Estados Unidos pretende que el conjunto del territorio mexicano y Centroamérica se conviertan en una frontera «vertical». La frontera sur mexicana (de Chiapas con Guatemala o Belice) se está convirtiendo, de hecho, en la frontera sur de los Estados Unidos, pues allí empieza el control militar de las personas migrantes que intentan alcanzar el sueño […]
Estados Unidos pretende que el conjunto del territorio mexicano y Centroamérica se conviertan en una frontera «vertical». La frontera sur mexicana (de Chiapas con Guatemala o Belice) se está convirtiendo, de hecho, en la frontera sur de los Estados Unidos, pues allí empieza el control militar de las personas migrantes que intentan alcanzar el sueño americano. Esta estrategia de Estados Unidos «es apoyada por las elites políticas y empresariales mexicanas y centroamericanas, ya que les sirve como excusa para militar el territorio y expandir sus proyectos extractivos», afirman Diego Lorente y Salva Lacruz, director y responsable del Área de Incidencias del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
En los últimos años han crecido de manera súbita los recursos destinados a tal fin, en buena parte canalizados a través del denominado Plan Mérida. Estas inversiones «tienen que ver con planes diseñados desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, y contaminan las políticas migratorias mexicanas», destacan los activistas. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova es una ONG fundada en 1994 que trabaja en la región del Soconusco (Chiapas), en la frontera sur de México. La actividad de esta organización, que opera desde la ciudad de Tapachula, se centra en el apoyo a personas migrantes que sobreviven a los peligros de la frontera, como refugiados, menores y mujeres indígenas, cuyos derechos laborales se ven especialmente vulnerados.
-¿En qué consiste el programa Frontera Sur que desarrolla el gobierno mexicano?
El Programa de Desarrollo de la Frontera Sur, como el gobierno mexicano lo denomina oficialmente, forma parte en principio de las políticas públicas de fomento del desarrollo con los estados limítrofes de Guatemala y Belice, en la su frontera sur; otro de los supuestos objetivos del plan es encauzar y «ordenar» la emigración. La realidad es que los verdaderos objetivos del Programa de Desarrollo de la Frontera Sur se ocultan. Las organizaciones sociales no tenemos acceso a ningún documento con ese nombre, a pesar de que el gobierno federal lo enuncia constantemente de ese modo. Pero más allá de la teoría, lo que nos preocupa es lo que está generando en la realidad y su afectación a lo pueblos, tanto mexicano como migrante y refugiado que vive o transita por esta frontera.
-¿Cómo se aplica este programa, más allá de palabras y discursos, en la frontera sur de México?
Está suponiendo la militarización de toda la frontera, entendida ésta no sólo como la línea que separa el país de Guatemala y Belice, sino también cientos de kilómetros tierra adentro de México. En la práctica observamos la presencia de numerosos cuerpos de seguridad, sean policiales o militares (ejército, marina, policía federal, estatal y municipal, agentes del Instituto de Migración y Gendarmería, entre otros). Todo un entramado de cuerpos, bien armados y equipados, que controlan el territorio y la frontera, lo que está teniendo dos efectos pensamos que deliberados. Primero, tener un control mucho mayor sobre los flujos migratorios, criminalizándolos aún más que antes. Para las personas migrantes y refugiadas que llegan de Centroamérica, todo se les ha complicado en el tránsito o llegada a la zona fronteriza. Además, de esta manera y de forma soterrada todavía, el gobierno mexicano está consiguiendo un control mucho mayor del territorio en lo que afecta a la población local.
-¿Con qué objetivo?
Se trata de tener a las comunidades controladas a la hora de desarrollar proyectos económicos en la zona, sobre todo extractivos: minería, hidrocarburos, presas hidráulicas y explotaciones agropecuarias (por ejemplo, de palma africana). No olvidemos que la frontera sur mexicana es una de las zonas más ricas de la región en recursos naturales. Existe un plan del gobierno federal de impulso económico de la zona en ese sentido. Pensamos que de esta manera el gobierno se está preparando para reprimir brotes de protesta social cuando inicie o concesione a empresas privadas proyectos extractivos, ya que son iniciativas con fuerte impacto sobre el territorio y la vida de las comunidades. Ante estas tensiones previsibles, se planifica un control previo desde un punto de vista militar. De hecho, Chiapas no deja de tener una trayectoria contestataria e insurgente muy importante.
