de Estados Unidos, evidencian la subordinación de los negociadores a las agendas foráneas. La única negociación exitosa con extranjeros ha sido la del presidente Berger para conseguir que el cantante colombiano Juanes cantara la camisa negra en una recepción privada. Negociación insistente, firme y tenaz, como debe ser.
Otro punto a analizar es el papel que se otorga al Estado. En Guatemala predomina la lógica de privatización, supremacía del mercado y gobierno de empresarios-economistas tecnócratas. La nacionalización boliviana otorga al Estado un papel relevante y se acerca al modelo diseñado pero no desarrollado por los Acuerdos de Paz guatemaltecos. Para el sociólogo argentino Atilio Boron, «Si estamos pensando en coyunturas de cambio o en coyunturas de transición, el Estado asume una centralidad inevitable (…) Los europeos recomiendan a los Estados privatizar pero ellos hicieron exactamente lo contrario. Hoy en día, el promedio de las principales economías europeas en materia de gasto público equivale a cerca del 45% del Producto Interno Bruto» [2] . El incremento de la carga tributaria es clave en este punto. Junto a ello, impulsar un modelo de desarrollo que privilegie la satisfacción de necesidades internas en detrimento de la inserción en el mercado internacional.
El proceso nacionalizador fortalece la legalidad y la institucionalidad. El decreto de nacionalización boliviano alude a los artículos 136, 137 y 139 de la Constitución Política, donde se menciona que los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienable e imprescriptible del Estado; al inciso 5, artículo 59 de la misma Constitución, por el que los contratos de explotación de riquezas nacionales deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo; y a los artículos 24 y 135, por los cuales todas las empresas establecidas en el país están sometidas a la soberanía, leyes y autoridades de la República.
Es decir, el Decreto no necesitó modificar las leyes o la Constitución sino hacer cumplir las disposiciones existentes. Igual sucedería en Guatemala con las explotaciones mineras si se hiciera una lectura literal y apegada a derecho del Convenio 169, por ejemplo en el artículo 15: «Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente» o el Apartado 4. F inciso 1 del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: «Los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas incluyen (…) el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat». Ello no es obstáculo para que sean necesarias reformas legales profundas que adecuen el estado a la realidad multicultural y a la necesidad de construir un modelo económico incluyente.
El camino elegido por Bolivia no debe ser calco o copia (parafraseando a Mariátegui) para Guatemala. Las comparaciones tampoco deben interpretarse como la búsqueda desesperada de referentes por parte de una izquierda guatemalteca huérfana tanto de conceptualizaciones como de victorias. Pero Bolivia hoy, al margen de su lejanía, sus contradicciones y su evolución futura, hace ver que existe un espacio desde la dignidad, la organización y el Estado para expresar y dar forma a intereses colectivos.
Este espacio se ampliará en la medida en que las condiciones subjetivas se fortalezcan: la visión estratégica, que rompa con la inercia del activismo; la búsqueda de alianzas («rectas y flexibles» según Borón) para trascender la actual atomización organizativa (que explica en parte la continuación de las operaciones mineras e hidroeléctricas, a pesar del éxito de las consultas populares de Sipakapa y Río Hondo); la participación de más actores sociales y sus agendas (especialmente las organizaciones de mujeres) y el debate amplio, que supere la compartimentación y el verticalismo. Con ello se podrá replantear desde la esperanza la vieja utopía de la transformación social. 