La manera de concebir la libertad de expresión, de parte de determinados dirigentes porteños, es absolutamente muy particular. Por un lado, responsabilizan al gobierno nacional de atentar contra dicha libertad por la utilización de la cadena nacional para difundir los mensajes presidenciales; por el otro, sostienen que el gobierno y merced a un programa -6,7,8- […]
La manera de concebir la libertad de expresión, de parte de determinados dirigentes porteños, es absolutamente muy particular. Por un lado, responsabilizan al gobierno nacional de atentar contra dicha libertad por la utilización de la cadena nacional para difundir los mensajes presidenciales; por el otro, sostienen que el gobierno y merced a un programa -6,7,8- que se difunde una hora diaria en un solo canal de televisión (que además es público) intenta «adoctrinar» a la ciudadanía. Claro que si se analiza la estructura de medios existente en la Argentina y el volumen de programación audiovisual, aquello no llega a representar proporcionalmente ni el 1% de esa cantidad. Curiosa manera de «adoctrinar» con la ocupación de porcentajes tan bajos en el espectro radiofónico y televisivo; y mucho más si tenemos en cuenta que el 99% restante se encarga de criticar y denostar al gobierno federal por haber, entre otras cosas, interrumpido los grandes negocios de la corporación mediática.
Pero bueno, esto de «sobredimensionar» -cual si fuera una exorbitancia- la regulación del Estado en los medios de comunicación, por parte de los representantes de la oposición, no deja de ser toda una definición política encubierta.
Nadie ignora que en otras épocas (principios del siglo XX) el Estado podía apoderarse del control comunicacional y desarrollar, de ese modo, toda una política orientada a uniformizar el pensamiento colectivo. De allí que fuera necesario, no solo reducir a la mínima expresión la posesión de medios de comunicación en poder del Estado; sino, por sobre todo, garantizar la existencia de medios de comunicación privados que representaran, en cierta manera, la expresión de la totalidad de las voces y pensamientos existentes en el arco social. El problema devino, para finales del mismo siglo, cuando las corporaciones económicas durante su proceso de agigantamiento fueron extendiendo sus «raíces» («tentáculos») en diversas fracciones del terreno económico-financiero y visualizaron el área comunicacional como una buena herramienta para conservar, ampliar y fortalecer sus negocios. A partir de entonces, la finalidad de la información dejo de estar relacionada con la presunta verdad para subordinarse definitivamente a las «necesidades comerciales» de los grupos económicos dominantes. Esto, variante más, variante menos, es lo que ha acontecido en buena parte de la geografía mundial y, obviamente, la Argentina no ha sido la excepción. Lo cierto es que ante esta nueva situación las políticas gubernamentales que, eventualmente, podían interferir con las apetencias de las corporaciones económicas se vieron desprovistas de difusión mediática impidiendo, de ese modo, que la gran mayoría de la población llegara a conocerlas y, por ende, brindara su consentimiento a la ejecución de las mismas. Asi se fue reduciendo el poder político estatal y, contrario sensu, fortaleciendo el poder político de unos pocos que, por su poder de dominio comunicacional, estaban ( y aun están, en menor grado) en condiciones no solo de manipular el consenso social en función de sus intereses; sino de «arrancarle» a los gobiernos un conjunto de beneficios para no alentar a «la opinión pública» en su contra.
Por fortuna, en nuestro país, la disputa desatada entre las autoridades nacionales y la corporación más grande (Clarín) en materia comunicacional ha puesto en evidencia los intereses en pugna. Pero no solo eso, sino que por añadidura pone de relieve cuales miembros de la clase política local están de un lado u otro del conflicto. Así vemos como un sector de los dirigentes políticos «argentinos» se hace eco (diríamos complices) de las premisas enarboladas por los multimedios, manifestando que en el país no hay libertad de expresión; cuando por el contrario, jamás en la historia de los últimos años hubo tanta diversidad de opiniones.
Sin margen de dudas, los hechos desmienten absolutamente esas falsas imputaciones; pero la incongruencia más ostensible es la, que a diario, revelan quienes se erigen en paladines de la libertad de expresión.
Me refiero específicamente a los dirigentes del PRO (con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a la cabeza) que en el curso de los últimos 10 días han protagonizado tres hechos que ponen en evidencia la concepción, tan particular, que poseen sobre la significación de la libertad.
En primer lugar, el gobierno porteño instala una línea telefónica para denunciar anónimamente actividades políticas en los colegios. Al parecer la actividad política debe estar vedada para los jóvenes que deben desarrollar su intelecto desprovistos de todo contacto «contaminante». Claro que los «destacados» dirigentes aducen que lo que se trata de evitar es la política partidaria. Sin embargo, cuando los docentes y alumnos de una escuela capitalina realizaron una «parodia» en defensa de la escuela pública sin expresar pertenencia partidaria alguna; fueron separados, lisa y llanamente, de sus respectivos cargos.
En segundo lugar, se cuestionó la distribución realizada a la salida de un colegio, por parte de un grupo de jóvenes, de la tradicional historieta conocida como «El Eternauta». Historieta ésta donde lo que prima no son los héroes individuales, sino los héroes colectivos desplegando, en consecuencia, a través de sus páginas mensajes de solidaridad y compromiso social que, en definitiva, hacen a la construcción de una sociedad mejor . A tal punto llegaron los cuestionamientos que el Jefe de Gobierno porteño salió a decir que «El Eternauta» tenía la entrada prohibida a las escuelas. Puede haber algo más ridículo (o fascitoide) que arrogarse la facultad de prohibir una historieta. Si eso no es cercenar la libertad, no se como llamarlo. Claro, después se dio cuenta y rectificó sus dichos con la «ingenuidad» de justificar que quisó decir el «Néstornauta» y no el Eternauta; como si hubiese otra historieta que se imprima bajo el nombre de Néstor (Kirchner).
En tercer lugar, merced a las declaraciones del músico Fito Paez expresando que le resultaba patético observar la instrumentación de medidas como la de «denuncie ya» (siempre y cuando se vea a un joven militando políticamente en una escuela), en relación a eso expresó: «A mi me sale un monster y pienso esta gente en la dictadura hubiera sido buchona, hubiera entregado gente». Ya que el método de denuncia anónima, fue uno de los tantos medios utilizado por la dictadura para acallar las voces de protesta.
La reacción de los «incondicionales» defensores de la libertad de opinión, no pudo ser otra que «la mejor»; pues, amenazar con demandar judicialmente a Fito por sus declaraciones. Ya vemos como se comportan estos amantes de la libertad; tal vez porque posean una extraña manera de concebir la libertad de expresión.
Como diría el célebre pensador francés (Voltaire) éstos son los dirigentes que dicen: «Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento, pero muera aquél que no piense como yo».
Blog del autor: Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.