-¿Actúa de algún modo Estados Unidos en las políticas de control de la frontera (sur) de México con Estados Unidos?
En el control de los flujos migratorios, Estados Unidos desarrolla una política de control muy intensa en sus estados fronterizos con el norte mexicano (California, Arizona, Texas, Nuevo México, entre otros). La frontera está controlada desde hace muchos años, lo que incorpora el «muro», las patrullas de migración norteamericana y la cooperación de la «migra» mexicana. A esto se ha unido desde hace años una metodología compartida con Europa de «externalización» de las fronteras, es decir, los países enriquecidos aplican la práctica de no considerar la frontera como la raya que los separa de los países aledaños, sino que tratan de influir en los estados vecinos para que controlen y detengan la migración antes de llegar a los países ricos, sin importar los métodos o las consecuencias.
En atención a esta política Estados Unidos viene implementando presiones, políticas y recursos para que todo el territorio mexicano y parte de Centroamérica se conviertan en una frontera «vertical». En cuanto a la frontera de Chiapas con Guatemala o Belice, la frontera sur mexicana se está convirtiendo «de facto» en la frontera sur de los Estados Unidos. Aquí es donde empieza el control militar de la inmigración que se desplaza a Estados Unidos. Todos los recursos que se están destinando en los últimos años, muchos de ellos canalizados a través del llamado Plan Mérida (antes plan Puebla Panamá y después Iniciativa Mesoamericana), han crecido exponencialmente desde mediados de 2014, tienen que ver con planes diseñados desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, y «contaminan» las políticas migratorias mexicanas. Es más, países como Guatemala y Nicaragua también colaboran con Estados Unidos en esta política de control de fronteras, militarizando de igual forma su territorio. Una estrategia estadounidense que es secundada con agrado por las elites políticas y empresariales mexicanas y centroamericanas, toda vez que les facilita la excusa para militarizar el territorio y expandir sus proyectos extractivos.
-Un control fronterizo a gran escala…
Hay un espacio transnacional, la CRM (Conferencia Regional de migraciones), que reúne desde el punto de vista político y técnico a los estados de la región (desde Canadá hasta Panamá), toda Centroamérica y Norteamérica, en los que se diseñan este tipo de políticas, siempre con el «liderazgo» de Estados Unidos, promotor del espacio. Una parte de los acuerdos consiste en que México se «esfuerce» en que las personas migrantes no lleguen a Estados Unidos, lo que en la práctica supone destacar militares (asesoramiento, apoyo técnico y militares «empotrados» de Estados Unidos). A ello se añade un plantel cada día más amplio de centros de detención para personas migrantes, y una política de deportación de personas migrantes y refugiadas. Todo ello tiene muchos elementos equiparables a la política de «externalización» de fronteras europea. El papel que desempeña Marruecos en el control de fronteras de la UE es, en muchos aspectos, similar al que desempeña México respecto a Estados Unidos y Canadá.
-En 2014 se batieron todos los registros en cuanto a la detención de menores migrantes en la frontera de México y Guatemala. ¿En qué condiciones se produce la travesía por la frontera y cuál es la realidad de esos menores tras su detención?
A pesar de ser la migración forzada de niños y niñas en la región un fenómeno estructural, causado por la inequidad y violencia que vive la región desde hace décadas, el año pasado el gobierno de Estados Unidos quiso «vender» como una crisis emergente la llegada de niños y adolescentes a su territorio (desde Centroamérica y México), y quiso trasladar el problema al gobierno mexicano, que desde luego lo asumió, pues le permitió en la práctica «reforzar» su política de militarización y control del territorio. Esto supuso, en la práctica, que la cifra de niños, niñas y adolescentes detenidos de origen centroamericano (sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador) creciera en el último año exponencialmente. En 2014 se produjo la detención de más de 23.000 menores de edad migrantes en México (un aumento de más del 140% respecto al año anterior). Todas las políticas de control de fronteras y militarización están afectando de manera muy fuerte a la niñez. Una inmensa mayoría de esos niños y niñas resultan finalmente deportados.
