Bien conocida es por los abogados e historiadores la lapidaria sentencia atribuida a Benito Juárez: «Para el amigo, la justicia y la gracia; al enemigo, simplemente la ley». Ejemplo descarnado, cínico, del uso político de la ley, esa línea argumental parece haber trazado derroteros en nuestro país mucho más acá del siglo XIX para constituirse […]
Bien conocida es por los abogados e historiadores la lapidaria sentencia atribuida a Benito Juárez: «Para el amigo, la justicia y la gracia; al enemigo, simplemente la ley». Ejemplo descarnado, cínico, del uso político de la ley, esa línea argumental parece haber trazado derroteros en nuestro país mucho más acá del siglo XIX para constituirse en una forma habitualmente asumida en la aplicación de la justicia. Encubierta en la formalidad de la aplicación estricta de la ley se encuentra la omisión del valor supremo, presuntamente procurado por la acción jurídica, de la justicia.
La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió de manera definitiva e inatacable los juicios de impugnación a la elección presidencial de 2012 transparenta la intención mal encubierta de aplicar al juarista López Obrador y a los demás objetantes de ese proceso esa implacable máxima. Más que poner en juego los vastos recursos de que ese órgano jurisdiccional disponía para esclarecer los alcances de las denuncias y recusaciones y de los hechos que les daban sustento, los juzgadores optaron por desechar, no sin impudicia, todos los argumentos presentados para señalar la ilegalidad e inconstitucionalidad del proceso que a la postre entrega a Enrique Peña Nieto la presidencia de la República en el siguiente sexenio.
El análisis jurídico de esa sentencia se ha iniciado ya en los medios de comunicación por diversos juristas y expertos en derecho constitucional y electoral. Pero aún dará por mucho tiempo para la revisión, dado lo polémica que resulta la actuación de los jueces. Y es que a lo largo de las semanas siguientes se fueron acumulando múltiples indicios de violaciones graves a la normatividad electoral y constitucional, que no fueron atendidos ni investigados por el Tribunal. La coalición Movimiento Progresista aportó a los juzgadores ya a la opinión pública evidencias de la compra masiva de monederos electrónicos que fueron distribuidos en los días previos y durante la jornada electoral. Algunos medios como Reforma, Carmen Aristegui, Proceso y Reporte Índigo documentaron la existencia de fantasmales empresas, siempre vinculadas a priistas, a través de las cuales se compraron también miles de tarjetas bancarias para el manejo de cuantiosos fondos cuyo origen no está en lo absoluto esclarecido.
No obstante, tanto el proyecto de sentencia como las argumentaciones de los siete magistrados en la sesión del 30 de agosto se orientaron a desechar cada uno de los argumentos de los actores de la impugnación y a señalar que éstos no aportaban pruebas suficientes para fundamentar sus acusaciones. Es decir, los juzgadores trasladaron la carga de la prueba a los promotores del juicio y renunciaron a aplicar las atribuciones que les otorga la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en su artículo 23 («la Sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente en los hechos expuestos»), aun a sabiendas de que los partidos denunciantes carecen de facultades legales para trasponer el secreto bancario y fiscal. Sólo la Unidad de Fiscalización del IFE -a la que tampoco se le exigió apresurar las indagatorias a propósito de posibles fondos ilícitos o rebase de los topes legales de campaña por el PRI y el Partido Verde- y el propio Tribunal podrían allegarse esa información a través de la Comisión Nacional Bancaria o de la Secretaría de Hacienda.
Para los siete magistrados no fue relevante tampoco que en España fuera detenido uno de los operadores regionales del PRI y de Peña Nieto por su vinculación con el Cártel de Sinaloa, ni que un insigne ex gobernador de Tamaulipas, también vinculado de manera estrecha a Peña, se encuentre hoy prófugo de la justicia bajo acusaciones de lavado de dinero a favor del Cártel del Golfo. Desechadas en la mesa todas las sospechas de injerencia de dinero ilícito, se tiró por la borda lo que la legalidad habría podido ganar en una investigación directa. Se optó por emitir una sentencia aun antes del plazo que la ley les fijaba, para anticiparse a la instalación de la nueva legislatura del Congreso.
Se desechó también escrutar la relación entre la candidatura de Peña Nieto y las grandes televisoras, especialmente Televisa, para construir con larga anticipación la imagen de un político ganador; o el papel desempeñado por las casas encuestadoras en la orientación del sufragio, exagerando siempre la intención ciudadana del voto a favor del candidato priista, incluso antes de que éste lo fuera formalmente o de que iniciara la contienda electoral.
Enrique Peña Nieto podrá asumir el cargo presidencial el próximo 1º de diciembre, y para ello apresta ya su equipo de trabajo, llamado «de transición», para el cual ha pactado con Felipe Calderón la entrega de 150 millones de pesos. Aun la revisión del juicio en instancias internacionales de protección a los derechos humanos (el derecho a una elección libre y auténtica) no podría tener efectos inmediatos y vinculantes; aunque tampoco pueda decirse que sea inútil.
El hecho político real, más allá de la determinación jurídica del TEPJF, es que la elección de Peña Nieto se encuentra cuestionada, y lo seguirá estando, por una parta muy amplia de la sociedad que muy probablemente rebasa a la de los votantes de López Obrador. Las denuncias y elementos probatorios exhibidos desde el 1º de julio han convencido de la existencia de irregularidades aun a muchos de quienes sufragaron por el PAN, por Gabriel Quadri y quizás por el mismo PRI. Todo apunta en un mismo sentido: la elección se resolvió por medio de recursos económicos que superan con mucho el financiamiento privado autorizado por la ley a los partidos y coaliciones, y con caudales de dinero de origen incierto, y acaso inconfesable.
Este domingo 9 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador anunciará su plan de resistencia civil frente al resultado que ya ha declarado desconocer, en abierto desafío a la resolución -y a la actuación- de los magistrados. Pero la movilización social no ha esperado la llegada de esa fecha para actualizarse. Desde el anuncio del fallo judicial, el Movimiento Yosoy132 y los integrantes del Frente contra la Imposición se encuentran en la calle; han ocupado palacios municipales en distintas ciudades y tomado casetas de peaje en las carreteras, aun exponiéndose a la represión que no se ha hecho esperar, perfilando para el futuro inmediato un complejo escenario de conflicto social.
Puesta ya a la vista la distancia entre el operar de la ley el de la justicia, el tribunal de constitucionalidad la puso también con la sociedad a la cual debe responder, mediante un resolutivo que no es aceptado por muchos de los gobernados. Los jueces demostraron ser amigos del candidato más votado y de los poderes fácticos que lo han encumbrado. A ellos destinaron la gracia y la indulgencia; a sus opositores la aplicación más restringida posible de la ley. Lo que suceda de ahora en adelante, sin embargo, no dependerá de resoluciones judiciales sino del impulso de los grupos organizados y activos de la sociedad; pero también de los avances que registre la búsqueda irrenunciable de esa compañera inseparable de la hoy extraviada justicia: la verdad.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.
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