El movimiento civil de México contra la violencia, que a menudo se expresa con marchas por este extenso país, se adentrará este domingo 12 en el territorio de Estados Unidos para reclamar que cese el suministro de armas de asalto. «Que Estados Unidos deje de fabricar tantas armas que nos hacen daño; ellos también padecen […]
El movimiento civil de México contra la violencia, que a menudo se expresa con marchas por este extenso país, se adentrará este domingo 12 en el territorio de Estados Unidos para reclamar que cese el suministro de armas de asalto.
«Que Estados Unidos deje de fabricar tantas armas que nos hacen daño; ellos también padecen mucha violencia. Son miles de millones de dólares en la fabricación de armas», dijo el mexicano Fernando Ocegueda como mensaje a la sociedad estadounidense.
La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad reúne a activistas y víctimas de la violencia en México, un país asediado por la guerra entre mafias del narcotráfico.
Las bandas criminales alimentan su poder de fuego con miles de armas que cruzan ilegalmente desde Estados Unidos.
En ese país hay unos 100.000 permisos de venta de armas, de los cuales unos 12.000 operan en la franja fronteriza, según el gobierno mexicano.
Pero el estadounidense Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia, indica que, de un total nacional de 55.000 sitios de venta minorista, 6.700 se encuentran en la frontera.
Estados Unidos tiene una población de 313 millones de habitantes y unas existencias de 270 millones de armas de fuego en manos civiles.
Entre 1994 y 2004 rigió una prohibición federal para vender armas de asalto a civiles, cuya reinstauración es bien vista por organizaciones favorables al desarme.
«Estamos muy desesperanzados porque nadie nos pone atención. Sabemos que la venta de armas es al por mayor. La misión es crear conciencia de que ya no se vendan tantas indiscriminadamente para que sean cruzadas a nuestro país», insistió Ocegueda.
Este comerciante de equipos electrónicos fundó el grupo Unidos por los Desaparecidos de Baja California cuando su hijo, Fernando Ocegueda Ruelas, fue sacado de su casa en febrero de 2007 en la ciudad de Tijuana, fronteriza de Estados Unidos, por hombres enfundados en trajes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.
La caravana de 70 personas -54 de ellas víctimas directas o indirectas de la violencia- partirá este sábado 11 de Tijuana y el domingo comenzará el trayecto formal en la ciudad estadounidense de San Diego, en el sureño estado de California.
El trayecto incluye prácticamente todo el borde sur estadounidense, con paradas en lugares clave, en especial en Arizona, donde los manifestantes temen alguna muestra de resistencia a su agenda, que no solo incluye el tráfico de armas, sino la represión contra los inmigrantes mexicanos indocumentados.
La caravana pasará, entre otras ciudades, por Los Ángeles, Phoenix, Tucson, El Paso, Nueva Orléans, Atlanta, Chicago y Nueva York hasta alcanzar el 12 de septiembre el corazón del poder político de ese país, Washington.
A su paso, celebrará reuniones con unas 80 organizaciones no gubernamentales del país vecino a las que expondrá una plataforma que incluye alternativas a la criminalización de las drogas, incluyendo regulación y despenalización, freno al contrabando de armas en la frontera, y medidas concretas contra el lavado de dinero y la rendición de cuentas de las instituciones financieras.
Los activistas reclaman la suspensión inmediata de la ayuda de Washington a las Fuerzas Armadas mexicanas y su reorientación hacia acciones de seguridad humana, así como el fin de la militarización de la frontera y de la criminalización de los inmigrantes por parte de Estados Unidos.
«Queremos decirle al pueblo estadounidense que detrás de sus adicciones y sus armas están nuestros muertos y la crisis de la democracia», dijo a IPS el poeta Javier Sicilia, quien fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como parte de su movilización tras el asesinato en marzo de 2011 de su hijo Juan.
La expedición tocará suelo estadounidense en una coyuntura electoral y después de dos tiroteos que dejaron 18 muertos y más de 50 heridos en distintos lugares de ese país.
Pero en la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, la tenencia y el tráfico de armas no figuran como preocupación en las plataformas de los dos contendientes, el presidente Barack Obama, candidato del Partido Demócrata que busca la reelección, y el postulante del opositor Partido Republicano, Mitt Romney.
Con todo, los organizadores de la caravana buscan un encuentro con Obama en Washington.
El costo de esta movilización ronda los 300.000 dólares, reunidos mediante donaciones de organizaciones no gubernamentales.
Es la tercera marcha de gran calado que encabeza Sicilia, quien recorrió la mitad de México, del centro al norte, en junio de 2011, y del centro al sur en septiembre, para recoger testimonios sobre la violencia y adhesiones a su campaña contra la impunidad.
«Esperamos abrir una nueva conversación amplia sobre lo que es necesario para la paz en México, que vaya más allá de los enfoques fallidos en la guerra contra las drogas. Necesitamos imponer mecanismos para frenar el flujo de armas de asalto», dijo a IPS el director del Programa México de la organización estadounidense Global Exchange, Ted Lewis, que apoya la movilización.
Con sus mafias que encabezan el comercio de drogas ilegales de América del Sur hacia Estados Unidos, México se convirtió en el país más violento de la región desde que el presidente Felipe Calderón decidió sacar masivamente a las calles a las Fuerzas Armadas, en diciembre de 2006.
Desde entonces han muerto más de 60.000 personas, fueron desplazadas 250.000, han desaparecido 10.000 y quedaron huérfanas 8.000, según datos de organizaciones de derechos humanos.
«Más nos duele la indiferencia. Las autoridades no quieren asumir su responsabilidad, deben resarcirnos con justicia», sostuvo Guadalupe Fernández, activista de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, que se apresta a sumarse a la caravana.
Fernández busca a su hijo José Robledo, un ingeniero civil desaparecido en enero de 2009 en la ciudad de Monclova, en el norteño estado de Coahuila.
El estadounidense ATF reportó que unas 62.000 armas desaparecieron de los inventarios de los comercios de armas ligeras entre 2008 y 2010, presumiblemente para ingresar al mercado clandestino.
Calderón ha criticado repetidamente la política de armas del gobierno vecino, pero sin adoptar políticas concretas: «Si hay voluntad política y presión social, Obama puede frenar ese flujo. El gobierno mexicano privilegió la agenda de la guerra. Nos han creado una guerra, ahora les exigimos que construyan la paz», enfatizó Sicilia.
«Si el gobierno mexicano quiere ser tomado en serio, debe ser muy concreto y contundente. La próxima administración puede hacer una demanda no negociable sobre el tema, puede elevar el nivel de presión», planteó Lewis, en referencia a Enrique Peña, del aún opositor Partido Revolucionario Institucional, que será investido en diciembre.
A fines de julio, Estados Unidos, Rusia y China bloquearon las negociaciones para alcanzar un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas en la Organización de las Naciones Unidas, el primer acuerdo vinculante para regular ese flujo.
Fuente original: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101363