A esta detención se une que estos niños y niñas son privados de su libertad y sin ninguna determinación de su interés superior, son deportados en su gran mayoría, obligándoles a tener que migrar de nuevo y someterse a los mismos riesgos una y otra vez.
-En la ciudad de Tapachula (Chiapas) se ubica el mayor centro de detención de migrantes de América Latina. ¿En qué condiciones viven las personas detenidas?
Con capacidad para privar de libertad a casi 1000 (970) personas, es el mayor centro de México y probablemente también de toda América Latina. Debe su importancia a que se trata del punto de deportación de prácticamente todas las personas detenidas de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes a su vez representan más del 90 % del flujo migratorio que tiene México. Al ubicarnos a 20 minutos de la frontera, de este centro salen todos los autobuses hacia Centroamérica, po eso su gran capacidad y hacinamiento muchas veces.
Reúne condiciones absolutamente carcelarias. Personas a las que según la ley, en principio sólo se les priva de la libertad ambulatoria, allí dentro quedan privadas de todo derecho. No tienen asistencia legal efectiva ni garantías de debido proceso. En caso de no ser latinoamericanos sino extracontinentales, no cuentan con servicio de interpretación. Y la atención médica es muy deficiente y la psicológica inexistente. Las condiciones de habitabilidad son carcelarias. El centro cuenta, además, con un módulo para menores de edad, lo que nos parece particularmente grave, ya que se les priva de libertad en las mismas condiciones que a los adultos. Y sufren las deportaciones del mismo modo. En el centro de detención permanecen asimismo personas solicitantes de asilo y otras personas vulnerables como víctimas y testigos de delitos, mujeres embarazadas, etcétera.
La situación es especialmente difícil y próxima a la tortura para quienes permanecen privados de su libertad durante largos periodos. En principio la Ley mexicana establece un plazo máximo de detención de 60 días hábiles, pero permite convertir el encierro en indefinido, si a la persona se le ocurre apelar su deportación en la vía administrativa o judicial. Así ha ocurrido con casos que hemos atendido, que han estado incluso más de un año detenidos.
-¿Qué situación afrontan las personas migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que llegan a la frontera con México?
Muchas personas llegan de estos tres países, pero también hay quien realiza tránsitos desde unas distancias mucho mayores, de África, Asia y América del Sur. Cuando llegan a la frontera sur de México, hay que reconocer que cruzar la raya es relativamente sencillo. Es una frontera muy porosa, geográficamente muy compleja y con numerosos puntos «ciegos», por los que es posible el paso. Por ejemplo, con la asistencia de «coyotes», personas que te ayudan a cruzar o redes de trata de personas. Las complicaciones empiezan frontera adentro. A la ciudad de Tapachula, a unos 25 kilómetros de la frontera, se llega con relativa facilidad, pero salir de ésta y desplazarse más al norte es muy difícil, salvo que uno esté incluido en una red de tráfico, tenga, tal vez, sobornada a la «migra», o sus propias maneras de pasar al territorio central mexicano. Y, por tanto, seguir con la travesía hacia el norte. Para hacerse una idea, en los 300 kms siguientes de Tapachula hacia el norte, ubicamos más de 10 retenes de diferentes cuerpos de seguridad, a la caza del migrante para deternerlo o extorsionarlo.
-¿Qué importancia tienen en la zona fronteriza cárteles, empresarios, mafias, maquilas, agentes del Instituto Nacional de Migración, las diferentes policías y el ejército?
Tenemos el testimonio de muchas personas que en el momento de la detención han sufrido la extorsión por parte de diversas fuerzas de seguridad (sea el Instituto Nacional de Migración, el ejército o la policía federal, estatal o municipal), es común que les roben lo que tienen, les pidan dinero para no detenerles, o les roban y luego les detienen de todos modos. Son testimonios muy frecuentes y se han incrementado en la actualidad al incrementarse los controles. También está presente el crimen organizado, o no tan organizado, que se aprovecha de la vulnerabilidad de estos grupos para en zonas de tránsito, especialmente apartadas y desprotegidas, perpetrar una serie de delitos que van desde el mero robo hasta la violación y agresiones sexuales de mujeres y niños o la desaparición forzada.
Hay casos asimismo de secuestros, con el fin de pedir un rescate a las familias en Estados Unidos a cambio de que las personas migrantes puedan seguir su camino. O casos de captación en redes de explotación laboral o sexual. Además, una vez se ha cruzado la frontera mexicana la probabilidad de pasar por alguna de estas circunstancias es altísima y más en la coyuntura actual que antes describíamos.
-Uno de los colectivos singularmente afectados es el de las mujeres indígenas, procedentes de Guatemala, que se desplazan para trabajar temporalmente en México. ¿En qué condiciones lo hacen?
La región del Soconusco en Chiapas -de la que es capital Tapachula- es desde hace muchos años, finales del siglo XIX, una zona de asentamiento de personas migrantes, fundamentalmente guatemaltecos pero también hondureños o salvadoreños, que llegaron en diferentes momentos y por diversas causas, como la construcción del tren a principios del siglo XX, la riqueza del café o llegaron huyendo de los conflictos armados internos que se vivieron en Centroamérica en los años 80.
Hoy continúan llegando, por la riqueza agrícola y comercial de Tapachula, y por existir una mayor percepción de seguridad con respecto a Centroamérica. La zona fue originariamente de población mayoritariamente maya (etnia mam), y ha de señalarse que para las comunidades indígenas durante siglos no existieron las fronteras. Era un lugar de tránsito natural. De hecho, las personas indígenas guatemaltecas de la zona fronteriza con Chiapas prefieren actualmente venir aquí a trabajar que desplazarse hasta la capital (Ciudad de Guatemala), que está más lejos, resulta más peligrosa y se encuentra más alejada de su contexto sociocultural .Vienen, por tanto, a la región de Chiapas para buscar trabajo y en la ONG Fray Matías de Córdova trabajamos con el colectivo de mujeres indígenas que son trabajadoras del hogar, cuyos derechos nos parecen particularmente vulnerados, en especial los laborales.
-¿En qué sentido?
Hay muchas mujeres indígenas, de las comunidades fronterizas, que llegan a Tapachula o a otras zonas de la región del Soconusco para trabajar, que se insertan en el servicio doméstico. Hemos constatado que en muchos casos trabajan con ausencia absoluta de derechos laborales. Sin nivel salarial, sin derecho a vacaciones, sin seguro social, sin la atención médica… Todo esto no existe. Además, se ven expuestas a agresiones. Hemos comprobado cómo se da la contratación de estas mujeres, que muchas veces son niñas (a partir de los 11-12 años ya se puede venir a trabajar en las condiciones apuntadas): llega una familia acomodada al centro de contratación, elige a la niña o a la mujer que más le gusta, y la contratan de manera irregular. En algunos casos (no en todos) se trabaja en régimen de semiesclavitud y en algunos casos se producen agresiones sexuales.
-Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el sur de Chiapas impulsan medidas para reforzar su seguridad, ante las amenazas del estado y el crimen organizado. ¿En qué condiciones trabajan los activistas?
Todo el territorio mexicano es particularmente «complejo» para las personas defensoras de los derechos humanos, por la corrupción e impunidad con que se manejan los diferentes actores públicos y quienes actúan al margen de la ley. En el caso particular de los defensores de los derechos de migrantes y refugiados, la situación se complicó con la entrada del crimen organizado en el «negocio de la migración», muchas veces aliado con autoridades corruptas, y con la guerra que se desata por el control del tráfico de drogas en el país durante el gobierno de Felipe Calderón. Los y las defensoras y las personas migrantes quedamos en medio de esta guerra y sufrimos las consecuencias.
Con el nuevo gobierno federal, la situación no ha menguado aunque se disimule en los medios. Ha habido casos muy recientes de amenazas y agresiones. El 23 de noviembre de 2014, por ejemplo, dos compañeros fueron asesinados en Tequixquiac, estado de México, en la periferia de la ciudad de México. Pensamos que la situación se está agravando, ya que somos un colectivo que molesta especialmente en estos momentos. Nuestras acciones entorpecen la labor de los cuerpos de seguridad y fuerzas militares que intentan ejercer el control en la región. En nuestra opinión, la protección de los defensores de los derechos humanos no está particularmente desarrollada en Chiapas, y eso fue lo que no llevó en 2014 a iniciar un programa de «fortalecimiento» de nuestra protección, dirigido a construir redes que nos puedan proteger incrementando el costo político de quien nos quiera atacar, no podemos hacer mucho más en un contexto tan complejo e impune.
-La ONG Fray Matías de Córdova trabaja de manera especial con migrantes que piden refugio y sus familias. ¿Respeta el estado mexicano los derechos de las personas que solicitan asilo?
Trabajamos con personas refugiadas que en muchísimos casos no están reconocidas como tales por el gobierno mexicano. Las cifras de reconocimiento y otorgamiento de protección por parte del gobierno de México son ridículas, si lo comparamos con el contexto de violencia que vive Centroamérica y si tenemos en cuenta que las fronteras de México son las más transitadas del mundo. Al país llegan centenares de miles de personas desde Centroamérica, muchas de ellas con historias de persecución cada día más terribles. Asesinatos a sus familias, atentados contra su persona, o gente que ha tenido que huir de manera precipitada para que no los mataran…
A pesar de estas circunstancias, en muy pocas ocasiones son protegidos y reconocidos como personas refugiadas en México. Es más, buena parte de ellos no se les da acceso al proceso de asilo y sufren devoluciones/deportaciones a los países de origen, con lo que corren todavía mayores riesgos. Por ejemplo, cuando alguien huye de una «mara» en El Salvador o en Honduras, y vuelve al país, eso va a saberse. Entonces el riesgo para sus vidas aumenta. En teoría, una persona que llega en estas condiciones de un país donde se ejerce la violencia, ha de ser informado de su derecho a solicitar asilo, cosa que no ocurre.
En caso de que si pueda pedir asilo, el procedimiento parece diseñado para que la persona lo abandone, bajo la premisa interesada del gobierno mexicano de que todas las personas lo que quieren es llegar al Norte. No hay apenas traductores si no hablan castellano; no hay asistencia legal; muchas entrevistas se hacen por teléfono y por personal no cualificado; no se les autoriza a trabajar durante su solicitud; se priva de libertad a las personas solicitantes si son detenidas antes de pedir asilo o si se entregan a la autoridad en la fronteras, encerrándoles en centros de detención donde tienen que convivir muchas veces con los pandilleros que los acosan, etc. Múltiples violaciones a un debido proceso que lleva a muchas personas a no sentirse seguras para pedir asilo o para continuar su procedimiento.
La concesión, en caso de superar todos los obstáculos anteriores, implica un permiso de trabajo y residencia en el país, además de algunos derechos sociales. En la práctica, sin embargo, esto sólo ocurre con unos pocos centenares de personas a lo largo del año.
-Por último, ¿consideras que el Estado mexicano mantiene una doble moral (y un doble discurso) en materia de migración y derechos humanos. Si es así, ¿por qué razón?
Como en casi todo en este país en materia de derechos humanos, lo que hay es un ejercicio de simulación política. El gobierno federal y los gobiernos de los estados se presentan a sí mismos como administraciones respetuosas con los derechos humanos, que además desarrollan una legislación y unas políticas públicas para su promoción. En el ámbito de la migración y el refugio se presentan de ese modo. El Programa de Desarrollo de la Frontera Sur es un ejercicio de cinismo al respecto. Lo vendieron como una manera de proteger la llegada «ordenada» de las personas migrantes, pero en la práctica lo que tenemos es unas instituciones (fuerzas y cuerpos de seguridad del estado) represivas, corruptas (en lo que se refiere al Instituto Nacional de Migración) e irrespetuosas con los derechos más elementales (detención y deportación masiva de personas).
Esto se debe a nuestro juicio al escaso nivel democrático que tienen las Instituciones del país, impregnadas de corrupción, clasismo e impunidad. A lo que se une que al ser un país enorme, con una triple Administración (federal, estatal y municipal), con una burocracia inmensa y descoordinada, puede jugar a la simulación política generando un aparataje gubernamental y normativo que parece adecuado, pero que realmente no funciona ni está al servicio en la práctica de la población, nacional y migrante.
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